Información general

Pese a continuar la recesión mundial, China mantuvo un nivel relativamente elevado de crecimiento económico en comparación con otras economías importantes. Sin embargo, se intensificaron el descontento y las protestas por las crecientes desigualdades económicas y sociales, la corrupción omnipresente en el sistema judicial, los abusos de la policía y la represión de las libertades religiosas y de otros derechos humanos; asimismo, continuaron los disturbios y la represión en las regiones tibetana y uigur. A pesar del aumento de los ingresos medios, millones de personas carecían de acceso a la atención médica, la población migrante interna seguía recibiendo trato de ciudadanos de segunda y muchas familias no podían pagar las tasas escolares.

Las autoridades renovaron su compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho. Sin embargo, las personas consideradas una amenaza política para el régimen o para los intereses de los funcionarios locales siguieron teniendo dificultades para acceder a la justicia. Las injerencias políticas y la corrupción continuaban siendo endémicas en el poder judicial.

Como reflejo de su creciente influencia económica y política en el ámbito internacional, China amenazaba cada vez más con represalias económicas y políticas a los países que criticaban su actuación en materia de derechos humanos. Muchos países parecían reacios a cuestionar públicamente a China por su falta de avances en el ámbito de los derechos humanos, y los cauces bilaterales, como los diálogos sobre derechos humanos, resultaban en gran medida ineficaces. Las autoridades reaccionaron airadamente ante la concesión del premio Nobel de la Paz al veterano activista político chino Liu Xiaobo, y suspendieron indefinidamente las conversaciones bilaterales en materia de comercio con Noruega. Algunos diplomáticos extranjeros informaron de que habían recibido presiones de China para que no asistieran a la ceremonia de entrega del premio, celebrada el 10 de diciembre en Oslo.

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Libertad de expresión

Las autoridades impedían a los ciudadanos hablar o informar de temas políticamente conflictivos, acusándolos de divulgar “secretos de Estado”, de “divisionismo” (nacionalismo de las minorías étnicas), de difamación y del delito de “subversión”. Se aplicaban normas poco precisas para ejercer un estrecho control sobre la publicación de material políticamente conflictivo, como las referencias a las manifestaciones de 1989 en la plaza de Tiananmen, a los derechos humanos y a la democracia, a Falun Gong y a las cuestiones tibetana y uigur. La censura oficial se basaba en gran medida en la “contención previa”, una forma de autocensura, y en el uso de un cortafuegos en Internet que bloqueaba o filtraba el contenido conflictivo.

La Ley de Secretos de Estado modificada, en vigor desde el 10 de octubre, contenía una nueva disposición, el artículo 28, que exigía que las empresas de Internet y de telecomunicaciones cooperasen en las investigaciones sobre filtraciones de “secretos de Estado” so pena de ser enjuiciadas. Las autoridades mantuvieron un control férreo de las noticias en Internet, concediendo licencias sólo a grandes sitios web respaldados por el gobierno. Muchas redes sociales y webs de contenidos compartidos siguieron bloqueadas, como Facebook, Twitter, YouTube y Flickr.

• El 5 de julio, Liu Xianbin, miembro del proscrito Partido de la Democracia de China, fue detenido en la ciudad de Suining, provincia de Sichuan, por “incitar a la subversión del poder del Estado”. El cargo estaba relacionado con su apoyo a activistas de derechos humanos y con artículos que había publicado en sitios web extranjeros.
• En julio, Gheyret Niyaz, de origen uigur, fue condenado a 15 años de prisión por “filtrar secretos de Estado”. Entre las pruebas esgrimidas contra él figuraban unos ensayos que había escrito sobre la situación económica y social de los uigures en China. Según informes, su condena también estaba relacionada con comentarios que había hecho a medios de comunicación extranjeros, en los que criticaba políticas gubernamentales en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang.

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Libertad de religión

El Estado exigía que todos los grupos religiosos estuvieran registrados oficialmente y controlaba el nombramiento de personal religioso. Los seguidores de grupos religiosos no registrados o prohibidos corrían el riesgo de sufrir hostigamiento, persecución, detención y cárcel; las autoridades tildaron a algunos grupos de “organizaciones sectarias heréticas”. Las iglesias y templos construidos por grupos religiosos considerados ilegales por el Estado podían ser demolidos. Más de 40 obispos católicos de casas-iglesia no registradas seguían en prisión, bajo arresto domiciliario, ocultos o en paradero desconocido.

