Brasil
Jefe del Estado y del gobierno
Luiz Inácio Lula da Silva
Pena de muerte
abolicionista para los delitos comunes
Población
195,4 millones
Esperanza de vida
72,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
33/25 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
90 por ciento

Las comunidades que vivían en la pobreza siguieron sufriendo diversos abusos contra los derechos humanos, como desalojos forzosos y falta de acceso a servicios básicos. Aunque en algunas ciudades disminuyó la tasa de homicidios, la elevada incidencia de violencia policial y violencia de las bandas de delincuentes en los barrios marginales ahondó las desigualdades. La tortura, el hacinamiento y las condiciones degradantes siguieron caracterizando los centros penitenciarios y los centros de reclusión de menores, donde la falta de control efectivo desembocó en motines que causaron varias muertes. Los pueblos indígenas, los quilombolas (miembros de comunidades afrodescendientes) y los trabajadores sin tierra sufrieron amenazas, intimidación y violencia en el contexto de conflictos por las tierras. Los defensores y defensoras de los derechos humanos seguían estando en peligro, y tuvieron a menudo dificultades para acceder a la protección del Estado.

Información general

Cuando Luiz Inácio Lula da Silva finalizó su segundo y último mandato como presidente, Brasil disfrutaba de una economía en alza, estabilidad política y un papel destacado en la escena internacional. Se habían hecho avances considerables en la reducción de la pobreza, aunque seguía habiendo marcadas desigualdades. Dilma Rousseff ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en octubre, y prometió continuidad; estaba previsto que tomara posesión de su cargo en enero de 2011. Dilma Rousseff declaró que la erradicación de la pobreza, la seguridad pública y la salud serían prioritarias para su gobierno.

El presidente Lula aprobó en mayo una versión modificada del tercer Programa Nacional de Derechos Humanos, que fue criticada porque se habían eliminado las referencias a la despenalización del aborto, la mediación en los conflictos agrarios y las secciones sobre los delitos cometidos durante el régimen militar (1964-1985).

En una sentencia histórica dictada en octubre, el Tribunal Superior de Justicia decidió someter a la jurisdicción federal la investigación y las actuaciones judiciales relativas al asesinato de Manoel Mattos, ex concejal y activista de derechos humanos. Era la primera vez que se trasladaba un caso a la jurisdicción federal desde que una enmienda de 2004 a la Constitución permitió que los casos de abusos graves contra los derechos humanos se juzgaran en el ámbito federal. Manoel Mattos había denunciado las actividades de los escuadrones de la muerte en las zonas fronterizas entre los estados de Paraíba y Pernambuco, y las investigaciones sobre su muerte se vieron obstaculizadas por amenazas contra algunos testigos.

En febrero, el organismo de medio ambiente brasileño concedió una licencia medioambiental al polémico proyecto de presa hidroeléctrica de Belo Monte en el río Xingú, estado de Pará, en medio de la oposición de las comunidades indígenas y otras comunidades rurales, grupos ecologistas y de defensa de los derechos humanos y fiscales federales. Las ONG locales alegaron que el proyecto podría desplazar a miles de familias e inundar grandes extensiones de tierras tradicionales indígenas. En octubre, el gobierno federal dio un paso positivo al crear mediante decreto un censo socioeconómico que incluía un registro público de todas las personas afectadas por la construcción de presas.

En febrero, Brasil aprobó una enmienda a la Constitución que añadió el derecho a la alimentación a los derechos económicos, sociales y culturales existentes. En noviembre, Brasil ratificó la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas. Sin embargo, no reconoció la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir quejas de las víctimas o en su nombre, o de los Estados, cuando las autoridades nacionales incumpliesen sus obligaciones.

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Seguridad pública

La violencia delictiva y policial siguió siendo un grave problema en las mayores ciudades de Brasil. En un informe de seguimiento, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales escribió: “Por lo general, los ciudadanos, especialmente los que viven en las favelas, siguen estando a expensas de la violencia de las bandas, las milicias y la policía”; también escribió: “se siguen produciendo muchas ejecuciones extrajudiciales”.

Se desplegaron más Unidades de Policía Pacificadora en las favelas de Río de Janeiro, lo que consiguió reducir la violencia. No obstante, aparte de estos proyectos, la violencia policial, homicidios incluidos, siguió siendo generalizada. Según estadísticas oficiales, en 2010 la policía mató a 855 personas en situaciones calificadas de “actos de resistencia”.

