Camboya
Jefe del Estado
rey Norodom Sihamoni
Jefe del gobierno
Hun Sen

El respeto a la libertad de expresión, asociación y reunión se deterioró. Las autoridades utilizaron cada vez más la fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos. Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron amenazas, hostigamiento y violencia, y se emprendieron acciones legales contra ellos. Los desalojos forzosos, los conflictos sobre tierras y las apropiaciones de tierras continuaron afectando a miles de personas. La impunidad de que gozaban los autores de abusos contra los derechos humanos y la ausencia de un poder judicial independiente seguían siendo problemas graves, y las investigaciones sobre homicidios e incidentes de disparos fueron deficientes o inexistentes. Las investigaciones judiciales de las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya se paralizaron mientras persistían las denuncias de injerencias del gobierno.

Información general

El Partido del Pueblo Camboyano, en el poder, obtuvo la mayoría de los escaños en las elecciones comunales celebradas en junio. Dos partidos de la oposición se fusionaron para formar el Partido de Rescate Nacional de Camboya de cara a las elecciones nacionales de julio de 2013, aunque su líder Sam Rainsy siguió en el extranjero para eludir una pena de prisión impuesta por motivos políticos. El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Camboya publicó dos informes sumamente críticos tras su visita de mayo: uno sobre el sistema electoral y el otro sobre el impacto de las concesiones de tierras con fines económicos en los derechos humanos de las comunidades afectadas. Camboya presidió la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que en noviembre adoptó su Declaración de Derechos Humanos, pese a la gran preocupación que suscitaba el hecho de que el documento no se ajustase a las normas internacionales. El rey padre Norodom Sihanouk falleció en octubre, a los 89 años de edad.

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Uso excesivo de la fuerza

Las protestas de las comunidades por el derecho a la tierra y a la vivienda, y las de los activistas sindicales, fueron sofocadas cada vez con más violencia. En enero, unos guardas de seguridad abrieron fuego contra unos manifestantes pacíficos en la provincia de Kratie, causando heridas a cuatro personas. El gobernador de la ciudad de Bavet, en la provincia de Svay Rieng, disparó contra tres mujeres durante una protesta sobre condiciones laborales en febrero. En mayo, una niña de 14 años murió por disparos en Kratie cuando las fuerzas de seguridad entraron en su pueblo para ejecutar el desalojo forzoso de 600 familias. En julio, la policía golpeó y detuvo a un sindicalista después de que un grupo de trabajadores presentara una petición en el gabinete del primer ministro. Ninguno de estos incidentes se investigó adecuadamente.

Los ataques contra defensores de los derechos humanos siguieron quedando impunes.

  • En diciembre, el Tribunal de Apelación confirmó las penas de 20 años de prisión de Born Samnang y Sok Sam Oeun, que habían sido condenados erróneamente por el homicidio del sindicalista Chea Vichea cometido en 2004, pese a la falta de pruebas y a la existencia de coartadas creíbles. Los autores de este homicidio seguían en libertad.
  • En abril, en la provincia de Koh Kong, un policía militar mató a tiros a Chut Wutty, conocido activista medioambiental y director del Grupo de Protección de Recursos Naturales, ONG camboyana que luchaba contra la destrucción de los bosques del país. El agente presunto autor de los disparos también murió en el incidente. La investigación oficial y el subsiguiente proceso judicial fueron deficientes e inadecuados. En octubre, el tribunal provincial de Koh Kong archivó la investigación sobre la muerte de Chut Wutty.
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Libertad de expresión: defensores y defensoras de los derechos humanos

Las autoridades hostigaron a activistas de derechos humanos y a los miembros de las comunidades que se resistieron a los desalojos forzosos, y los amenazaron con detenerlos y con emprender acciones legales contra ellos. Un tribunal citó a varios trabajadores de la Asociación para los Derechos Humanos y el Desarrollo de Camboya y del Centro Camboyano para los Derechos Humanos, así como a un periodista de Radio Free Asia, para interrogarlos sobre sus legítimas actividades en diversos casos relacionados con las tierras. En marzo y noviembre, las autoridades emplearon la intimidación y el hostigamiento contra grupos de la sociedad civil y redes de base, incluidas varias ONG locales y regionales, para impedirles que realizasen talleres y actos en torno a las cumbres de la ASEAN sobre diversas cuestiones de derechos humanos.

