República Checa - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Checa

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
República Checa is now live »

Jefe del Estado
Václav Klaus
Jefe del gobierno
Jan Fischer (sustituyó a Mirek Topolánek en mayo)
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
10,4 millones
Esperanza de vida
76,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
5/4 por cada 1.000

El Parlamento aprobó la ley contra la discriminación, que llevaba varios años bloqueada por la oposición presidencial. Aumentó el número de marchas antirromaníes y se acentuó la apología del odio contra la comunidad romaní por parte de partidos y grupos ultraderechistas. Continuó la segregación de romaníes en educación y vivienda. Aunque el gobierno pidió perdón por la esterilización forzada de mujeres romaníes en el pasado, los tribunales denegaron indemnizaciones a demandantes individuales.

Información general

El gobierno del primer ministro, Mirek Topolánek, perdió una moción de censura en marzo y fue sustituido en mayo por un gobierno provisional presidido por Jan Fischer.

En junio, el Parlamento aprobó legislación contra la discriminación, anulando el veto formulado por el presidente Klaus y acatando, tras varios años de retraso, las obligaciones contraídas en virtud de las directivas de la Unión Europea relativas a la igualdad de trato en el empleo y la protección contra la discriminación racial. La nueva legislación garantizaba el derecho a la igualdad de trato y prohibía la discriminación en la educación, el empleo y la vivienda, entre otros ámbitos.

Discriminación: romaníes

La hostilidad declarada contra la comunidad romaní en la esfera pública fue en aumento, al igual que su segregación en la escuela y la vivienda y su discriminación en el empleo.

Ataques a miembros de la comunidad

En marzo, aduciendo falta de pruebas, el Tribunal Administrativo Supremo rechazó una propuesta del gobierno para disolver el Partido Obrero, de extrema derecha, que organizaba patrullas paramilitares para perseguir romaníes.

En un informe publicado en septiembre, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia expresó su preocupación por el auge de la apología del odio contra la comunidad romaní en el discurso público y por las reiteradas manifestaciones de grupos ultraderechistas, y recomendó la aplicación enérgica de la legislación que prohibía la violencia racista y la incitación al odio.

  • El 4 de abril, grupos de extrema derecha organizaron una marcha a través del barrio romaní de la localidad de Přerov. El Partido Obrero se distanció del acto a pesar de que al principio había anunciado la marcha. Alrededor de 500 manifestantes, coreando eslóganes contra la comunidad romaní, recorrieron el centro y el barrio romaní de Přerov junto a residentes locales que se les unieron a su paso. Unos 700 agentes de policía impidieron los ataques directos contra la población romaní, hasta que la violencia se desató cuando los manifestantes se enfrentaron a los agentes de la policía montada y antidisturbios.
  • El 18 de abril se arrojaron cócteles molotov al interior de la vivienda de una familia romaní, formada por Pavel Kudrik y su compañera, cuatro hijas y otros dos familiares, en el pueblo de Vítkov. El incendio destruyó la casa por completo y causó graves lesiones al padre y a la madre. La hija de dos años, Natálka, sufrió quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo, estuvo tres meses en coma inducido y continuó hospitalizada más de siete meses. En agosto, la policía detuvo a 12 personas sospechosas del ataque; cuatro fueron acusadas en relación con los hechos y las demás quedaron en libertad sin cargos. La policía afirmó que los sospechosos simpatizaban con grupos ultraderechistas. Según la televisión checa, eran seguidores de la organización Nacionalistas Autónomos, presuntamente vinculada al Partido Obrero.
  • En octubre, la policía detuvo a ocho hombres como presuntos autores de ataques contra romaníes perpetrados en Havířov en noviembre de 2008. La causa estaba pendiente ante el Tribunal Regional de Ostrava al final de 2009.

Educación

Persistía la segregación de los niños y niñas romaníes dos años después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hubiera resuelto que la República Checa discriminaba a los menores de edad romaníes al escolarizarlos en centros especiales. La proporción de romaníes en clases y escuelas de enseñanza primaria para alumnado con “discapacidad mental leve”, o en clases y escuelas de educación general pero segregadas, seguía siendo excesivamente alta. Ello a pesar de que la Ley Escolar, en vigor desde 2005, había abolido la categoría de “escuelas especiales” para alumnos con discapacidad mental leve. En tales clases y escuelas era frecuente que se impartiera una educación de nivel inferior.

