Colombia
Jefe del Estado y del gobierno
Juan Manuel Santos Calderón
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
46,9 millones
Esperanza de vida
73,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
18,9 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
93,2 por ciento

El gobierno siguió manifestando su compromiso para los derechos humanos. Pese a ello, hubo pocas mejoras tangibles en la situación general de estos derechos. El largo conflicto armado interno siguió afectando sobre todo a los derechos humanos de la población civil, especialmente de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, los defensores y defensoras de los derechos humanos, los dirigentes comunitarios y los sindicalistas. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos en junio, fue un paso importante para el reconocimiento de los derechos de muchas víctimas del conflicto y para la devolución de parte de los millones de hectáreas de tierras robadas, a menudo con violencia, a sus legítimos propietarios. Sin embargo, la persistencia tanto de los homicidios de quienes luchaban por la restitución de las tierras como de las amenazas contra ellos puso en peligro la aplicación de la ley. El gobierno se comprometió a poner fin a la impunidad por los abusos contra los derechos humanos, y se hicieron avances en algunos casos emblemáticos. No obstante, las autoridades no garantizaron el procesamiento de la mayoría de los responsables, especialmente los de delitos sexuales contra mujeres y niñas. Suscitó preocupación la posibilidad de que los planes del gobierno de ampliar el ámbito de la jurisdicción militar perjudicaran los escasos avances realizados en la lucha contra la impunidad. Durante las elecciones locales y regionales de octubre murieron violentamente más de 40 candidatos, una cifra considerablemente mayor que la de los comicios de 2007. Resultaron elegidos varios candidatos –algunos como gobernadores de departamentos– que, al parecer, mantenían estrechos lazos con políticos condenados o sometidos a investigaciones penales por vínculos ilegales con grupos paramilitares.

Conflicto armado interno

Los grupos guerrilleros, los paramilitares y las fuerzas de seguridad siguieron cometiendo delitos de derecho internacional tales como homicidios ilegítimos, secuestros o desapariciones forzadas, y desplazamientos forzados. Los habitantes de las zonas rurales, especialmente los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas, fueron las poblaciones de mayor riesgo, así como quienes vivían en la pobreza en las zonas urbanas, los defensores y defensoras de los derechos humanos y los sindicalistas.

Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, en los primeros 11 meses de 2011 murieron violentamente 111 indígenas.

  • En junio, los paramilitares dieron muerte a cinco dirigentes del pueblo indígena zenú del municipio de Zaragoza, departamento de Antioquia.
  • El 26 de febrero fue hallado en el municipio de Bagadó, departamento del Chocó, el cadáver del dirigente juvenil indígena katío Crisanto Tequia Queragama. Los dirigentes indígenas culparon de su muerte al grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En 2011 había alrededor de 259.000 personas desplazadas forzosamente, frente a las 280.000 de 2010.

  • En octubre, alrededor de 400 indígenas del municipio de Pradera, departamento del Valle del Cauca, huyeron de sus casas tras los combates entre las fuerzas de seguridad y las FARC.
  • En marzo, más de 800 afrodescendientes de la zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, fueron desplazados forzosamente durante los combates entre las fuerzas de seguridad y las FARC.
  • En enero, unas 5.000 personas, entre ellas alrededor de 2.300 niños y niñas, se vieron obligadas a huir de sus casas del municipio de Anorí, departamento de Antioquia, tras recibir amenazas de las FARC.

El 2 de noviembre, el gobierno emitió el Decreto 4100, en virtud del cual se creó el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Según el gobierno, este organismo mejoraría la coordinación y la implementación de las políticas estatales de derechos humanos.

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La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras reconocía la existencia de un conflicto armado y los derechos de las víctimas. Disponía reparaciones para algunos sobrevivientes de abusos contra los derechos humanos, incluidos los perpetrados por agentes estatales. Sin embargo, se temía que muchas víctimas no podrían reclamar una reparación, y que no se devolverían aún a sus legítimos propietarios extensiones significativas de tierras robadas. También suscitaba preocupación la posibilidad de que algunas personas retornadas se vieran obligadas a ceder el control de sus tierras a los causantes de su desplazamiento forzoso.

Se siguió amenazando y matando a dirigentes de comunidades desplazadas y a personas que pedían la devolución de las tierras robadas.

