Croacia - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Croacia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Croacia is now live »

Jefe del Estado
Stjepan Mesić
Jefa del gobierno
Jadranka Kosor (sustituyó a Ivo Sanader en julio)
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
4,4 millones
Esperanza de vida
76 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
8/7 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
98,7 por ciento

Los progresos fueron escasos en los juicios por crímenes de guerra presuntamente cometidos por miembros del ejército y la policía croatas contra serbocroatas y miembros de otras minorías durante la guerra de 1991-1995. Persistió la falta de cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia respecto a los documentos militares relacionados con la Operación Tormenta de 1995. Algunos de los casos de agresiones a periodistas seguían sin resolverse. Persistía la discriminación contra romaníes y serbocroatas en el acceso a sus derechos económicos y sociales, entre otros aspectos.

Información general

En septiembre se reabrieron las negociaciones con la Unión Europea (UE) para la adhesión de Croacia. Dichas negociaciones se habían suspendido en diciembre de 2008 debido a una disputa fronteriza con Eslovenia, así como a la falta de cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. A consecuencia del informe negativo emitido por el fiscal jefe del Tribunal, algunos Estados miembros de la UE siguieron oponiéndose a la apertura de negociaciones sobre el capítulo del poder judicial y los derechos humanos.

Justicia internacional: crímenes de guerra

Tanto el Comité de Derechos Humanos de la ONU como el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia informaron de que Croacia seguía sin facilitar al Tribunal documentos militares de gran importancia relacionados con la Operación Tormenta, que tuvo lugar en 1995 y por la que tres generales del ejército croata –Ante Gotovina, Ivan Čermak y Mladen Markač– estaban siendo juzgados en La Haya.

A pesar de las declaraciones realizadas por representantes del gobierno sobre la buena disposición y voluntad de las autoridades para cooperar con el Tribunal, la búsqueda de los documentos militares no había producido resultados.

En la sala de primera instancia del Tribunal continuó el juicio de Momčilo Perišić por múltiples cargos, entre ellos los relacionados con el bombardeo de Zagreb en mayo de 1995.

En junio se reanudó el juicio de Jovica Stanišić y Franko Simatović, suspendido en 2008. Entre otros delitos se les acusaba de persecución por motivos raciales y religiosos, asesinato, expulsión y actos inhumanos contra la población no serbia en las áreas de Croacia bajo control serbio durante la guerra de 1991-1995.

Sistema de justicia: crímenes de guerra

Las autoridades siguieron sin investigar crímenes de guerra cometidos durante el conflicto de 1991-1995 por miembros del ejército y la policía croatas contra serbocroatas y miembros de otras minorías. Uno de los principales obstáculos seguía siendo la falta de voluntad política para abordar esos casos. El número desproporcionado de procesos contra serbocroatas fue puesto de relieve en un reportaje publicado en el periódico Jutarnji List, en el que, en septiembre, el ministro de Justicia afirmó que en el 2 por ciento de los casos enjuiciados por los tribunales croatas los acusados eran personas de etnia croata, mientras que el 98 por ciento restante se trataba de causas contra personas serbocroatas y de otras minorías. En opinión del ministro, este hecho era comprensible, ya que, según él, los serbocroatas habían cometido más crímenes de guerra que los croatas.

Seguían sin aplicarse las medidas diseñadas por el gobierno para abordar la impunidad por crímenes de guerra. En 2009 sólo se enjuició un caso en una de las cuatro cámaras especializadas en crímenes de guerra que se crearon en cuatro tribunales de Zagreb, Osijek, Rijeka y Split en 2003 con el fin de juzgar casos de crímenes de guerra fuera de las comunidades donde se habían cometido los presuntos crímenes. Con esta medida se pretendía aliviar la presión potencial sobre los testigos y reducir el riesgo de parcialidad.

  • En mayo, Branimir Glavaš y otros cinco acusados fueron condenados por el tribunal local de Zagreb. Branimir Glavaš, declarado culpable de no haber impedido que sus subordinados detuvieran, maltrataran y mataran a civiles y de haber participado directamente en algunos de los crímenes en su calidad de jefe militar local en 1991, fue condenado a 10 años de prisión. Los otros cinco fueron declarados culpables de detención ilegal, tortura y homicidio de civiles serbocroatas en Osijek en 1991 y condenados a penas de entre cinco y ocho años de prisión.

Poco después del juicio, Branimir Glavaš, que tenía pasaporte bosnio, huyó a Bosnia y Herzegovina, donde se quedó. Las autoridades croatas no lograron su extradición, ya que no existía un acuerdo de extradición entre los dos países.

  • En noviembre comenzó ante el Tribunal Supremo la vista de apelación contra la sentencia emitida en la causa contra dos generales del ejército croata, Mirko Norac y Rahim Ademi. En 2008, el tribunal local de Zagreb había absuelto a Rahim Ademi de todas las acusaciones, aunque había declarado culpable a Mirko Norac de algunos de los cargos y lo había condenado a siete años de cárcel. Ambos habían sido acusados de cometer crímenes de guerra –como asesinatos, trato inhumano, saqueo y destrucción injustificada de propiedad– contra civiles y prisioneros de guerra serbocroatas durante operaciones militares en 1993.