En noviembre, en respuesta a la violencia de las bandas de delincuentes –que incluyó el incendio de más de 150 vehículos y ataques contra comisarías–, la policía organizó una serie de operaciones en toda la ciudad. En una semana, más de 50 personas perdieron la vida en enfrentamientos entre la policía y bandas de narcotraficantes. La Policía Civil mató a siete personas en una sola operación en la comunidad de Jacarezinho. En la comunidad de Vila Cruzeiro, una niña de 14 años murió dentro de su casa por una bala perdida. Al finalizar la semana, más de 2.600 hombres, con el apoyo del ejército y la marina, llevaron a cabo una importante operación en el Complexo do Alemão, un grupo de barrios marginales del norte de la ciudad donde había establecido su cuartel general la mayor banda de narcotraficantes de Río. La policía tomó el complejo con rapidez y al terminar el año éste estaba bajo el control del ejército, en espera del potencial despliegue de una Unidad de Policía Pacificadora.

Milicias y escuadrones de la muerte

Las milicias (grupos armados de estilo paramilitar) siguieron dominando numerosas zonas de Río de Janeiro. Al finalizar 2010 seguían sin ponerse en práctica muchas de las recomendaciones formuladas por la investigación parlamentaria de 2008.

  • En septiembre, Leandro Baring Rodrigues murió por disparos cuando conducía su vehículo. Un año antes había presenciado el asesinato de su hermano, Leonardo Baring Rodrigues, que había testificado contra las milicias en el caso de una masacre de siete hombres cometida en la favela de Barbante en 2008.

Los escuadrones de la muerte, muchos de ellos formados por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley fuera de servicio, continuaron actuando en numerosos estados. En agosto, un informe presentado por el Consejo de Defensa de los Derechos Humanos –organismo federal encargado de investigar violaciones de derechos humanos– concluyó que los escuadrones de la muerte, a menudo contratados por empresarios locales para amenazar, torturar y matar a ladrones de poca monta, actuaban con impunidad en el estado de Ceará.

  • Más de 30 personas que vivían en la calle murieron de forma violenta en Maceió, la capital del estado de Alagoas, en lo que el ministerio público sugirió podían ser intentos por parte de grupos parapoliciales de “limpiar la ciudad”. Las investigaciones sobre los homicidios fueron lentas; en noviembre se habían completado únicamente las relativas a cuatro casos, que se habían remitido a la fiscalía.

En São Paulo se produjo una oleada de homicidios múltiples; se sospechaba que los autores estaban relacionados con escuadrones de la muerte policiales y bandas de delincuentes. Según cifras oficiales, entre enero y el final de septiembre habían muerto 240 personas en 68 incidentes distintos ocurridos en la capital y en el Gran São Paulo.

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Tortura, otros malos tratos y condiciones de reclusión

La tortura era generalizada en el momento de la detención, así como en los calabozos policiales, las prisiones y los centros de reclusión de menores.

  • En abril, un mensajero motorizado murió por torturas en una base de la policía militar de São Paulo. El mensajero falleció tras recibir numerosas patadas en la cara y golpes con palos y con una cadena a manos de un grupo de policías. Doce policías fueron acusados posteriormente en relación con su muerte.

Las prisiones seguían teniendo un problema grave de hacinamiento y los internos estaban recluidos en condiciones que constituían trato cruel, inhumano o degradante. Las autoridades habían perdido el control efectivo de muchos centros, lo que desencadenó una serie de motines y homicidios.

  • En octubre, bandas rivales mataron a 18 presos, 4 de los cuales fueron decapitados, en dos centros de reclusión del estado de Maranhão. Los motines comenzaron después de que los reclusos se quejaran del hacinamiento, la mala calidad de la comida y la falta de acceso al agua.

En noviembre, tras las críticas de la Comisión de Derechos Humanos estatal y de las ONG locales, las autoridades del estado de Espírito Santo clausuraron el Departamento de Policía Judicial de Vila Velha, que había albergado hasta ocho veces el número de reclusos previsto y contra el que se habían recibido reiteradas denuncias de tortura. También se puso fin al polémico uso de contenedores de mercancías para alojar a presos de varias unidades. Sin embargo, las inspecciones del Consejo Nacional de Justicia informaron de problemas continuos, incluidos el hacinamiento y las malas condiciones de salubridad, especialmente en la Prisión de Mujeres de Tucum.

