Costa de Marfil - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República de Costa de Marfil

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Cote D'ivoire is now live »

Jefe del Estado: Laurent Gbagbo
Jefe del gobierno: Charles Konan Banny
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado

Los intensos esfuerzos diplomáticos, principalmente de la ONU y de la Unión Africana, no consiguieron evitar nuevos abusos contra los derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad del gobierno y de las Fuerzas Nuevas (Forces Nouvelles), coalición de grupos armados que controlaba el norte desde septiembre de 2002. Las mujeres fueron impunemente agredidas por ambos bandos, situación que se agravó debido a la falta de un sistema judicial operativo. Los simpatizantes del presidente Laurent Gbagbo continuaron incitando a la violencia contra los dioulas, nombre genérico para designar a cualquier persona con apellido musulmán procedente del norte de Costa de Marfil y de otros países de la zona. La retórica del odio siguió avivando los enfrentamientos étnicos en el oeste del país. Se celebraron manifestaciones violentas contra las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU, pero la presencia de unos 12.000 agentes de dichas fuerzas impidió que se reanudaran las hostilidades. La libertad de expresión sufrió los ataques de ambos bandos.

Información general

A pesar de las intensas presiones políticas de la comunidad internacional, no se reunieron las condiciones necesarias para la celebración de elecciones presidenciales, previstas para el mes de octubre, que volvieron a aplazarse por segunda vez, debido principalmente a desacuerdos entre los simpatizantes del presidente Laurent Gbagbo y los partidos de la oposición. El presidente y sus simpatizantes exigieron el desarme inmediato de las Fuerzas Nuevas, mientras que la oposición insistía en un programa para emitir documentos de identidad antes de las elecciones.

Simpatizantes del presidente Laurent Gbagbo criticaron la presencia de las fuerzas de mantenimiento de la paz francesas y de la ONU, y exigieron repetidas veces su retirada. En enero se celebraron manifestaciones contra la ONU organizadas por los Jóvenes Patriotas (Jeunes Patriotes), movimiento poco definido que apoyaba al presidente Gbagbo. Las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU respondieron en una ocasión, lo que desencadenó acusaciones de uso excesivo de la fuerza.

En agosto, tras un escándalo relativo al vertido de residuos tóxicos en Abiyán (capital financiera), el gobierno dimitió. Sin embargo, cuando se formó el nuevo gobierno, sólo dos ministerios habían cambiado de titular.

En octubre, la ONU decidió ampliar el mandato de Laurent Gbagbo 12 meses más y atribuir más poderes al primer ministro, Charles Konan Banny. Al concluir el año, el presidente Gbagbo y sus seguidores oponían resistencia a los esfuerzos por aplicar la decisión de la ONU.

Violencia contra las mujeres

Siguieron recibiéndose informes de abusos graves contra los derechos humanos de las mujeres y niñas en la zona del país controlada por el gobierno, alentados por un ambiente de impunidad.

En mayo, un miembro del Centro de Mando de Operaciones de Seguridad (Centre de Commandement des Opérations de Sécurité, CECOS) violó a una niña de 14 años en Abiyán. Se presentó una denuncia en su nombre ante el tribunal militar, pero la investigación no culminó en actuación legal alguna.

En la parte del país controlada por las Fuerzas Nuevas los autores de violaciones también se beneficiaron de una impunidad casi absoluta.

En mayo, una niña de 10 años fue violada por el director de una emisora de radio en Man. Funcionarios próximos a las Fuerzas Nuevas intimidaron al personal médico e impidieron que expidiera un certificado médico para confirmar la violación.

Denuncias de uso excesivo de la fuerza por los efectivos de la ONU

En enero estallaron manifestaciones contra la ONU tras la decisión del Grupo Internacional de Trabajo -grupo internacional de mediación para Costa de Marfil- de no prorrogar los mandatos de los miembros de la Asamblea Nacional. Los manifestantes exigían la retirada de la Operación de la ONU en Costa de Marfil (UNOCI) y atacaron vehículos y edificios de la ONU ante la pasividad, según informes, de las fuerzas de seguridad.

En Guiglo, tras varias manifestaciones ante el complejo militar de la ONU, las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU abrieron fuego contra los manifestantes, en una operación que se saldó con cinco muertos y al menos 20 heridos. Las tropas de mantenimiento de la paz sostuvieron que habían actuado en defensa propia, pero los simpatizantes del presidente Gbagbo afirmaron que las fuerzas de la ONU habían disparado contra manifestantes desarmados. La ONU abrió una investigación interna sobre el incidente, cuyas conclusiones aún no se habían publicado al terminar 2006.

Sanciones y embargos de la ONU

La ONU impuso sanciones contra las personas responsables de incitar al odio y a cometer violaciones graves de los derechos humanos.

En febrero, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones selectivas contra dos líderes de los Jóvenes Patriotas, Charles Blé Goudé y Eugene Djué, por su papel en las manifestaciones de enero contra la ONU. Asimismo, impuso sanciones contra Fofié Kouakou, jefe militar de las Fuerzas Nuevas, por haber reclutado a niños y niñas soldados, por obligar a realizar trabajos forzados y por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por fuerzas bajo su mando.

En octubre, un informe elaborado por un grupo de expertos de la ONU concluyó que se estaban exportando diamantes en bruto de Costa de Marfil, lo que violaba el embargo impuesto por la ONU en diciembre de 2005.