• En diciembre, más de 100 estudiantes de un seminario católico de la provincia de Hebei protestaron contra el nombramiento de un funcionario gubernamental no católico como director del centro; fue la primera protesta de este tipo que se hacía desde el año 2000.
• En marzo, el Tribunal Popular Superior de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang confirmó en apelación la pena de 15 años de prisión impuesta a Alimjan Yimit, detenido por “filtrar secretos de Estado” después de hablar en dos ocasiones con un cristiano estadounidense en Urumqi en abril y mayo de 2008.

Falun Gong

Las autoridades reanudaron la campaña para “transformar” a los practicantes de Falun Gong, que exigía que las prisiones y centros de detención obligaran a los reclusos de Falun Gong a renunciar a sus creencias. Por lo general, las personas consideradas “testarudas”, es decir, que se negaban a firmar una declaración en este sentido, eran torturadas hasta que cooperaban, y muchas morían en detención o poco después de ser puestas en libertad.

Los miembros de Falun Gong seguían siendo objeto de operaciones de seguridad antes de los acontecimientos nacionales importantes. Fuentes de Falun Gong documentaron la detención de 124 practicantes en Shanghái antes de la Exposición Universal, y, según informes, decenas de ellos fueron condenados a penas de reeducación por el trabajo o de prisión. Las autoridades castigaban especialmente a los abogados de derechos humanos que defendían casos de Falun Gong, con medidas como la pérdida de sus licencias, el hostigamiento y el enjuiciamiento penal.

• Guo Xiaojun, ex profesor de una universidad de Shanghái y practicante de Falun Gong, fue detenido en Shanghái en enero y acusado posteriormente de “usar una organización herética para subvertir la ley”. Lo condenaron a cuatro años de prisión por distribuir presuntamente material de Falun Gong. Tras ser torturado en prisión y recluido en régimen de aislamiento, finalmente firmó una confesión que se utilizó para confirmar su condena en una vista judicial celebrada a puerta cerrada. Guo Xiaojun ya había cumplido una pena de cinco años de cárcel por sus creencias.
• En abril, el Departamento de Justicia del Municipio de Pekín revocó definitivamente sus licencias a los abogados Tang Jitian y Liu Wei por “perturbar el orden del tribunal e interferir en el proceso normal del litigio”. Ambos habían representado a un practicante de Falun Gong en abril de 2009 en la provincia de Sichuan.

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

La sociedad civil siguió en expansión, y el número de ONG que actuaban en el país aumentó. Sin embargo, las autoridades endurecieron las restricciones impuestas a las ONG y a los defensores de los derechos humanos. En mayo, la Universidad de Pekín, bajo la presión de las autoridades, rompió sus relaciones con cuatro grupos de la sociedad civil, incluido el Centro de Servicios Jurídicos y Legales de la Mujer.

• El destacado abogado Gao Zhisheng, que había “desaparecido” mientras estaba bajo la custodia de funcionarios de la seguridad pública en febrero de 2009, seguía en paradero desconocido después de una breve reaparición en abril.
• Chen Guangcheng, excarcelado el 9 de noviembre, y su esposa seguían bajo arresto domiciliario. No podían salir de su vivienda, ni siquiera para recibir atención médica.
• Tian Xi, que contrajo el VIH y hepatitis B y C en una transfusión de sangre en 1996, cuando tenía nueve años, fue juzgado el 21 de septiembre por “daños intencionados a la propiedad”. Tian Xi llevaba años luchando para que el hospital lo indemnizara a él y a otras personas infectadas por transfusiones de sangre realizadas en el centro, y el 2 de agosto había perdido los nervios en una reunión que se celebraba en el hospital y había arrojado al suelo algunos objetos que había sobre una mesa. Su juicio se suspendió gracias a una laguna jurídica, lo que permitía a las autoridades mantenerlo en detención indefinida.

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Reclusión sin juicio

Se extendió el uso de formas ilegales de detención, como el arresto domiciliario prolongado sin causas legales y la reclusión en “cárceles negras”, centros de “lavado de cerebro”, instituciones psiquiátricas y “hoteles” no identificados. El gobierno no hizo ningún avance en la reforma o abolición de los sistemas de detención administrativa, como la reeducación por el trabajo, utilizada para recluir a personas sin cargos ni juicio. Centenares de miles de personas seguían recluidas en dichos centros.

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Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos seguían siendo endémicos en los centros de reclusión. Amnistía Internacional recibió informes sobre muertes bajo custodia, algunas de ellas por torturas, en diversas instituciones del Estado, incluidas prisiones y centros de detención de la policía. En julio se introdujeron nuevas normativas destinadas a reforzar la prohibición del uso de pruebas orales ilegales en las causas penales, como confesiones obtenidas bajo coacción. Sin embargo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal china no se había reformado aún para prohibir expresamente el uso de confesiones obtenidas bajo tortura y malos tratos como pruebas ante los tribunales.

