Información general

La primera mujer que presidía el país, Dilma Rousseff, tomó posesión de su cargo el 1 de enero prometiendo promover el desarrollo y erradicar la pobreza extrema. Pese al fuerte crecimiento económico y a las mejoras en la mayoría de los indicadores sociales y económicos logradas durante la última década, según los datos del censo, más de 16,2 millones de brasileños continuaban subsistiendo con menos de 70 reales (aproximadamente 40 dólares estadounidenses) al mes. En junio, el gobierno federal lanzó un plan nacional para erradicar la pobreza extrema en un plazo de cuatro años. Durante el año, siete ministros se vieron obligados a dimitir entre denuncias de corrupción que implicaban el uso indebido de fondos públicos.

El nuevo gobierno se comprometió a aplicar una agenda de derechos humanos en su política exterior. En marzo, Brasil apoyó la creación del cargo de relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Irán, pero en noviembre se abstuvo en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condenaba los abusos contra los derechos humanos en Siria, lo que suscitó críticas. Incumpliendo las promesas que hizo cuando fue elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Brasil se negó a aceptar las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el proyecto hidroeléctrico de Belo Monte.

Los proyectos de desarrollo en gran escala del Programa de Aceleración del Crecimiento siguieron planteando riesgos para los pueblos indígenas, las comunidades de pescadores, los pequeños agricultores y las comunidades urbanas marginadas.

En enero, las inundaciones y los corrimientos de lodo que afectaron a la Região Serrana, zona montañosa próxima a la ciudad de Río de Janeiro, causaron la muerte de más de 800 personas –la mayoría en las localidades de Nova Friburgo y Teresópolis– y dejaron sin hogar a más de 30.000. Hubo denuncias generalizadas de corrupción por el uso indebido de fondos públicos destinados a ayuda humanitaria para las personas damnificadas por las inundaciones. Algunos residentes que se habían quedado sin hogar a causa de la inundación que afectó a la ciudad de Río de Janeiro y la localidad de Niterói en 2010 seguían viviendo en condiciones precarias en espera de que se les proporcionara una vivienda adecuada.

En mayo, el Supremo Tribunal Federal reconoció unánimemente que los derechos de las uniones estables entre personas del mismo sexo eran equivalentes a los de las parejas heterosexuales.

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Violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado

El 18 de noviembre, la presidenta Rousseff ratificó las leyes que limitaban a 50 años el periodo de vigencia de los secretos de Estado y creaban una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1946 y 1988. Estaba previsto que la Comisión, integrada por siete personas nombradas por la presidenta, recogiese testimonios durante dos años y después publicase un informe. Estas reformas representaron un avance importante para abordar la impunidad. Sin embargo, suscitaron preocupación ciertas condiciones que podrían afectar al resultado de las labores de la Comisión, sobre todo la posibilidad de que la Ley de Amnistía de 1979, cuya interpretación hasta entonces beneficiaba a los responsables de crímenes de lesa humanidad, excluyera el enjuiciamiento de quienes fueran declarados responsables de estos crímenes en virtud de este proceso.

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Seguridad pública

En medio de un elevado grado de delincuencia violenta, las prácticas de los cuerpos de seguridad siguieron caracterizándose por la discriminación, los abusos contra los derechos humanos, la corrupción y las operaciones policiales de estilo militar. Las prometidas reformas en la seguridad pública se vieron debilitadas por severos recortes presupuestarios y por una falta de voluntad política.

Algunos estados invirtieron en proyectos de seguridad específicos, como las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en Río de Janeiro, el proyecto Mantente Vivo en Minas Gerais y el Pacto por la Vida en Pernambuco. Al finalizar 2011 se habían instalado 18 UPP en la ciudad de Río de Janeiro. En noviembre se realizó una importante operación policial y militar en la zona sur de la ciudad para acabar con las bandas delictivas en Rocinha y Vidigal como preparación para la instalación de nuevas unidades. Aunque las UPP representaron un importante avance al alejarse de la actuación policial basada en el enfrentamiento violento, seguía haciendo falta una inversión más amplia en servicios sociales para las comunidades que vivían en la pobreza. Además, continuaba siendo necesaria una reforma global del sistema de seguridad, que incluyera formación de la policía, servicios de inteligencia y control externo. Las informaciones recibidas sobre uso excesivo de la fuerza y corrupción en algunas unidades indicaban la ausencia de mecanismos de vigilancia efectivos para supervisar la presencia de las UPP en las comunidades.

