Burundi
Jefe del Estado y del gobierno
Pierre Nkurunziza
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
8,5 millones
Esperanza de vida
51,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
177/155 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
65,9 por ciento

El gobierno intensificó las restricciones a la libertad de expresión y la libertad de asociación durante las elecciones y después de éstas. Defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas corrían cada vez más riesgo. Los jueces eran objeto de presiones por parte del ejecutivo. Las promesas del gobierno de investigar los actos de tortura cometidos por el servicio de inteligencia y las denuncias de ejecuciones extraoficiales cometidas por la policía y el ejército no produjeron resultados. Las mujeres y las niñas seguían siendo víctimas de violación y otros actos de violencia sexual, a menudo cometidos con impunidad.

Información general

El gobierno impuso crecientes restricciones a la libertad de asociación y de expresión antes, durante y después de las elecciones municipales, presidenciales, legislativas y comunales celebradas entre mayo y septiembre.

El partido gobernante, Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), obtuvo el 64 por ciento de los votos en las elecciones municipales de mayo. Observadores electorales internacionales y nacionales señalaron “irregularidades”, pero concluyeron que las elecciones habían sido libres y justas en términos generales. Algunos observadores electorales señalaron intimidación previa a los comicios. Los partidos de la oposición rechazaron los resultados, y afirmaron que se había producido un fraude masivo. A principios de junio se retiraron de las elecciones presidenciales previstas para ese mes y dejaron al presidente Nkurunziza como único candidato. La mayoría de los partidos de la oposición boicotearon también las elecciones legislativas de julio, lo que permitió una victoria aplastante del CNDD-FDD.

Tras el boicot de la oposición a las elecciones presidenciales, el gobierno prohibió temporalmente las reuniones de los partidos opositores. La campaña para las elecciones presidenciales se caracterizó por la violencia política, con numerosos incendios y ataques con granadas, dirigidos principalmente contra el partido CNDD-FDD.

Se registró un aumento de la inseguridad y la criminalidad a partir de septiembre en zonas que habían sido bastiones de las Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL). El gobierno calificó de “bandidos” a los grupos autores de estos actos, pero otras fuentes consideraron los hechos como un posible prólogo de la reanudación de la oposición armada.

La policía no investigó a fondo varios actos de violencia por motivos políticos en las semanas previas a las elecciones comunales. En muchos casos, las declaraciones de altos cargos gubernamentales de que ciertas personas debían ser procesadas no se tradujeron en las actuaciones judiciales pertinentes.

Entre enero y noviembre regresaron al país 4.752 refugiados burundeses.

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Libertad de asociación y reunión

La prohibición de las reuniones de los partidos políticos opositores emitida por el gobierno el 8 de junio, tras el boicot de éstos a las elecciones presidenciales, restringió de modo ilegítimo el derecho a la libertad de reunión. Los partidos de oposición siguieron encontrando problemas para celebrar reuniones incluso después de levantarse la prohibición tras las elecciones presidenciales.

Los registros de casas y oficinas de miembros de la oposición se llevaban a cabo en muchos casos sin las autorizaciones necesarias o de noche, violando el Código de Procedimiento Penal burundés.

Observadores de derechos humanos de la ONU documentaron al menos 242 detenciones relacionadas con las elecciones, la mayoría de miembros de la oposición, entre el 1 de mayo y el 20 de julio. Algunos detenidos fueron acusados, formal o informalmente, de delitos de amenazas a la seguridad del Estado, ataques con granadas, incendio de oficinas del CNDD-FDD y posesión ilegal de armas. La ONU concluyó que 62 de las 242 detenciones podían obedecer a motivos políticos, como aquellas en las que se acusó a los detenidos de celebrar reuniones ilegales, alentar a la población a no votar y, en un caso, ser “de las FNL”. Algunos opositores detenidos estuvieron recluidos bajo custodia del Servicio Nacional de Inteligencia (SNR) durante periodos que excedieron de las dos semanas permitidas por la ley antes de ser acusados formalmente. La mayoría quedaron en libertad más tarde.

