La impunidad seguía siendo generalizada y se afianzó aún más. Aumentó el número de ejecuciones extrajudiciales y homicidios políticos. El sistema de justicia seguía estando politizado. Tanto los defensores y defensoras de los derechos humanos como los periodistas se enfrentaban a una represión cada vez mayor. El gobierno se comprometió a establecer la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en 2012, pero no se registraron avances en el establecimiento de un Tribunal Especial.
El partido gobernante, Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), consolidó su control del poder tras la retirada de la mayoría de los partidos opositores de las elecciones de 2010. Las fuerzas de seguridad sometieron a miembros de la oposición pertenecientes a las Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL) a homicidios ilegítimos, actos de hostigamiento y detenciones ilegales.
Unas 40 personas murieron en una masacre perpetrada en Gatumba el 18 de septiembre. Un médico italiano y una monja croata resultaron muertos en un ataque contra un hospital de Ngozi en noviembre, el primero que se lanzaba contra personal internacional de ayuda humanitaria desde 2007.
Algunos dirigentes clave de la oposición, como Agathon Rwasa, de las Fuerzas Nacionales de Liberación, y Alexis Sinduhije, del Movimiento por la Solidaridad y la Democracia (MSD), continuaban en el exilio. Dos nuevos grupos armados de oposición anunciaron su existencia a finales del año. Varios ex miembros de las Fuerzas Nacionales de Liberación se implicaron en la oposición armada dentro de Burundi y en la vecina República Democrática del Congo.
El sistema de justicia seguía estando politizado y carecía de recursos suficientes. La población burundesa no confiaba en la justicia convencional y a menudo recurría a la “justicia popular”.
La sucesión de detenciones y citaciones por motivos políticos de abogados, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos puso de manifiesto la limitada independencia del poder judicial. Los miembros del Colegio de Abogados de Burundi se declararon en huelga en julio para mostrar su apoyo a los abogados recluidos durante varios días por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
François Nyamoya fue detenido el 28 de julio y acusado formalmente de influir en testigos en un juicio concluido varios años antes. También estuvo detenido en 2010 por cargos politizados relacionados con su función de portavoz del partido Movimiento por la Solidaridad y la Democracia. Al terminar el año continuaba recluido.
Continuaron las demoras en las comisiones que investigaban denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Estos retrasos contrastaban con la rapidez de los trabajos de la comisión que investigaba la masacre perpetrada el 18 de septiembre en Gatumba. Se detuvo y acusó a 21 personas, y el juicio comenzó en noviembre. Sin embargo, se aplazó tras alegar la defensa que la policía no había seguido los procedimientos apropiados durante sus investigaciones y que le había negado el acceso a los expedientes de sus clientes.
Aumentaron las ejecuciones extrajudiciales. La ONU documentó 57 homicidios ilegítimos cometidos por las fuerzas de seguridad. En otros 42 asesinatos, que se creía cometidos por motivos políticos, seguía sin conocerse con certeza la identidad de los autores. Los casos en los que estaban implicados agentes de la seguridad del Estado consistían sobre todo en homicidios de miembros y ex miembros de las Fuerzas Nacionales de Liberación y de otros partidos de oposición. El gobierno seguía negando que hubiera agentes de las fuerzas de seguridad implicados en homicidios ilegítimos.
Audace Vianney Habonarugira, coronel de las Fuerzas Nacionales de Liberación desmovilizado, fue hallado muerto el 15 de julio. En marzo había escapado a un intento de asesinato en Kamenge, al disparar contra él un individuo a quien se identificó como agente de los servicios de inteligencia. En los meses previos a su asesinato se había negado a convertirse en informante de los servicios de inteligencia y fue objeto de persistentes seguimientos. Una comisión de investigación examinó el fallido intento de asesinato, pero no se derivaron enjuiciamientos.
Las comisiones de investigación se utilizaron para demorar enjuiciamientos de agentes de las fuerzas de seguridad presuntamente implicados en homicidios ilegítimos y en intentos de asesinato. En abril y mayo, sendas comisiones comenzaron a investigar las ejecuciones extrajudiciales y la violencia relacionadas con las elecciones de 2010. Ninguna de las dos comisiones hizo públicas sus conclusiones ni dio lugar a enjuiciamientos fructíferos a lo largo del año.
La falta de identificación de los cuerpos antes de su entierro negaba a los familiares de las víctimas el derecho a la verdad y la justicia. A pesar de la orden dictada por el ministro del Interior en noviembre para que se llevaran a cabo tales identificaciones, las autoridades locales seguían enterrando de manera apresurada los cadáveres.
Léandre Bukuru fue secuestrado el 13 de noviembre en su domicilio de Gitega por hombres que vestían uniformes policiales. Al día siguiente se encontró en Giheta su cuerpo decapitado, que fue enterrado por orden de un administrador local, sin la presencia de su familia y sin que se llevara a cabo una investigación policial. Su cabeza fue encontrada dos días después en Gitega. La fiscalía abrió un expediente, pero no exhumó el cuerpo para proceder a su examen.
Las autoridades seguían restringiendo el derecho de reunión pacífica a las organizaciones de la sociedad civil, pese a haberse dado pasos positivos para restituir la condición jurídica del Foro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil el 28 de enero.
