China
Jefe del Estado
Hu Jintao
Jefe del gobierno
Wen Jiabao

Las autoridades mantuvieron un férreo control sobre activistas políticos, defensores y defensoras de los derechos humanos y ciberactivistas, sometiendo a muchos de ellos a hostigamiento, intimidación, detención arbitraria y desaparición forzada. Al menos 130 personas fueron detenidas o sometidas a restricciones para sofocar las críticas e impedir las protestas antes de la transición de liderazgo iniciada en el 18 Congreso del Partido Comunista Chino, que se celebró en noviembre. El acceso a la justicia siguió siendo difícil para muchos ciudadanos, por lo que millones de personas elevaron peticiones al gobierno para quejarse de injusticias y pedir una reparación fuera del sistema legal formal. Musulmanes, budistas y cristianos, que practicaban su religión fuera de los cauces oficialmente autorizados, así como los practicantes de Falun Gong, sufrieron tortura, hostigamiento, detenciones arbitrarias, prisión y otras restricciones graves de su derecho a la libertad de religión. Los gobiernos locales continuaron vendiendo tierras para financiar proyectos de estímulo económico, lo que provocó el desalojo forzoso de miles de personas de sus hogares o tierras en todo el país. Las autoridades informaron de su intención de reforzar el proceso judicial en los casos de pena de muerte; aun así, fueron ejecutadas miles de personas.

Información general

El Partido Comunista Chino llevó a cabo su primer cambio oficial de liderazgo en 10 años en su 18 Congreso, celebrado en noviembre. Xi Jinping fue nombrado líder del partido, y Li Keqiang, designado número dos del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista para sustituir, respectivamente, al presidente Hu Jintao y al primer ministro Wen Jiabao en marzo de 2013.

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Sistema de justicia

El Estado siguió utilizando el sistema de justicia penal para castigar a las personas críticas con el gobierno. Cientos de personas y grupos fueron condenados a largas penas de prisión o enviados a campos de reeducación por el trabajo por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de creencias. Se acusó de “poner en peligro la seguridad del Estado”, “incitar a la subversión del poder del Estado” y “filtrar secretos de Estado” a numerosas personas, que fueron condenadas a largas penas de cárcel, en muchos casos por publicar blogs en Internet o facilitar en el extranjero información considerada delicada.

Los abogados que se ocupaban de casos polémicos fueron hostigados y amenazados por las autoridades y, en algunos casos, perdieron sus licencias profesionales, lo que limitó gravemente el acceso de los ciudadanos a la justicia.

Las personas encausadas en procedimientos penales sufrieron habitualmente violaciones del derecho a un juicio justo y de otros derechos, como la denegación del acceso a sus abogados y a su familia, la detención durante periodos superiores a los permitidos legalmente y la tortura y otros malos tratos bajo custodia. El uso de la tortura para obtener confesiones seguía siendo generalizado.

En marzo se aprobó una revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero de 2013 y que introducía más protecciones para los presuntos delincuentes y los procesados menores de edad, así como para las personas con discapacidad mental. Sin embargo, también autorizaba por primera vez a la policía a detener a los sospechosos hasta seis meses por ciertos tipos de delitos, como el de “poner en peligro la seguridad del Estado”, sin notificar a la familia de la persona afectada el lugar ni las razones de la reclusión. Por tanto, la revisión podía suponer una legalización de la desaparición forzada.

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Detención y reclusión arbitrarias

La policía privó arbitrariamente de libertad a cientos de miles de personas sometiéndolas a detención administrativa, en ocasiones en campos de reeducación por el trabajo, sin posibilidad de recurrir ante un tribunal independiente.

Las autoridades administraban cientos de centros de detención, como las “cárceles negras” y los Centros de Formación en Educación Jurídica, donde recluyeron a miles de personas arbitrariamente y donde la tortura, a veces con consecuencias letales, era un método establecido de “corrección” o disuasión.

  • Chen Guangcheng, activista jurídico invidente de Shandong, y su familia fueron torturados y estuvieron año y medio bajo arresto domiciliario ilegal hasta que huyeron a la embajada de Estados Unidos en abril de 2012. Tras un enfrentamiento diplomático, se les permitió salir del país con destino a Estados Unidos en mayo.
  • El activista de derechos humanos y medioambiental Hu Jia seguía bajo arresto domiciliario y vigilancia desde su excarcelación en junio de 2011. Antes de la celebración del Congreso del Partido Comunista Chino en noviembre de 2012, la policía de seguridad interna lo sacó de su casa en Pekín y lo retuvo en un hotel hasta el 16 de noviembre.
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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Siguió habiendo mucha tensión entre la sociedad civil y el gobierno. Intelectuales y activistas publicaron varias cartas abiertas dirigidas al gobierno y a los líderes entrantes pidiendo la eliminación de la reeducación por el trabajo y de otros sistemas de reclusión arbitraria, como las “cárceles negras” y la reclusión en instituciones psiquiátricas.