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Ejecuciones extrajudiciales

Observadores de derechos humanos de la ONU confirmaron nueve casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la policía y el ejército entre agosto y mediados de octubre. Entre ellas se contaban las de tres miembros de las FNL cuyos cadáveres se encontraron en el río Ruzizi en octubre, poco después de ser liberados de la custodia policial en Cibitoke. El gobierno estableció una comisión judicial a finales de octubre para investigar estos casos.

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Tortura y otros malos tratos

Entre finales de junio y principios de julio, el Servicio Nacional de Inteligencia retomó antiguas prácticas de tortura de las que no se había tenido noticia en los últimos años. Esta institución sometió presuntamente a tortura física y psicológica y otros malos tratos a 12 personas detenidas en el marco de las investigaciones del gobierno sobre los ataques con granadas. Los detenidos recibieron bofetadas, patadas y golpes de porra, y denunciaron haber sido amenazados de muerte por agentes de seguridad que intentaban obtener confesiones.

Sólo se tuvo noticia de un caso más de tortura después de que la ONU, la comunidad diplomática y las organizaciones de derechos humanos sometieran estos casos a la consideración del gobierno, que se comprometió a abrir investigaciones. Sin embargo, al terminar el año no había cumplido su promesa. Ninguno de los presuntos autores fue suspendido en sus funciones en espera de los resultados de las investigaciones.

El 7 de junio, el Tribunal Superior de Muramvya declaró culpables a tres agentes de policía de infligir malos tratos a detenidos, supuestos miembros de las FNL, en Rutegama en octubre de 2007. Sin embargo, las autoridades no ejecutaron la sentencia y al terminar el año dos de los agentes continuaban prestando servicio en la policía y el tercero había sido encarcelado por otros cargos en 2009.

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Extradición ilegal

Déogratias Mushayidi, político opositor ruandés, fue detenido en Burundi el 3 de marzo por fuerzas de seguridad burundesas y entregado a Ruanda dos días después. Su detención parecía vulnerar los procedimientos formales de extradición.

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Libertad de expresión

Defensores y defensoras de los derechos humanos

El gobierno debatió la situación del Foro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, cuya condición jurídica seguía sin estar clara tras la anulación de su inscripción en el registro en 2009. Esta nota positiva quedó eclipsada por el hostigamiento judicial a defensores de los derechos humanos, las amenazas de funcionarios del Estado de detener a defensores o suspender sus organizaciones y el aumento de la vigilancia y la intimidación por parte de individuos que al parecer eran agentes de los servicios de inteligencia. Las figuras destacadas que hacían campaña para que se hiciera justicia en el caso de Ernest Manirumva, activista contra la corrupción asesinado en 2009, corrían peligro. El gobierno expulsó también de Burundi a una miembro del personal de Human Rights Watch.

  • El juicio de los asesinos de Ernest Manirumva comenzó el 14 de julio. La sociedad civil criticó al ministerio público por no investigar pistas que podían implicar a altos cargos de los servicios de inteligencia y policías. La causa, aplazada en dos ocasiones, avanzaba con lentitud.
  • En marzo, Pierre Claver Mbonimpa, presidente de la Asociación Burundesa para la Protección de los Derechos Humanos y los Detenidos (APRODH), y Gabriel Rufyiri, presidente del Observatorio de Lucha contra la Corrupción y la Malversación Económica (OLUCOME), afirmaron que estaban bajo vigilancia y habían recibido advertencias de posibles conspiraciones para asesinarlos. En mayo, Pierre Claver Mbonimpa fue citado por el ministerio público para responder a preguntas sobre su trabajo en la campaña en pro de justicia para Ernest Manirumva. En octubre, el ministro del Interior le comunicó en una reunión privada que podía ser apartado del cargo de presidente de APRODH si seguía denunciando abusos en los que estuviese implicada la policía. En una conferencia de prensa celebrada al mismo tiempo que la reunión, un portavoz de la policía amenazó con detenerlo por unas declaraciones en las que había denunciado ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía.
  • Miembros del personal de OLUCOME y sus familias recibieron amenazas de muerte en octubre y noviembre.

