República Checa - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República Checa

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
República Checa is now live »

Jefe del Estado : Václav Klaus
Jefe del gobierno : Mirek Topolánek
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
PoblaciÓn : 10,2 millones
Esperanza de vida : 75,9 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 6/5 por cada 1.000

La minoría romaní siguió siendo objeto de discriminación e intolerancia. Según informes, tanto esta comunidad como otros grupos marginados fueron víctimas de malos tratos policiales y de ataques racistas de particulares. No hubo respuesta a las denuncias de que República Checa había permitido vuelos para entregas extraordinarias.

Discriminación contra la comunidad romaní

Se siguió discriminando a la comunidad romaní –sobre todo en el acceso a vivienda, educación, asistencia médica y empleo– a pesar de los programas para combatir la discriminación. De acuerdo con una encuesta realizada en abril, seguían predominando los prejuicios contra los romaníes, y nueve de cada diez encuestados pensaban que tenerlos por vecinos sería «un problema». En agosto, el Comité de Derechos Humanos de la ONUse lamentó por el hecho de que República Checa no hubiera promulgado una ley contra la discriminación.

Apología del odio

En abril, activistas pro derechos de la comunidad romaní presentaron una denuncia penal contra el viceministro y líder demócrata cristiano Jiří Čunek, alcalde de la localidad de Vsetín, por hacer apología del odio cuando tuvo lugar el desalojo de familias romaníes de su municipio en 2006. Según el periódico sensacionalista Blesk (Rayo), Čunek dijo que «para tener derecho a cobrar los mismos subsidios que los romaníes, otras personas tendrían que oscurecerse la piel, causar alborotos y encender fuegos en las plazas de los pueblos para convencer a los políticos de que realmente necesitaban ayuda económica».

La policía archivó la denuncia en octubre y varias ONG romaníes respondieron elevando una queja al Tribunal Constitucional contra la policía. Jiří Čunek dimitió en noviembre a raíz de denuncias de corrupción.

Vivienda y desalojos forzosos

El Defensor del Pueblo, Otakar Motejl, concluyó que el desalojo de varias familias romaníes de la localidad de Vsetín y su traslado a zonas muy aisladas del país en 2006 había sido un «error». El comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, y el relator especial de la ONUsobre el fomento de la realización del derecho a una vivienda adecuada, Miloon Kothari, hicieron pública una declaración conjunta en octubre en la que afirmaban que República Checa conculcaba el derecho a una vivienda adecuada con respecto a la comunidad romaní. También criticaron a los cargos públicos locales por apoyar la escalada de intolerancia contra esta comunidad y señalaron que desalojar a los romaníes de los centros de las ciudades y trasladarlos a zonas aisladas ya era parte de una política pública. En noviembre se anunció que un organismo oficial, la Agenciapara Eliminar la Segregación Social en Localidades Romaníes, empezaría a funcionar en 12 localidades en enero de 2008.

El Comité de la ONUparala Eliminación dela Discriminación Racial expresó su preocupación por el hecho de que la legislación checa no prohibiera de forma inequívoca la discriminación racial en el ejercicio del derecho a una vivienda adecuada, y el Comité de Derechos Humanos condenó los persistentes desalojos y la pervivencia de guetos romaníes.

Educación

En noviembre, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió, en una causa histórica, que República Checa había discriminado a los niños y niñas romaníes al escolarizarlos en centros especiales para menores con dificultades de aprendizaje basándose exclusivamente en su origen romaní. Tras este fallo, la Comisión Europea pidió a República Checa que adoptara medidas concretas sobre el terreno para «salvar la barrera de la segregación» y poner fin a la discriminación de los menores romaníes.

Aunque el Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación dela Discriminación Racial reconocieron que República Checa ya había dejado de escolarizar a niños y niñas romaníes en «escuelas especiales» para menores con dificultades de aprendizaje, siguieron expresando preocupación por la segregación de un número desproporcionadamente elevado de niños y niñas romaníes en clases exclusivas para los de su comunidad dentro de las escuelas normales. El programa de estudios en esas clases era diferente del que se impartía a la mayoría de la población, y además no tenía en cuenta la identidad cultural ni las circunstancias de los menores romaníes.

El Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por los informes que indicaban que un gran número de menores romaníes estaban siendo apartados de sus familias e ingresados en centros públicos de asistencia social.

Malos tratos policiales

El Comité de la ONUparala Eliminación dela Discriminación Racial y el Comité Europeo para la Prevención dela Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes expresaron su preocupación ante las denuncias de malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de policía, especialmente contra personas menores de edad y personas de la comunidad romaní, que incluyeron su detención y sometimiento a coacciones para que confesaran delitos menores. En julio, el Tribunal Supremo confirmó la pena de dos años de prisión impuesta a un ex agente de policía de Brno por chantaje y abuso de autoridad contra un adolescente romaní de 14 años. Continuaron los informes sobre conducta policial indebida, en particular contra la comunidad romaní y otros grupos marginados, especialmente en el momento de la detención y durante la custodia. El Comité para la Eliminación dela Discriminación Racial lamentó que no se hubiera establecido un organismo independiente facultado para investigar las denuncias de conducta ilegítima de la policía.

  • En julio, el Tribunal Municipal de Apelaciones de Praga absolvió a Yekta Uzunoglu, ciudadano alemán de origen kurdo que había sido condenado por chantaje y tortura a una persona de nacionalidad extranjera. Yekta Uzunoglu denunció que había sufrido torturas y otros malos tratos al ser detenido por la policía en 1994. Amnistía Internacional instó a las autoridades a investigar las presuntas violaciones procesales del derecho de Yekta Uzunoglu a un juicio justo.

Esterilización forzada

El Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresaron su preocupación por el hecho de que se hubiera esterilizado a mujeres, en su mayoría romaníes, sin su consentimiento. Pese a una resolución dictada en 1991 para que se pusiera fin a tales operaciones, hasta 2004 se siguió esterilizando a mujeres sin su consentimiento informado.

  • En enero, el Tribunal Superior de Olomouc dictó una sentencia pionera en la causa de 2001 sobre la esterilización ilegal de Helena Ferenčíková, en la cual exigía una disculpa formal al hospital que había llevado a cabo la operación. Sin embargo, el tribunal no concedió a Helena Ferenčíková el millón de coronas checas (unos 35.400 euros) que había reclamado en concepto de indemnización por daños y perjuicios físicos y psicológicos. 

Salud mental

El Comité de Derechos Humanos concluyó en agosto que la atención a la salud mental en el país era inhumana y degradante, y pidió que se acometieran reformas de gran alcance. El Comité expresó su preocupación por el hecho de que se siguieran utilizando camas jaula y camas con red en las instituciones psiquiátricas. Otros motivos de preocupación eran la reclusión forzosa de personas con meros «indicios de enfermedad mental» y el control deficiente por parte de los tribunales del proceso por el que se ingresaba a personas en instituciones psiquiátricas. 

Presuntas entregas extraordinarias

El Comité de Derechos Humanos y otras organizaciones denunciaron que se habían utilizado los aeropuertos checos como puntos de tránsito de vuelos destinados a entregas extraordinarias de detenidos con destino a países donde corrían peligro de sufrir tortura o malos tratos. El Comité solicitó una investigación de los posibles tránsitos realizados a través de aeropuertos checos. El gobierno negó tener conocimiento de esos hechos.

Ratificaciones

República Checa continuó siendo el único país miembro de la Unión Europea que no había ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

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