  • En mayo, 13 mujeres de la comunidad del lago Boeung Kak de Phnom Penh fueron detenidas y condenadas a dos años y medio de prisión tras un juicio sumario. Las mujeres habían realizado una protesta pacífica para apoyar a 18 familias de la zona cuyas casas habían sido destruidas en desalojos forzosos, y fueron acusadas de ocupación ilegal de una propiedad pública y de obstruir la labor de los funcionarios públicos con circunstancias agravantes. Tras la apelación quedaron en libertad en junio con condenas condicionales. Otra activista, Yorm Bopha, fue condenada en diciembre a tres años de prisión por cargos falsos.
  • El destacado periodista y crítico del gobierno Mam Sonando, de 71 años, fue condenado a 20 años de prisión en octubre por delitos contra el Estado, incluido el de instigar a la “insurrección” en la provincia de Kratie. Se creía que los cargos tenían motivación política y en el juicio no se presentó ninguna prueba que justificara la condena. Se le consideró preso de conciencia.
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Desalojos forzosos

La crisis por las tierras continuó, y los desalojos forzosos, los conflictos de tierras y las apropiaciones de tierras afectaron a miles de personas y desembocaron en un aumento de las protestas. En mayo, el gobierno anunció la suspensión de las concesiones de tierras con fines económicos y una revisión de las concesiones existentes para garantizar su conformidad con la normativa vigente. Se otorgaron varias de estas concesiones después de la suspensión. En junio, el primer ministro puso en marcha un proyecto para asignar títulos de propiedad de tierras a personas que vivían en los bosques estatales, así como concesiones de tierras con fines económicos y de otra índole. Se encargó a miles de estudiantes voluntarios la tarea de cartografiar las tierras y recabar datos sobre su ocupación.

  • En un violento desalojo forzoso realizado en enero, los trabajadores de la construcción de una empresa promotora destruyeron las casas de unas 300 familias que vivían en Borei Keila, en el centro de Phnom Penh. Las fuerzas de seguridad emplearon gas lacrimógeno y balas de goma contra los residentes, y durante los enfrentamientos se lanzaron piedras, leños y botellas. Según la información recibida, hubo más de 64 personas heridas y 8 detenidas. Las personas desalojadas fueron trasladadas a dos lugares de reasentamiento fuera de Phnom Penh que carecían de saneamiento, viviendas y oportunidades de trabajo adecuados. Alrededor de 125 familias se negaron a marcharse y se quedaron en condiciones precarias cerca de sus antiguas casas.
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Justicia internacional

Las investigaciones sobre las causas 003 y 004 estaban paralizadas en medio de denuncias de injerencias del gobierno en la actuación de las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya. El Consejo Supremo de la Magistratura rechazó al juez suplente Laurent Kasper-Ansermet como juez instructor internacional, pese a haber sido designado por la ONU. El juez Mark Harmon lo sustituyó en octubre, pero no hubo noticias de progresos en ninguna de las dos causas. La falta de fondos obligó a reducir las vistas de la causa 002 a tres días a la semana. Ieng Thirith, procesada junto con otros tres presuntos altos dirigentes del Jemer Rojo en la causa 002, fue declarada no apta para ser juzgada y puesta en libertad bajo el cuidado de su familia en septiembre. Al parecer padecía la enfermedad de Alzheimer.

  • En febrero, la Sala del Tribunal Supremo de los Tribunales de Camboya confirmó la sentencia dictada contra el director de prisión Kaing Guek Euv, conocido como Duch, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y elevó su condena de 35 años a cadena perpetua. El Tribunal también anuló una decisión anterior de concederle una compensación por los ocho años de detención ilegal a que lo sometió un tribunal militar camboyano.
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