Al finalizar el año, las propuestas de una ley federal que introdujera mecanismos preventivos acordes con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura –ratificado por Brasil en 2007– seguían paralizadas en la Casa Civil (jefatura de Gabinete). Mientras tanto, los estados de Alagoas y Río de Janeiro aprobaron leyes para aplicar el Protocolo en mayo y junio, respectivamente.

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Derecho a una vivienda adecuada

Cientos de personas murieron y decenas de miles quedaron sin hogar en las inundaciones que azotaron los estados de São Paulo, Río de Janeiro, Alagoas y Pernambuco en la primera mitad del año. Las inundaciones dejaron patente las malas condiciones de gran parte de las viviendas y la negligencia de las autoridades a la hora de abordar unos riesgos potenciales concretos.

Otras comunidades sufrieron amenazas de desalojo forzoso debido a las obras de infraestructura planeadas para la Copa Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos de Río.

  • En el municipio de Niteroi, estado de Río de Janeiro, más de 100 personas perdieron la vida cuando parte de la favela de Morro do Bumba se hundió debido a corrimientos de lodo. La favela se había edificado sobre un vertedero y, pese a las numerosas advertencias sobre su elevada toxicidad e inestabilidad, incluido un estudio realizado por la Universidad Federal Fluminense en 2004, no se había hecho ningún intento de paliar los riesgos o reasentar a los residentes. Al finalizar el año, los sobrevivientes de las inundaciones, incluidos los residentes de Morro do Bumba, vivían en barracones militares abandonados en condiciones sumamente precarias. Algunos de ellos declararon a Amnistía Internacional que, más de seis meses después de quedarse sin hogar, las autoridades municipales no les habían ofrecido una vivienda alternativa, y que la ayuda que recibían para el alquiler era esporádica e insuficiente.
  • Después de meses de amenazas, a las nueve de la mañana del 22 de octubre, unos trabajadores municipales acompañados de policías civiles y militares fuertemente armados comenzaron a derribar un distrito comercial construido hacía más de 20 años, y destruyeron cinco comercios de la comunidad de Restinga, en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro. Las obras eran parte de la construcción del corredor de autobuses Transoeste. La comunidad no recibió ningún aviso previo de la operación.
  • Los residentes de la favela do Metrô, en las proximidades del estadio Maracanã de Río, fueron amenazados reiteradamente de desalojo. Sin que mediara ninguna información, consulta o negociación, los trabajadores municipales señalaron con pintura de aerosol las casas que se iban a derribar en junio. Dijeron a los residentes que serían trasladados a unos complejos de viviendas en Cosmos, a unos 60 km, en las afueras de Río de Janeiro, o a alojamientos temporales, y que no se les iba a dar ninguna compensación.
  • En octubre, 3.000 personas pertenecientes al movimiento de personas sin hogar ocuparon cuatro edificios abandonados del centro de São Paulo. La policía impidió inicialmente la entrada de agua y comida en los edificios. En noviembre, las familias que ocupaban uno de ellos fueron desalojadas, y establecieron un campamento de protesta frente a las oficinas del ayuntamiento. El 22 de noviembre, en mitad de una tormenta, la Guardia Municipal las expulsó con violencia usando gas lacrimógeno, pulverizadores de pimienta y porras. Resultaron heridos 10 mujeres y 7 hombres.
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Derechos de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas que luchaban por sus derechos constitucionales a las tierras tradicionales siguieron sufriendo discriminación, amenazas y violencia. La situación fue especialmente grave en el estado de Mato Grosso do Sul, donde las comunidades guaraníes kaiowá fueron objeto de una persecución persistente por parte de hombres armados a sueldo de los agricultores locales. A pesar de los esfuerzos de los fiscales federales para acelerar el proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras tradicionales, dicho proceso siguió paralizado.

Unos hombres armados contratados hostigaron y atacaron a las comunidades guaraníes kaiowá de Y’poí, Ita’y Ka’aguyrusu y Kurusú Ambá, en el sur del estado de Mato Grosso do Sul. En la comunidad de Kurusú Ambá, un niño indígena de tres años murió en septiembre tras sufrir varios episodios de diarrea. En esa época, la situación de la seguridad se había considerado tan peligrosa que la Fundación Nacional de la Salud había suspendido las visitas.

