Información general

Continuaba el conflicto fronterizo con Tailandia por la propiedad de la zona en torno al templo de Preah Vihear, declarado Patrimonio de la Humanidad, lo que provocó enfrentamientos armados entre los dos países a comienzos de 2011. En julio, la Corte Internacional de Justicia falló que ambas partes debían retirar sus tropas de la zona, pero el fallo sólo se acató en parte.

En agosto, el Banco Mundial afirmó que en diciembre de 2010 había dejado de conceder nuevos créditos a Camboya, que no reanudaría mientras no se llegase a un acuerdo con las personas que seguían viviendo en el lago Boeung Kak, en la capital, Phnom Penh. Desde 2008, casi 4.000 familias habían sufrido el desalojo forzoso de la zona.

En octubre, el gobierno prohibió temporalmente el envío de trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico a Malaisia, tras una serie de incidentes relacionados con denuncias de abusos sufridos por mujeres y niñas camboyanas contratadas para trabajar como empleadas domésticas. También se acusó a agencias de contratación en Camboya de detener ilegalmente a mujeres y niñas para proporcionarles formación antes de enviarlas al extranjero.

En noviembre, Camboya asumió oficialmente la presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que comenzaría de forma efectiva en enero de 2012. El gobierno anunció su intención de presentar su candidatura como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en 2013-2014.

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Desalojos forzosos

Miles de personas seguían sufriendo las consecuencias de los desalojos forzosos, los conflictos sobre tierras y las apropiaciones de tierras, que a menudo eran consecuencia de concesiones mineras o concesiones de tierras con fines económicos relacionados con proyectos agroindustriales o de urbanismo. Según cálculos de ONG locales, 420.000 personas se habían visto afectadas en zonas que ocupaban aproximadamente la mitad del país y que se venían vigilando desde 2003. Según otro cálculo, el 10 por ciento de la población de Phnom Penh había sido objeto de desalojo forzoso o, en algunos casos, desalojada mediante reasentamientos voluntarios programados desde 2001.

• Hoy Mai contó a Amnistía Internacional cómo su familia y otras 118 de la localidad de Bos, en la provincia de Oddar Meanchey, fueron desalojadas a la fuerza en octubre de 2009 por un grupo de agentes de seguridad, funcionarios y otras personas que parecían ser trabajadores de la empresa Angkor Sugar, en el contexto de una concesión de tierras con fines económicos a esa compañía. Incendiaron sus casas, y las familias perdieron todas sus pertenencias y sus tierras de cultivo. Hoy Mai, embarazada de cinco meses, pasó ocho meses encarcelada tras intentar recurrir a las autoridades. A pesar de las promesas de que le entregarían otra parcela de terreno, no recibió tierra ni indemnización, por lo que tanto ella como sus hijos quedaron sin hogar y en la indigencia.
• En septiembre, ocho familias del lago Boeung Kak fueron desalojadas a la fuerza, según informes, por trabajadores de la empresa que utilizaron excavadoras mientras agentes de policía observaban la escena. Tras la demolición de sus casas se quedaron sin hogar, a pesar de que, en agosto, el gobierno había ordenado la concesión de 12,44 hectáreas de tierra destinadas a la construcción de viviendas en la zona para las familias que seguían viviendo allí. Soung Sophorn, activista juvenil del partido de Sam Rainsy, fue brutalmente golpeado por la policía cuando protestaba en el lugar de la demolición.

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Justicia internacional

Las deficiencias en los procedimientos y las denuncias de injerencias del gobierno pusieron en tela de juicio la credibilidad de las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya.

Los jueces coinstructores anunciaron el cierre de la causa 003 en abril, sin que al parecer hubieran llevado a cabo investigaciones completas. La causa 004 seguía siendo instruida. En octubre, la Sala de Cuestiones Preliminares rechazó la solicitud de una víctima de que se le permitiese personarse como parte civil en las causas 003 y 004. Los dos jueces internacionales que apoyaron la solicitud revelaron que se había incurrido en diversos errores, como la presunta manipulación de documentos, que negaban los derechos de víctimas y acusados. Días antes de hacerse públicas estas conclusiones, el juez instructor internacional presentó su dimisión alegando injerencias políticas. Se retrasó su sustitución por el juez suplente Laurent Kasper-Ansermet al no aceptar el gobierno de Camboya este nombramiento.

• En noviembre comenzó el juicio de Nuon Chea, Ieng Sary y Khieu Samphan, de edades comprendidas entre los 79 y los 85 años, que presuntamente habían sido altos dirigentes durante el periodo del Jemer Rojo y estaban imputados en la causa 002 por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. La salud de las personas acusadas era motivo de persistente preocupación. La Sala de Primera Instancia determinó que la acusada Ieng Thirith, de 79 años, no estaba en condiciones de ir a juicio, y suspendió los procedimientos iniciados contra ella y ordenó su puesta en libertad. En diciembre, la Sala del Tribunal Supremo anuló esta decisión y ordenó que Ieng Thirith continuase recluida en un hospital o en otro centro adecuado, a la espera de un examen médico y de otra evaluación de competencia para comparecer en juicio.

