Camboya

La impunidad, la precariedad del Estado de derecho y las diversas deficiencias del sistema de tribunales continuaban causando una carencia sistémica de protección de los derechos humanos. Los desalojos forzosos, llevados a cabo con la complicidad o la participación directa de autoridades gubernamentales, empobrecieron aún más a miles de ciudadanos y ciudadanas camboyanos que ya vivían en una situación de marginación. Defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas comunitarios que defendían las tierras y los recursos naturales fueron encarcelados tras ser acusados de cargos infundados. Se restringió la libertad de expresión y reunión.

Información general

En octubre, el Banco Asiático de Desarrollo advirtió de la posibilidad de que dos millones de camboyanos hubieran pasado a vivir por debajo del umbral de la pobreza debido a la subida de los alimentos, el combustible y otros artículos a causa de la crisis económica mundial. Esta cifra se sumó a los 4,5 millones de camboyanos, en torno a un tercio de la población, que ya vivían en la pobreza.

En julio, el partido gobernante –Partido del Pueblo Camboyano– ganó las elecciones a la Asamblea Nacional. La oposición se había visto debilitada por los conflictos políticos internos y externos y por la intimidación sufrida por votantes, periodistas y activistas.

En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos sustituyó la figura del representante especial del secretario general de la ONU para los derechos humanos en Camboya por la del relator especial, que tendría un año de duración y conservaría las mismas funciones. El titular del mandato, Yash Ghai, presentó su dimisión lamentando la negativa del gobierno a colaborar con él.

En julio, el templo de Preah Vihear, situado cerca de la frontera tailandesa, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que provocó un conflicto territorial con Tailandia sobre la propiedad de las tierras colindantes. La tensión se elevó periódicamente, al movilizarse en la zona miles de soldados de ambas partes. En octubre, dos soldados camboyanos murieron abatidos por disparos.

"Nueve periodistas habían sido víctimas de homicidio desde 1994, pero al finalizar el año nadie había sido procesado por ello."

Desalojos forzosos

Continuaron los desalojos forzosos consecuencia de conflictos sobre tierras, apropiaciones y proyectos de reurbanización de zonas agroindustriales y urbanas. Miles de personas objeto de desalojo forzoso no tuvieron acceso a un recurso efectivo, incluida la restitución de sus viviendas, tierras y propiedades. A lo largo del año se produjeron al menos 27 desalojos forzosos, que afectaron a unas 23.000 personas, aunque el gobierno lo negó. Las personas ricas y poderosas utilizaron cada vez más el sistema de justicia penal para silenciar a quienes protegían su derecho a una vivienda adecuada y a las comunidades indígenas que protegían sus derechos sobre las tierras y su forma de vida. En torno a 150 activistas del derecho a la tierra y personas afectadas por esos conflictos fueron detenidos a lo largo del año; muchas de esas personas se enfrentaban a procesos por cargos penales falsos.

• Más de 4.000 familias de Phnom Penh que vivían en torno al lago Boeung Kak se vieron expuestas a convertirse en desplazadas al iniciarse el proceso de relleno del lago. Muchas de las personas afectadas vivían en la pobreza, en viviendas elementales. El relleno, que comenzó el 26 de agosto, no se notificó a las personas que vivían en la zona. Quienes se manifestaron en contra fueron objeto de amenazas generalizadas por parte de autoridades locales y empleados de la empresa.

Libertad de expresión

El periodista Khim Sambor y su hijo fueron víctimas de homicidio el 11 de julio, durante la campaña electoral, tras publicar Khim Sambor un artículo en el diario partidario de la oposición Moneaksekar Khmer (Conciencia Jemer) en el que denunciaba graves actividades ilegales llevadas a cabo por un alto cargo del gobierno cuyo nombre no se mencionaba. El homicidio sembró el temor entre la profesión periodística. Nueve periodistas habían sido víctimas de homicidio desde 1994, pero al finalizar el año nadie había sido procesado por ello.

Durante el periodo preelectoral, las autoridades cerraron una emisora de radio independiente por conceder tiempo de emisión a partidos de la oposición, y el director de Moneaksekar Khmer estuvo detenido durante un breve periodo por informar sobre un discurso pronunciado por Sam Rainsy, principal dirigente de la oposición.

Impunidad

El Tribunal Supremo vio el recurso presentado por Born Samnang y Sok Sam Oeuen el 31 de diciembre, y decidió devolver el caso al Tribunal de Apelación para que se reabriera la investigación y dejar a los dos hombres en libertad bajo fianza. Ambos habían sido declarados culpables del homicidio del sindicalista Chea Vichea, cometido en 2004, aunque tenían coartada.