Periodistas

Los medios de comunicación independientes de Burundi se mantenían muy activos y los periodistas seguían criticando al gobierno a pesar de los intentos de silenciarlos. El gobierno imponía restricciones excesivas a la libertad de expresión mediante el hostigamiento por parte de las autoridades judiciales y la detención prolongada en espera de juicio. Algunas amenazas de muerte recibidas por periodistas parecían provenir de agentes estatales.

  • En julio, Jean Claude Kavumbagu, director de Net Press, fue detenido por un artículo que ponía en entredicho la capacidad de las fuerzas de seguridad de Burundi para defender el país de un ataque del grupo armado somalí Al Shabaab. Lo acusaron formalmente de traición, delito sólo imputable en tiempo de guerra, según las leyes de Burundi. Al terminar el año continuaba detenido.
  • Periodistas de la Radio Pública Africana (RPA) recibieron amenazas de muerte y llamadas telefónicas anónimas, y fueron objeto de hostigamiento incluso por parte de individuos que parecían ser agentes estatales.

Partidos políticos

En septiembre, François Nyamoya, abogado y portavoz del Movimiento por la Solidaridad y la Democracia (MSD), fue detenido y acusado de difamación tras la denuncia presentada en su contra por el administrador general del Servicio Nacional de Inteligencia, Adolphe Nshimirimana, que lo acusó de llamarlo “bandido”. François Nyamoya había criticado públicamente las violaciones de derechos humanos cometidas por el Servicio Nacional de Inteligencia y la policía, y había pedido la destitución del subdirector de la policía y de Adolphe Nshimirimana. Nyamoya estuvo recluido en la prisión de Mpimba hasta que quedó en libertad condicional en octubre.

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Sistema de justicia

Los jueces sufrían presiones y eran trasladados de provincia si tomaban decisiones que se consideraban desfavorables para el ejecutivo. El presidente Nkurunziza siguió presidiendo el Consejo Superior de la Magistratura, institución responsable de la selección de los jueces y de su ascenso y descenso en el escalafón.

  • En julio, un juez resolvió que no había pruebas suficientes para procesar a Gabriel Rufyiri, de OLUCOME, tras la denuncia presentada por el director de una organización paraestatal, que sostenía que OLUCOME lo había acusado falsamente de usar un vehículo del Estado para hacer campaña en favor del CNDD-FDD. Al día siguiente el juez fue trasladado a una zona rural.
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Condiciones de reclusión

Las cárceles tenían problemas de hacinamiento y de escasez de recursos. A pesar de las medidas adoptadas para acelerar las vistas en las que se decidía sobre la libertad bajo fianza, la persistente falta de capacidad de la judicatura contribuía al hacinamiento.

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Justicia transicional

En septiembre, en su discurso de toma de posesión, el presidente Nkurunziza se comprometió a avanzar en la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación. El presidente recibió en noviembre el informe sobre las consultas nacionales realizadas en 2009 acerca de la justicia transicional. La publicación del informe era un requisito previo para establecer la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y un Tribunal Especial dentro del sistema de justicia burundés. Persistía la impunidad por graves abusos cometidos en el pasado por las FNL, el CNDD-FDD y el antiguo ejército burundés.

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Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos

Al terminar el año no se había establecido la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos. En diciembre, el Parlamento aprobó un proyecto de ley para la creación de la Comisión que estaba pendiente de la sanción presidencial al final del año.

La ONU renovó el mandato del experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Burundi en espera de la creación de la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos, pero con limitaciones en su capacidad de presentación de informes. Se permitió al experto independiente visitar Burundi en noviembre tras haber impedido el gobierno su visita anterior.

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Visitas

  • Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Burundi en julio y octubre.