Colombia
Jefe del Estado y del gobierno
Juan Manuel Santos Calderón

En octubre se iniciaron en Noruega conversaciones formales de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); eran las primeras de esta índole en un decenio. Persistía la preocupación de que una paz estable no fuera posible sin el compromiso verificable por ambas partes de poner fin a los abusos contra los derechos humanos, y sin el compromiso de las autoridades de llevar ante la justicia a los autores de abusos. El Congreso aprobó en diciembre una ley que otorgaba al sistema de justicia militar un mayor control de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, lo cual amenazaba con menoscabar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Todas las partes en el dilatado conflicto –las fuerzas de seguridad, actuando solas o en connivencia con paramilitares, y los grupos guerrilleros– continuaron siendo responsables de abusos graves contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario,  como homicidios ilegítimos, desplazamiento forzado, tortura, secuestros o desapariciones forzadas y violencia sexual. Las víctimas fueron sobre todo miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas; defensores y  defensoras de los derechos humanos, y sindicalistas.

El 1de enero entró en vigorla Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cuyo objetivo era devolver a sus legítimos propietarios parte de los millones de hectáreas de tierras que habían sido objeto de apropiación indebida, en muchos casos mediante la violencia, durante el conflicto. Sin embargo, la reacción violenta de quienes se beneficiaban de la apropiación indebida de tierras hizo que quienes hacían campaña porla restitución y quienes intentaban regresar a sus tierras fueran víctimas de amenazas y homicidios.

 

Conflicto armado interno

La población civil siguió siendo la más afectada por los abusos contra los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario relacionados con el conflicto. Aunque no se disponía de cifras concretas, se sabía que decenas de miles de personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares en 2012, como consecuencia directa del conflicto. La mayoría de ellas eran miembros de pueblos indígenas y de comunidades afrodescendientes y campesinas de zonas rurales.

  • En junio, más de 130 personas de El Tarra, departamento de Norte de Santander, y unas 400 de Leiva, departamento de Nariño, se vieron obligadas a huir de sus hogares.

Las comunidades civiles que, como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el departamento de Antioquia, hacían campaña para conseguir que las partes beligerantes no las arrastraran al conflicto seguían siendo objeto de graves abusos contra los derechos humanos.

  • El 28 de junio, 50 paramilitares armados de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia siguieron a dos miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y amenazaron con matar al líder campesino Fabio Graciano.
  • El 4 de febrero, dos paramilitares que viajaban en una motocicleta dispararon contra Jesús Emilio Tuberquia, representante legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. El atentado, llevado a cabo en esta localidad, tuvo lugar a tan sólo unos 100 metros de un puesto de control de la policía.

Se perpetraron atentados con explosivos en zonas urbanas, que causaron víctimas mortales entre la población civil.

  • El 15 de mayo, una bomba colocada en un vehículo causó heridas a más de 50 personas, entre ellas el ex ministro del Interior Fernando Londoño, en la capital, Bogotá. Su chófer y su guardaespaldas murieron. Ningún grupo reivindicó la autoría, aunque las autoridades culparon a las FARC.

En julio, Colombia ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Sin embargo, no reconoció la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, negando de ese modo a las víctimas y sus familias un importante recurso para obtener justicia. Aunque resultaba difícil establecer la cifra exacta, se creía que al menos 30.000 personas habían sido víctimas de desaparición forzada durante el conflicto.

  • Hernán Henry Díaz, portavoz de la Mesa Departamental de Organizaciones Sociales en el departamento del Putumayo y miembro de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), fue visto por última vez el 18 de abril. En el momento de su desaparición forzada coordinaba la participación de las delegaciones del Putumayo en una manifestación política nacional prevista para ese mismo mes en Bogotá.
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Derechos de los pueblos indígenas

El impacto del conflicto en los pueblos indígenas se intensificó a medida que las hostilidades se extendían a sus territorios, especialmente en los departamentos del Cauca y del Valle del Cauca. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, al menos 84 indígenas, entre ellos 21 líderes, perdieron la vida en 2012.

  • El 12 de agosto, Lisandro Tenorio, líder espiritual del pueblo indígena nasa, murió a la puerta de su casa, en Caloto, departamento del Cauca, por disparos de guerrilleros de las FARC, según informes.