Las autoridades dedicaron más de 701.000 millones de yuanes (112.000 millones de dólares estadounidenses aproximadamente) al mantenimiento de la seguridad pública, lo que representó un incremento de más de 30.000 millones respecto de 2011. Los gobiernos provinciales pidieron a las autoridades de niveles inferiores que “reforzaran los trabajos sobre la comunidad” en el periodo previo a la transición de liderazgo del Partido Comunista Chino. Esto incluía recabar información de los vigilantes comunitarios, advertir con frecuencia a los disidentes y a sus familias, y encarcelar a los detractores del gobierno o someterlos a arresto domiciliario como medio de acallar la disidencia.

A finales de 2011 y principios de 2012, varios defensores de los derechos humanos que pedían sistemáticamente reformas políticas fueron condenados a largas penas de cárcel por “incitar a la subversión del poder del Estado” por medio de la redacción y difusión de artículos y poemas. Chen Xi, líder del foro de derechos humanos de Guizhou, y el activista Li Tie fueron condenados a 10 años; Chen Wei, activista de derechos humanos de Sichuan, a 9; Zhu Yufu, miembro del Partido Democrático de Zhejiang, a 7; y al finalizar 2012, Cao Haibo, ciberactivista de Jiangsu que creó un grupo en Internet para debatir sobre derecho constitucional y democracia, fue condenado a 8 años de prisión.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajaban a favor de los derechos económicos, sociales y culturales sufrieron también la represión en forma de vigilancia, hostigamiento o acusaciones de delitos de definición ambigua.

  • Feng Zhenghu, activista del derecho a la vivienda de Shanghái, fue sometido a arresto domiciliario a finales de febrero, situación en la que permaneció todo el año.
  • Mao Hengfeng, activista de los derechos de la mujer y del derecho a la vivienda, fue detenida de nuevo por “alterar el orden público” un mes antes del 18 Congreso del Partido Comunista Chino y condenada finalmente a 18 meses de reeducación por el trabajo.
  • En julio, después de un segundo juicio, la abogada de derechos humanos Ni Yulan y su esposo, ambos activistas del derecho a la vivienda, fueron condenados a 30 y 24 meses de cárcel, respectivamente, por “buscar pelea y provocar problemas”.
  • El 6 de junio, Li Wangyang, veterano disidente y activista de los derechos laborales, fue encontrado sin vida en un hospital unos días después de que se emitiera en Hong Kong una entrevista en la que habló de las torturas a las que había sido sometido. Las autoridades dijeron que se había suicidado ahorcándose, pero muchos pusieron en duda esta versión. Li Wangyang estaba ciego y sordo y no podía caminar sin ayuda debido a las torturas sufridas cuando estuvo encarcelado tras la represión de 1989. Había estado en prisión dos veces durante un total de más de 21 años.
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Pena de muerte

Se siguió imponiendo la pena de muerte tras juicios sin las debidas garantías. Hubo más ejecuciones en China que en todo el resto del mundo. Las estadísticas sobre condenas a muerte y ejecuciones continuaban siendo información clasificada. Las leyes vigentes no preveían ningún procedimiento para que los condenados a la pena capital solicitaran el indulto o la conmutación de la pena.

  • En mayo, las autoridades anularon la pena de muerte impuesta a la empresaria Wu Ying por “recaudación fraudulenta de fondos”, lo que contribuyó al debate sobre la abolición de la pena capital por delitos económicos.

Las enmiendas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal permitían al Tribunal Supremo Popular modificar las condenas a muerte en todos los casos y hacían preceptiva la grabación en audio o vídeo de los interrogatorios a sospechosos que pudieran ser condenados a muerte o a cadena perpetua. Estas enmiendas exigían que los tribunales, los fiscales y la policía avisaran a los servicios de asistencia letrada gratuita para que asignaran abogado defensor a todos los presuntos delincuentes y procesados que pudieran ser condenados a la pena capital o a cadena perpetua y que no hubieran designado todavía a un representante letrado. Los juristas chinos pidieron que se garantizara la asistencia letrada gratuita en todas las fases de las actuaciones penales que pudieran desembocar en la imposición de la pena de muerte.