El 8 de abril, segundo aniversario del asesinato de Ernest Manirumva, defensor de los derechos humanos y destacado activista contra la corrupción, la policía disolvió una marcha pacífica por la justicia. Gabriel Rufyiri, presidente del Observatorio para la Lucha contra la Corrupción y la Malversación Económica (OLUCOME), y su colega Claver Irambona fueron detenidos, interrogados y liberados sin cargos varias horas más tarde.
La comisión de investigación sobre las denuncias de tortura infligida en 2010 por el Servicio Nacional de Inteligencia (SNR) no informó públicamente. No se iniciaron investigaciones judiciales ni enjuiciamientos en relación con las denuncias de tortura.
Al seguir sin hacerse justicia por el asesinato de Ernest Manirumva, los defensores y defensoras de los derechos humanos quedaban en situación de riesgo, sobre todo quienes trabajaban en la campaña Justicia para Ernest Manirumva. Los defensores eran objeto de reiteradas citaciones, amenazas y vigilancia. Dos miembros del personal de la ONG en la que trabajaba Ernest Manirumva (OLUCOME) sufrieron incidentes de seguridad en junio, incluido un asalto de hombres armados.
El fallo dictado por el Tribunal de Alta Instancia de Bujumbura el 22 de junio, en el que se pedían investigaciones adicionales sobre el caso de Manirumva, parecía un paso positivo. Sin embargo, las preguntas formuladas a activistas de los derechos humanos durante entrevistas con autoridades judiciales indicaban intentos de implicar falsamente a la sociedad civil en el asesinato. Las autoridades judiciales no habían tenido en cuenta previamente las recomendaciones de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) en el sentido de interrogar y realizar pruebas de ADN a funcionarios policiales y de inteligencia de alto rango implicados por testigos. El Tribunal no fijó un calendario para completar las investigaciones, lo que suscitó la preocupación de que el juicio pudiera estancarse una vez más.
Periodistas
Los periodistas hacían frente a un aumento de la represión. Hubo periodistas independientes a los que se citó en repetidas ocasiones ante las autoridades judiciales para que respondieran a preguntas relacionadas con su trabajo. Se observó una tendencia creciente entre los magistrados a equiparar las críticas al gobierno con la incitación al odio étnico. Las citaciones casi nunca daban lugar a enjuiciamientos, pero eran intimidatorias y llevaban mucho tiempo. Los periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos recibían con frecuencia amenazas telefónicas de agentes de inteligencia.
El gobierno impuso amplias restricciones a los medios de comunicación después de la masacre del 18 de septiembre en Gatumba. El 20 de septiembre, el Consejo Nacional de Seguridad ordenó que los periodistas no publicaran, comentaran ni analizaran información sobre la masacre ni sobre ningún otro caso en fase de investigación.
Las autoridades hostigaron y amenazaron sistemáticamente al personal de la Radio Pública Africana (RPA). El 14 de noviembre, la RPA recibió una carta del ministro del Interior en la que se decía que la emisora se estaba utilizando “para desacreditar a las instituciones, deslegitimar al poder judicial, condenar gratuitamente a individuos, incitar a la población al odio y la desobediencia y favorecer el culto a la mentira”. En ella se ordenaba a la emisora que aportara documentación económica e informes de actividades en el plazo de 10 días.
Jean-Claude Kavumbagu, director de Netpress, quedó en libertad en mayo después de pasar 10 meses en la cárcel. Había sido acusado de traición, cargo que acarreaba cadena perpetua, por un artículo en el que se ponía en duda la capacidad de las fuerzas de seguridad para proteger el país de ataques terroristas. Fue absuelto de traición, pero declarado culpable de perjudicar a la economía.
Varios empleados de la RPA fueron citados, según los informes, por las autoridades judiciales. Bob Rugurika, director de la emisora, fue interrogado por las autoridades judiciales en múltiples ocasiones.
Las cárceles estaban abarrotadas y la mayoría de los presos se encontraban en espera de juicio.
Algunas personas acusadas de delitos graves fueron trasladadas de la capital, Bujumbura, a cárceles de provincias remotas. Las autoridades no justificaron esta decisión, que aislaba a los acusados durante los procedimientos previos al juicio. Dos detenidos por la masacre de Gatumba fueron trasladados a las localidades de Rumonge y Rutana. Un periodista acusado formalmente de presunta participación en actividades terroristas fue llevado por el Servicio Nacional de Inteligencia a la ciudad de Cankuzo.
El comité establecido para reformar la Ley sobre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de 2004 presentó al presidente Nkurunziza un anteproyecto de ley en octubre. En caso de ser aprobada por el Parlamento, la ley excluiría de la Comisión a los grupos religiosos y de la sociedad civil, lo que pondría en peligro su independencia. Además, podría impedir que el Tribunal Especial, órgano judicial establecido para hacer el seguimiento de la Ley sobre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, enjuiciara casos de forma independiente. El anteproyecto de ley no prohibía explícitamente la concesión de amnistías, ni siquiera por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
En junio se constituyó formalmente la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos de Burundi. La escasez de recursos impidió que investigara con eficacia las violaciones de derechos humanos. A petición del gobierno de Burundi, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU puso fin prematuramente al mandato del experto independiente sobre los derechos humanos en Burundi. En su informe de junio, el experto independiente había puesto de relieve la falta de independencia judicial, las violaciones de la libertad de expresión y la ausencia de enjuiciamiento de los actos de tortura que se observaban en el país.