Miles de indígenas se vieron obligados a abandonar sus hogares debido a las hostilidades. En julio, más de 1.500 indígenas fueron desplazados por la fuerza de sus tierras en Bagadó, departamento del Chocó.

Algunos altos cargos hicieron declaraciones en las que se vinculaba a líderes y comunidades indígenas con grupos guerrilleros. Por ejemplo, en agosto, el ministro de Defensa acusó a las FARC de infiltrarse en el movimiento indígena. Estas declaraciones promovieron un clima en el que se toleraban, alentaban o facilitaban los abusos contra indígenas.

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Restitución de tierras

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras provocó una violenta reacción de algunos beneficiarios de tierras que habían sido objeto de apropiación indebida. Se mataba o amenazaba a quienes luchaban por la restitución de tierras, y continuaba la preocupación por la capacidad de las autoridades para brindarles protección. Se tuvo noticia de acciones de paramilitares autodenominados “ejércitos anti-restitución” en varias zonas de Colombia. Durante el año, estos grupos lanzaron amenazas de muerte contra varias organizaciones de derechos humanos y activistas por el derecho a la tierra.

La Ley excluía a muchas víctimas de abusos cometidos por grupos paramilitares, a los que el gobierno no reconocía ya como parte en el conflicto. Además, incluía disposiciones que menoscababan las iniciativas de restitución de tierras y el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. El 12 de septiembre, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales algunas partes de la Ley, entre ellas las medidas que eximían de enjuiciamiento a los “testaferros” que entregaban tierras objeto de apropiación indebida. La Corte también declaró inconstitucional la disposición que negaba la restitución de tierras a las víctimas que supuestamente hubieran emprendido acciones “ilegales” para luchar por la devolución de tierras ocupadas de las que habían sido expropiadas indebidamente.

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Fuerzas de seguridad

Las fuerzas de seguridad fueron responsables de graves abusos contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario, a veces en connivencia con grupos paramilitares. Se siguieron denunciando ejecuciones extrajudiciales directamente perpetradas por las fuerzas de seguridad, aunque no en la escala de años anteriores.

  • El 2 de octubre, las fuerzas de seguridad entregaron a las autoridades civiles en la ciudad de Cali el cuerpo de Norbey Martínez Bonilla, de 15 años de edad, de quien afirmaron que era un guerrillero muerto en combate. El muchacho había desaparecido de su domicilio en Caloto, departamento del Cauca, el 28 de septiembre durante los combates entre fuerzas de seguridad y grupos guerrilleros. Norbey Martínez Bonilla vivía en El Pedregal, pequeña localidad en cuyo favor la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado medidas cautelares en 2010.

Apenas hubo progresos en lo relativo a poner a disposición de la justicia a los autores de abusos. Por lo general, el sistema de justicia militar cerraba las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en las que estaban implicados miembros de las fuerzas de seguridad. Un informe del relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales publicado en mayo señaló: “[p]reocupan sobremanera los continuos intentos de la justicia militar de asumir la competencia sobre ciertos casos”.

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Grupos paramilitares

A pesar de su supuesta desmovilización, los grupos paramilitares, calificados de “bandas criminales” (“bacrim”) por el gobierno, fueron responsables de violaciones graves de derechos humanos, como homicidios y desapariciones forzadas, y de operaciones de “limpieza social” en barrios urbanos pobres. Algunos de estos actos se cometieron con la connivencia o la aquiescencia de las fuerzas de seguridad. Las víctimas fueron principalmente sindicalistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, así como representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

  • El 23 de marzo, unos paramilitares sometieron a desaparición forzada a Manuel Ruíz y a su hijo de 15 años, Samir de Jesús Ruíz, miembros de la comunidad afrodescendiente y afromestiza de Apartadocito, en la cuenca del río Curvaradó, departamento del Chocó. El 24 de marzo, un paramilitar informó a su familia de que ambos habían muerto. El 27 de marzo se encontró el cuerpo de Manuel Ruíz; el de su hijo, que había sido torturado, apareció al día siguiente. Los homicidios se cometieron poco antes de una inspección que el gobierno iba a llevar a cabo para determinar la propiedad de la tierra de Los Piscingos, lugar de donde la familia de Manuel Ruíz y otras familias habían sido desplazadas por paramilitares y fuerzas de seguridad en 1996.

