Bosnia y Herzegovina
Jefe del Estado
presidencia de carácter rotativo: Željko Komšić, Nebojša Radmanović y Bakir Izetbegović
Jefe del gobierno
Vjekoslav Bevanda (sustituyó a Nikola Špirić en enero)

La retórica nacionalista de los principales partidos políticos se intensificó en todo el país. Aumentaron los desafíos a la integridad del Estado. Diversas instituciones estatales, entre ellas el poder judicial, se debilitaron. Continuaron los enjuiciamientos de crímenes de derecho internacional ante tribunales nacionales, aunque avanzaron con lentitud y persistió la impunidad. Siguió negándose el acceso a justicia y reparación a numerosas víctimas civiles de la guerra.

Información general

Hubo un empeoramiento de la situación económica del país, con un elevado índice de desempleo y los consiguientes problemas sociales. En enero se formó el Consejo de Ministros, y en abril se aprobó el presupuesto estatal, poniendo fin así al estancamiento existente desde las elecciones generales de 2010.

La retórica nacionalista de los principales partidos políticos, en especial los comentarios de creciente corte separatista de destacados políticos de la República Srpska, debilitó las instituciones del Estado, sobre todo el poder judicial. En noviembre, la Oficina del Alto Representante para Bosnia y Herzegovina, organismo de la ONU encargado de supervisar la aplicación de los Acuerdos de Paz de Dayton, informó de que “[a]demás de registrarse pocos progresos hacia una mayor integración con la Unión Europea, se [habían intensificado] en gran medida los desafíos directos al Acuerdo Marco General de Paz, especialmente a la soberanía y la integridad territorial de Bosnia y Herzegovina”. La falta de voluntad política impidió que la labor de la Asamblea Parlamentaria fuese eficiente. Los dirigentes de la República Srpska intensificaron su política de obstáculos directos a los Acuerdos de Paz de Dayton, así como el uso de una retórica separatista. Los observadores electorales consideraron que, en general, las elecciones locales, celebradas en octubre, se habían ajustado a las normas democráticas.

La comunidad internacional mantuvo su presencia en Bosnia y Herzegovina. El representante especial de la Unión Europea (UE) para Bosnia y Herzegovina y el alto representante de la ONU continuaron con sus respectivos mandatos. La decisión de reducir la misión militar de la UE de 1.300 a 600 integrantes se vio compensada en parte cuando algunos Estados miembros de la UE enviaron fuerzas de reserva adicionales al país.

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Justicia internacional

Al concluir el año había cinco causas relativas a Bosnia y Herzegovina pendientes ante la sala de primera instancia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Otras tres estaban en fase de apelación.

  • Continuaron las actuaciones judiciales contra el ex dirigente serbobosnio Radovan Karadžić. En junio, la sala de primera instancia del Tribunal emitió una decisión oral en la que desestimaba la petición de absolución de 10 de los cargos incluidos en el acta de acusación formal. Sin embargo, sí la concedió en relación a uno de ellos, el correspondiente a la acusación de genocidio por crímenes cometidos en varios municipios de Bosnia y Herzegovina entre marzo y diciembre de 1992. El Tribunal informó de que las pruebas “no eran suficientes, ni en el mejor de los casos, para que un juez razonable pudiera inferir que se había cometido genocidio en los municipios”.
  • En mayo comenzó ante la sala de primera instancia el juicio de Ratko Mladić, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de la República Srpska, que había sido detenido en Serbia y transferido al Tribunal en 2011. La acusación contra Ratko Mladić se basaba en su responsabilidad penal individual y como superior por dos cargos de genocidio y por persecución, exterminio, asesinato, expulsión, actos inhumanos, terror y ataques ilegítimos contra civiles, y toma de rehenes.
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Sistema de justicia: delitos de derecho internacional

El sistema de justicia continuó ocupándose de la gran cantidad de trabajo atrasado sobre causas por crímenes de guerra.

A comienzos de 2012, la Fiscalía de Bosnia y Herzegovina recibió un compendio de las causas investigadas en todas las jurisdicciones del país, que entregó al Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina para que decidiese qué casos habían de ser enjuiciados en el ámbito estatal o en las entidades, conforme a los criterios establecidos en la Estrategia Nacional de Enjuiciamiento de los Crímenes de Guerra.

En el proceso se examinaron 1.271 casos: 592 (el 47 por ciento) se transfirieron a las Fiscalías de las entidades y 679 (el 53 por ciento) quedaron pendientes ante la Fiscalía del Estado. Se trató de una medida positiva, ya que la considerable demora en la determinación de la cantidad exacta de sumarios penales retrasaba la aplicación de la Estrategia Nacional. Además, se redujo en gran medida la posibilidad de iniciar investigaciones y enjuiciamientos paralelos en el ámbito estatal y en las entidades.

Sin embargo, en torno a la mitad de estos sumarios ya llevaban muchos años abiertos en las Fiscalías de las entidades antes del proceso de revisión y transferencia. El hecho de que se transfiriesen 120 sumarios adicionales a las Fiscalías de las entidades no aceleró automáticamente las investigaciones.

La Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina seguía desempeñando el papel principal en el enjuiciamiento de delitos de derecho internacional. Sin embargo, los ataques verbales a ésta y otras instituciones judiciales dedicadas a investigar y enjuiciar esos delitos, sumados al hecho de que altos cargos políticos negasen que se hubieran cometido delitos de derecho internacional –como el genocidio perpetrado en Srebrenica en julio de 1995–, menoscabaron las iniciativas del Estado en este sentido. En febrero, un partido de coalición de la República Srpska presentó una moción para abolir el Tribunal Estatal y la Fiscalía de Bosnia y Herzegovina. El Parlamento nacional rechazó el borrador de la propuesta, pero los políticos continuaron haciendo declaraciones públicas que iban en detrimento de la labor de las instituciones judiciales estatales.

No se reformó el Código Penal de 2003, a pesar de los llamamientos formulados por diversos órganos de vigilancia de los tratados de derechos humanos para que las autoridades de Bosnia y Herzegovina modificasen la legislación a fin de incluir una definición de la violencia sexual conforme con la jurisprudencia y las normas internacionales. El Código Penal exigía que se hubiera empleado la fuerza contra la víctima o que ésta hubiera sido amenazada con un ataque inminente contra su vida o su integridad física, y seguía sin tener en cuenta las circunstancias de conflicto armado, que podían crear un contexto de coacción en el que el consentimiento a relaciones sexuales carecía de sentido.

Además, los tribunales de las entidades continuaron aplicando el Código Penal de la ex República Federativa Socialista de Yugoslavia en los enjuiciamientos de delitos cometidos durante el conflicto. Tal y como señaló el Comité de Derechos Humanos de la ONU en sus observaciones finales, dadas a conocer en noviembre, este Código tenía graves deficiencias, como el hecho de que no tipificara los crímenes de lesa humanidad ni la responsabilidad de los mandos.

Aunque en el ámbito estatal se facilitaban servicios de apoyo a los testigos, en las causas ante los tribunales de las entidades seguían sin existir medidas de apoyo y protección para ellos. Esta situación continuó a pesar de que la mitad de todas las causas por crímenes de guerra pendientes se iban a ver en las entidades.

Las autoridades no pusieron en marcha ningún programa integral de reparación para las víctimas de delitos de derecho internacional.

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Derechos de las mujeres

Sobrevivientes de actos de violencia sexual constitutivos de crímenes de guerra

Desde su creación en 2005 hasta finales de 2012, el Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina había dictado sentencia definitiva en 29 causas por delitos de violencia sexual cometidos durante la guerra de 1992-1995. Dos causas más estaban en fase de apelación. No se disponía de datos fiables con que determinar el número total de denuncias de violación y otras formas de violencia sexual cometidas durante la guerra que se estaban investigando en el ámbito estatal y en las entidades.

El Estado no aprobó el anteproyecto de Ley sobre los Derechos de las Víctimas de Tortura y las Víctimas Civiles de Guerra, la Estrategia sobre Justicia Transicional ni el Programa para Víctimas de Violencia Sexual durante el Conflicto, que habrían mejorado las posibilidades de que las sobrevivientes de violencia sexual materializasen su derecho a obtener reparación.

A muchas sobrevivientes, que estaban estigmatizadas como víctimas de violación, se les seguía negando el derecho a obtener reparación. No podían acceder a servicios médicos adecuados ni siquiera cuando sus dolencias eran consecuencia de violación. Sólo algunas de las que sufrían trastorno de estrés postraumático pudieron conseguir asistencia psicológica.

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Desapariciones forzadas

Seguía sin conocerse el paradero de unas 10.000 personas desaparecidas durante la guerra de 1992-1995. El hecho de que el Estado no aplicase la Ley sobre Personas Desaparecidas de 2004 causaba problemas a los familiares, como la negación de su derecho a obtener justicia y reparación. Aún no se había creado el Fondo de Ayuda a las Familias de las Personas Desaparecidas, previsto en la Ley sobre Personas Desaparecidas de 2004. Siguieron sin ejecutarse numerosas sentencias del Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina sobre causas relacionadas con desapariciones forzadas.

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Discriminación

Derechos de las minorías

Las autoridades no dieron cumplimiento a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de diciembre de 2009 en la causa entablada por Dervo Sejdić, romaní, y Jakob Finci, judío. El Tribunal había fallado que tanto el marco constitucional como el sistema electoral discriminaban a los demandantes, ya que éstos no pertenecían a ninguno de los tres pueblos constituyentes mencionados (bosniacos, croatas y serbios).

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

A pesar de que la Ley contra la Discriminación prohibía la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, las autoridades no crearon un sistema para registrar los casos de discriminación. El Estado no condenó públicamente los ataques violentos contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. No se investigó ni procesó a nadie por los ataques a los organizadores y participantes en el Festival Gay de Sarajevo 2008.

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