Hubo protestas generalizadas durante el año por la educación y contra la política
medioambiental y otras políticas del gobierno. Siguió aumentando el número de querellas
por violaciones graves de derechos humanos cometidas durante el régimen militar (1973-1990),
aunque menos de un tercio de los condenados cumplía penas de prisión. Persistió el
uso inadecuado de la legislación antiterrorista contra activistas indígenas.
Decenas de miles de estudiantes, profesores, sindicalistas y otras personas se manifestaron
para exigir cambios fundamentales en el sistema de educación pública. Aunque en su
gran mayoría fueron pacíficas, algunas manifestaciones terminaron en enfrentamientos
con la policía.
En junio, tras la oposición y las protestas generalizadas, una corte de apelaciones
ordenó la suspensión del polémico proyecto HidroAysén de construcción de represas
hidroeléctricas en la Patagonia. Sin embargo, la corte levantó la orden de suspensión
en octubre. La Corte Suprema desestimó dos apelaciones más contra el proyecto.
En mayo se exhumaron los restos del ex presidente Salvador Allende dentro de una nueva
investigación judicial sobre su muerte. En julio, los expertos forenses internacionales
confirmaron que su fallecimiento durante el golpe de Estado militar encabezado por
el general Augusto Pinochet en 1973 no había sido obra de terceros.
Al finalizar el año, el Congreso debatía un proyecto de ley contra la discriminación
y otro que reconocía a las parejas civiles del mismo sexo.
En septiembre, el gobierno cedió a las peticiones de suspender un proceso de consulta
nacional con los pueblos indígenas y acordó estudiar la revocación del Decreto 124,
que regulaba las consultas con los pueblos indígenas. La decisión se adoptó ante las
críticas generalizadas al Decreto 124, según las cuales éste incumplía lo previsto
en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas
y Tribales, que establece el derecho de los pueblos indígenas a participar en los
procesos de toma de decisiones que les afectan.
Continuó suscitando preocupación el uso inadecuado de la legislación antiterrorista
contra activistas mapuches, incluidos menores de edad. En agosto, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos presentó un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sobre la aplicación selectiva, injustificada y discriminatoria de la ley antiterrorista
contra indígenas mapuches.
Al finalizar el año, cinco mapuches menores de edad seguían enfrentándose a un proceso
judicial en virtud de la ley antiterrorista, pese a las enmiendas introducidas a dicha
ley en junio, que excluían de su aplicación a los menores de 18 años.
En junio, la Corte Suprema confirmó parcialmente la apelación en el caso de cuatro
activistas mapuches condenados en marzo por delitos comunes por una corte civil en
Cañete. La corte de Cañete había desestimado los cargos de terrorismo formulados contra
ellos por el ministerio público. Sin embargo, las actuaciones se habían llevado a
cabo en virtud de la legislación antiterrorista, que permitía el uso de testigos anónimos.
La Corte Suprema redujo las penas, pero no ordenó un nuevo juicio, dando así validez
a las declaraciones de culpabilidad, basadas en el testimonio de un testigo anónimo.
Los cuatro hombres realizaron una huelga de hambre de 87 días como protesta por el
uso de la legislación antiterrorista y por las violaciones del debido proceso. La
huelga finalizó con la creación de una Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche,
de carácter independiente.
En febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares
en favor de los pueblos indígenas de Rapa Nui (Isla de Pascua). La Comisión pidió
al gobierno que garantizara que las actuaciones de sus funcionarios durante las protestas
y desalojos no pusieran en peligro la vida ni la integridad física de los indígenas.
La iniciativa se adoptó tras los violentos enfrentamientos de diciembre de 2010. Se
iniciaron actuaciones penales contra algunos miembros de clanes y al finalizar el
año proseguían las investigaciones sobre la actuación policial.
En agosto, la Comisión Valech II dio a conocer un informe en el que se confirmaban
cinco casos adicionales de desaparición forzada, 25 de homicidios políticos y 9.795
de tortura. La Comisión se había creado en 2010 para evaluar casos de desaparición
forzada, homicidios políticos, encarcelamiento político y tortura que no se habían
presentado ante las comisiones Rettig y Valech. Al finalizar el año, el número total
de personas reconocidas oficialmente como desaparecidas o asesinadas entre 1973 y
1990 era de 3.216, y el de sobrevivientes de encarcelamiento político y de tortura,
de 38.254.
El número de casos de violaciones de derechos humanos sometidos a investigación por
los tribunales aumentó a su máximo nivel con la presentación por una fiscal, en enero,
de 726 nuevas querellas, que se sumaron a las más de 1.000 querellas presentadas en
los últimos años por familiares de personas ejecutadas por motivos políticos.
Según el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en mayo había 1.446
investigaciones en curso. Entre el año 2000 y finales de mayo de 2011, 773 ex miembros
de las fuerzas de seguridad habían sido acusados formalmente o condenados por violaciones
de derechos humanos, y había 245 condenas confirmadas. Sin embargo, sólo 66 de ellos
estaban en prisión, pues el resto se había beneficiado de penas no privativas de libertad
o de la reducción o conmutación posterior de la pena.
Se conocieron casos de torturas y otros malos tratos, incluidas palizas y amenazas
de violencia sexual, contra estudiantes detenidos arbitrariamente por la policía en
manifestaciones estudiantiles.
En agosto, Manuel Gutiérrez Reinoso, de 16 años, murió por un disparo de la policía
durante las manifestaciones estudiantiles organizadas en la capital, Santiago. Poco
después, cinco policías fueron destituidos y dimitió un general de la policía. En
noviembre, la Corte Marcial ordenó la libertad bajo fianza del policía acusado de
efectuar el disparo.
Se tuvo constancia de uso excesivo de la fuerza durante operaciones policiales contra
comunidades mapuches.
El aborto siguió constituyendo delito en todas las circunstancias. En septiembre,
la Comisión de Salud del Senado acordó debatir propuestas para despenalizarlo en determinados
casos, pero el presidente Piñera dijo que vetaría cualquier proyecto de ley en ese
sentido.
