China - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República Popular de China

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
China is now live »

Jefe del Estado : Hu Jintao
Jefe del gobierno : Wen Jiabao
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 1.331,4 millones
Esperanza de vida : 72,5 años

Un número cada vez mayor de activistas de derechos humanos fueron encarcelados, quedaron bajo arresto domiciliario o vigilancia o sufrieron hostigamiento. Continuó la represión de grupos minoritarios, como tibetanos, uigures y mongoles. Seguidores de Falun Gong corrían un riesgo especialmente elevado de sufrir torturas u otros malos tratos mientras estaban detenidos. Las personas que profesaban la fe cristiana fueron perseguidas por practicar su religión al margen de los canales autorizados por el Estado.

A pesar de que el Tribunal Supremo Popular había vuelto a hacerse cargo de la revisión de los casos de pena de muerte, la pena capital continuaba envuelta en un velo de misterio y seguía utilizándose ampliamente. La utilización de la tortura con personas detenidas y encarceladas continuó siendo generalizada. Millones de personas carecían de acceso a la justicia y se veían obligadas a buscar resarcimiento a través de un sistema de presentación de peticiones extrajurídico que resultaba ineficaz. Mujeres y niñas continuaban sufriendo violencia y discriminación. Los preparativos para los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín se caracterizaron por la represión del colectivo de activistas de derechos humanos. Se intensificó la censura en Internet y en otros medios de comunicación.

Pena de muerte

Las estadísticas sobre pena de muerte continuaron considerándose secreto de Estado, lo que hacía que resultase difícil valorar las afirmaciones oficiales de que con el reinicio de las revisiones por parte del Tribunal Supremo se había reducido el número de ejecuciones. Basándose en informes públicos, Amnistía Internacional calculó que hubo al menos 470 personas ejecutadas y 1.860 condenadas a muerte en 2007, aunque se creía que las cifras reales eran muy superiores.

En junio, el Tribunal Supremo Popular estableció que los casos de pena de muerte correspondientes a tribunales de primera instancia debían juzgarse en sesiones públicas, y que los tribunales debían avanzar hacia la celebración de juicios públicos cuando se tratase de recursos presentados en casos de pena capital. Sin embargo, los juicios por delitos punibles con la pena de muerte continuaron celebrándose a puerta cerrada, la policía recurría a menudo a la tortura para obtener «confesiones» y a las personas detenidas se les impedía ponerse en contacto con sus abogados de forma periódica y sin dilaciones. Continuaron llevándose a cabo ejecuciones e imponiéndose condenas a muerte por 68 delitos, incluidos muchos no violentos, como la corrupción y delitos relacionados con las drogas.

Sistema de justicia

Las personas que ejercían pacíficamente sus derechos, como la libertad de expresión y de asociación, continuaban corriendo un gran peligro de ser objeto de desaparición forzada, detención ilegal en régimen de incomunicación o arresto domiciliario, vigilancia, palizas y hostigamiento.

Se calculaba que 500.000 personas estaban sometidas a detención punitiva sin cargos ni juicio mediante la «reeducación por el trabajo» y otras formas de detención administrativa. Los intentos de promulgar legislación que reformase el sistema de «reeducación por el trabajo» continuaban estancados en la Asamblea Nacional Popular. La policía amplió la utilización de este sistema y de otra forma de detención administrativa, la «rehabilitación forzosa de drogodependientes», para «limpiar» Pekín durante el periodo previo a los Juegos Olímpicos.

Aproximadamente entre 11 y 13 millones de personas sólo contaban con una forma realista de obtener justicia, consistente en un sistema de presentación de peticiones a autoridades locales y de rango superior, al margen de los tribunales, en el que la gran mayoría de los casos continuaban sin resolverse.

Tortura y otros malos tratos

Continuó siendo generalizada la tortura de personas detenidas.