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Pena de muerte

Las estadísticas sobre condenas a muerte y ejecuciones seguían siendo información clasificada. Sin embargo, los datos disponibles públicamente indicaban que China continuaba utilizando ampliamente la pena capital, pues se llevaron a cabo miles de ejecuciones tras juicios injustos. Varios casos de personas inocentes condenadas a muerte o ejecutadas se convirtieron en temas candentes de debate público, lo que presionó a las autoridades para que abordasen la cuestión.

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Región Autónoma Uigur del Sin-kiang

Las autoridades no investigaron de forma independiente los enfrentamientos producidos en julio de 2009 en la ciudad de Urumqi, incluidos posibles casos de abuso de poder por parte del Estado. Se siguió condenando a personas implicadas en dichos sucesos en juicios injustos. En marzo, Nur Bekri, gobernador de la Región Autónoma, anunció que se habían juzgado 97 casos que afectaban a 198 personas; sin embargo, sólo se hicieron públicos 26 casos en los que estaban implicadas 76 personas. Las autoridades seguían advirtiendo a los abogados de derechos humanos de que no ejercieran la defensa en este tipo de casos, y en enero el Tribunal Popular Superior de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang emitió unas “opiniones orientadoras” a los tribunales en las que se especificaba cómo se debían juzgar estos casos.

Las medidas de seguridad se endurecieron, lo que incluyó la revisión de la Normativa de Gestión General del Orden Social, en vigor desde el 1 de febrero. Esto renovó el compromiso de las autoridades de “emplear mano dura” contra la delincuencia en la región, concretamente contra los delitos relativos a “poner en peligro la seguridad del Estado”. Las autoridades anunciaron que en 2010 se habían juzgado 376 casos de este tipo en la Región Autónoma, frente a 268 en 2008.

Libertad de expresión

La libertad de expresión en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang estaba severamente restringida en aplicación de leyes que penalizaban el uso de Internet y de otras vías de comunicación digital. Las infracciones incluían delitos vagamente definidos de “separatismo étnico”, como “incitar al separatismo” y distribuir materiales y obras literarias con “contenido separatista”. Tras el restablecimiento parcial del servicio de mensajes de texto SMS en enero, más de un centenar de personas fueron detenidas por “difundir información dañina” y “dañar la unidad étnica”, y cinco de ellas fueron puestas bajo custodia penal. En mayo se levantó casi por completo el bloqueo total de información impuesto en toda la Región Autónoma tras los disturbios de julio de 2009, aunque varios sitios web uigures muy visitados continuaron bloqueados.

Un “foro laboral central” celebrado en mayo expuso unos ambiciosos planes económicos y políticos para la región, pero no abordó las reclamaciones que planteaban desde hacía tiempo los uigures, como la grave discriminación en el empleo. Las autoridades de la Región Autónoma siguieron adelante con la imposición de su política de “educación bilingüe”, que en la práctica promovía el uso del chino mandarín como lengua de enseñanza mientras marginaba el uigur y otras lenguas de minorías étnicas, incluso en las propias escuelas de las minorías étnicas.

• En julio, Nureli, Dilixiati Perhati y Nijat Azat, administradores de sitios web uigures, fueron condenados a 3, 5 y 10 años de prisión respectivamente por “poner en peligro la seguridad del Estado” mediante textos publicados en sus sitios web.
• El 1 de abril, el Tribunal Popular Intermedio de Urumqi condenó a cadena perpetua a Gulmira Imin, administradora de un sitio web uigur, por “divisionismo, filtrar secretos de Estado y organizar una manifestación ilegal”. Se creía que los cargos estaban relacionados con los textos que publicaba periódicamente en Salkin, uno de los sitios web en los que se había difundido la convocatoria de las protestas del 5 de julio de 2009.

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Región Autónoma del Tíbet

Las autoridades siguieron sofocando las protestas locales relacionadas con las protestas de marzo de 2008. La represión se dirigió a un número cada vez mayor de destacados intelectuales tibetanos, y varias personalidades de los círculos artísticos, editoriales y culturales fueron condenadas a cumplir duras penas por cargos falsos. Se castigaba con dureza a quienes facilitaban información sobre temas políticamente conflictivos a extranjeros. Miles de estudiantes tibetanos se manifestaron contra una política sobre la lengua oficial que imponía en las escuelas el chino mandarín como lengua principal de enseñanza a expensas del tibetano. Muchos tibetanos consideraban que esta política era una amenaza para la conservación de su cultura. Aunque las autoridades no reprimieron las protestas, reiteraron su compromiso con la política. Las manifestaciones de cientos de estudiantes tibetanos contra ella se extendieron a la Universidad de las Minorías Nacionales de Pekín en octubre.

