China - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República Popular de China

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
China is now live »

Jefe del Estado: Hu Jintao
Jefe del gobierno: Wen Jiabao
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no ratificado

Un número cada vez mayor de profesionales de la abogacía y de
periodistas fueron hostigados, detenidos y encarcelados. Miles de
personas que practicaban su fe al margen de las iglesias que contaban
con autorización oficial sufrieron hostigamiento, y muchas de ellas
fueron detenidasy encarceladas. Miles de personas fueron condenadas a muerte o ejecutadas. Se negaban los derechos básicos a las personas migrantes que procedían de zonas rurales. Continuó la dura represión contra los uigures de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, y las libertades de expresión y religión siguieron sometidas a severas restricciones en Tíbet y entre las personas tibetanas que vivían en otras zonas.

Comunidad internacional

Antes de resultar elegida para el nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU, China hizo una serie de promesas con respecto a estos derechos, entre otras, que ratificaría el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que colaboraría activamente con la ONU en materia de derechos humanos. Las empresas chinas continuaron exportando armas a países en los que probablemente se utilizasen para cometer abusos graves contra los derechos humanos, como Sudán o Myanmar.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

El gobierno intensificó la represión contra abogados y activistas del derecho a la vivienda. Numerosos defensores de los derechos humanos fueron sometidos a largos periodos de detención arbitraria sin cargos y sufrieron hostigamiento por parte de la policía o de bandas locales que actuaban con la aparente connivencia de la policía. Muchas de esas personas vivían bajo vigilancia o arresto domiciliario casi continuos, y sus familiares se convirtieron cada vez más en objetivos de la represión. Nuevas normativas restringieron la capacidad de los abogados de representar a grupos de víctimas y participar en peticiones colectivas.

En noviembre de 2005 se suspendió del ejercicio de la abogacía a Gao Zhisheng, abogado de derechos humanos que expresaba abiertamente sus críticas. Fue aprehendido en agosto de 2006 y permaneció recluido en régimen de incomunicación en un lugar desconocido hasta su juicio. En octubre se produjo la detención formal, por cargos de «incitación a la subversión», y en diciembre se celebró el juicio, en el que fue condenado a tres años de cárcel con suspensión de cinco años.

Periodistas y cibernautas

Se intensificó la represión del gobierno contra periodistas, escritores y cibernautas, y se cerraron numerosos periódicos y revistas muy populares. Cientos de sitios web internacionales continuaron bloqueados y miles de sitios web chinos fueron cerrados. Se detuvo a decenas de periodistas por informar sobre cuestiones delicadas.

El gobierno reforzó los sistemas de bloqueo, filtrado y vigilancia del flujo de información. Entraron en vigor nuevas normas que exigían que las agencias de noticias extranjeras recibiesen la aprobación de la agencia de noticias oficial china para publicar cualquier tipo de información. Numerosos periodistas extranjeros estuvieron detenidos durante breves periodos.

Discriminación contra personas migrantes de zonas rurales

Los trabajadores migrantes procedentes de zonas rurales sufrían discriminación generalizada en las ciudades chinas. A pesar de que las autoridades se comprometieron a solucionar el problema, a millones de trabajadores migrantes aún se les debían salarios atrasados. A la inmensa mayoría no se les permitía acceder a los planes de seguro de enfermedad de las ciudades, y no se podían permitir la asistencia médica privada. Al contrario de lo que ocurría con otros habitantes de las ciudades, el acceso a la educación pública para millones de niños migrantes continuó siendo deficiente. Aproximadamente 20 millones de menores migrantes no podían vivir con sus progenitores en las ciudades debido, en parte, a lo irregular que era la escolarización.

En septiembre, las autoridades municipales de Pekín cerraron decenas de escuelas para migrantes, lo cual afectó a miles de niños migrantes. Aunque las autoridades afirmaron que su objetivo habían sido las escuelas que no estaban registradas y no cumplían los criterios de calidad, los requisitos para registrarse eran tan onerosos que para las escuelas de migrantes resultaba casi imposible hacerlo. Algunos miembros del personal de estas escuelas consideraban que el objetivo de los cierres era reducir la población migrante en Pekín antes de los Juegos Olímpicos de 2008.

