República Checa
Jefe del Estado
Václav Klaus
Jefe del gobierno
Petr Nečas (sustituyó a Jan Fischer en julio)
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
10,4 millones
Esperanza de vida
76,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
5/4 por cada 1.000

Continuaron celebrándose varios juicios relacionados con casos de ataques a romaníes y se impusieron penas severas a algunos acusados. El gobierno siguió sin eliminar la segregación de los niños y niñas romaníes en el sistema educativo. Suscitó preocupación la modificación de la ley relativa al trato a las personas migrantes.

Información general

En julio, tras las elecciones al Parlamento celebradas en mayo, el presidente formó un nuevo gobierno de coalición de centro-derecha. En septiembre, el gobierno destituyó al comisionado nacional de derechos humanos. El puesto seguía vacante al finalizar el año.

En octubre, dos altos cargos del Ministerio de Educación, responsables de la integración de los niños y niñas romaníes en el sistema general de educación, dimitieron en señal de protesta por el hecho de que el gobierno no considerara una cuestión prioritaria la educación en condiciones de igualdad de los romaníes.

El Tribunal Supremo Administrativo resolvió disolver el Partido Obrero (Dělnická Strana), alegando que su programa incitaba al odio nacional, racial, étnico y social y suponía una amenaza para la democracia.

Arriba

Discriminación: romaníes

Los romaníes se enfrentaban a una hostilidad pública patente y estaban pendientes de celebrarse varios juicios por ataques contra miembros de esta comunidad. Continuaron sufriendo discriminación, incluida segregación en las escuelas y en la vivienda.

Ataques violentos

  • El 14 de marzo se lanzaron varios cócteles molotov contra la casa de una familia romaní en el asentamiento de Bedřiška, en la localidad de Ostrava. En noviembre, el fiscal del Estado acusó formalmente a una vecina y a su hijo adolescente de intento de asesinato. La investigación policial descartó que el ataque hubiera tenido una motivación racial y concluyó que se había debido a una riña entre vecinos. En diciembre, el Tribunal Regional de Ostrava impuso condenas condicionales a los autores del ataque.
  • El 20 de octubre, el Tribunal Regional de Ostrava declaró a cuatro hombres culpables de intento de homicidio y daños contra la propiedad por el incendio provocado de la vivienda de una familia romaní en el pueblo de Vitkov en abril de 2009. Llegó a la conclusión de que había sido un acto premeditado y de motivación racial. Tres de los acusados fueron condenados a 22 años de cárcel, y el cuarto, a 20. Todos recurrieron la sentencia. La casa de la familia había resultado destruida como consecuencia del incendio. Una niña de dos años había sufrido quemaduras en más del 80 por ciento del cuerpo y había permanecido tres meses en coma inducido.
  • Estaba pendiente de celebrarse el juicio contra ocho personas sospechosas de haber perpetrado ataques contra romaníes en la localidad de Havířov. Durante uno de ellos, ocurrido en noviembre de 2008, un grupo de presuntos neonazis había agredido a varias personas y herido de gravedad a un hombre.

Educación

Persistía la segregación de los niños y niñas romaníes en escuelas para alumnado con “discapacidad mental leve”, y seguía habiendo escuelas y clases destinadas exclusivamente a romaníes. Tres años después de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que había confirmado la prohibición de educar a los niños y niñas romaníes en escuelas separadas y proporcionarles una educación de inferior calidad, el gobierno continuaba sin eliminar la discriminación en el sistema educativo del país.

En marzo, el Servicio Checo de Inspección de Escuelas reveló que el 35 por ciento de todos los menores de edad a quienes se había diagnosticado una “discapacidad mental leve” eran romaníes, y que en algunas regiones el porcentaje superaba el 50 por ciento.

En abril, el Defensor Público de los Derechos (el Defensor del Pueblo) reaccionó ante estos datos afirmando que “la consecuencia del método de evaluación aplicado a los niños romaníes por los psicólogos de los centros de asesoramiento escolar es su segregación del sistema de educación general, lo que les impide a su vez acceder a una educación de calidad”. Declaró también que resultaba discriminatorio que el 35 por ciento de los menores de edad a quienes se diagnosticaba discapacidad mental fueran romaníes.

El gobierno había aprobado en marzo un Plan Nacional de Acción para la Educación Inclusiva, pero no se abordaba en él la discriminación por origen étnico ni se incluía un calendario preciso para la eliminación de la segregación en las escuelas checas. El nuevo ministro de Educación aplazó la aplicación del plan y rechazó también introducir cambios en dos normativas ministeriales con vistas a suprimir algunas de las barreras discriminatorias a las que se enfrentaban los niños y niñas romaníes a la hora de acceder a escuelas no especiales.

Tras una visita efectuada a la República Checa en noviembre, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa afirmó que no se había producido prácticamente ningún cambio desde que, tres años antes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolviera que el país había discriminado a niños y niñas romaníes al educarlos en escuelas destinadas a niños con discapacidad mental. El 2 de diciembre, al analizar la aplicación de la sentencia, el Comité de Ministros del Consejo de Europa animó al gobierno a aplicar sin demora el Plan Nacional de Acción y a abordar la situación de los alumnos ingresados en escuelas que no les correspondían.

Vivienda

En septiembre, el Defensor del Pueblo concluyó que el municipio de Vítkovice (distrito de Ostrava) conculcaba gravemente la normativa legal en los casos de romaníes que solicitaban residencia permanente. El Defensor mostró su preocupación por la posibilidad de que los requisitos administrativos adicionales exigidos por algunos municipios a los romaníes cuando solicitaban domicilio permanente –como la obligación de mantener una entrevista con funcionarios– supusieran discriminación. La ONG Z§vůle Práva, que representaba a romaníes que solicitaban residencia permanente, había puesto los hechos en conocimiento del Defensor del Pueblo y, en 2009, había presentado una demanda civil contra el municipio por esta práctica. Al finalizar el año, la causa estaba todavía pendiente.

  • En octubre, el Tribunal de Apelación remitió de nuevo al Tribunal Regional de Ostrava la causa seguida por el desalojo de unos romaníes en 2006 en la localidad de Vsetín, porque el Tribunal Regional no había evaluado una gran parte de las pruebas presentadas por los denunciantes. El Defensor del Pueblo había afirmado en 2007 que el desalojo había supuesto una vulneración sustancial del derecho a la dignidad humana y a la protección de la vida personal y familiar. Algunas familias señalaron que las habían amenazado con no proporcionarles una vivienda si se oponían al desalojo. Algunos de los desalojos se habían llevado a cabo de noche, y, según los informes, las viviendas facilitadas a las víctimas no reunían las condiciones adecuadas.
Arriba

Esterilización forzada de mujeres romaníes

A pesar de haber expresado su pesar por las esterilizaciones forzadas practicadas en el pasado, el gobierno no introdujo cambios legislativos que garantizaran el consentimiento libre, previo e informado en los casos de esterilización. En octubre, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó al gobierno que revisara el plazo de prescripción (tres años) establecido para poder obtener indemnizaciones por esterilizaciones forzadas.

  • En enero, el Tribunal Superior de Praga concedió una indemnización de 200.000 coronas checas (unos 8.100 euros) a dos mujeres romaníes víctimas de esterilización forzada.
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Derechos de las personas refugiadas y migrantes

El Parlamento aprobó en diciembre una modificación de la Ley sobre la Estancia de Extranjeros. La nueva legislación, que ampliaba de 6 a 18 meses el tiempo máximo durante el que un inmigrante podía permanecer detenido, suscitó preocupación.

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Los derechos humanos región a región

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