En noviembre, las autoridades anunciaron la puesta en marcha en todo el país a principios de 2013 de un sistema de donación voluntaria de órganos para dejar de depender gradualmente de los órganos procedentes de presos ejecutados.

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Derecho a la vivienda: desalojos forzosos

Fueron generalizados los desalojos repentinos y violentos, precedidos normalmente de amenazas y hostigamiento. Rara vez se consultó con los residentes afectados. Hubo serias limitaciones para conseguir indemnizaciones, viviendas alternativas adecuadas y acceso a un recurso legal. En muchos casos, dirigentes corruptos de los pueblos firmaron acuerdos con promotores privados y les entregaron tierras sin el conocimiento de los residentes. Quienes se resistían pacíficamente al desalojo forzoso o trataban de proteger sus derechos por medio de cauces legales corrían el riesgo de ser sometidos a detención, cárcel y reeducación por el trabajo. Algunas personas emplearon medidas drásticas, prendiéndose fuego o recurriendo a formas violentas de protesta.

La aplicación del Reglamento sobre Expropiación de Viviendas situadas en Tierras Propiedad del Estado e Indemnizaciones de 2011 siguió siendo poco rigurosa. El Reglamento prohibía el uso de la violencia en los desahucios urbanos y concedía ciertas salvaguardias a los propietarios de viviendas urbanas objeto de desahucio. En noviembre, el Consejo de Estado presentó a la Asamblea Nacional Popular unas propuestas de enmienda a la Ley de Administración de Tierras de 1986. Se esperaba que la revisión de esta ley estableciera salvaguardias jurídicas frente al desalojo forzoso y aumentara las indemnizaciones para los residentes rurales.

  • Las autoridades siguieron derribando viviendas en el pueblo de Shiliuzhuang, Pekín, entre abril y agosto. Algunos derribos se realizaron a las cinco de la mañana y sin previo aviso. No se ofreció a los residentes una vivienda alternativa y algunos no recibieron ninguna indemnización por su pérdida. Según los residentes, no hubo una consulta auténtica, y algunos dijeron que antes del desalojo los habían golpeado y sometido a detención breve.
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Región Autónoma del Tíbet

Las autoridades siguieron reprimiendo el derecho de los tibetanos a disfrutar de su cultura y a promoverla, así como sus derechos a la libertad de religión, expresión, asociación pacífica y reunión. Persistió la discriminación socioeconómica de las personas de etnia tibetana. Durante el año se prendieron fuego al menos 83 monjes, monjas y laicos de esta etnia, lo que elevó el total de autoinmolaciones en las zonas de China habitadas por tibetanos a, como mínimo, 95 desde febrero de 2009.

  • Al menos tres hombres fueron condenados a penas de hasta siete años y medio de prisión en sendos juicios por facilitar información sobre casos de autoinmolación a organizaciones y medios de comunicación extranjeros.

Numerosas personas presuntamente implicadas en protestas contra el gobierno fueron objeto de palizas, detenciones, desaparición forzosa o condenas impuestas en juicios injustos. Se creía que al menos dos personas habían muerto debido a las lesiones causadas por palizas de la policía.

  • Según se tuvo noticia, en enero las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes tibetanos en tres incidentes ocurridos en la provincia de Sichuan, causando la muerte de al menos uno y heridas a otros muchos.

Las autoridades emprendieron campañas “patrióticas” y de “educación jurídica” para obligar a los tibetanos a denunciar al Dalai Lama. Los funcionarios aumentaron sus injerencias en la administración de los monasterios y expulsaron a monjes.

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Región Autónoma Uigur del Sin-kiang

Las autoridades mantuvieron su campaña de “mano dura”, penalizando lo que consideraban actividades “religiosas ilegales” y “separatistas”, y reprimiendo expresiones pacíficas de identidad cultural.