En septiembre, un tribunal de Phnom Penh confirmó el cierre de la investigación sobre el homicidio del sindicalista Hy Vuthy, cometido en 2007, por falta de pruebas.

En abril, una misión de investigación enviada por la Organización Internacional del Trabajo para evaluar los progresos de la investigación iniciada por las autoridades sobre el homicidio de tres sindicalistas concluyó que la falta de una judicatura independiente era una de las principales causas de que el gobierno no pusiera freno a la violencia y los ataques contra sindicalistas.

En una iniciativa que supuso la ruptura del ciclo de impunidad, cinco ex soldados del Jemer Rojo fueron juzgados por participar en 1996 en el secuestro y homicidio de un desminador y su intérprete. Cuatro de ellos fueron declarados culpables y recibieron largas penas de prisión.

Reclusión sin juicio

La policía de Phnom Penh aumentó las redadas nocturnas, en las que practicaba detenciones arbitrarias de mendigos, personas sin techo y personas que trabajaban en la industria del sexo. Según víctimas y testigos, eran habituales las redadas de personas que se dedicaban al comercio del sexo, a las que obligaban a subirse a camiones, a menudo con violencia o amenazas. Muchas detenciones violaron el Código de Procedimiento Penal camboyano y el derecho internacional. Algunas de las personas detenidas fueron trasladadas a centros de «educación» o «rehabilitación» gestionados por el Departamento municipal de Asuntos Sociales, en los que se habían producido violaciones en grupo de mujeres por parte de guardas y al menos tres personas detenidas habían muerto a consecuencia de las palizas recibidas. Los dos centros continuaban funcionando al finalizar el año, pero el gobierno aseguró que quienes permanecían en ellos lo hacían voluntariamente.

Justicia internacional

Se celebraron varias vistas preliminares en las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya. Sin embargo, el primer juicio que se iba a celebrar, el de Kaing Guek Eav (también conocido como Duch) se aplazó hasta 2009, tras decidir la fiscalía que se intentarían ampliar los cargos.

Entre continuas denuncias de corrupción, los integrantes camboyanos del Tribunal y los pertenecientes a la ONU acordaron crear un programa anticorrupción, lo que desembocó en una serie de denuncias de miembros del personal camboyano que afirmaron haber sido obligados a pagar sobornos para conservar sus empleos.

En septiembre, una mujer transgénero presentó ante las Salas Especiales la primera denuncia sobre abusos relacionados con el género –matrimonio forzado y violencia sexual en forma de violación en grupo durante la detención– cometidos durante el periodo de la Kampuchea Democrática.

Al finalizar el año, la Unidad de Víctimas de las Salas Especiales había recibido más de 1.100 solicitudes de particulares, de las que 34 habían sido aceptadas, y cerca de 1.700 denuncias de víctimas.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

No se aprobó el nuevo Código Penal, cuya redacción se había prolongado a lo largo de 14 años. Al concluir el año estaba siendo revisado por el Consejo de Ministros.

Tampoco se aprobó la ley anticorrupción, a pesar de que era una de las principales prioridades de los donantes internacionales de Camboya. En mayo, una coalición de más de 40 ONG presentó una petición en la que figuraban la firma y la huella dactilar de más de un millón de ciudadanos camboyanos y en la que se instaba a la Asamblea Nacional a que aprobase la ley y tomase otras medidas para poner freno a la corrupción.

En septiembre, el primer ministro Hun Sen declaró su intención de garantizar la promulgación de una ley de asociaciones, en parte para aumentar el control sobre la financiación y los objetivos de las ONG. Organizaciones no gubernamentales de todo el país expresaron su honda preocupación porque la ley restringiría aún más sus actividades.

En marzo de 2008 se promulgó una nueva ley contra la trata de personas, que fue objeto de críticas por centrarse en la detención y reclusión de las personas que se dedicaban al comercio del sexo y no en los traficantes.

Visitas de Amnistía Internacional

Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Camboya en febrero y marzo, y en octubre.

Informes de Amnistía Internacional

Camboya: Libertad para los chivos expiatorios del asesinato de dirigente sindical (22 enero 2008)
Rights Razed – Forced evictions in Cambodia (en inglés, 11 febrero 2008)
Cambodia: Ignoring the rights of Indigenous Peoples (en inglés, 1 junio 2008)
Cambodia: A risky business – defending the right to housing (en inglés, 26 septiembre 2008)