El gobierno seguía imponiendo restricciones a las actividades de opositores políticos
y periodistas y reprimiendo la libertad de expresión. Un periodista murió bajo custodia.
Las condiciones de reclusión seguían siendo severas y a menudo entrañaban peligro
para la vida. Las personas que mantenían relaciones sexuales con personas del mismo
sexo podían ser detenidas y encarceladas. Miembros de las fuerzas de seguridad implicados
en violaciones de derechos humanos cometidas en febrero de 2008 seguían disfrutando
de impunidad. Al menos 77 presos estaban en espera de ejecución.
Ante la perspectiva de las elecciones previstas para finales de 2011, aumentaron los
temores de posible inestabilidad después de 28 años de gobierno del presidente Paul
Biya. Dirigentes de la oposición acusaron al presidente de menoscabar las competencias
de la comisión electoral, conocida como Elecciones Camerún (ELECAM). El Parlamento,
dominado por el partido gobernante, Agrupación Democrática del Pueblo Camerunés (RDPC),
aprobó en marzo un proyecto de ley que confiaba al gobierno –a través del Ministerio
de Administración Territorial– la supervisión de los preparativos de las elecciones,
tarea que hasta entonces era competencia de ELECAM.
En septiembre, el presidente Biya remodeló su gobierno y sustituyó a altos cargos
de los servicios de seguridad.
Continuaron durante el año los enfrentamientos armados en la región de Bakassi. El
18 de marzo, el gobierno hizo público que 19 soldados de la fuerza de élite Batallón
de Intervención Rápida “Delta” habían sido condenados por “actos de brutalidad contra
civiles” tras los enfrentamientos de febrero en la península de Bakassi, en los que
24 civiles resultaron heridos. Aumentó la inseguridad en las aguas costeras de Bakassi,
en las que un grupo autodenominado Comando Marino Africano capturaba embarcaciones
y retenía como rehenes o mataba a los marineros.
En mayo, una comisión mixta Camerún-Nigeria inició la nueva demarcación de la frontera
objeto de un litigio zanjado mediante decisión de la Corte Internacional de Justicia
en 2002.
El gobierno, según los informes, planeaba prohibir la mutilación genital femenina
en su revisión del Código Penal.
Decenas de ex funcionarios públicos y directivos de empresas estatales, algunos de
ellos detenidos durante 2010, permanecían bajo custodia en espera de juicio por cargos
de corrupción. Muchos de ellos afirmaban que los cargos presentados en su contra obedecían
a diferencias o envidias políticas.
Al terminar el año, los presos Titus Edzoa y Thierry Atangana estaban procesados por
nuevos cargos de corrupción formulados en su contra, cuando apenas les faltaban dos
años para cumplir la condena de 15 años de cárcel que se les había impuesto en 1997.
Su juicio en 1997 fue injusto –terminó de madrugada, sin asistencia letrada– y al
parecer obedeció a motivos políticos. Titus Edzoa había dimitido como alto cargo del
gobierno para presentarse a las elecciones presidenciales, y Thierry Atangana fue
acusado de ser su director de campaña.
El gobierno intentaba silenciar a quienes criticaban sus políticas, incluidos periodistas
y defensores y defensoras de los derechos humanos.
Germain Cyrille Ngota, director de Cameroon Express y uno de los tres periodistas detenidos en marzo, murió bajo custodia en abril. Al
parecer, no se le dispensó tratamiento médico alguno durante el tiempo en que estuvo
detenido, y miembros de su familia afirmaron que había sido torturado. Una investigación
del gobierno, cuyos procedimientos no se hicieron públicos, concluyó que había muerto
por causas naturales, pero sus conclusiones fueron cuestionadas por periodistas y
defensores de los derechos humanos. Robert Mintya, director de la revista Le Devoir, y Serge Sabouang, director del bimensual La Nation, que habían sido detenidos junto con Germain Cyrille Ngota y afirmaron haber sido
torturados, seguían haciendo frente a cargos de fraude y uso de documentos falsos.
Robert Mintya fue agredido por otro recluso en agosto, por lo que hubo de ser hospitalizado
durante varias semanas. Robert Mintya y Serge Sabouang quedaron en libertad en noviembre,
según los informes por orden del presidente Paul Biya, pero no se retiraron los cargos
formulados en su contra.
En enero comenzó el juicio de tres periodistas y un profesor detenidos después de
un debate televisado en 2008, pero se aplazó al menos en seis ocasiones durante 2010.
Alex Gustave Azebaze y Thierry Ngogang, del canal de televisión independiente STV2,
Anani Rabier Bindji, de Canal2, y el profesor universitario Aboya Manassé se enfrentaban
a cargos de revelación de información confidencial por tratar el tema de la Operación
Epervier, una iniciativa gubernamental contra la corrupción.
Lewis Medjo, director del periódico La Détente Libre, que había sido condenado a tres años de cárcel en enero de 2009, fue liberado en
junio.