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Sindicalistas, activistas del derecho a la tierra y a la vivienda, trabajadores de ONG y otros defensores y defensoras de los derechos humanos continuaban sufriendo amenazas, hostigamiento y agresiones físicas por parte de las autoridades, que también iniciaron acciones legales contra ellos, con el fin de impedirles llevar a cabo actividades pacíficas. Las huelgas y protestas de sindicalistas y trabajadores se disolvieron haciendo un uso innecesario o excesivo de la fuerza. Las mujeres estuvieron a la cabeza de la resistencia pacífica a los desalojos en el lago Boeung Kak. En diversas ocasiones, varias resultaron heridas durante la intervención violenta de agentes de seguridad en protestas pacíficas.

• En noviembre, Kong Chantha, Bo Chhorvy, Heng Mom y Tep Vanny fueron detenidas, recluidas y acusadas de “insultar” y “obstruir la labor de los agentes” tras participar en una protesta pacífica en el lago Boeung Kak. Quedaron en libertad bajo supervisión judicial, y, de ser declaradas culpables, podrían ser condenadas a una cuantiosa multa y hasta un año de cárcel.
• Aumentaron las amenazas escritas y verbales y el hostigamiento físico contra Loun Savath, monje budista y defensor de los derechos humanos que apoyaba y defendía a comunidades en peligro de perder sus tierras y casas. En abril, sus superiores en Phnom Penh le prohibieron quedarse en ninguno de los monasterios de Phnom Penh, prohibición que posteriormente se extendió al resto del país.
• En junio, el sindicalista Sous Chantha fue declarado culpable de distribución de drogas y condenado a 10 meses de cárcel. Quedó en libertad tras suspenderse dos meses de la condena y haber pasado ya nueve meses en prisión preventiva. Al parecer, los cargos en su contra eran infundados y su finalidad era hacer que él y otros sindicalistas desistieran de defender los derechos laborales.

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Libertad de expresión, asociación y reunión

A medida que aumentaba la movilización de activistas y comunidades de base para celebrar reuniones y protestas sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos, las autoridades intentaban poner fin a las asambleas y limitar las protestas. Las amenazas contra algunas ONG de derechos humanos críticas con el impacto de un proyecto de reestructuración ferroviaria en comunidades que se habían visto obligadas a reasentarse provocó la primera suspensión oficial de una ONG local, Samakhum Teang Tnaut.

• Indígenas kuys que vivían en los lindes del bosque Prey Lang se reunieron en varias ocasiones a lo largo del año para protestar contra la destrucción de sus tierras ancestrales y las restricciones a su acceso al bosque debido a las concesiones a empresas mineras y agroindustriales. En agosto, unas 300 personas, en su mayoría indígenas, viajaron a Phnom Penh. Más de 100 fueron detenidas y pasaron breves periodos recluidas sin cargos por distribuir folletos sobre Prey Lang que, según sostuvo la policía, podrían “alterar el orden social”.
• En septiembre, la policía armada frustró los intentos de dos ONG locales, el Centro Camboyano para los Derechos Humanos y el Grupo de Protección de los Recursos Naturales, de celebrar sesiones de formación privadas en el distrito de Sandan, provincia de Kompong Thom. Se impusieron condiciones para la futura celebración en la provincia de reuniones relacionadas con los derechos humanos.
• En enero, Sam Chankea, empleado de una ONG local de derechos humanos, la Asociación para los Derechos Humanos y el Desarrollo de Camboya (ADHOC), fue declarado culpable de difamación por una entrevista en la que habló acerca de un conflicto sobre tierras entre una comunidad y la empresa KDC International en la provincia de Kompong Chhnang. Fue condenado a pagar una elevada multa y una indemnización a la empresa.

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Novedades jurídicas

La Ley de Prisiones, aprobada en noviembre por la Asamblea Nacional, incluía disposiciones que permitían a empresas privadas recurrir a mano de obra entre la población reclusa, que podía acabar trabajando en condiciones de explotación. Se modificó el cuarto anteproyecto de ley de sindicatos tras las críticas que habían recibido los anteriores por parte del sector de la confección y sindicatos camboyanos e internacionales, relacionadas con disposiciones que tipificaban como delito el incumplimiento de algunos aspectos de la ley. Persistía la preocupación en torno a las disposiciones imprecisas sobre la suspensión, anulación y disolución de sindicatos.

A lo largo del año, el gobierno intentó concluir el anteproyecto de ley sobre Asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales, a pesar de que el Código Civil ya incluía disposiciones adecuadas sobre regulación de organizaciones. Los tres primeros anteproyectos fueron recibidos con críticas generalizadas por parte de la sociedad civil camboyana, organizaciones internacionales y otros gobiernos. Tras recibir el cuarto anteproyecto críticas similares, el primer ministro anunció en diciembre que lo retrasaría hasta 2014 si fuese necesario para alcanzar un consenso.

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