  • Yang Chunlin, activista de derechos humanos procedente de Heilongjiang, fue detenido el 6 de julio y acusado de «subversión del poder del Estado». Había apoyado una acción legal presentada por más de 40.000 agricultores cuyas tierras habían sido confiscadas sin una indemnización, y había ayudado a recoger firmas para una petición cuyo lema era «Queremos derechos humanos, no Juegos Olímpicos» y que muchos de los agricultores firmaron. La policía le negó reiteradamente el contacto con su familia y su abogado, basándose en que su caso estaba «relacionado con el Estado». Yang Chunlin fue torturado con métodos como estirarle los brazos y las piernas y encadenarlos a las cuatro esquinas de una cama de hierro, y obligarlo a comer, beber y defecar en esa posición.
  • Chen Xiaoming, activista del derecho a la vivienda procedente de Shanghai, murió a causa de una hemorragia masiva poco después de ser excarcelado el 1 de julio, tras quedar en libertad condicional por razones médicas.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Aunque continuaba aumentando el ámbito permitido para las actividades de la sociedad civil, se intensificaron las acciones contra defensores y defensoras de los derechos humanos que planteaban cuestiones consideradas delicadas desde el punto de vista político. Las autoridades criminalizaron las iniciativas de activistas de derechos humanos acusándolos de delitos como causar daños a propiedades públicas, extorsión y fraude.

El colectivo de defensa de los derechos humanos y sus familiares, incluidos los menores de edad, sufría hostigamiento cada vez con mayor frecuencia: entre otras cosas, eran sometidos a vigilancia o arresto domiciliario y sufrían palizas a manos de agentes del gobierno y de agresores no identificados. Se persiguió especialmente a profesionales del derecho que, en número cada vez mayor, veían denegada su solicitud de renovación de licencia.

  • El abogado defensor y activista de derechos humanos Gao Zhisheng continuaba sometido a una estricta vigilancia policial tras ser condenado en diciembre de 2006 por «incitar a la subversión». Entre el 24 de junio y el 4 de julio, y posteriormente entre el 22 de septiembre y comienzos de noviembre, permaneció recluido en régimen de incomunicación y fue torturado en lugares no identificados antes de volver a quedar bajo arresto domiciliario en Pekín.
  • A finales de septiembre, personas no identificadas secuestraron y golpearon durante varias horas al abogado de derechos humanos Li Heping y le dijeron que abandonara su labor en favor de los derechos humanos. Posteriormente lo dejaron en libertad.

Varios activistas murieron mientras estaban detenidos o poco después de quedar en libertad.

Libertad de expresión

Las autoridades chinas continuaron intentando mantener un férreo control sobre el flujo de información. Decidían qué temas y noticias podían publicarse y a veces exigían a los medios de comunicación que se adaptasen a las nuevas directrices del gobierno en cuestión de minutos. Las autoridades continuaron bloqueando sitios web y filtrando el contenido de Internet en función de palabras y temas concretos.

Se sabía que había en torno a 30 periodistas encarcelados y que al menos 50 personas más estaban en prisión por publicar sus opiniones en Internet. A menudo se imponían penas por el simple hecho de acceder a páginas web prohibidas.

A pesar de que debido a la celebración de los Juegos Olímpicos se produjo una relajación temporal de la normativa que se aplicaba a los periodistas extranjeros en China, continuó existiendo un estricto control sobre quienes se dedicaban a esta profesión, ya fuesen chinos o extranjeros, y muchos periodistas chinos fueron encarcelados por informar sobre cuestiones delicadas. Según los informes, el Ministerio de Seguridad Pública ordenó en abril el escrutinio de todas las personas que iban a asistir a los Juegos Olímpicos de Pekín, y estableció 43 categorías de personas a las que se prohibía la entrada por razones como las creencias religiosas o políticas.

Violencia y discriminación contra las mujeres

Las mujeres sufrían discriminación en el trabajo, la educación y el acceso a la atención a la salud. La trata de mujeres y niñas continuó siendo generalizada, especialmente en el caso de las norcoreanas (véase infra). Se produjeron a menudo casos de violencia en el ámbito familiar y se decía que ésta era una de las principales causas de suicidio entre las mujeres de zonas rurales.

En mayo se recibieron informes de que decenas de mujeres de la Región Autónoma Zhuang de Kuang-si, en el suroeste de China, eran obligadas a abortar, en algunos casos en el noveno mes de embarazo, bajo la supervisión de funcionarios locales de planificación familiar.

Represión de grupos espirituales y religiosos

A millones de personas se les impedía practicar libremente su religión. Miles de ellas continuaban detenidas o cumpliendo penas de prisión, con gran riesgo de sufrir torturas, por practicar su religión al margen de los canales autorizados por el Estado. Entre quienes sufrían una persecución más implacable había seguidores de Falun Gong, musulmanes uigures, budistas tibetanos y grupos cristianos clandestinos.

