Bulgaria
Jefe del Estado
Georgi Parvanov
Jefe del gobierno
Boyko Borisov
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
7,4 millones
Esperanza de vida
73,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
10 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
98,3 por ciento

Se criticó a las autoridades por no impedir la violencia contra la comunidad romaní, que en septiembre se extendió por todo el país. En Sofía se agredió a musulmanes tras una manifestación de simpatizantes de un partido político “ultraderechista”. Se tuvo noticia de que eran habituales las detenciones de solicitantes de asilo, en contravención de la legislación nacional y de la Unión Europea.

Discriminación

El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó en julio su preocupación por la discriminación generalizada que continuaba sufriendo la comunidad romaní en el acceso a la justicia, el empleo y servicios como la vivienda y la educación. Recordó a las autoridades su obligación de prevenir, investigar y castigar los delitos de odio y los actos de hostigamiento contra minorías y comunidades religiosas, especialmente los romaníes y los musulmanes.

Ataques contra romaníes

La violencia contra la comunidad romaní se extendió por toda Bulgaria a raíz de que un minibús conducido por un romaní atropellara a un hombre no romaní en la localidad de Katunitza el 24 de septiembre. El incidente desencadenó manifestaciones marcadamente antirromaníes. En Katunitza se prendió fuego a varias casas de romaníes. El Comité Búlgaro de Helsinki y otras ONG criticaron a las autoridades por no haber tomado antes las medidas necesarias para contener la violencia. Según informes, la policía no vigiló las entradas a algunos barrios romaníes hasta días después, cuando detuvo a más de 350 personas. Según información publicada en los medios de comunicación, el fiscal general envió instrucciones a las fiscalías regionales en respuesta a las protestas, recordándoles la necesidad de reaccionar ante los actos que pudieran constituir violencia por motivos raciales, religiosos y étnicos.

Según informes, se celebraron varios procedimientos penales contra personas detenidas durante las protestas y con posterioridad.

Ataques contra la comunidad musulmana

El 20 de mayo se agredió a musulmanes que estaban rezando ante la mezquita de Banya Bashi, en Sofía, cuando una manifestación organizada por simpatizantes del partido político nacionalista Unión Nacional Ataque (Ataka) degeneró en violencia. Según informes, cuatro musulmanes y una parlamentaria de dicho partido resultaron heridos. Se abrió una investigación, pero, según el Comité Búlgaro de Helsinki, las agresiones se enjuiciaron como actos de “vandalismo” y no de violencia discriminatoria. El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por la agresión y criticó a las autoridades por la deficiente vigilancia del cumplimiento de la legislación vigente contra la discriminación.

Ataques contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

El 18 de junio, tras celebrarse la marcha del Orgullo en Sofía, cinco voluntarios de la organización del acto fueron agredidos por un grupo de desconocidos. Los activistas, tres de los cuales resultaron heridos leves, sospechaban que sus agresores los habían seguido al terminar la marcha y consideraban preocupante que las autoridades trataran los hechos como un caso de vandalismo y no de delitos de odio debido a que el Código Penal búlgaro no reconocía la orientación sexual como posible motivo para cometer tales delitos. Según el ministro del Interior, la investigación policial sobre el caso se cerró sin que se hubiera identificado a los agresores.

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Sistema de justicia

En noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura señaló con preocupación la falta de transparencia en la selección y el nombramiento de jueces y miembros del Consejo Judicial Supremo. Manifestó que el principio de independencia del poder judicial no había sido respetado por altos cargos públicos ni se aplicaba plenamente en el seno de la judicatura.

  • El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó en las causas Kanchev v. Bulgaria y Dimitrov and Hamanov v. Bulgaria que Bulgaria había violado el derecho a una vista judicial en un plazo razonable y el derecho a un recurso efectivo. En febrero resolvió que el primero de estos requisitos no se había cumplido en el caso de un hombre que había tenido que esperar 12 años y 4 meses la finalización de las actuaciones penales en su contra. En mayo, el Tribunal pronunció la misma sentencia en una causa relacionada con dos personas cuyos procesos habían durado 10 años y 8 meses, y 5 años y 3 meses, respectivamente.
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Tortura y otros malos tratos

En noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza y las armas de fuego por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley y pidió a Bulgaria que tomara medidas para erradicar toda forma de hostigamiento y malos tratos por parte de la policía durante las investigaciones.

Instituciones psiquiátricas

  • El Tribunal Europeo de Derechos Humanos vio en febrero la causa de un hombre al que habían puesto bajo tutela y posteriormente habían ingresado en un centro asistencial para personas con trastornos psiquiátricos en el pueblo de Pastra. El hombre había denunciado que las condiciones de vida allí constituían malos tratos y que su privación de libertad era ilegítima y arbitraria.
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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

El Comité Búlgaro de Helsinki denunció en noviembre que las autoridades habían puesto bajo custodia a solicitantes de asilo, en contravención de la legislación nacional y de la directiva sobre procedimientos de asilo de la Unión Europea. Según informes, había hasta un millar de solicitantes recluidos en centros de detención de Liubimets y Busmansti. El director de la Agencia Estatal para los Refugiados afirmó que la limitada capacidad de los centros de acogida en régimen abierto había dado lugar a esa práctica. En el borrador de la Estrategia Nacional sobre Asilo, Migración e Integración también se reconocía que Bulgaria carecía de capacidad institucional para cumplir los requisitos básicos de la acogida de solicitantes de asilo.

  • En julio, el Tribunal de Plovdiv falló en contra de extraditar a Rusia a un hombre de etnia chechena, Ahmed Razhapovich Chataev, que tenía reconocida la condición de refugiado en Austria desde 2003. Según informes, había sido detenido el 19 de mayo cuando intentaba cruzar la frontera de Bulgaria con Turquía. El motivo de su detención fue una solicitud de extradición cursada por la Fiscalía General de la Federación Rusa, por cargos de incitación al terrorismo y financiación de actividades terroristas. El Tribunal de Plovdiv resolvió que la condición de refugiado de Ahmed Chataev era válida en Bulgaria. Las ONG expresaron su preocupación por el peligro real que corría Ahmed Chataev de sufrir daños graves, que incluían tortura y otros malos tratos, si era extraditado a Rusia.
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