Bulgaria - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Bulgaria

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Bulgaria is now live »

Jefe del Estado
Georgi Parvanov
Jefe del gobierno
Boyko Borisov (sustituyó a Sergey Stanishev en julio)
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
7,5 millones
Esperanza de vida
73,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
17/13 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
98,3 por ciento

La comunidad romaní siguió sufriendo discriminación múltiple y generalizada, y sus miembros estaban expuestos a la amenaza de ser desalojados forzosamente de sus hogares. La detención prolongada de solicitantes de asilo contravenía la legislación de la Unión Europea. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que Bulgaria había violado la prohibición de la tortura y los tratos degradantes incluida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Información general

Tras las elecciones parlamentarias, se nombró un nuevo gobierno en minoría bajo la dirección del primer ministro Boyko Borisov. El gobernante Partido Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria recibió el apoyo de tres formaciones políticas más pequeñas, entre ellas la ultraderechista Ataque, que tenía un historial de declaraciones antirromaníes y antiturcas.

Discriminación: comunidad romaní

La comunidad romaní continuó sufriendo discriminación en la educación, la vivienda y la asistencia médica. En enero, varias ONG nacionales e internacionales enviaron informes no oficiales al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial en los que destacaban los frecuentes desalojos forzosos de que era víctima la comunidad romaní. Los miembros de esta comunidad que vivían en asentamientos no oficiales a menudo carecían de seguridad de tenencia, por lo que corrían peligro de ser desalojados y quedar en la miseria. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia informó en junio de que la discriminación contra la comunidad romaní era generalizada e incluía restricciones para acceder a lugares públicos.

Derecho a una vivienda adecuada

  • En septiembre, casi 50 hogares de romaníes fueron demolidos en la ciudad de Burgas, y sus ocupantes fueron desalojados. La decisión de las autoridades municipales de demoler las casas construidas ilegalmente en terreno municipal o privado dejó a casi 200 personas que residían en la zona desde hacía varios años sin un lugar donde vivir. La ONG Comité Búlgaro de Helsinki informó de que la policía había utilizado fuerza desproporcionada durante las demoliciones. A pesar de que el alcalde de Burgas aseguró en varias ocasiones que se proporcionaría a las familias alojamiento alternativo municipal con una renta baja, lo único que recibieron los romaníes desalojados fue la notificación de que podían solicitar una vivienda municipal. En septiembre, algunos miembros de la comunidad, representados por las ONG Iniciativa Igualdad de Oportunidades y Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE, por sus siglas en inglés), interpusieron una queja individual contra el desalojo forzoso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Derecho a la salud: acceso a asistencia social

En abril, el Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó que Bulgaria había violado la Carta Social Europea. En respuesta a una denuncia presentada por el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes y el Comité Búlgaro de Helsinki, el Comité Europeo de Derechos Sociales falló que el gobierno no había garantizado acceso suficiente a servicios de asistencia social a personas que carecían de recursos adecuados. Las ONG criticaron una enmienda a la Ley de Asistencia Social que reducía el periodo durante el cual las personas desempleadas podían recibir asistencia social. Destacaron que la enmienda tendría un efecto desigual e injustificado sobre los romaníes, un colectivo excesivamente representado entre los beneficiarios. El Comité estableció que debían concederse “prestaciones adecuadas” a toda persona que careciese de recursos adecuados y estuviese en una situación de necesidad, y que el acceso no debía someterse a límites temporales, ya que eso podía dejar al solicitante sin medios básicos de subsistencia.

Reclusión sin juicio

Bulgaria fue hallada de nuevo responsable de haber violado el derecho de toda persona a que su causa sea oída públicamente y en un plazo razonable en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

  • El proceso judicial penal contra Valentin Ivanov había durado más de ocho años, desde mayo de 1992 hasta noviembre de 2000. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que se había excedido el “periodo razonable” exigido por el Convenio y observó que a menudo había encontrado violaciones del mismo derecho en otras causas contra Bulgaria en el pasado.

Tortura y otros malos tratos

Bulgaria fue declarada responsable de conculcar la prohibición de la tortura o los tratos degradantes en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

  • En enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos halló que se había producido una violación de la prohibición de la tortura y que no se había llevado a cabo una investigación efectiva sobre las lesiones que mostraban que Georgi Dimitrov había sido víctima de malos tratos bajo custodia policial. Tras ser detenido en 2001 acusado de fraude, cuando salió de prisión en 2004 afirmó haber sido golpeado por agentes de policía.

En marzo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por los malos tratos y el uso de fuerza excesiva por parte de la policía contra grupos minoritarios, en especial la comunidad romaní. El Comité Búlgaro de Helsinki y el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes remitieron un informe no oficial al Comité en el que se citaban casos de personas que habían sufrido malos tratos policiales y de uso de fuerza desproporcionada por parte de la policía contra comunidades romaníes.

  • En agosto, el Tribunal Militar de Apelaciones confirmó las condenas de entre 16 y 18 años de cárcel impuestas a cinco agentes de policía “antimafia” en 2008 tras haber sido declarados culpables de golpear a Angel Dimitrov, de 38 años de edad, hasta causarle la muerte en la ciudad de Blagoevgrad. Los agentes de policía recurrieron sus condenas ante el Tribunal Supremo de Casación.

Instituciones de salud mental

Las ONG continuaron criticando los procedimientos de admisión y las condiciones de vida en instituciones de asistencia social para personas con trastornos mentales.

  • En noviembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos examinó dos casos en relación con el internamiento y las condiciones de vida en hogares sociales de las ciudades de Pastra y Pravda, respectivamente. En ambos casos se denunció que varias personas habían sido privadas de capacidad legal y puestas bajo tutela contra su voluntad. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura había recomendado el cierre de la institución de Pastra en 2003 al considerar que las deficientes condiciones de vida y asistencia equivalían a trato inhumano y degradante, y el gobierno había expresado su conformidad con la recomendación en 2004.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Continuó la detención de solicitantes de asilo que permanecían recluidos durante meses e incluso años.

  • En noviembre, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ordenó la liberación inmediata de Said Kadzoev, solicitante de asilo de nacionalidad rusa y origen checheno que correría riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos en caso de ser devuelto a la Federación Rusa. En un fallo judicial sin precedentes, el Tribunal determinó que la excepción al límite de 18 meses para la detención de los solicitantes de asilo, propuesta por el Tribunal Administrativo de la ciudad de Sofía, supondría una contravención de la directiva de la Unión Europea relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. Said Kadzoev había sido detenido en 2006, y había permanecido bajo custodia a pesar de que sus abogados habían solicitado reiteradamente medidas menos severas para él. El Tribunal de Justicia afirmó que los solicitantes de asilo no debían permanecer recluidos por el hecho de no estar en posesión de documentos válidos, o por dar muestras de comportamiento agresivo.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

En junio se celebró en Sofía el segundo desfile del Orgullo de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Antes de la marcha, el dirigente del partido de extrema derecha Unión Nacional Búlgara anunció una “semana de intolerancia” en respuesta al evento. La marcha fue protegida por la policía y al parecer transcurrió sin incidentes.

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