El proceso de Justicia y Paz, iniciado en 2005, siguió negando a las víctimas de abusos cometidos por los paramilitares su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Según la Fiscalía General de la Nación, a fecha de 1 de diciembre sólo 14 paramilitares habían sido declarados culpables de violaciones de derechos humanos en virtud de dicho proceso.

En diciembre, el Congreso aprobó una reforma de la Ley de Justicia y Paz que permitía a los combatientes ilegales que no se habían desmovilizado cuando la ley entró en vigor beneficiarse de sus disposiciones.

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Grupos guerrilleros

Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) cometieron abusos graves contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, tales como homicidios ilegítimos, toma de rehenes, desplazamientos forzosos, reclutamiento de menores de edad y uso indiscriminado de armas. En los primeros siete meses de 2012, murieron 25 civiles y 22 miembros de las fuerzas de seguridad a causa de minas terrestres, colocadas en su mayoría por grupos guerrilleros.

En febrero, las FARC anunciaron que pondrían fin al secuestro de civiles a cambio de rescate, pero no se comprometieron a acabar con todos los abusos. Más de 305 personas fueron secuestradas en 2012, la mayoría por grupos delictivos, pero también por grupos guerrilleros.

  • El 24 de julio, la periodista Élida Parra Alfonso y la ingeniera Gina Paola Uribe Villamizar fueron secuestradas por el ELN en Saravena, departamento de Arauca. Las dos fueron liberadas unas semanas después.
  • En abril, las FARC liberaron a seis agentes de policía y cuatro soldados que el grupo mantenía cautivos desde la década de 1990.

Las FARC fueron responsables de ataques indiscriminados que pusieron en situación de riesgo a civiles.

  • En julio, las FARC atacaron la infraestructura petrolera del departamento del Putumayo; cinco civiles murieron como consecuencia del ataque.
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Impunidad

Hubo algunos éxitos en lo relativo a hacer rendir cuentas a los autores de abusos contra los derechos humanos.

  • En agosto, un tribunal civil condenó al general retirado Rito Alejo del Río a 26 años de prisión por el asesinato de un campesino a manos de paramilitares. El tribunal falló que Rito Alejo del Río no había participado directamente en este homicidio ni en los muchos que se cometieron en la zona bajo su mando, pero mantenía estrechos vínculos con paramilitares, a quienes permitía cometer abusos con impunidad.

La gran mayoría de los responsables de abusos contra los derechos humanos siguieron eludiendo la acción de la justicia. Hubo amenazas y homicidios contra personas que intervenían en causas penales relacionadas con los derechos humanos, como abogados y testigos.

  • El 10 de octubre, un hombre apuntó con un arma a Alfamir Castillo, cuyo hijo había muerto a manos de soldados en 2009 en el departamento del Valle del Cauca, y amenazó con matarlos a ella y a sus abogados, Jorge Molano y Germán Romero. El ataque tuvo lugar días antes de una audiencia judicial sobre la participación de cuatro oficiales del ejército en el caso; siete soldados cumplían ya largas penas de prisión por el homicidio.

Dos leyes amenazaban con exacerbar la impunidad. En junio, el Congreso aprobó el “marco legal para la paz”, que podría permitir que los autores de abusos contra los derechos humanos eludieran la acción de la justicia. En diciembre, el Congreso aprobó una reforma de la Constitución que concedía a los militares un mayor control sobre las investigaciones criminales que afectaran a miembros de las fuerzas de seguridad implicados en violaciones de derechos humanos y podría tener como consecuencia la transferencia de muchos casos de violaciones de derechos humanos al sistema de justicia militar, en contra de lo establecido por las normas internacionales de derechos humanos. En octubre, 11 relatores especiales y expertos independientes de la ONU criticaron la reforma.

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

A pesar de la condena pública del gobierno a los ataques contra ellos, los defensores y defensoras de los derechos humanos siguieron sufriendo ataques, amenazas, persecución judicial y robo de información confidencial sobre casos. En 2012, al menos 40 defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes comunitarios y 20 sindicalistas perdieron la vida.

