Croacia
Jefe del Estado
Ivo Josipović (sustituyó a Stjepan Mesić en febrero)
Jefa del gobierno
Jadranka Kosor
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
4,4 millones
Esperanza de vida
76,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
8/7 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
98,7 por ciento

Pese a la presión de la comunidad internacional, se progresó poco en el enjuiciamiento de delitos cometidos durante la guerra de 1991-1995. Continuaron sin abordarse numerosos delitos cometidos presuntamente por miembros del ejército y la policía croatas. El presidente puso en marcha algunas iniciativas políticas con objeto de abordar lo sucedido en el país durante la guerra. Sin embargo, ni el gobierno ni las autoridades judiciales adoptaron medidas específicas para resolver la cuestión de los crímenes de guerra. Persistía la discriminación contra las comunidades romaní y serbocroata, así como contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero.

Información general

Se avanzó en las conversaciones con la Unión Europea (UE) para la adhesión de Croacia y se cerraron con éxito varios capítulos de la negociación. En junio se emprendieron las negociaciones sobre justicia y derechos fundamentales, y la UE estableció algunos criterios específicos.

En el informe de diciembre al Consejo de Seguridad de la ONU, el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia declaró que Croacia seguía sin facilitar al Tribunal todos los documentos militares que quedaban sobre la operación “Tormenta”, ofensiva militar a gran escala llevada a cabo por el ejército croata en 1995.

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Sistema de justicia: delitos de derecho internacional

Seguía habiendo pocos avances en el enjuiciamiento de delitos cometidos durante la guerra de 1991-1995.

El sistema de justicia croata continuaba teniendo una capacidad limitada para enjuiciar crímenes de guerra. Por término medio, se concluían menos de 18 procesos al año. Seguían sin abordarse cientos de casos, en especial aquellos en los que las víctimas eran serbocroatas, y los presuntos responsables, miembros de la policía y el ejército croatas.

Los tribunales que conocían de estos casos seguían aplicando el Código Penal Básico de 1993, que no se ajustaba a las normas internacionales y carecía de definiciones claras de conceptos penales fundamentales, como el principio de responsabilidad del superior, los crímenes de guerra de violencia sexual y los crímenes de lesa humanidad. Numerosos delitos quedaban impunes como consecuencia de la aplicación del Código.

Los testigos continuaban sufriendo intimidación en los tribunales. Las medidas para ofrecer apoyo y protección a víctimas y testigos seguían resultando inadecuadas. Únicamente cuatro tribunales en toda Croacia contaban con los recursos y el personal necesarios para ofrecer apoyo a los testigos.

Siguió en gran medida sin aplicarse la legislación aprobada en 2003 para abordar los obstáculos al enjuiciamiento de crímenes de guerra. Faltaba voluntad política para reformar el sistema de justicia y poner fin a la impunidad.

Las autoridades no ofrecían reparación a las víctimas de crímenes de guerra ni a sus familiares.

  • En julio, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia condenatoria dictada contra Branimir Glavaš y cinco hombres más, a quienes en 2009 el tribunal local de Zagreb había declarado culpables de delitos cometidos contra serbocroatas en Osijek durante la guerra. Sin embargo, el Tribunal Supremo redujo la condena, aplicando una amplia variedad de circunstancias atenuantes, algunas de las cuales, como que los acusados eran miembros del ejército croata, incumplían las normas internacionales.

Con anterioridad, en mayo de 2009, Branimir Glavaš, que tenía pasaporte bosnio, había huido a Bosnia y Herzegovina. En septiembre de 2010, el Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina confirmó el fallo dictado en julio por el Tribunal Supremo de Croacia, lo que dio lugar a la detención de Branimir Glavaš el 28 de septiembre. En octubre de 2010, la Oficina para la Represión de la Corrupción y la Delincuencia Organizada abrió una investigación contra un grupo de cinco hombres, entre los que figuraba un diputado del Parlamento croata. En junio y julio, el grupo había tratado presuntamente de reclutar a personas para que sobornasen a los jueces que conocían de la causa de Branimir Glavaš con objeto de conseguir una condena más leve.