Violencia y discriminación contra las mujeres

La violencia y la discriminación contra las mujeres continuaron siendo graves. La situación de desventaja económica y social de las mujeres y las niñas fue evidente en el empleo, la asistencia a la salud y la educación. En las empresas estatales en crisis, el número de despidos de mujeres fue superior al de hombres. Las mujeres constituían el 60 por ciento de la mano de obra en el ámbito rural, pero tenían menos oportunidades que los hombres de realizar trabajos que no estuvieran relacionados con la agricultura. La inexistencia de políticas contra el VIH/sida que tuviesen en cuenta las cuestiones de género contribuyó a que en 2006 se produjese un aumento significativo de casos de esta enfermedad entre las mujeres. Sólo el 43 por ciento de las niñas de las zonas rurales cursaban estudios después de finalizar la enseñanza primaria, frente al 61 por ciento de los niños.

A pesar del reforzamiento de las leyes y de las iniciativas gubernamentales destinadas a luchar contra la trata de personas, éste continuó siendo un problema generalizado; aproximadamente el 90 por ciento de los casos eran mujeres y menores objeto de trata para la explotación sexual.

Chen Guangcheng, abogado ciego autodidacta, fue condenado en agosto a una pena de cuatro años y tres meses de prisión por cargos de «causar daños a bienes públicos y reunir personas para bloquear el tráfico». Llevaba recluido en su casa arbitrariamente desde septiembre de 2005, en relación con su defensa de mujeres que habían sido obligadas a abortar en la provincia de Shandong. Tras la presentación de un recurso se anuló la declaración de culpabilidad y el caso fue devuelto al tribunal de primera instancia para que se celebrase un nuevo juicio, pero este tribunal confirmó la condena inicial.

Represión de grupos espirituales y religiosos

El gobierno continuó tomando medidas enérgicas contra las prácticas religiosas que estaban al margen de los canales oficiales autorizados. Miles de miembros de «iglesias en casa» protestantes clandestinas y de iglesias católicas no oficiales fueron detenidos; muchas de esas personas sufrieron tortura y malos tratos mientras permanecieron detenidas. Miembros del movimiento espiritual Falun Gong fueron aprehendidos y sometidos a detención administrativa por sus creencias, y continuaron corriendo grave peligro de sufrir tortura o malos tratos.

A Bu Dongwei, seguidor del movimiento Falun Gong, le impusieron dos años y medio de reeducación por el trabajo en junio por «actividades relacionadas con una organización prohibida», tras haber descubierto la policía publicaciones sobre Falun Gong en su casa. Cuando fue detenido trabajaba para una organización de ayuda estadounidense.

El pastor Zhang Rongliang, destacado dirigente religioso en la clandestinidad que había sido detenido y encarcelado en repetidas ocasiones desde 1976, fue condenado en junio a siete años y medio de cárcel, tras haber sido acusado de cruzar ilegalmente la frontera y de obtener un pasaporte de forma fraudulenta.

Pena de muerte

La pena de muerte continuó utilizándose ampliamente como castigo para alrededor de 68 delitos, incluidos delitos económicos y no violentos. Basándose en informes públicos, Amnistía Internacional calculaba que al menos 1.010 personas habían sido ejecutadas y 2.790 condenadas a muerte a lo largo de 2006, aunque se creía que las cifras reales eran muy superiores.

La Asamblea Nacional Popular aprobó una ley por la que se volvía a dejar en manos del Tribunal Supremo Popular la revisión final de todos los casos de condenas a muerte dictadas a partir de 2007. Los observadores consideraban que esto conllevaría una disminución de los errores judiciales y del uso de la pena de muerte.

Aumentaron las ejecuciones mediante inyección letal, lo que facilitó la extracción de órganos de las personas ejecutadas, práctica que constituía un lucrativo negocio. En noviembre, un viceministro afirmó que la mayor parte de los órganos transplantados procedían de presos ejecutados. En julio, una nueva normativa prohibió la compraventa de órganos y exigió el consentimiento informado de los donantes para proceder a la extirpación de los órganos.

