Croacia
Jefe del Estado
Ivo Josipović
Jefe del gobierno
Zoran Milanović

Las medidas adoptadas para abordar la impunidad seguían siendo insuficientes, aunque hubo ciertos avances en el enjuiciamiento de delitos de derecho internacional cometidos durante la guerra de 1991-1995. Continuaron sin investigarse numerosos delitos presuntamente cometidos por miembros del ejército y la policía de Croacia contra serbocroatas y personas de otras minorías. Persistía la discriminación contra romaníes y serbocroatas, así como contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.

Delitos de derecho internacional

Según informó la Comisión Europea en octubre, se estaba dando curso a nuevas detenciones, procesamientos y sentencias judiciales en relación con delitos de derecho internacional al aplicarse la Estrategia de Investigación y Enjuiciamiento de Crímenes de Guerra, adoptada por Croacia en 2011. Otras causas se transfirieron a las cuatro salas especiales de crímenes de guerra de Osijek, Rijeka, Split y Zagreb.

No obstante, la Comisión reiteró que la tarea de abordar la impunidad por los crímenes cometidos en el pasado seguía siendo un reto importante y que el gobierno debía tomar medidas para facilitar la comparecencia de los testigos en los juicios, sobre todo en los casos transferidos a las salas especiales de crímenes de guerra.

El uso del Código Penal Básico de 1993 –que no cumplía las normas internacionales– en el enjuiciamiento de delitos cometidos durante la guerra de 1991-1995 favorecía la impunidad por los crímenes de guerra. El Código no incluía los crímenes de lesa humanidad ni la mayoría de los delitos de violencia sexual y tampoco reconocía el principio de responsabilidad del superior y de mando en los crímenes de derecho internacional. Tales lagunas hacían posible la impunidad.

Hubo algunos avances en la prestación de apoyo a testigos, si bien las medidas destinadas a protegerlos seguían siendo insuficientes y no se procesó a los responsables de intimidaciones. La investigación sobre el homicidio del testigo Milan Levar seguía estancada 12 años después de su apertura.

Las autoridades no ofrecían reparación a las víctimas ni a sus familiares.

Al término del año había 1.090 causas penales abiertas a raíz de los 490 episodios registrados desde el fin de la guerra en Croacia que habían dado lugar a denuncias por crímenes de guerra. En 316 casos, los presuntos autores fueron identificados y se abrieron 849 causas penales. Sin embargo, del número total de casos documentados, sólo 112 (el 10 por ciento) habían prosperado ante tribunales nacionales. En 174 casos de crímenes de guerra, que habían dado lugar a la apertura de 241 causas penales, aún no se había identificado a los presuntos autores.

  • En julio fue puesto en libertad Tomislav Merčep, ex viceministro del Interior y jefe de la unidad especial de reserva de su ministerio, que llevaba detenido desde 2010 y había sido procesado formalmente en 2011. Los cargos en su contra tenían relación con el asesinato y la desaparición forzada de 43 civiles serbocroatas de la zona de Zagreb y Pakračka Poljana.
  • No se investigaron las denuncias formuladas contra el vicepresidente del Parlamento croata, Vladimir Šeks, por su responsabilidad de mando en delitos cometidos en Eslavonia Oriental en 1991, a pesar de la información pública disponible sobre su presunta participación en esos delitos. Entre las pruebas había varias declaraciones de testigos en actuaciones penales sobre delitos cometidos en Eslavonia Oriental, órdenes del que entonces era el presidente del país y declaraciones ante el tribunal del propio Vladimir Šeks.
  • Davor Domazet-Lošo, ex general del ejército croata, siguió eludiendo su procesamiento. En la sentencia dictada en mayo de 2008 en el proceso contra Rahim Ademi y Mirko Norac, se le atribuía la responsabilidad de mando efectiva en los delitos cometidos en 1993 en la región de Medak Pocket, motivo por el cual el tribunal había eximido a Rahim Ademi de responsabilidad en estos crímenes.
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Justicia internacional

Había varias causas abiertas en relación con Croacia ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.

Continuó el juicio de Jovica Stanišić y Franko Simatović, acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

En octubre comenzó el juicio de Goran Hadžić, presidente de la autoproclamada República Serbia de Krajina acusado de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, tras su detención en Serbia y posterior transferencia al Tribunal en 2011.

El procedimiento de apelación contra la sentencia pronunciada sobre Momčilo Perišić en 2011 comenzó en octubre y no había concluido al terminar el año. El Tribunal lo había condenado a 27 años de prisión por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Fue declarado culpable de responsabilidad penal individual en Bosnia y Herzegovina y de responsabilidad penal del superior en Croacia (en relación con el bombardeo de Zagreb).

En noviembre, la Sala de Apelaciones del Tribunal absolvió a los generales Ante Gotovina y Mladen Markač. La Sala revocó sus fallos condenatorios por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que les habían acarreado penas de 24 y 18 años de cárcel, respectivamente. La sentencia tuvo una gran resonancia en la región y propició el crecimiento del discurso nacionalista tanto en Croacia como en Serbia. Mientras las autoridades daban la bienvenida a los dos generales a su regreso a Croacia, los defensores de los derechos humanos en la región reiteraban la importancia de exigir rendición de cuentas a los perpetradores por los crímenes cometidos contra civiles serbios entre 1991 y 1995.

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Discriminación

Los miembros de la comunidad romaní seguían sufriendo discriminación en el acceso a los derechos sociales y económicos, como la educación, el empleo y la vivienda. Las medidas adoptadas por las autoridades aún eran insuficientes. Las autoridades no dieron cumplimiento a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ordenaba poner fin a la segregación del alumnado romaní en las escuelas.

La población serbocroata seguía discriminada, principalmente en materia de vivienda y empleo.

Crímenes de odio

Mejoraron las protecciones jurídicas frente a los crímenes de odio homofóbicos y transfóbicos. Las enmiendas al Código Penal aprobadas en el año incluyeron la introducción de la identidad de género como motivo de enjuiciamiento de crímenes de odio. Sin embargo, al no existir directrices concretas para la policía, las agresiones físicas a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales se calificaban en ocasiones como delitos leves y a menudo no se investigaban los presuntos motivos de odio.

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