  • En marzo, el Tribunal Supremo de Croacia confirmó la sentencia condenatoria de Mirko Norac y la absolución de Rahim Ademi, dictadas por el tribunal local de Zagreb en 2008. Se había dictado acta de acusación formal en contra de ambos hombres por crímenes de guerra –entre otros, asesinato, trato inhumano, saqueo y destrucción arbitraria de bienes– cometidos contra civiles y prisioneros de guerra serbocroatas durante operaciones militares llevadas a cabo en 1993. El Tribunal Supremo de Croacia resolvió reducir la condena impuesta a Mirko Norac de siete a seis años de prisión, basándose en circunstancias atenuantes, muchas de las cuales incumplían el derecho internacional. Se consideraron atenuantes, por ejemplo, el hecho de que los delitos se hubieran cometido en el curso de una acción militar legítima del ejército croata y la participación del acusado en la guerra de independencia.

En junio, el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa instó a las autoridades croatas a adoptar medidas efectivas a fin de garantizar que los casos de crímenes de guerra se enjuiciaban de una manera imparcial, con independencia del origen étnico u otras circunstancias personales de los presuntos autores y de acuerdo con la prohibición general de la discriminación. El comisario concluyó que en los casos de violaciones graves de derechos humanos no debía considerarse una circunstancia atenuante que los presuntos responsables fueran miembros del ejército o la policía croatas.

En noviembre, la Comisión Europea, en su informe de progreso sobre Croacia, observó que la impunidad de los crímenes de guerra seguía siendo un problema, especialmente cuando las víctimas eran de etnia serbia, y los presuntos autores, miembros del ejército croata.

  • El 10 de diciembre se detuvo en Zagreb a Tomislav Merčep. En un informe publicado el día anterior, Amnistía Internacional lo había identificado como una de varias figuras destacadas sospechosas de cometer crímenes de guerra. La investigación contra Tomislav Merčep se centró, entre otras cuestiones, en su presunta responsabilidad como superior del homicidio ilegítimo y la desaparición forzada de 43 personas en Zagreb y en Pakračka Poljana durante la guerra de 1991-1995.
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Justicia internacional

Varias causas relacionadas con delitos de derecho internacional cometidos en territorio croata durante la guerra de 1991-1995 se encontraban pendientes ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en La Haya.

  • Entre julio y septiembre, el fiscal del Tribunal y los equipos de la defensa presentaron sus alegatos finales en la causa contra tres generales croatas retirados, Ante Gotovina, Ivan Čermak y Mladen Markač. Se había dictado acta de acusación formal contra estos tres hombres por nueve cargos de crímenes de lesa humanidad y violaciones de las leyes y costumbres de la guerra presuntamente cometidos contra la población serbia en 14 municipios del sur de Croacia en el curso de la operación “Tormenta” en 1995. Se esperaba que el fallo se emitiese en 2011.

Persistía la polémica en torno a la buena voluntad de Croacia para colaborar con la oficina del fiscal jefe del Tribunal. En julio, la sala de primera instancia del Tribunal insistió en que las autoridades croatas estaban obligadas a colaborar, pero explicó que había desestimado la solicitud que el fiscal había dirigido a la sala para que ordenase a las autoridades croatas presentar las pruebas relacionadas con la causa. La sala observó que, debido a la naturaleza del proceso, no podía establecer si las autoridades habrían estado en posición de cumplir con la orden de haberse emitido. Asimismo, se abstuvo de pronunciarse sobre si los documentos solicitados existían.