Las comunidades socialmente excluidas siguieron sufriendo la violencia de las bandas delictivas y los abusos de la policía, que a menudo trataba a los residentes como presuntos delincuentes. Esto aumentó, a su vez, la privación social y alejó a las comunidades de servicios estatales más generales, como el acceso a las escuelas, a la atención médica y al saneamiento.

Entre enero y septiembre, 804 personas murieron en situaciones calificadas de “actos de resistencia” en los estados de Río de Janeiro y São Paulo. Aunque en Río de Janeiro esta cifra representó una disminución en 177 personas respecto del año anterior, aumentó el número de muertes violentas registradas por la policía como “indeterminadas”.

• En julio, Juan Moraes, de 11 años, desapareció durante una operación de las fuerzas de seguridad en la favela de Danon, en Nova Iguaçu (estado de Río de Janeiro). Su cadáver fue hallado posteriormente en la orilla del río Botas, en Belford Roxo, municipio de Nova Iguaçu. Una investigación de la policía civil concluyó que el niño había muerto a manos de la policía militar y que su cadáver había sido trasladado por agentes de esta institución. En total, los cuatro policías implicados lo habían estado también en al menos otros 37 homicidios registrados como “actos de resistencia”. Tras esta muerte, la policía civil introdujo nuevas medidas, como la obligación de investigar el lugar del crimen y realizar investigaciones forenses y de balística en los casos registrados como “actos de resistencia”.

En São Paulo se introdujeron medidas similares. Desde abril, todos los casos de muertes a manos de la policía en el área metropolitana de São Paulo se remitieron a una unidad especializada en homicidios, el Departamento de Homicidios y Protección de la Persona.

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Escuadrones de la muerte y milicias

Se creía que había agentes de policía implicados en escuadrones de la muerte y milicias que se dedicaban a operaciones de limpieza social y extorsión, así como a tráfico de armas y de drogas.

• En febrero, la operación “Guillotina” de la policía federal sacó a la luz una red de corrupción que se extendía a varios altos cargos de la policía civil de la ciudad de Río de Janeiro. Un total de 47 policías en activo y ex policías fueron acusados de formación de bandas armadas, malversación, tráfico de armas y extorsión.
• También en febrero, en el estado de Goiás, 19 agentes de la policía militar, incluido el subcomandante del cuerpo, fueron detenidos y acusados de estar implicados en escuadrones de la muerte. En junio, una comisión especial que investigaba la implicación de la policía en los escuadrones de la muerte en el estado dio a conocer un informe que analizaba 37 casos de desaparición forzada en los que se sospechaba la implicación policial. Tras la publicación del informe, varios miembros de la propia comisión recibieron amenazas de muerte.

En São Paulo, un informe de la policía civil atribuyó 150 muertes ocurridas entre 2006 y 2010 a la actuación de los escuadrones de la muerte en el norte y el este de la ciudad.

En Río de Janeiro, las milicias siguieron dominando grandes zonas de la ciudad: extorsionaban a los residentes más pobres exigiéndoles dinero a cambio de protección y proporcionaban ilegalmente servicios como transporte, telecomunicaciones y gas. Esta imposición de servicios ilegales o no regulados puso en peligro a las comunidades vulnerables. Quienes se oponían a las milicias eran objeto de amenazas, intimidación y violencia.

• En agosto, la jueza Patrícia Acioli murió de 21 disparos frente a su casa en Niterói, en el área metropolitana de Río de Janeiro. La jueza había recibido una serie de amenazas de muerte en relación con su postura inflexible contra las milicias y la delincuencia policial. Diez policías, junto con el comandante del Batallón de São Gonçalo, fueron detenidos en relación con el homicidio, y al concluir el año estaban en prisión pendientes de juicio.
• Entre octubre y diciembre, Marcelo Freixo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Río de Janeiro y diputado estatal, que había encabezado una investigación sobre las milicias, recibió 10 amenazas de muerte.

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Tortura y otros malos tratos

La tortura era generalizada tanto en el momento de la detención como durante los interrogatorios y la reclusión en comisarías de policía y prisiones.

Condiciones de reclusión

La población penitenciaria alcanzó en 2011 una cifra de alrededor de 500.000 reclusos, el 44 por ciento de los cuales estaba en prisión preventiva. El grave hacinamiento, las condiciones degradantes, la tortura y la violencia entre reclusos eran habituales.

En octubre de 2011 se remitió al Congreso un proyecto de ley largo tiempo esperado para la creación de un mecanismo nacional de prevención y un Comité Nacional de Prevención y Erradicación de la Tortura, a tenor de lo exigido en el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura. Al finalizar el año, tres estados –Río de Janeiro, Alagoas y Paraíba– habían aprobado legislación para la creación de mecanismos preventivos estatales, y uno de ellos, el de Río de Janeiro, había empezado a aplicarla.