Xu Shuangfu, dirigente de un grupo protestante no oficial denominado «Tres Grados de Siervos», fue ejecutado en noviembre junto con otras 11 personas, tras ser declarado culpable de asesinar, entre 2003 y 2004, a 20 miembros de otro grupo llamado «Iluminación Oriental». Según los informes, Xu Shuangfu afirmó que había confesado bajo tortura durante el interrogatorio policial, y que, entre otras cosas, la tortura había consistido en golpes con varas y cadenas pesadas, descargas eléctricas en los genitales y los dedos de las manos y los pies e inyección de guindilla, gasolina y jengibre por la nariz. Según los informes, los tribunales de primera instancia y de apelación se negaron a permitir que los abogados de Xu Shuangfu presentasen estas denuncias como prueba en su defensa.

Tortura, detención arbitraria y juicios injustos

La tortura y los malos tratos continuaron siendo generalizados. Los métodos habituales incluían dar a la víctima patadas y golpes, aplicarle descargas eléctricas, colgarla por los brazos, mantenerla con grilletes en posturas dolorosas, quemarla con cigarrillos e impedirle dormir y comer. En noviembre, un alto funcionario admitió que cada año se dictaban no menos de 30 condenas injustas a consecuencia del uso de la tortura, pero el número real era probablemente superior. No se produjeron avances en los intentos de reformar el sistema de reeducación por el trabajo consistente en la detención administrativa sin cargos ni juicio. Se creía que cientos de miles de personas estaban recluidas en centros de reeducación por el trabajo por toda China, y que corrían peligro de sufrir tortura o malos tratos. En mayo de 2006, las autoridades de la ciudad de Pekín anunciaron su intención de ampliar el uso que hacían de la reeducación por el trabajo como forma de controlar el «comportamiento ofensivo» y de limpiar la imagen de la ciudad antes de los Juegos Olímpicos.

Ye Guozhu fue condenado a cuatro años de cárcel en 2004 por su oposición a los desalojos forzosos en Pekín relacionados con la construcción de las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Durante 2006 se supo que Ye Guozhu había sido torturado mientras estaba detenido. Según los informes, unos agentes de policía lo colgaron del techo por los brazos y lo golpearon reiteradamente en el centro de detención del distrito de Dongcheng, en Pekín, y también fue torturado en otra prisión en el segundo semestre de 2005.

Uigures de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang

Las autoridades del gobierno de Sin-kiang continuaron aplicando severas medidas represivas contra la comunidad uigur y negándole sus derechos humanos, como la libertad de religión y el acceso a la educación. Un número cada vez mayor de uigures fueron extraditados a China desde Asia Central, reflejo de la creciente presión que China ejercía sobre los gobiernos de la región. Un total de 17 uigures continuaron detenidos en Guantánamo.

La familia de la ex presa de conciencia exiliada Rebiya Kadeer continuó estando en el punto de mira de las autoridades chinas. El 26 de noviembre, su hijo Ablikim Abdiriyim, que estaba detenido en Sin-kiang pendiente de juicio por cargos de «subversión» y evasión de impuestos, fue visto cuando lo sacaban del centro de detención del distrito de Tianshan, al parecer porque necesitaba atención médica. El 27 de noviembre, Alim y Kahar Abdiriyim, también hijos de Rebiya Kadeer, fueron condenados al pago de una elevada multa por cargos de evasión de impuestos. Alim fue condenado, además, a siete años de cárcel.

Husein Celil, ciudadano canadiense que huyó de China en la década de los noventa como refugiado, fue detenido en Uzbekistán y extraditado a China en junio. Según los informes fue acusado de terrorismo y se le impidió ponerse en contacto con su familia o sus representantes consulares.

Región Autónoma del Tíbet

Los tibetanos que vivían en la Región Autónoma del Tíbet y en otras zonas sufrieron graves restricciones de sus derechos a la libertad de religión, de expresión y de asociación, además de discriminación laboral. Muchos de ellos, incluidos monjes y monjas budistas tibetanos, fueron detenidos y encarcelados por practicar su religión o expresar sus opiniones. Continuó el uso excesivo de la fuerza contra los tibetanos que intentaban huir de la represión en Tíbet. En septiembre, unos testigos vieron cómo guardias de una patrulla de fronteras disparaban contra un grupo de tibetanos que intentaban llegar a Nepal. Se confirmó que, como mínimo, había muerto un menor.

