Bulgaria
Jefe del Estado
Georgi Parvanov
Jefe del gobierno
Boyko Borisov
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
7,5 millones
Esperanza de vida
73,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
17/13 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
98,3 por ciento

La población romaní sufrió discriminación generalizada. Continuaron las demoliciones de casas y los desalojos de familias romaníes. Una investigación de una ONG halló que entre 2000 y 2010 se habían producido muertes de menores de edad en hogares sociales por motivos evitables, como inanición, desatención o frío.

Discriminación: comunidad romaní

La población romaní continuaba sufriendo discriminación generalizada, y el marco jurídico de protección de las minorías étnicas frente a la discriminación era deficiente. En abril, el Consejo de Ministros presentó al Parlamento una propuesta de reforma de la Ley de Protección contra la Discriminación; en ella se sugería que el número de integrantes del organismo para la igualdad encargado de vigilar el cumplimiento de la legislación contra la discriminación y examinar las denuncias individuales debía reducirse de nueve a cinco miembros. Las ONG manifestaron su preocupación por el hecho de que esta medida pondría en grave peligro la protección contra la discriminación.

  • En marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Bulgaria había violado la prohibición de la discriminación y el derecho a un juicio con las debidas garantías. Un tribunal de distrito había impuesto una condena de privación de libertad a una mujer romaní declarada culpable de fraude en 2005, a pesar de que la Fiscalía había recomendado una condena condicional. El tribunal de distrito había alegado que, especialmente entre miembros de grupos minoritarios, una condena condicional no se consideraría un castigo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que este razonamiento constituía trato diferente por motivos de origen étnico.
  • Tras el desalojo forzoso de 200 romaníes y la demolición de sus casas en 2009, según informes, el municipio de la ciudad de Burgas ordenó en enero la demolición de 20 casas mediante bulldozers. Según declaraciones realizadas a medios de comunicación locales, el alcalde alegó que el ayuntamiento no permitiría la presencia de “romaníes itinerantes” y que estaba “intentando transmitir el mensaje” de que se demolerían todas las construcciones ilegales que se erigiesen.
  • En abril fue demolido un asentamiento romaní en el distrito municipal de Vrubnitsa, en Sofía, en lo que el municipio denominó “operación de limpieza general”; según informes, residentes del barrio habían pedido en enero el desalojo de los romaníes que vivían en el asentamiento.
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Tortura y otros malos tratos

Se expresó gran preocupación por el trato dispensado a los menores de edad internados en hogares sociales y también con respecto a la validez de investigaciones anteriores sobre el uso excesivo de la fuerza.

Menores de edad internados en hogares sociales

  • En septiembre, el Comité Búlgaro de Helsinki publicó los resultados de su investigación, llevada a cabo conjuntamente con la Fiscalía, sobre casos de muertes de menores de edad con discapacidad intelectual internados en hogares sociales. La investigación halló indicios de 238 muertes registradas entre 2000 y 2010. Entre las causas de fallecimiento determinadas durante la investigación se incluían inanición, desatención, deterioro físico general, infecciones, congelación, neumonía, y también violencia. La ONG indicó que al menos tres cuartas partes de las muertes podrían haberse evitado, y que un gran número de ellas nunca se habían investigado. Tras la publicación de estos resultados, según informes, se iniciaron investigaciones sobre 166 casos.

Uso excesivo de la fuerza

En julio, el Comité Búlgaro de Helsinki informó de que el uso excesivo de la fuerza y de armas de fuego por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley seguía siendo generalizado e impune.

  • En enero, el Tribunal Supremo de Casación anuló las penas de prisión impuestas a cinco policías, que en un primer momento habían sido condenados a un total de 82 años de cárcel por golpear a Angel Dimitrov hasta causarle la muerte en 2005. El tribunal devolvió la causa al Tribunal Militar de Apelaciones, debido, según informes, al quebrantamiento de las normas procesales y fundamentalmente porque no se había evaluado de forma adecuada la causa de la muerte. En noviembre, el Tribunal Militar de Apelaciones redujo a la mitad las penas de prisión impuestas inicialmente a los agentes.
  • En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que se había violado el derecho a la vida en el caso de Gancho Vachkov, muerto cuando un disparo de la policía lo alcanzó en la cabeza durante una persecución en Sofía el 6 de junio de 1999. El Tribunal concluyó que los disparos “no eran absolutamente necesarios”, y que la investigación posterior no fue imparcial, exhaustiva y efectiva.
  • En octubre, en la causa Karandja v. Bulgaria, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que el Estado había violado el derecho a la vida de Peter Karandja en junio de 1997. La legislación nacional permitía el uso de armas de fuego para detener a sospechosos, al margen de la gravedad del presunto delito o de la amenaza para otras personas. Sin embargo, se consideró que los disparos contra Peter Karandja, que le provocaron la muerte, habían sido ilegales, y se determinó que se habían producido deficiencias en la recopilación de pruebas, las declaraciones de los testigos y la evaluación de los hechos, y que el Estado no había informado a los familiares de la víctima sobre los resultados de la investigación.
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Racismo

En junio, unas ONG denunciaron el aumento de las agresiones por parte de grupos de extrema derecha y la reacción insuficiente por parte de la policía y el gobierno. Se recibieron informes de agresiones a romaníes, extranjeros y musulmanes, y a lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero.

  • El 6 de junio, según informes, cuatro jóvenes sufrieron una brutal paliza a manos de un grupo de unos 20 enmascarados –que, al parecer, se identificaron como neonazis– en un tranvía de la capital, Sofía. Los agresores, armados con cuchillos y puños metálicos, atacaron a los cuatro hombres cuando éstos se dirigían a una manifestación en el centro de alojamiento provisional de Busmantsi para protestar por la detención de ciudadanos extranjeros. Seis de los presuntos perpetradores fueron detenidos.
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Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

Según ONG locales, existía una tendencia al abuso de poder por parte de las autoridades en lo relativo a la expulsión de ciudadanos extranjeros.

  • En febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que, si Bulgaria expulsara al ciudadano paquistaní Ali Raza a Pakistán, violaría su derecho a la vida familiar y a un recurso efectivo. Ali Raza, que en 2000 se había casado con una ciudadana búlgara, había permanecido en un centro de detención desde 2005 hasta 2008 en espera de su expulsión. En 2005, una orden de expulsión alegó que constituía una grave amenaza para la seguridad nacional, pero no ofrecía un fundamento objetivo. Aunque el Tribunal reconoció que la utilización de material confidencial pudiera ser “inevitable si está en peligro la seguridad nacional”, consideró que la total ocultación de una decisión judicial a la opinión pública no podía considerarse justificada. Dado que la única denuncia conocida contra Ali Raza era “información de que había participado en trata de personas”, el Tribunal concluyó que se había dado al concepto de seguridad nacional un sentido más amplio que su significado original, y que las autoridades no habían especificado información pormenorizada adicional sobre la presunta amenaza.
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