El plan de acción sobre el enjuiciamiento de casos de crímenes de guerra no consiguió eliminar la influencia del factor étnico. El plan establecía que los fiscales locales elegirían los casos prioritarios. Así, en el área de Sisak, donde un centenar de serbocroatas fueron víctimas de homicidio o desaparición al comienzo de la guerra, no se seleccionó como caso prioritario ninguno en el que las víctimas fueran serbocroatas; en los siete casos prioritarios, las víctimas eran de etnia croata. Esto sólo aumentó el sesgo étnico y reforzó la impunidad de los crímenes cometidos por miembros del ejército y la policía croatas.

En marzo, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por los indicios de discriminación étnica en el enjuiciamiento de casos de crímenes de guerra y recomendó a Croacia que investigase y enjuiciase eficazmente todos los crímenes de guerra, con independencia del origen étnico de las víctimas y de los autores de esos delitos.

En octubre, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación ante la impunidad por crímenes de guerra, incluido el hecho de que aún no se habían resuelto muchos posibles casos de crímenes de guerra y que se habían seleccionado de manera desproporcionada los casos de miembros de la etnia serbia. El Comité de Derechos Humanos dio a las autoridades croatas un año de plazo para poner en práctica estas y otras recomendaciones.

En octubre, la Comisión Europea, en su informe de progreso sobre Croacia, también observó que la impunidad por crímenes de guerra seguía siendo un problema, especialmente cuando las víctimas eran serbias, o los autores, miembros del ejército croata. Según el informe, numerosos crímenes seguían sin enjuiciarse debido a una mezcla de factores, como la intimidación que sufrían los testigos y la reticencia tanto de la policía como de la fiscalía a enjuiciar tales casos.

Libertad de expresión: periodistas

Las autoridades siguieron sin ofrecer protección frente a los actos de intimidación y los ataques a los periodistas que informaban sobre casos de crímenes de guerra y sobre las actividades de la delincuencia organizada. Los lentos progresos en el enjuiciamiento de algunos de estos casos creaban un clima de impunidad para los agresores.

  • No se avanzó en la investigación sobre una agresión física contra Dušan Miljuš, periodista del diario Jutarnji List, que en junio de 2008 había sido brutalmente golpeado por desconocidos delante de su domicilio en Zagreb. El periodista siguió recibiendo amenazas de muerte.
  • En enero se inició una causa criminal contra el periodista Željko Peratović por “difundir información que podría soliviantar a la población”. El proceso se abrió a requerimiento del ministro del Interior, a quien el periodista había acusado de obstruir una investigación sobre el homicidio, cometido en 2000, de Milan Lvar, un posible testigo ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.
  • En marzo, el periodista de Jutarnji List Drago Hedl y un fotógrafo fueron expulsados de una conferencia de prensa pública organizada por el entonces parlamentario Branimir Glavaš (quien en mayo fue declarado culpable de crímenes de guerra en su condición de jefe militar local en 1991 en Osijek). En años anteriores, Drago Hedl había sufrido intimidación, incluidas amenazas de muerte, a consecuencia de su investigación sobre los crímenes de guerra cometidos en Osijek durante la contienda.

En octubre, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por los actos de intimidación y agresiones contra periodistas. Observó que esos presuntos delitos rara vez se investigaban y que los responsables casi nunca comparecían ante la justicia, lo que mermaba la libertad de prensa. El Comité instó a Croacia a adoptar medidas para impedir la intimidación de los periodistas y para llevar ante la justicia a los autores de esos ataques.

Discriminación

Comunidad romaní

Los miembros de la comunidad romaní siguieron sufriendo discriminación en el acceso a sus derechos sociales y económicos, como la educación, el empleo y la vivienda. Las medidas adoptadas por las autoridades resultaron insuficientes.

En abril, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo celebró una vista en el caso de Oršuš and others. En la causa se denunciaba la segregación étnica de niños y niñas en aulas sólo para romaníes en la región croata de Medimurje.

Tanto el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial como el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresaron su preocupación por la segregación del alumnado romaní en el sistema educativo.

Serbocroatas

Las autoridades croatas siguieron sin garantizar los derechos de las personas serbocroatas, muchas de las cuales tuvieron que desplazarse durante la guerra de 1991-1995.

En octubre, la ONG Human Rights Watch informó de que los retornados serbocroatas seguían encontrando dificultades para recuperar el derecho de tenencia sobre sus hogares, ocupados por otros inquilinos, a menudo a pesar de que los tribunales habían emitido sentencias a su favor. Numerosos retornados no pudieron beneficiarse de los programas de reconstrucción, y también tenían problemas para acceder al empleo.

En marzo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por el número considerable de casos no resueltos relacionados con la restitución de bienes y el derecho de arrendamiento, e instó a las autoridades a poner en práctica medidas imparciales y transparentes para permitir el retorno sostenible de los serbocroatas.

En octubre, el Comité de Derechos Humanos instó a las autoridades a verificar el número de personas desplazadas que no querían o no podían retornar, y a explorar sus motivos para ello.

Derecho a la salud: salud mental

En octubre, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por que en instituciones de asistencia social croatas seguían utilizándose “camas jaula” para limitar los movimientos de los pacientes con trastornos mentales, incluidos los menores de edad. El Comité instó a las autoridades a que aboliesen de inmediato el uso de “camas jaula” y creasen un sistema de inspección de las instituciones psiquiátricas.

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