El weblog de Woeser, destacada intelectual tibetana, fue cerrado en varias ocasiones tras plantear ella diversas cuestiones sobre el papel de China en Tíbet.

Sonam Gyalpo, ex monje, fue condenado a 12 años de cárcel a mediados de 2006 por «poner en peligro la seguridad del Estado» tras encontrar las autoridades vídeos del Dalai Lama y otro «material incriminatorio» en su casa. Su familia descubrió que había sido juzgado y condenado cuando intentó visitarlo en el lugar en el que permanecía detenido.

Personas refugiadas de Corea del Norte

Según los informes, aproximadamente 100.000 norcoreanos se ocultaban en China. Las autoridades detenían y expulsaban a entre 150 y 300 por semana sin ni siquiera remitir los casos a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Según los informes, también implantaron un sistema de recompensas por entregar a norcoreanos y de multas elevadas por prestarles apoyo. En septiembre se recibieron informes sobre la adopción de nuevas medidas represivas contra los norcoreanos que vivían ilegalmente en China.

Se recibieron numerosos informes sobre abusos a norcoreanas residentes en China, incluidos casos de prostitución y violaciones sistemáticas. Según los informes recibidos, las norcoreanas eran vendidas como futuras esposas a hombres chinos por cantidades que oscilaban entre los 880 y los 1.890 dólares estadounidenses. Algunas mujeres sabían que iban a ser vendidas para contraer matrimonio, pero no tenían conocimiento de lo duras que serían las condiciones en China. Otras cruzaban la frontera engañadas por agentes matrimoniales que se hacían pasar por comerciantes.

Región Administrativa Especial de Hong Kong

A comienzos de 2006 fueron absueltos los 14 surcoreanos acusados de «reunión ilegal» tras protestar durante las reuniones que la Organización Mundial del Comercio celebró en diciembre de 2005, lo que provocó nuevas peticiones para que se realizase una investigación independiente sobre la actuación de la policía durante las protestas.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer examinaron la situación de los derechos humanos en Hong Kong en marzo y agosto respectivamente. Ambos comités hicieron varias recomendaciones para que se realizasen reformas.

En septiembre, el Tribunal de Apelación de Hong Kong confirmó el fallo de un tribunal de primera instancia según el cual se consideraban discriminatorias las leyes que establecían que para las relaciones sexuales entre hombres homosexuales se requería una edad de consentimiento superior a la exigida para personas heterosexuales. Las autoridades anunciaron que no presentarían nuevos recursos.

Se siguió denegando la entrada a solicitantes de asilo sin haber examinado debidamente sus casos. Otras personas fueron detenidas por alargar su estancia más tiempo del que permitía su visado o por otros delitos relacionados con la inmigración. A pesar de la presión ejercida por grupos de derechos humanos y de defensa del bienestar social, las autoridades confirmaron que no estaba previsto ampliar a Hong Kong la Convención de la ONU sobre los Refugiados. Cuando el ACNUR suspendió su financiación en mayo, las autoridades comenzaron a ofrecer asistencia social limitada a solicitantes de asilo, pero, según los informes, ésta resultaba insuficiente para cubrir las necesidades básicas.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

• People's Republic of China: Abolishing «Re-education through Labour» and other forms of administrative detention - An opportunity to bring the law into line with the International Covenant on Civil and Political Rights (Índice AI: ASA 17/016/2006)

• República Popular de China: Contribuye al conflicto y los abusos contra los derechos humanos. El flujo de armas se acelera (Índice AI: ASA 17/030/2006)

• República Popular de China: La cuenta atrás hacia las Olimpíadas (Índice AI: ASA 17/046/2006)

• Mordaza a la libertad de expresión en China: El papel de Yahoo!, Microsoft y Google (Índice AI: POL 30/026/2006)

Visitas

? Representantes de Amnistía Internacional asistieron a diversas reuniones relacionadas con los derechos humanos en Pekín y Shenzhen.

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