• En septiembre, una niña de 14 años fue atraída con engaños a la colonia penal agrícola de Heleno Fragoso (centro penitenciario de régimen semiabierto), en el área metropolitana de Belém, donde la drogaron y la violaron durante cuatro días. Finalmente huyó y dijo a la policía que en el lugar había otras dos adolescentes a las que estaban utilizando como prostitutas. Treinta miembros del personal del centro, entre ellos el superintendente del sistema penitenciario, fueron suspendidos de sus funciones en espera de una investigación. Tras recibir amenazas de muerte, la niña, y otra niña que también había sido violada en el centro, se vieron obligadas a entrar en el Programa de Protección de Niños y Adolescentes Amenazados de Muerte.

En la mayoría de los estados, muchas prisiones y calabozos policiales estaban bajo el control de hecho de bandas delictivas.

• En febrero, en el estado de Maranhão, murieron seis reclusos –cuatro de los cuales fueron decapitados– en un motín que estalló como protesta por el hacinamiento imperante en la Delegación Regional de Policía de Pinheiro, donde había 90 detenidos en una celda destinada a 30. Según el colegio de abogados del estado, se elevó a 94 el número total de reclusos fallecidos bajo custodia en el estado desde 2007.

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Conflictos de tierras

Pueblos indígenas y comunidades quilombolas

Las comunidades indígenas siguieron siendo objeto de discriminación, amenazas y violencia en el contexto de los conflictos de tierras. En octubre suscitó preocupación la presentación por la presidenta Rousseff de un decreto para facilitar la concesión de licencias medioambientales a grandes proyectos de desarrollo, especialmente los que afectaban a las tierras de comunidades indígenas o quilombolas.

La situación en Mato Grosso do Sul seguía siendo grave. Según el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), 1.200 familias vivían en condiciones sumamente precarias, acampadas junto a carreteras, esperando la restitución de sus tierras. Los retrasos en el proceso de demarcación exponían a las comunidades a un mayor riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos.

• Un grupo de hombres armados amenazó y atacó en reiteradas ocasiones a 125 familias de la comunidad guaraní kaiowá de Pyelito Kue después de que ésta volviera a ocupar sus tierras tradicionales en el municipio de Iguatemi, estado de Mato Grosso do Sul. En septiembre llegaron a la comunidad en dos camiones unos hombres armados que dispararon balas de goma, prendieron fuego a las chozas, golpearon a la gente y profirieron amenazas cuando los residentes huían presas del pánico. Varias personas, entre ellas niños y ancianos, resultaron heridas de gravedad en un ataque que los fiscales federales calificaron de genocidio y formación de una milicia rural.
• En noviembre, 40 hombres armados, muchos de ellos encapuchados, atacaron el campamento guaiviry situado cerca de la frontera entre Brasil y Paraguay, mataron a tiros al dirigente indígena Nísio Gomes y se llevaron en un camión su cadáver, cuyo paradero se desconocía al finalizar el año.

En febrero, tres hombres acusados de matar al dirigente guaraní kaiowá Marcus Veron fueron declarados culpables de secuestro, formación de banda delictiva y tortura, aunque se les absolvió del cargo de homicidio. Al concluir el año, los tres estaban en libertad pendientes de una apelación contra sus condenas. Marcus Veron murió de una paliza en tierras tradicionales en febrero de 2003.

• En febrero, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables concedió la licencia medioambiental para que comenzaran las obras del proyecto hidroeléctrico de Belo Monte, en el estado de Pará. Las comunidades indígenas y locales protestaron contra los planes, alegando que el proyecto afectaría a sus medios de subsistencia y que la licencia se había otorgado sin un proceso justo de consulta con los afectados. En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a Brasil que suspendiera el proceso de concesión de licencias hasta que se hubieran celebrado consultas libres, previas e informadas con los grupos afectados y se hubieran tomado medidas para salvaguardar su salud y su integridad física. Las autoridades federales respondieron retirando a su representante ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y suspendiendo sus contribuciones a la Comisión, entre otras medidas.

Homicidios en zonas rurales

Los activistas que defendían el derecho a la tierra siguieron siendo objeto de amenazas y homicidios en su lucha por el acceso a la tierra y por denunciar actividades ilegales de tala y de cría de ganado en la región del Amazonas.