Desmovilización paralizada

A pesar de la presión internacional, sobre todo de la UNOCI, el varias veces aplazado programa de desarme, desmovilización y reintegración continuó en punto muerto al no llegarse a un acuerdo sobre el calendario. Los simpatizantes del presidente Gbagbo querían que empezase inmediatamente, pero la oposición se negaba a desarmarse mientras no se aplicase un programa para emitir documentos de identidad antes de las elecciones presidenciales. A mediados de mayo pareció que se había superado esta situación de estancamiento, ya que los dos partidos acordaron lanzar simultáneamente los programas de identificación y de desarme, desmovilización y reintegración. Según informes, en junio, las Fuerzas Armadas Nacionales de Costa de Marfil (Forces Armées Nationales de Côte d'Ivoire, FANCI) y las Fuerzas Nuevas habían reagrupado a unos 12.000 combatientes cada una. Sin embargo, en agosto, cuando la UNOCI sólo había recogido un reducido número de armas de las milicias progubernamentales en el oeste, las Fuerzas Nuevas anunciaron la suspensión del desarme al haber encontrado obstáculos en el proceso de identificación. Al concluir 2006 no se habían recibido noticias de nuevos avances en el proceso de desarme, desmovilización y reintegración.

Violaciones de los derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad

Las fuerzas de seguridad fueron responsables de detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales de detenidos sospechosos de apoyar a las Fuerzas Nuevas.

En enero, en Abiyán, miembros del CECOS detuvieron a dioulas y a ciudadanos de países vecinos, a quienes acusaron de financiar a los rebeldes. Según informes, algunos de los detenidos fueron torturados, y al menos uno, Diallo Ouatreni, murió a causa de las torturas.

Se recibieron informes de varios casos de detención arbitraria, tortura y malos tratos en el contexto de las extorsiones generalizadas en los controles de seguridad y durante las inspecciones de documentos de identidad. Según informes, los ataques se centraron en los dioulas y los ciudadanos de países vecinos.

En febrero, Moustapha Tounkara y Arthur Vincent, dos jóvenes vendedores de teléfonos móviles, fueron detenidos en Abiyán por miembros del CECOS. Al día siguiente se encontraron sus cuerpos acribillados a balazos.

Abusos a manos de las Fuerzas Nuevas

Miembros y simpatizantes de las Fuerzas Nuevas fueron responsables de abusos contra los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos. Reinó un clima de impunidad debido a la ausencia de un sistema judicial operativo en el norte.

En enero, Khalil Coulibaly, Fane Zakaria y Yeo Ibrahime -este último miembro de las Fuerzas Nuevas- fueron detenidos en Korhogo por elementos de las Fuerzas Nuevas. Un testigo ocular los vio recluidos, pero posteriormente desaparecieron.

En agosto se recibieron informes de que al menos 15 militantes de un nuevo partido, Unión Nacional de Marfileños por la Renovación (Union nationale des Ivoiriens du renouveau, UNIR), liderado por Ibrahim Coulibaly, habían sido detenidos de forma arbitraria por las Fuerzas Nuevas en Seguela, en el noroeste del país, y acusados de desestabilizar la región. Según informes, las personas detenidas vestían camisetas con los colores de su partido. Quedaron en libertad una semana más tarde.

Las Fuerzas Nuevas también extorsionaron a la población civil a gran escala y limitaron gravemente la libertad de circulación al exigir el pago de un «impuesto» por entrar o salir de las poblaciones.

Enfrentamientos étnicos en el oeste del país

En el oeste del país, el antagonismo entre la población indígena y los agricultores de otras regiones o de países vecinos, como Burkina Faso, siguió provocando conflictos con respecto a la propiedad de la tierra y enfrentamientos étnicos. La retórica xenófoba empleada por los políticos y los medios de comunicación agravó la hostilidad.

En marzo se produjeron enfrentamientos intercomunitarios en varias localidades, entre ellas Gohouo, Zagna, Baïbly y Doekpe, junto a la zona controlada por soldados franceses y por la UNOCI. Los enfrentamientos comenzaron cuando miembros del grupo étnico indígena guéré trataron de recuperar plantaciones ocupadas por campesinos burkinabeses. Varias personas murieron y miles fueron desplazadas.

Ataques a la libertad de expresión

Periodistas y organizaciones de medios de comunicación fueron hostigados y atacados por las fuerzas de seguridad y por milicias progubernamentales, sobre todo durante las manifestaciones de enero contra la ONU.

En enero, los Jóvenes Patriotas trataron de incendiar un coche en el que viajaban periodistas del diario 24 Heures que se dirigían a una reunión del Grupo Internacional de Trabajo.

En noviembre, miembros de las fuerzas de seguridad entraron por la fuerza en la sede de la empresa estatal de radiotelevisión marfileña (Radio-télévision ivoirienne, RTI) e impidió que volviera a emitirse un discurso del primer ministro, Charles Konan Banny. Tanto el director general como la junta directiva de RTI fueron despedidos mediante decreto presidencial.

Asimismo, la libertad de expresión se vio limitada en la zona bajo control de las Fuerzas Nuevas. En Bouaké, bastión de las Fuerzas Nuevas, siguieron prohibidos ciertos programas de la radio y televisión nacionales.

En febrero, un periodista independiente fue golpeado y obligado a arrastrarse a lo largo de 40 metros a la vez que lo rociaban con agua en la Secretaría General de las Fuerzas Nuevas de Bouaké.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

• Côte d'Ivoire: Provide protection to journalists! (Índice AI: AFR 31/002/2006)

• Côte d'Ivoire: Clashes between peacekeeping forces and civilians? Lessons for the future (Índice AI: AFR 31/005/2006)

Visita

• En abril, una delegación de Amnistía Internacional visitó Costa de Marfil para investigar los informes de abusos contra los derechos humanos cometidos durante las manifestaciones contra la ONU de enero de 2006 y el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de mantenimiento de paz de la UNOCI.

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