  • En octubre, en el sur del estado de Bahía, un hombre armado que iba en una motocicleta mató a tiros al dirigente pataxó hã-hã-hãe José de Jesús Silva (conocido como Zé da Gata). José de Jesús Silva intentaba llevar provisiones a una ocupación indígena de tierras tradicionales. El Tribunal Supremo tenía pendiente dictar una decisión relacionada con la demarcación de las tierras pataxó hã-hã-hãe desde 1983.

Conflictos de tierras

Continuaron las amenazas y la violencia contra trabajadores sin tierra, a menudo a manos de hombres armados contratados por agricultores. Pocos casos fueron investigados adecuadamente.

  • En el municipio de São Vicente de Férrer, estado de Maranhão, los agricultores locales amenazaron en reiteradas ocasiones a la comunidad de Charco, que luchaba para que sus tierras fueran reconocidas como asentamiento quilombola. El 30 de octubre, el dirigente comunitario Flaviano Pinto Neto recibió siete disparos en la cabeza. Otro dirigente de la comunidad, Manoel Santana Costa, recibió varias amenazas de muerte, al igual que 20 miembros más de la comunidad.
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Derechos laborales

Las condiciones de trabajo degradantes persistían en todo Brasil. En mayo visitó el país la relatora especial de la ONU sobre la esclavitud, que concluyó que los trabajos forzados y las prácticas “similares a la esclavitud” predominaban sobre todo en el sector ganadero, seguido de las plantaciones de caña de azúcar. La relatora instó a las autoridades federales a que aprobaran una reforma de la Constitución que permitiera la expropiación de tierras cuando se recurriera a trabajos forzados. La reforma, que había sido propuesta en 1999, seguía paralizada en el Congreso al finalizar el año.

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Al terminar el año, el Programa Nacional de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos había ampliado su actuación a seis estados. Sin embargo, una financiación desigual y la falta de coordinación entre las autoridades estatales y las federales hicieron que muchos defensores y defensoras incluidos en el programa siguieran sin protección.

  • En mayo, Josilmar Macário dos Santos recibió un disparo cuando conducía su taxi por un viaducto del barrio de Catumbi, en la ciudad de Río de Janeiro. Cuando se produjo el atentado se estaban celebrando las vistas judiciales del caso contra cuatro policías acusados de matar a seis jóvenes, entre ellos Josenildo dos Santos, hermano de Josilmar Macário dos Santos. A pesar de estar incluido en el Programa Nacional, Josilmar Macário dos Santos no recibió una protección adecuada.
  • Alexandre Anderson de Souza, presidente de una asociación de pescadores en Magé, estado de Río de Janeiro, recibió una serie de amenazas de muerte relacionadas con su labor como dirigente comunitario. Había participado en protestas contra el impacto medioambiental de la construcción de un oleoducto en la bahía donde pescaba la comunidad.
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Impunidad

Brasil siguió estando a la zaga del resto de la región en su respuesta a las violaciones graves de derechos humanos cometidas durante el régimen militar. En abril, el Tribunal Supremo dictó una resolución en contra de una apelación contra las interpretaciones de la Ley de Amnistía de 1979. Las interpretaciones actuales de la ley habían promovido la impunidad para los funcionarios acusados de violaciones graves de derechos humanos tales como torturas, violaciones sexuales y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura militar (1964-1985).

  • En noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que Brasil era responsable de la desaparición forzada de 62 guerrilleros en el estado de Pará entre 1970 y 1972. La Corte concluyó que Brasil había violado el derecho a la justicia al no investigar adecuadamente los casos y ocultar información, y que la Ley de Amnistía de 1979 era contraria a las obligaciones contraídas por Brasil en virtud del derecho internacional y no se podía utilizar para bloquear enjuiciamientos en casos de violaciones graves de derechos humanos.

Al finalizar el año, el presidente Lula no había acatado plenamente una sentencia de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se ordenaba el pago de una indemnización a la familia del trabajador sin tierra Sétimo Garibaldi. Según los testigos, Sétimo Garibaldi murió abatido a tiros por unos hombres armados encapuchados en la Fazenda São Francisco, en Querência do Norte, en el noreste del estado de Paraná, en noviembre de 1998.

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Los derechos humanos región a región

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Visitas

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