  • El 30 de junio, Antonio Mendoza Morales, dirigente de la Asociación de Desplazados de San Onofre y Los Montes de María, murió a manos de unos hombres armados no identificados en San Onofre, departamento de Sucre.
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Fuerzas de seguridad

En la primera mitad de 2011 se tuvo noticia de al menos 17 ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, en las que se presentaba falsamente a las víctimas como “miembros de la guerrilla muertos en combate”. Aunque esta cifra suponía un aumento respecto a 2010, seguía siendo muy inferior a la de 2008, año en que se registraron cerca de 200 de estas muertes.

  • En julio, un juez condenó a ocho miembros del ejército a penas de entre 28 y 55 años de prisión por el asesinato, cometido en 2008, de dos jóvenes en el municipio de Cimitarra, departamento de Santander. Ésta era la primera condena dictada contra los soldados implicados en el homicidio de más de una decena de jóvenes de Soacha, cerca de Bogotá, a los que el ejército presentó falsamente como “guerrilleros muertos en combate”.

La mayoría de las miles de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el curso del conflicto, incluidas las que investigaba la Fiscalía General de la Nación, siguieron sin resolverse.

Al finalizar el año, seguían debatiéndose en el Congreso unas medidas para ampliar el papel del sistema de justicia militar en la investigación de violaciones de derechos humanos en las que estuvieran implicadas las fuerzas de seguridad. El sistema de justicia militar había cerrado sistemáticamente este tipo de investigaciones sin esforzarse seriamente en hacer rendir cuentas a los responsables. De aprobarse, estas medidas serían contrarias a las normas internacionales de derechos humanos, que establecen que las violaciones de derechos humanos deben ser investigadas exclusivamente por los tribunales civiles.

El Congreso también estaba debatiendo medidas que permitirían a autores de abusos contra los derechos humanos, entre ellos miembros de las fuerzas de seguridad, beneficiarse de amnistías de facto.

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Grupos guerrilleros

Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de menor tamaño, cometieron abusos graves contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario tales como homicidios ilegítimos, toma de rehenes, desplazamientos forzosos y reclutamiento de menores de edad.

  • Según informes, el 22 de mayo los guerrilleros de las FARC atacaron una lancha en el municipio de Medio Atrato, departamento del Chocó: mataron a tres civiles e hirieron a otros dos.
  • El 19 de marzo, los guerrilleros del ELN mataron a un joven indígena en el municipio de Tame, departamento de Arauca, después de que los miembros del resguardo (reserva) indígena donde vivía se negaran a ser reclutados forzosamente por el grupo guerrillero.
  • El 9 de julio, unos guerrilleros de las FARC detonaron un coche bomba en el centro urbano del municipio de Toribío, departamento del Cauca, una zona habitada mayoritariamente por indígenas. La explosión y los combates entre las FARC y las fuerzas de seguridad se saldaron con la muerte de al menos 3 civiles y un policía, y 120 civiles y 2 policías resultaron heridos.

Según cifras gubernamentales, en los 10 primeros meses del año murieron 49 miembros de las fuerzas de seguridad y 20 civiles, y resultaron heridas centenares de personas a causa de minas terrestres antipersonal desplegadas principalmente por las FARC.

Según las estadísticas oficiales, hubo 305 secuestros en 2011, frente a 282 en 2010. En su mayor parte se atribuyeron a bandas de delincuentes, aunque los grupos guerrilleros fueron responsables de la gran mayoría de los secuestros relacionados con el conflicto.

  • Según informes, el 26 de noviembre los guerrilleros de las FARC ejecutaron a cuatro miembros de las fuerzas de seguridad a los que mantenían cautivos desde hacía al menos 12 años.

El 4 de noviembre, el comandante de las FARC Guillermo León Sáenz Vargas (alias “Alfonso Cano”) murió a manos de las fuerzas de seguridad durante una operación militar.

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Grupos paramilitares

A pesar de su supuesta desmovilización, los grupos paramilitares, calificados de “bandas criminales” (“Bacrim”) por el gobierno, siguieron ampliando su presencia e influencia territorial. En febrero, el entonces ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, reconoció que las Bacrim tenían el control territorial de muchas partes del país, tanto en zonas urbanas como rurales. Se recibieron informes según los cuales un número creciente de paramilitares actuaban en zonas en las que había una presencia significativa de las fuerzas de seguridad.