La ONG checa Člověk v tísni (Gente Necesitada) informó en febrero de que el sistema educativo tendía a excluir a los alumnos con necesidades educativas especiales. Según las conclusiones de un estudio sobre la segregación de niños y niñas procedentes de entornos desfavorecidos, encargado por el Ministerio de Educación y publicado en abril, casi la mitad del alumnado romaní de las escuelas de enseñanza primaria no aprobaba el curso o era trasladado a escuelas especiales.

  • En abril, el Tribunal Municipal de Praga desestimó la denuncia presentada por Jaroslav Suchý contra el Ministerio de Educación por discriminación y negación del derecho a la educación. Jaroslav Suchý afirmaba que lo habían asignado a una escuela especial por pertenecer a la comunidad romaní, pero el tribunal resolvió que no había aportado pruebas que sustentaran su denuncia y que una evaluación psicológica justificaba su escolarización en ese centro.
  • En mayo, el ayuntamiento de Valašské Meziříčí anunció el plan de crear clases especiales de primer curso para romaníes y no romaníes en la escuela local de educación general. La propuesta se presentó como un intento de abordar las necesidades educativas especiales del alumnado romaní. Finalmente, tras las críticas del ministro para los Derechos Humanos y el Ministerio de Educación, el ayuntamiento retiró el plan.

Vivienda

La comunidad romaní continuó sufriendo segregación en el acceso a la vivienda. En su informe de septiembre, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia no documentó ningún avance positivo en la búsqueda de soluciones a este problema y puso de relieve que el gobierno no exigía responsabilidades a las autoridades locales que no hacían efectivo el derecho a la vivienda.

  • Z§vůle práva, ONG checa que prestaba servicios de asesoramiento jurídico a la comunidad romaní, emprendió acciones judiciales contra autoridades locales: en julio, por la segregación étnica de romaníes en el acceso a la vivienda en Kladno, y en agosto, por la discriminación de romaníes en el acceso a la condición de residentes permanentes en la ciudad de Ostrava.

Esterilización forzada de mujeres romaníes

Se dieron algunos pasos hacia el reconocimiento de responsabilidades por las esterilizaciones forzadas practicadas en el pasado. En noviembre, el primer ministro expresó su pesar por las esterilizaciones ilegales, y pidió a la ministra de Salud que informara sobre la implementación de la normativa vigente que las prohibía. Según el Grupo de Mujeres Afectadas por la Esterilización Forzada, ONG checa, al menos un centenar de mujeres podrían haber sido esterilizadas contra su voluntad. Aunque la mayoría de estas operaciones se habían practicado en las décadas de 1970 y 1980, la más reciente había tenido lugar, según informes, en 2007.

  • En octubre, el Tribunal Constitucional desestimó una demanda para que se indemnizara a una mujer romaní que había sido esterilizada ilegalmente, con el argumento de que su acción judicial había rebasado el plazo establecido para tales reclamaciones. La mujer había recibido las disculpas de un hospital de Vitkovice cuando el Tribunal Regional de Ostrava resolvió en 2005 que los médicos habían actuado ilegalmente al practicarle la esterilización sin su consentimiento informado. El ministro para los Derechos Humanos anunció posteriormente que, en cualquier caso, el Estado tenía la obligación de adoptar una postura que tuviera en cuenta las consecuencias irreversibles de la esterilización para la vida de las mujeres.

Tortura y otros malos tratos

En marzo, el Defensor del Pueblo informó de que algunas instituciones psiquiátricas seguían utilizando camas con dispositivos de inmovilización, incluso cuando no existían riesgos para los pacientes o para su entorno. En algunos casos, este tipo de camas estaban incluidas en el inventario de las instituciones. En septiembre, el Ministerio de Salud publicó una guía metodológica destinada a regular el uso de las técnicas de inmovilización, incluidas las “camas con red”. En 2004, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura había recomendado suspender inmediatamente el uso de las “camas-jaula” y retirar cuanto antes las camas con red como medio de manejar a pacientes o residentes en estado de agitación.

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