Paul Eric Kingué, ex alcalde, y el músico Pierre Roger Lambo Sandjo cumplían sendas
penas de cárcel tras ser declarados culpables de participar en los disturbios de febrero
de 2008. Defensores de los derechos humanos en Camerún sostenían que Paul Eric Kingué
había sido detenido por protestar contra los homicidios ilegítimos de presuntos alborotadores,
y Pierre Roger Lambo Sandjo, por componer una canción en la que criticaba la reforma
de la Constitución que permitía al presidente Biya presentarse de nuevo como candidato
en las elecciones presidenciales.
El gobierno seguía limitando las actividades del Consejo Nacional del Camerún Meridional
(CNCM), grupo secesionista no violento cuyos miembros se enfrentaban a detención y
encarcelamiento. Las actividades no violentas de organizaciones políticas y grupos
de la sociedad civil estaban sometidas asimismo a la sanción oficial.
En noviembre, siete miembros de un sindicato fueron detenidos después de una manifestación
organizada por la Central Sindical del Sector Público ante la oficina del primer ministro
en Yaundé. Entre ellos figuraban Jean-Marc Bikoko, presidente de la Central, y destacados
miembros de varios sindicatos de la enseñanza. Se los acusó formalmente de delitos
relacionados con una manifestación no autorizada, y su juicio continuaba al terminar
el año.
En mayo, la policía impidió que unos periodistas que protestaban por la muerte bajo
custodia del director de periódico Germain Cyrille Ngota llevaran a cabo una protesta
en forma de sentada el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Algunos afirmaron que
la policía los había golpeado.
El Código Penal tipificaba como delito las relaciones sexuales entre personas del
mismo sexo, e incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos se negaba a reconocer
y defender los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Las
detenciones, los procesamientos y los juicios de gays continuaron regularmente en
2010. Los encarcelados por este motivo eran presos de conciencia.
Fabien Mballa y Aboma Nkoa Emile fueron detenidos el 24 de marzo por gendarmes en
Camp Yeyap, Yaundé. El tribunal penal de primera instancia de Yaundé los condenó a
cinco meses de cárcel y al pago de multas, y quedaron recluidos en la prisión de Kondengui.
Roger Bruno Efaaba Efaaba y Marc Henri Bata, que habían sido detenidos en septiembre
como sospechosos de robo, pero a quienes después se acusó de actividades homosexuales,
fueron sometidos en octubre a exámenes médicos anales forzosos, una forma de trato
cruel, inhumano y degradante. Al terminar el año continuaban bajo custodia.
Las cárceles y otros centros de reclusión estaban superpoblados, y a menudo las condiciones
entrañaban peligro para la vida. En muchos casos no se proporcionaban atención médica
ni alimentos o estas prestaciones eran inadecuadas. Los disturbios y los intentos
de fuga eran frecuentes, y varios presos perdieron la vida cuando intentaban evadirse.
Los guardias de prisiones habían recibido una capacitación deficiente, estaban mal
equipados, y su número era inadecuado para la numerosa población reclusa.
La prisión de Kondengui, construida para 700 reclusos, albergaba a 3.852 en agosto.
Los alimentos, el agua y los suministros médicos escaseaban. En un ala, conocida como
Kosovo, no había espacio suficiente para que los presos durmieran tumbados. Otra sección
albergaba a reclusos con enfermedades mentales que no recibían atención psiquiátrica.
La prisión de Douala (New Bell), con capacidad oficial para 700 reclusos, albergaba
a más de 2.453 presos en agosto. Muchos de ellos estaban en prisión previa al juicio
y estaban recluidos junto con presos penados. Algunos presos llevaban grilletes con
pernos.
Según los informes, varios reclusos murieron en la prisión de Maroua debido al intenso
calor, y en la prisión de Ngaoundere, como consecuencia del cólera.
Fuentes gubernamentales confirmaron que no se habían tomado medidas contra los miembros
de las fuerzas de seguridad acusados de violaciones de derechos humanos cometidas
en 2008, cuando un centenar de personas murieron durante las protestas contra las
alzas de precios y contra una reforma constitucional que eliminaba las limitaciones
al número de mandatos del presidente en el cargo.
Al menos 77 presos estaban en espera de ejecución, aunque no se tenía noticia de ejecuciones
desde 1997. Preocupaba el hecho de que un decreto presidencial promulgado en mayo,
por el que se conmutaban algunas condenas a muerte por cadena perpetua, no se hubiera
implementado plenamente todavía. No se informaba a los presos en espera de ejecución
de los motivos por los que no se les conmutaban sus condenas.
El año 2010 se inició con Yemen ocupando de manera inusitada el centro de la atención inte ...
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Delegados de Amnistía Internacional visitaron Camerún en agosto, se reunieron por
primera vez con representantes del gobierno y llevaron a cabo labores de investigación.