Las autoridades siguieron limitando la libertad religiosa. La Asociación Budista de China, de carácter oficial, impuso unas medidas que entraron en vigor el 10 de enero y por las que los Comités de Gestión Democrática de los conventos, tanto de monjes como de monjas, debían verificar la “conformidad” de los religiosos con ciertos criterios políticos, profesionales y personales, lo que dotaba a las autoridades de otro medio para descartar a dirigentes religiosos políticamente “poco fiables”.

• En mayo, Tagyal, intelectual tibetano que trabajaba en una editorial gubernamental, fue acusado de “incitar al divisionismo” por advertir a los tibetanos de que evitaran los cauces oficiales corruptos para donar dinero a las víctimas del terremoto que asoló Yushu, en Qinghai, en abril. Tagyal también había publicado un libro sobre las protestas tibetanas de 2008.

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Región Administrativa Especial de Hong Kong

El gobierno propuso unas enmiendas que permitían una reforma limitada de los métodos de elección del Consejo Legislativo y nombramiento del jefe del Ejecutivo en 2012. Esto suscitó llamamientos a favor de que se avanzara con rapidez hacia el sufragio universal, como establecía la Ley Fundamental. El Consejo Legislativo aprobó las enmiendas en junio, sólo tras un polémico acuerdo de última hora entre el gobierno central y el Partido Democrático, con lo que se hizo extensiva a todo el electorado una segunda votación a través de una circunscripción funcional compuesta por concejales de distrito.

Libertad de expresión, asociación y reunión

Entre los nacionales extranjeros a quienes se impidió entrar en Hong Kong figuraron Chen Weiming, escultor de la estatua de la Diosa de la Democracia erigida en la vigilia del 4 de junio de 1989 de la plaza de Tiananmen, y seis técnicos de una compañía de danza de Falun Gong.

• En enero, la policía empleó pulverizadores de pimienta para dispersar a miles de manifestantes que rodearon el edificio del Consejo Legislativo durante una votación sobre el establecimiento de un enlace ferroviario con la provincia de Guangdong por importe de 66.900 millones de dólares de Hong Kong (8.600 millones de dólares estadounidenses). Los manifestantes protestaban porque consideraban que la consulta y la indemnización a las personas desalojadas por el proyecto eran insuficientes.
• Los días 29 y 30 de mayo, la policía detuvo a 13 activistas y confiscó en dos ocasiones sendas estatuas de la Diosa de la Democracia que se exhibían en Times Square. Los funcionarios del Departamento de Higiene, empleando una nueva táctica, presentaron cargos por falta de licencia de “espectáculo público”. Tras las críticas de la opinión pública, las estatuas fueron devueltas antes de la celebración de la vigilia por Tiananmen, que congregó a entre 113.000 y 150.000 participantes.

Varios activistas procesados por reunión ilegítima o por agredir a funcionarios durante una manifestación frente a la Oficina de Enlace con el Gobierno Central fueron absueltos. En agosto, la policía emitió unas directrices internas sobre la presentación de cargos por agresión a agentes de seguridad, tras las críticas públicas recibidas a raíz de unos casos percibidos como enjuiciamientos por motivos nimios o condenas tendenciosas.

Discriminación

En abril, el gobierno emitió unas directrices administrativas sobre la promoción de la igualdad racial.

• En mayo, un jurado del pesquisidor dictó un veredicto de homicidio justificado en el caso de la muerte por disparos en una ladera, en marzo de 2009, de Dil Bahadur Limbu, persona sin hogar nepalí nacido en Hong Kong, a manos de un agente de policía que investigaba una queja por alteración del orden público. Los grupos étnicos minoritarios habían pedido una comisión de investigación independiente. La solicitud de revisión judicial presentada por la viuda de Dil Bahadur Limbu estaba pendiente de resolución.
• En octubre, una mujer transexual operada perdió su demanda judicial por el derecho a casarse con su novio tras la reasignación de sexo.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

El programa piloto de 2009 creado para examinar a los solicitantes que se oponían a su expulsión del territorio alegando riesgo de tortura tramitó 122 solicitudes en 10 meses, dejando 6.700 solicitudes pendientes.

• En noviembre, tres personas amparadas como refugiadas por el mandato del ACNUR y un cuarto refugiado cuya alegación de riesgo de tortura había sido aceptada y que residía en Hong Kong desde hacía tiempo apelaron contra la constitucionalidad de las políticas que les negaban su condición jurídica, visados y el derecho a trabajar.

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