Según los informes, más de 100 seguidores de Falun Gong que estaban detenidos o acababan de quedar en libertad murieron durante 2007 debido a las torturas, a que no se les habían proporcionado alimentos o atención médica y a otras formas de malos tratos.

La policía irrumpía frecuentemente en reuniones de «iglesias en casa» clandestinas de confesión protestante; a menudo golpeaban y detenían a los participantes y, en ocasiones, destruían las iglesias.

  • En junio, Hua Huaiqi, dirigente de una «iglesia en casa» de Pekín, fue condenado a seis meses de prisión por obstrucción a la justicia, en un juicio que se celebró a puerta cerrada. Según los informes, fue golpeado en la prisión. Su madre, de 76 años, protestó contra el trato recibido por su hijo y fue condenada a dos años de prisión por destrucción de propiedad pública y privada porque su bastón golpeó un faro de un coche de policía que se dirigía hacia ella.

Miembros de la Iglesia católica de China no oficial fueron objeto de represión. Un anciano obispo católico, Han Dingxiang, murió bajo custodia en circunstancias sospechosas tras pasar más de 20 años encarcelado. Las autoridades locales incineraron rápidamente su cadáver.

Adeptos religiosos de todos los credos tenían problemas para obtener asistencia letrada, ya que los abogados que estaban dispuestos a hacerse cargo de casos tan delicados a menudo sufrían hostigamiento y eran detenidos y encarcelados.

Región Autónoma Uigur del Sin-kiang

Las autoridades continuaron utilizando la «guerra contra el terror» encabezada por Estados Unidos como excusa para justificar la brutal represión de miembros de la etnia uigur, que vivían fundamentalmente en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, lo que dio lugar a graves violaciones de derechos humanos. Se consideraron delito las expresiones no violentas de la identidad cultural uigur. Los miembros de esa etnia eran las únicas personas en China de las que se sabía que eran condenadas a muerte y ejecutadas por delitos de índole política, como llevar a cabo «actividades separatistas».

China recurrió cada vez más y con mejores resultados a la Organización para la Cooperación de Shanghai con el fin de presionar a los países vecinos, como Kirguistán, Uzbekistán y Kazajistán, para que colaborasen en la devolución de uigures a China.

Aumentó el número de uigures, incluidos los que tenían nacionalidad extranjera, detenidos en otros países y devueltos a China, en donde corrían peligro de ser condenados a muerte y posiblemente ejecutados.

  • Ismail Semed, devuelto a China desde Pakistán en 2003, fue ejecutado tras haber sido acusado de «intentar dividir la patria» y de posesión de armas de fuego y explosivos.
  • Ablikim Abdiriyim, hijo de la activista uigur Rebiya Kadeer, fue juzgado en secreto y condenado a nueve años de cárcel por los cargos de «instigación de actividades separatistas y participación en ellas». Según fuentes oficiales, estas actividades consistieron fundamentalmente en pedir al «webmaster del sitio web en idioma uigur» de Yahoo que publicase artículos en su página web. Sin embargo, tantoYahoo! como Alibaba, portal chino de Internet que gestiona los servicios de Yahoo! China, han declarado que no proporcionan servicios web en idioma uigur. Según los informes, Ablikim Abdiriyim había sido torturado y sometido a otros malos tratos en prisión, y se decía que había tenido dificultades para reconocer a sus familiares durante una visita que le hicieron en diciembre. Las autoridades continuaron negándole el acceso a tratamiento médico.

Las autoridades continuaron con la política de migración a gran escala de personas chinas de etnia han a la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, con el fin de hacer frente a la presunta escasez de mano de obra, mientras que un gran número de niñas y mujeres jóvenes uigures –que, según los informes, ascendía a más de 200.000– eran enviadas, a menudo coaccionadas por las autoridades locales, a trabajar en fábricas del este de China en condiciones duras y con salarios bajos.

Región Autónoma del Tíbet y otras zonas habitadas por población tibetana

Continuaba gravemente restringida la libertad de religión, expresión y asociación de las personas de origen tibetano. La Administración Estatal para Asuntos Religiosos estableció el control del gobierno sobre la selección y formación de profesores budistas tibetanos en toda China. Las manifestaciones pacíficas de apoyo al Dalai Lama continuaron castigándose con dureza, al igual que los intentos de pasar al extranjero información sobre la represión de tibetanos.