  • En enero, los medios de comunicación informaron de que 16 de las 20 personas de etnia uigur devueltas por Camboya en diciembre de 2009 habían sido condenadas a penas de entre 16 años de prisión y cadena perpetua.
  • En mayo, nueve personas de etnia uigur fueron condenadas a penas de entre 6 y 15 años de prisión por participar en presuntas “actividades religiosas ilegales”. En junio, un niño uigur de 11 años, Mirzahid, murió bajo custodia tras ser detenido por estudiar en una “escuela religiosa ilegal”.
  • En julio, varias decenas de familias informaron a grupos del extranjero de que estaban buscando a familiares desaparecidos desde la represión que se desencadenó tras los disturbios de julio de 2009. La persona más joven tenía 16 años en el momento de su desaparición.
  • Patigul, madre de Imammet Eli, que tenía 25 años cuando fue detenido, contó a varios medios de comunicación extranjeros que estaba buscando a su hijo desde su detención, el 14 de julio de 2009. La mujer declaró que unos ex reclusos le habían dicho que Imammet había sido torturado bajo custodia y trasladado a un hospital en agosto de 2009, y desde entonces no había recibido más noticias sobre él.
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Región Administrativa Especial de Hong Kong

Novedades jurídicas e institucionales

En marzo, Leung Chun-ying fue elegido jefe del ejecutivo de Hong Kong por un Comité Electoral de 1.193 miembros y no directamente por los ciudadanos. Unos días antes de la elección, 220.000 personas participaron en una encuesta para protestar por la “elección por un pequeño círculo”, cuyo resultado en general se consideró determinado por el gobierno de Pekín.

El temor por la independencia del poder judicial y de otros órganos de gobierno se acrecentó cuando en septiembre la secretaria jefe de Administración declaró que la Oficina del Defensor del Pueblo y la Comisión Independiente de Lucha contra la Corrupción eran obstáculos importantes para la aplicación de políticas. En octubre, la ex secretaria de Justicia criticó a los jueces de Hong Kong por no entender la relación entre Pekín y Hong Kong.

El gobierno tenía previsto introducir la asignatura de Educación Moral y Nacional en la enseñanza primaria a partir de 2012. Muchos consideraban que la asignatura era propaganda política y además, según la información recibida, los alumnos no iban a ser calificados sólo por sus conocimientos de la materia, sino también por su identificación emocional con el Estado. El 29 de julio, más de 90.000 personas se manifestaron contra el plan de estudios. El gobierno ignoró inicialmente las peticiones de los manifestantes, y a finales de agosto éstos se concentraron frente a la sede del gobierno y algunos comenzaron una huelga de hambre. Según se tuvo noticia, en el punto culminante de la campaña 100.000 personas participaron en una semana de protesta. El 8 de septiembre, el gobierno anunció la suspensión indefinida de la asignatura.

En noviembre, Cyd Ho Sau-lan, miembro del Consejo Legislativo, presentó una propuesta no vinculante en la que pedía una consulta pública sobre la adopción de una nueva ley para proteger a las personas de la discriminación basada en la orientación sexual. La propuesta fue rechazada.

Derechos de la población trabajadora migrante

Había aproximadamente 300.000 personas migrantes que trabajaban en el servicio doméstico en Hong Kong, todas las cuales estaban excluidas de la ley sobre salario mínimo. Estos trabajadores pagaban habitualmente el equivalente a entre tres y seis meses de su salario a las agencias de contratación, pese a que la ley de Hong Kong limitaba la cantidad que podían cobrar estas agencias al 10 por ciento del salario del primer mes. En septiembre, el salario mínimo en el servicio doméstico aumentó de 3.740 dólares de Hong Kong (483 dólares estadounidenses) a 3.920 (506 dólares) al mes, aunque muchos trabajadores no llegaban a este mínimo.

  • El 28 de marzo, el Tribunal de Apelación anuló una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia a favor de la ciudadana filipina Vallejos Evangeline Baneo, que trabajaba en el servicio doméstico en Hong Kong desde 1986 y reclamaba el derecho de los trabajadores domésticos migrantes a solicitar la residencia permanente y el derecho de residencia. El caso fue admitido por el Tribunal de Última Instancia y probablemente sería visto a principios de 2013.
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Región Administrativa Especial de Macao

El 29 de febrero, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular de China decidió que en 2014 el jefe del ejecutivo de Macao no sería elegido directamente, y que su selección seguiría estando a cargo del Comité Electoral, que en la última elección tenía 300 miembros, de los que sólo 6 habían sido elegidos directamente. Los políticos partidarios de la democracia instaron al gobierno a que reformase el sistema electoral vigente, incluido el aumento del número de escaños de la Asamblea Legislativa elegidos directamente. En una encuesta de opinión realizada en abril en Internet, la mayoría de los encuestados apoyaba la reforma electoral.

  • El 1 de mayo, la policía intervino en una manifestación pacífica en la que participaban decenas de periodistas que vestían camisetas negras, convocada para protestar por la autocensura en los medios de comunicación convencionales de Macao.
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