Los paramilitares, en ocasiones con la connivencia o aquiescencia de las fuerzas de seguridad, siguieron cometiendo violaciones graves de derechos humanos, como homicidios y desapariciones forzadas, y realizando operaciones de limpieza social en barrios urbanos pobres. Sus víctimas fueron principalmente sindicalistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y dirigentes comunitarios, así como miembros o representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

  • El 12 de septiembre, al menos 30 miembros armados y uniformados del grupo paramilitar Los Rastrojos llegaron al pueblo de Pesquería, municipio de Cumbitara, departamento de Nariño. Amenazaron a la comunidad, la saquearon y la acusaron de colaborar con la guerrilla. Según informes, los paramilitares descuartizaron vivos a dos civiles delante de toda la comunidad. También secuestraron a 13 personas, al menos 2 de las cuales fueron asesinadas.
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El proceso de Justicia y Paz

Hubo pocos progresos en el proceso de Justicia y Paz. Iniciado en 2005, el proceso permitía que alrededor del 10 por ciento de los más de 30.000 paramilitares presuntamente desmovilizados se beneficiase de una reducción de las penas de prisión a cambio de confesar violaciones de derechos humanos. El 90 por ciento restante recibió amnistías de facto. Al finalizar el año, sólo 10 paramilitares habían sido declarados culpables en aplicación del proceso y la mayoría de ellos tenían recursos pendientes contra sus condenas.

En febrero, la Corte Constitucional declaró constitucional la Ley 1424, que pretendía conceder amnistías de hecho a decenas de miles de paramilitares de base supuestamente desmovilizados, a cambio de que firmaran el denominado Acuerdo de Contribución Histórica a la Verdad y la Reparación.

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Servicio civil de inteligencia

El 31 de octubre, el gobierno desmanteló el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), servicio civil de inteligencia. El DAS había actuado bajo la autoridad directa del presidente y había estado envuelto en un escándalo de “juego sucio” ilegal que incluía amenazas, homicidios, seguimientos y escuchas ilegales contra activistas de derechos humanos, políticos, jueces y periodistas, principalmente durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). El DAS fue sustituido por la Dirección Nacional de Inteligencia.

Varios altos cargos del DAS seguían sometidos a investigación por su implicación en el escándalo; otros ya habían sido condenados. Sin embargo, una ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, siguió eludiendo la justicia; en 2010 obtuvo asilo en Panamá.

  • El 14 de septiembre, el ex director del DAS Jorge Noguera fue condenado a 25 años de prisión por el homicidio del profesor universitario Alfredo Correa de Andreis y por su vinculación con grupos paramilitares.
  • En noviembre, el procurador general pidió a la comisión del Congreso que investigaba el papel desempeñado en el escándalo por el ex presidente Uribe que examinara si éste había ordenado al DAS que realizara escuchas ilegales.
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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los homicidios, las amenazas, la persecución judicial y el robo de información confidencial sobre casos siguieron menoscabando la labor de los activistas de derechos humanos.

  • El 23 de agosto, Walter Agredo Muñoz, miembro de la seccional de Valle del Cauca del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, y Martha Giraldo, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), recibieron una amenaza de muerte en un mensaje de texto, en el que se les acusaba de ser comunistas y miembros de las FARC. En el mensaje se enumeraba a varias ONG de derechos humanos, sindicatos y organizaciones de afrodescendientes e indígenas.

A lo largo del año perdieron la vida de forma violenta al menos 29 sindicalistas y más de 45 defensores y defensoras de los derechos humanos y dirigentes comunitarios, muchos de los cuales trabajaban en cuestiones relacionadas con las tierras.

  • El 23 de marzo, los activistas de derechos humanos Orlando Enrique Verbel Rocha y Eder Verbel Rocha, se dirigían, junto con el hijo de Eder Verbel, a su domicilio en el municipio de San Onofre, departamento de Sucre, cuando dos paramilitares les dispararon y los golpearon. Eder Verbel Rocha resultó herido de muerte.
  • El 17 de marzo, Gabriela, integrante de la Fundación de Género Trans del Sur, murió a manos de hombres armados en el municipio de Pasto, departamento de Nariño. El homicidio se cometió poco después de que se distribuyeran en Pasto unos folletos en los que se pedía la “limpieza social” de miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT), entre otros.

Ante la oleada de homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió al gobierno en marzo que revisara a fondo sus programas de protección física. El 31 de octubre, el gobierno emitió el Decreto 4065, que unificaba todos los programas de protección del Ministerio del Interior en una nueva agencia única, la Unidad Nacional de Protección.

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Impunidad

Hubo avances en un número limitado de casos clave de derechos humanos.