• En mayo, unos hombres armados mataron a tiros a los activistas medioambientales José Cláudio Ribeiro da Silva y su esposa, Maria do Espírito Santo, en el municipio de Ipixuna, estado de Pará. Los dos fallecidos habían denunciado las actividades de taladores, rancheros y productores de carbón ilegales en la región. En septiembre fueron detenidos tres hombres en relación con los homicidios. Sin embargo, continuaron las amenazas contra los familiares y la comunidad de las víctimas.
• En mayo, Adelino Ramos, dirigente rural y sobreviviente de la masacre de Corumbiara de 1995, murió por disparos en Vista Alegre do Abunã, en el municipio de Porto Velho, estado de Rondônia. Ramos había denunciado las actividades de taladores ilegales que actuaban en las fronteras de los estados de Acre, Amazônia y Rondônia.

Tras los homicidios, la ONG Comisión Pastoral de la Tierra presentó a la Secretaría Especial de Derechos Humanos, de ámbito federal, los nombres de otras 1.855 personas amenazadas debido a conflictos de tierras en todo el país.

Hubo informes sobre conflictos violentos de tierras en muchos otros estados del norte y el nordeste de Brasil.

• En junio, unos hombres armados atacaron a 40 familias del Assentamento Santo Antônio Bom Sossego y del Acampamento Vitória, en el municipio de Palmeirante, estado de Tocantins. Los atacantes dispararon contra los asentamientos y amenazaron con matar a los activistas que defendían el derecho a la tierra.
• En el estado de Maranhão, los residentes de la comunidad quilombola de Salgado se quejaron de estar sufriendo una campaña continuada de hostigamiento e intimidación a manos de agricultores locales, que destruyeron cosechas, mataron ganado, vallaron fuentes de agua y enviaron amenazas de muerte a los dirigentes de la comunidad.

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Derecho a la vivienda

En los núcleos urbanos de Brasil, los proyectos de desarrollo en gran escala –como los preparativos para la Copa del Mundo de 2014 y para los Juegos Olímpicos de 2016– pusieron a comunidades que vivían en la pobreza en peligro de sufrir intimidación y desalojo forzoso. En abril, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada dijo que había recibido informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante desalojos realizados en ciudades de todo el país, incluidas São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Natal y Fortaleza.

• En febrero, un grupo de trabajadores del ayuntamiento provistos de buldóceres, y acompañados de guardias municipales, llegó sin previo aviso a la comunidad de Vila Harmonia, en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, una de las varias comunidades amenazadas de desalojo debido a la construcción del corredor de autobuses Transoeste. Los residentes informaron de que los trabajadores municipales les habían ordenado que se marcharan de inmediato, sin darles tiempo a sacar sus pertenencias de las casas antes de que las derribaran.

En São Paulo, miles de familias estaban amenazadas de desalojo para abrir paso a obras de desarrollo de infraestructura urbana, como la construcción de una carretera de circunvalación, la ampliación de las carreteras que seguían el curso del río Tietê y la construcción de zonas verdes a la orilla de arroyos y ríos, donde se ubicaba el 40 por ciento de las favelas de la ciudad. Los residentes afectados por los desalojos se quejaron de la ausencia de consultas y de lo inadecuado de las indemnizaciones.

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

El Programa Nacional de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos estaba ya en pleno funcionamiento en cinco estados –Pará, Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais y Bahía– e implementándose en otros dos –Ceará y Río de Janeiro–. Sin embargo, en muchos casos, los problemas burocráticos reducían su eficacia, y algunos defensores incluidos en el programa se quejaron de que no habían recibido protección adecuada.

Varias ONG locales fueron objeto de intimidación y de amenazas.

• En la localidad de Cantanhede, estado de Maranhão, los activistas de la Comisión Pastoral de la Tierra recibieron amenazas de muerte cuando se hallaban en las inmediaciones de un tribunal al que habían acudido para asistir a una vista relacionada con un conflicto sobre tierras.
• En la ciudad de Río de Janeiro, los miembros de la Red de Comunidades y Movimientos contra la Violencia recibieron amenazas telefónicas y fueron intimidados por agentes de policía.

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Derechos sexuales y reproductivos

En los cinco años transcurridos desde que se promulgó la Ley Maria da Penha sobre violencia en el ámbito familiar habían sido condenadas en aplicación de ella más de 100.000 personas.

En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer concluyó, en una decisión histórica, que Brasil había incumplido su obligación de garantizar a las mujeres “servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario”. La decisión fue adoptada en el caso de Alyne da Silva Pimentel, afrodescendiente de 28 años y residente en uno de los distritos más pobres de Río de Janeiro, que en 2002 estaba embarazada de seis meses de su segundo hijo cuando murió por complicaciones derivadas del embarazo después de que su centro de salud local diagnosticara erróneamente sus síntomas y se demorase en facilitarle atención de emergencia.

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