  • El 28 de febrero, el grupo paramilitar Águilas Negras-Bloque Capital envió amenazas de muerte a varias ONG de derechos humanos, entre ellas organizaciones de mujeres y organizaciones que trabajaban sobre cuestiones relacionadas con la restitución de tierras, a las que acusaba de hacer “lavado de cerebro a los desplazados haciéndose pasar por líderes defensores de derechos humanos”; en los mensajes, el grupo conminaba a las organizaciones a que “dejen de joder con el tema de la recuperación de tierras”.

Las defensoras de los derechos humanos eran objeto de ataques, sobre todo por parte de grupos paramilitares. Algunas fueron violadas como castigo y para silenciarlas.

  • El 29 de enero, Cleiner María Almanza Blanco, dirigente comunitaria que trabajaba con mujeres desplazadas, fue obligada a entrar en un taxi por un grupo de desconocidos. La llevaron a un lugar no especificado, donde la interrogaron sobre personas a las que conocía y con las que trabajaba. Le dieron patadas y la golpearon contra el taxi. Uno de los hombres la violó después. En 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había ordenado a las autoridades que proporcionasen medidas de protección a Cleiner María Almanza y otras 13 dirigentes en situación de riesgo; 4 de las14 mujeres habían sido violadas.

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Violencia contra mujeres y niñas

Todas las partes en el conflicto sometían a las mujeres a violencia sexual, incluida la violación, y a otras formas de violencia de género.

  • El 18 de mayo, una mujer indígena fue violada por un soldado del ejército al borde de una carretera en el Departamento del Putumayo. Según los informes, la unidad del ejército a la que pertenecía el soldado estaba a sólo 100 metros de distancia en ese momento.
  • El 16 de marzo, ocho hombres enmascarados, fuertemente armados y vestidos de civil, a los que se creía paramilitares, entraron en una comunidad de afrodescendientes en Tumaco, departamento de Nariño. Amenazaron y golpearon a los residentes, violaron a dos mujeres y sometieron a abusos sexuales a una joven de 16 años.

    Muy pocos autores de este tipo de abusos fueron puestos a disposición de la justicia. Sin embargo, en un caso poco frecuente de éxito, el subteniente Raúl Muñoz Linares fue condenado a 60 años de prisión el 27 de agosto por la violación y el asesinato de Jenni Torres, de 14 años, y por el asesinato de sus hermanos, de 9 y 6 años, y la violación de otra niña en Tame, departamento de Arauca, en octubre de 2010.

    Al terminar el año estaba pendiente de tramitación en el Congreso un proyecto de ley “para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual en ocasión al conflicto armado”. En caso de ser aprobado, este proyecto de ley, entre otras cosas, reformaría el Código Penal para tipificar como delitos específicos ciertas formas de violencia sexual relacionada con el conflicto, como la desnudez forzada o el aborto y el embarazo forzados.

    La representante especial de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos visitó Colombia en mayo. Durante su visita declaró que era preciso hacer más esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia de las sobrevivientes de violencia sexual relacionada con el conflicto.

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Ayuda estadounidense

En 2012, Estados Unidos destinó unos 482 millones de dólares a asistencia militar y no militar a Colombia, de los que 281 millones fueron para las fuerzas de seguridad. En septiembre se liberaron unos 12 millones de dólares en fondos de asistencia en materia de seguridad correspondientes a 2011, tras determinar el Departamento de Estado estadounidense que en Colombia se habían registrado avances significativos en la mejora de la situación de los derechos humanos.

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Escrutinio internacional

El informe sobre Colombia de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, publicado en enero, reconocía que el gobierno había emprendido “importantes iniciativas legislativas y de política pública [y condenado] una serie de violaciones de derechos humanos”, pero que estos esfuerzos no habían logrado “el impacto deseado a nivel local”. El informe señalaba también que habían continuado cometiéndose “un número significativo de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, sobre todo por grupos armados ilegales, pero también presuntamente por agentes estatales” y que esto tenía “graves consecuencias humanitarias para la población civil”. Según la alta comisionada, la impunidad seguía siendo “un problema estructural”.

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