  • El 28 de abril, una jueza condenó al general retirado Jesús Armando Arias Cabrales a 35 años de prisión por su participación en la desaparición forzada de 11 personas en noviembre de 1985, después de que el ejército irrumpiera en el Palacio de Justicia, donde el grupo guerrillero M-19 retenía a varios rehenes. Tanto el gobierno como el alto mando militar criticaron públicamente las condenas de Jesús Armando Arias Cabrales y del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, condenado en 2010 a 30 años de prisión en el mismo caso. El general retirado Iván Ramírez Quintero, acusado formalmente de una de las desapariciones, fue absuelto en diciembre.

La impunidad persistió en la gran mayoría de los casos, exacerbada por los homicidios de testigos, abogados, fiscales y jueces, así como por las amenazas contra ellos.

  • El 22 de marzo, la jueza que presidía la causa contra un oficial militar acusado de la violación de una niña, de la violación y el asesinato de otra, y del asesinato de los dos hermanos de ésta, murió por disparos en Saravena, departamento de Arauca. Poco después del asesinato, la ONG que ayudaba a las familias de las víctimas recibió una amenaza de muerte telefónica, al igual que la familia de los tres hermanos.
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Violencia contra mujeres y niñas

Las defensoras de los derechos humanos y las dirigentes comunitarias, especialmente las que trabajaban en cuestiones relacionadas con las tierras, fueron víctimas de amenazas y homicidios.

  • El 7 de junio fue asesinada en Medellín, departamento de Antioquia, Ana Fabricia Córdoba, dirigente afrodescendiente que hacía campaña a favor de las comunidades desplazadas.
  • El 5 de mayo, 11 paramilitares rodearon a Sixta Tulia Pérez y a Blanca Rebolledo, dos dirigentes de la comunidad afrodescendiente de Caracolí, departamento del Chocó. Los agresores intentaron arrancarles la ropa y agarraron a un niño que iba con ellas. Uno de ellos golpeó a Sixta Tulia Pérez con un látigo. Ese mismo día, los paramilitares amenazaron a las mujeres delante de unos soldados, que no hicieron nada cuando éstas les pidieron ayuda.

También hubo amenazas contra organizaciones de defensa de los derechos humanos de las mujeres, especialmente las que trabajaban con mujeres desplazadas y sobrevivientes de violencia sexual.

  • El 19 de junio, varias ONG, muchas organizaciones de mujeres entre ellas, recibieron por correo electrónico una amenaza de muerte del grupo paramilitar Águilas Negras-Bloque Capital. El mensaje decía: “Sentencia a la pena de muerte a las perras guerrilleras de las farc las cuales se oponen a las políticas de nuestro gobierno”.

El gobierno se comprometió a combatir la violencia sexual contra mujeres y niñas relacionada con el conflicto, pero el problema seguía siendo generalizado y sistemático. El cumplimiento por el gobierno de las sentencias de la Corte Constitucional sobre esta cuestión, especialmente el Auto 092 de 2008, siguió siendo deficiente. La impunidad por estos crímenes continuaba siendo significativamente superior que por otros tipos de abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, en diciembre se declaró a un paramilitar culpable de delitos sexuales relacionados con el conflicto, la primera sentencia condenatoria de este tipo en el proceso de Justicia y Paz.

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Ayuda estadounidense

La ayuda estadounidense a Colombia siguió disminuyendo. En 2011, Estados Unidos asignó a Colombia alrededor de 562 millones de dólares en concepto de ayuda militar y no militar. Esta suma incluía 345 millones para las fuerzas de seguridad, de los que 50 millones estaban destinados a las fuerzas armadas. La entrega del 30 por ciento de estos 50 millones dependía del cumplimiento, por parte de las autoridades colombianas, de determinadas condiciones en materia de derechos humanos. En septiembre de 2011, las autoridades estadounidenses determinaron que el gobierno colombiano había hecho avances significativos en la mejora de la situación de los derechos humanos, y autorizaron el pago de unos 20 millones de dólares de la partida presupuestaria de 2010 destinada a ayuda a la seguridad.

En octubre de 2011, el gobierno estadounidense ratificó el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia, pese a la oposición de las organizaciones sindicales y de derechos humanos, que expresaron su preocupación por la seguridad de los dirigentes y activistas sindicales en Colombia y por el impacto que el Tratado podría tener en los pequeños agricultores, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.

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Escrutinio internacional

En el informe sobre Colombia publicado en febrero por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se reconocía “el compromiso con los derechos humanos manifestado por el Gobierno del Presidente Santos”. Sin embargo, el informe también decía que todas las partes del conflicto seguían violando el derecho internacional humanitario, y expresaba especial preocupación por “la continuación de homicidios, amenazas, atentados, robos de información, seguimientos e intimidaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones”.

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