  • Alrededor de 40 menores tibetanos fueron detenidos por la policía en la provincia de Gansu por escribir en paredes consignas en favor de la independencia de Tíbet. Testigos presenciales afirmaron que cuatro de los niños mostraban contusiones y estaban aturdidos, y que a uno de ellos se lo llevaron en repetidas ocasiones por la noche y aparecía a la mañana siguiente con aspecto de haber sido maltratado y de ser incapaz de hablar.
  • Runggye Adak, nómada tibetano que durante un festival cultural pidió el regreso del Dalai Lama a Tíbet, fue condenado a ocho años de prisión por «incitar a la división del país» y «perturbar gravemente el orden público». Otras tres personas fueron condenadas a 10, 9 y 3 años de cárcel por cargos de «actuar en connivencia con fuerzas separatistas extranjeras para dividir el país y distribuir panfletos políticos», debido a su intento de enviar información a organizaciones del extranjero en relación con la detención de Runggye Adak.

Personas refugiadas norcoreanas

Según los informes, aproximadamente 50.000 personas de origen norcoreano se ocultaban en China y vivían con el miedo constante a ser expulsadas. Se creía que todos los meses cientos de norcoreanos eran repatriados a Corea del Norte sin permitirles ponerse en contacto con las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en China. La mayoría de las personas de origen norcoreano que se encontraban en China eran mujeres, muchas de las cuales habían sido objeto de trata para entrar en el país y para quienes la principal manera de evitar la expulsión a Corea del Norte consistía en ser vendidas a hombres chinos con el fin de contraer matrimonio. Los niños y niñas nacidos de refugiadas norcoreanas en China son de hecho apátridas, y tienen dificultades para acceder a la educación y a la atención a la salud.

  • Según los informes, Kim Yong-ja, norcoreana en situación irregular, se suicidó mientras estaba detenida porque temía ser devuelta a Corea del Norte. Formaba parte del grupo de 40 refugiados norcoreanos detenidos en diciembre cerca de Qinhuangdao, en la provincia de Hubei.

Región Administrativa Especial de Hong Kong

En julio, decenas de miles de personas se manifestaron para pedir reformas en materia política y de derechos humanos con motivo del 10 aniversario del traspaso de Hong Kong a la soberanía china. A cientos de seguidores extranjeros de Falun Gong se les negó la entrada en Hong Kong durante el periodo previo al aniversario. En diciembre, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular dictaminó que estudiaría la posibilidad de permitir la celebración de elecciones directas a jefe ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong en 2017, no en 2012.

Violencia contra las mujeres

Los casos de violencia en el ámbito familiar aumentaron en un 120 por ciento durante el primer trimestre del año, incremento que se atribuyó a una mayor voluntad de informar de tales abusos a la policía. Activistas instaron a que se introdujesen nuevas modificaciones en la Ordenanza sobre Violencia en el Hogar, con el fin de ampliar su alcance para incluir a las parejas del mismo sexo y de criminalizar a los responsables de violencia doméstica.

Discriminación de gays y lesbianas

Activistas de los derechos de gays y lesbianas criticaron la decisión adoptada en enero por el Organismo de Radioteledifusión, según la cual un programa de televisión en el que se describían las relaciones entre personas del mismo sexo era tendencioso y poco apto para ser visto en familia. En julio, el Tribunal de última Instancia declaró discriminatoria una ley que consideraba delictivas las relaciones sexuales en público cuando las mantenían personas del mismo sexo pero no cuando se trataba de relaciones heterosexuales.

Solicitantes de asilo

Continuaba deteniéndose a solicitantes de asilo acusados de delitos relacionados con la inmigración mientras se tomaba una decisión sobre su solicitud. En mayo, una ONG nacional informó de que agentes de inmigración habían humillado a numerosos solicitantes de asilo recluidos en centros de detención de inmigrantes, a los que se había desnudado delante de otros internos y se les había negado una atención médica adecuada.

En octubre, 29 solicitantes de asilo recluidos en el centro de detención de inmigrantes de Castle Peak mantuvieron una huelga de hambre de tres días para protestar por su prolongada detención. Grupos de apoyo manifestaron que algunas personas llevaban casi un año detenidas, mientras que las autoridades afirmaron que la mayoría había sido detenida en torno a un mes antes.

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