Las tensiones aumentaron de forma espectacular tras las elecciones presidenciales de noviembre que condujeron a una situación de punto muerto político y a graves violaciones de derechos humanos, en su mayor parte cometidas por las fuerzas de seguridad leales al presidente saliente, Laurent Gbagbo. Decenas de personas resultaron muertas, detenidas, secuestradas o desaparecidas. Varios miles de personas huyeron a países vecinos o se convirtieron en desplazados internos. Durante todo el año, las Fuerzas Nuevas, coalición de grupos armados que controlaba el norte del país desde 2002, siguieron cometiendo abusos contra los derechos humanos. Los actos de hostigamiento y agresión física seguían siendo prácticas muy extendidas, sobre todo en controles de carreteras.
En noviembre se celebraron finalmente las elecciones presidenciales aplazadas desde 2005, que desembocaron en una situación de punto muerto político. El presidente saliente, Laurent Gbagbo, y su oponente, Alassane Ouattara, se proclamaron vencedores de las elecciones y designaron sendos gobiernos rivales.
La comunidad internacional, incluidas la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO), reconoció de manera unánime a Alassane Ouattara como vencedor de las elecciones. La Unión Europea y Estados Unidos aprobaron sanciones contra Laurent Gbagbo y algunos de sus más señalados partidarios.
En diciembre, Laurent Gbagbo reclamó la salida del país de la Operación de la ONU en Côte d’Ivoire (ONUCI) y de la fuerza de mantenimiento de la paz francesa, Licorne. El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó esta petición y prorrogó el mandato de la ONUCI por un periodo adicional de seis meses. El gobierno de Francia declaró también que sus fuerzas permanecerían en el país.
A pesar de varias iniciativas de mediación auspiciadas por la Unión Africana y la CEDEAO, al terminar el año no se había encontrado una solución política, en un marco de ahondamiento de la escasez y de alza de los precios de los productos básicos.
Pese a que varios miles de miembros de las Fuerzas Nuevas se integraron en el ejército nacional, al terminar 2010 no se había logrado el desarme total de las Fuerzas Nuevas ni de las milicias progubernamentales previsto en el acuerdo de paz firmado en Uagadugú en 2007. Esta situación alimentó la crisis política, pues ambas partes utilizaron a sus miembros armados para acallar e intimidar a sus oponentes políticos.
ArribaDurante todo el año, las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva para dispersar protestas, y mataron de forma ilegítima a varias personas. También fueron responsables de abusos generalizados cometidos para obtener dinero mediante extorsión en controles de seguridad y en inspecciones de documentos de identidad.
Después de las controvertidas elecciones presidenciales, las fuerzas de seguridad leales a Laurent Gbagbo perpetraron ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Combatientes y partidarios de las Fuerzas Nuevas fueron responsables de abusos contra los derechos humanos, como tortura y otros malos tratos, detención arbitraria y extorsión generalizada. Reinaba un clima de impunidad debido a la inexistencia de un sistema judicial operativo en el norte del país.
Después de las elecciones de noviembre, según los informes, las Fuerzas Nuevas amenazaron y hostigaron a personas acusadas de ser partidarias de Laurent Gbagbo en la región fronteriza con Liberia, en el oeste del país. En consecuencia, miles de personas huyeron a Liberia.
ArribaDurante todo el año, los residentes del oeste del país sufrieron abusos físicos y sexuales por parte de bandas delictivas y milicias cercanas al partido del presidente Gbagbo. Ni las fuerzas de seguridad del Estado ni las Fuerzas Nuevas ofrecían protección en las zonas que controlaban. Ambas fuerzas recaudaban dinero mediante extorsión y agredían a personas con total impunidad en los puntos de control.
Después de las elecciones de noviembre trascendieron varios informes de enfrentamientos entre partidarios de los dos candidatos presidenciales.
Varios periodistas, periódicos y otros medios sufrieron actos de hostigamiento y amenazas por parte de las autoridades.
Después de las elecciones de noviembre se prohibió durante varios días de diciembre la publicación de algunos periódicos cercanos a Alassane Ouattara. También se prohibió hasta final de año la emisión de medios extranjeros, como Radio France Internationale y France 24.
ArribaMás de un año después de llegar a un acuerdo extrajudicial con la compañía comercializadora de materias primas y productos petrolíferos Trafigura por el vertido de residuos en Costa de Marfil, miles de víctimas seguían esperando recibir el dinero de su indemnización.
En enero, un tribunal de apelación de Costa de Marfil falló que la indemnización monetaria debía ser transferida a un grupo llamado Coordinación Nacional de Víctimas de Residuos Tóxicos de Costa de Marfil (CNVDT-CI), que afirmaba falsamente representar a las 30.000 víctimas incluidas en el acuerdo alcanzado en Reino Unido.
Tras la decisión del tribunal de transferir la indemnización a CNVDT-CI, los representantes legales de los demandantes no vieron otra opción que llegar a un acuerdo con este grupo para distribuir los fondos conjuntamente. El proceso de distribución conjunta que siguió adoleció de reiteradas demoras y suscitó preocupación el papel desempeñado por CNVDT-CI. En julio se calculaba que unas 23.000 personas habían recibido la indemnización, pero el proceso de distribución conjunta se interrumpió poco después. En septiembre, CNVDT-CI inició un nuevo proceso de distribución que también se interrumpió. Al terminar el año, miles de demandantes legítimos seguían esperando el pago, y se temía seriamente por el futuro de los fondos de indemnización restantes, habida cuenta de la falta de transparencia del proceso y las denuncias de malversación de fondos.
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