  • Prosiguió el proceso judicial emprendido contra Vojislav Šešelj, acusado de cometer delitos en Bosnia y Herzegovina, Croacia y Serbia (Vojvodina). Se había dictado acta de acusación formal contra él por varios cargos relacionados con crímenes de lesa humanidad, como persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, expulsión y actos inhumanos. En el acta de acusación también figuraban violaciones de las leyes y costumbres de la guerra, como asesinato, tortura, trato cruel, destrucción arbitraria de pueblos o devastación no justificada por necesidades militares, destrucción o daño intencionado de instituciones religiosas o educativas y saqueo de lugares públicos o privados.
  • Continuó celebrándose ante la sala de primera instancia del Tribunal el juicio de Momčilo Perišić, a quien se habían imputado, entre otros, delitos relacionados con el bombardeo de Zagreb en mayo de 1995. En noviembre, la sala permitió, a petición del fiscal, que se presentasen nuevas pruebas relacionadas con la causa.
  • Prosiguió el juicio de Jovica Stanišić y Franko Simatović. Entre los cargos formulados contra ellos figuraban persecución por motivos raciales y religiosos, asesinato, expulsión y actos inhumanos contra la población no serbia en las zonas de Croacia bajo control serbio durante la guerra de 1991-1995. En octubre se presentaron nuevas pruebas relacionadas con la causa. A lo largo del año, la sala de primera instancia del Tribunal se vio obligada a modificar las fechas del juicio a causa de la mala salud de Jovica Stanišić. También causó retrasos el fallecimiento en 2009 del principal abogado de Franko Simatović.
  • En diciembre, la Sala de Apelaciones del Tribunal revisó la sentencia condenatoria dictada contra Veselin Šljivančanin por complicidad en el asesinato de 194 prisioneros de guerra tras la caída de Vukovar en noviembre de 1991. Como consecuencia de la revisión, la sala redujo la condena de Veselin Šljivančanin de 17 a 10 años de prisión.
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Libertad de reunión

La detención durante un breve periodo de al menos 140 personas en el transcurso de una manifestación pacífica celebrada en Zagreb el 15 de julio suscitó preocupación con respecto al derecho a la libertad de reunión.

La protesta había sido organizada por la iniciativa de la sociedad civil Pravo na Grad (Derecho a una Ciudad) con objeto de impedir que la construcción de una rampa de entrada y salida de un centro comercial destruyese parcialmente la calle Varšavska, situada en el casco histórico de Zagreb. Los trabajos de construcción requerían talar varios árboles y convertir una vía peatonal pública en entrada a una propiedad privada.

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Discriminación

Minorías étnicas

Los miembros de la comunidad romaní siguieron sufriendo discriminación en el acceso a los derechos sociales y económicos, como la educación, el empleo y la vivienda. Las medidas adoptadas por las autoridades continuaron siendo insuficientes.

En marzo, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió su fallo sobre la causa Oršuš and Others v. Croatia. Concluyó que la medida, adoptada en 2002, de poner a 14 escolares romaníes en aulas separadas por su falta de dominio del idioma croata constituía discriminación por razones de etnia.

En concreto, la Gran Sala concluyó que más que evaluar sus capacidades lingüísticas, como afirmaba el gobierno, los exámenes que supuestamente servían para decidir si se impartía clase a los escolares en aulas sólo para romaníes se limitaban a evaluar su estado psicofísico general. Una vez asignados a aulas sólo para romaníes, no se ofrecían medidas a estos niños y niñas para remediar su presunta falta de conocimiento de la lengua croata. Tampoco existía un mecanismo encargado de vigilar los progresos de los alumnos en el aprendizaje del croata. El plan de estudios de las aulas sólo para romaníes era considerablemente reducido, pues tenía un 30 por ciento menos de contenido que el de las aulas generales.

En junio de 2010, el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa informó de que en algunas escuelas del país persistía la “segregación de facto” del alumnado romaní.

En julio, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada visitó Croacia y concluyó que la situación imperante en materia de vivienda estaba considerablemente determinada por el legado del conflicto armado y la transición de un modelo de vivienda social al mercado privado. Esta situación afectaba a los grupos más vulnerables, como las comunidades romaní y serbocroata. La relatora también expresó su preocupación por las condiciones de vida en los asentamientos romaníes. Observó además que más de 70.000 serbocroatas eran aún refugiados que vivían en países vecinos, 60.000 de ellos, por lo menos, en Serbia.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

El 19 de junio se celebró la marcha del Orgullo en Zagreb. La policía se encargó de garantizar la seguridad de las alrededor de 500 personas participantes, y no hubo constancia de que se hubiesen producido incidentes de importancia. Sin embargo, cuando el acto central de la marcha hubo finalizado, dos participantes fueron agredidos físicamente por un grupo de jóvenes. Se abrió una investigación para identificar a los responsables, pero al finalizar el año aún no se habían obtenido resultados.

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Los derechos humanos región a región

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