Unas manifestaciones antirromaníes organizadas por grupos políticos “ultraderechistas”
en el norte dieron lugar a enfrentamientos con la policía. El gobierno siguió sin
abordar la discriminación de la comunidad romaní en la educación a pesar de una sentencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En marzo, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa señaló que el discurso
racista y antirromaní seguía siendo habitual entre los políticos de los principales
partidos, tanto a escala nacional como local. Al igual que el Comité de los Derechos
del Niño de la ONU, el comisario expresó también su preocupación por la perpetuación
de la segregación ilegal y sistémica de los niños romaníes en la educación general.
Racismo y ataques violentos
Tras tensiones surgidas entre romaníes y no romaníes en Nový Bydžov, en la región
de Hradec Králové, el alcalde de la localidad había afirmado en noviembre de 2010:
“Los ciudadanos [...] quieren que los romaníes desaparezcan, pero [...] las autoridades
locales tienen las manos atadas por las leyes”. Representantes del Partido de los
Trabajadores por la Justicia Social acogieron con satisfacción las palabras del alcalde
y anunciaron su disposición a ayudar al municipio. El 12 de marzo, el partido organizó
una marcha en Nový Bydžov. Tres hombres romaníes fueron agredidos por los manifestantes.
Las ONG expresaron su preocupación al tener noticia de que la policía había hecho
uso excesivo de la fuerza frente a contramanifestantes pacíficos que intentaban levantar
una barricada para impedir que la marcha atravesara un barrio de población mayoritariamente
romaní.
El Tribunal Superior ratificó en marzo la decisión del Tribunal Regional de Ostrava,
que había declarado a cuatro hombres culpables de intento de homicidio y daños contra
la propiedad basados en motivos raciales por el incendio provocado de la vivienda
de una familia romaní en el pueblo de Vítkov en 2009. En julio, los agresores recurrieron
la decisión del Tribunal Superior ante el Tribunal Supremo, que rechazó el recurso
en diciembre.
El 11 de julio se informó de un incendio provocado en Býchory, localidad del centro
de Bohemia. No hubo heridos. Una portavoz de la policía contó a los medios de comunicación
que los agresores habían recorrido el barrio gritando eslóganes racistas. A las pocas
horas, la policía detuvo a cuatro hombres. La fiscalía regional presentó cargos contra
uno de los detenidos por intentar causar lesiones graves por motivos racistas. Los
tres restantes fueron acusados de violencia contra un grupo de personas y contra particulares.
En agosto, tras dos incidentes entre romaníes y no romaníes, grupos políticos “ultraderechistas”,
entre ellos el Partido de los Trabajadores por la Justicia Social, protagonizaron
varias protestas antirromaníes en las localidades de Nový Bor, Rumburk, Varnsdorf
y Šluknov, en el norte de Bohemia. Las protestas, que se caracterizaron por violentos
enfrentamientos entre manifestantes y policías, continuaron hasta finales de septiembre.
Se desplegaron unidades especiales de policía para mantener el orden público. Altos
cargos públicos, entre ellos el presidente, condenaron la violencia antirromaní, y
la portavoz de la policía expresó la determinación de impedir los abusos de motivación
racial.
El ministro del Interior se reunió el 8 de noviembre con los alcaldes de la zona de
Šluknov en respuesta al aumento de la tensión entre romaníes y no romaníes allí y
anunció la creación de una unidad especial de policía para velar por el orden público.
Según informes, el primer ministro afirmó que las tensiones eran producto de unas
políticas de protección social excesivamente generosas y que el Estado no debía ayudar
a “vagos y delincuentes” que abusaban de las prestaciones.
Educación
Alrededor de 50 expertos de ONG, instituciones académicas y agencias gubernamentales
dimitieron en mayo de sus grupos de trabajo del Ministerio de Educación en señal de
protesta por la insuficiente asignación de recursos por parte del gobierno para aplicar
el Plan Nacional de Acción para la Educación Inclusiva, y por su negativa actitud
para implementar las reformas necesarias. Los expertos manifestaron que quedarse sería
equivalente a participar en un ejercicio de “escaparatismo” con que enmascarar la
falta de acción de las autoridades.
Continuaron las críticas al gobierno también por no dar cumplimiento a la sentencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa D.H. and Others v. Czech Republic, según la cual el Estado había discriminado al alumnado romaní en el acceso a la
educación. La sentencia obligaba a la República Checa a tomar medidas de prevención
contra la discriminación y abordar sus consecuencias. En mayo, el gobierno aprobó
reformas de los decretos sobre provisión de servicios de asesoramiento en escuelas
y sobre educación de personas con necesidades especiales. Las reformas entraron en
vigor el 1 de septiembre, pero las ONG locales expresaron la preocupación de que no
constituyeran un marco normativo lo bastante firme para poder aplicar la sentencia
del Tribunal Europeo. Además, en agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de
la Discriminación Racial había afirmado que los decretos reformados podían reforzar
en la práctica la discriminación.
Tras someterlo a revisión en junio, el Comité de Ministros del Consejo de Europa pidió
al gobierno que acelerara la aplicación del Plan Nacional de Acción y facilitara información
precisa sobre el estado en que se encontraba. El Comité expresó además su preocupación
por todo lo que aún faltaba por hacer para garantizar que los menores de edad romaníes
no fueran discriminados en el sistema educativo.
Vivienda
En agosto, el Tribunal Regional de Praga rechazó dos denuncias de discriminación étnica
y segregación de romaníes en el acceso a la vivienda. Ambas estaban relacionadas con
el desalojo de familias romaníes de la localidad de Kladno para llevarlas a unas viviendas
inadecuadas situadas en un antiguo matadero alejado de la población. El tribunal sostuvo
que el realojo de las familias no constituía segregación ni discriminación, y no pidió
explicaciones al municipio de por qué sólo se había llevado a ese lugar a romaníes.
La ONG Z§vůle práva, que representaba a los romaníes, recurrió la decisión ante el
Tribunal Superior.
Esterilización forzada de mujeres romaníes
El Tribunal Supremo resolvió en junio que el Tribunal Superior de Olomouc, en Moravia,
debía revisar el caso de una mujer romaní a la que presuntamente habían esterilizado
sin su consentimiento informado. El Tribunal Supremo discrepó de la decisión del tribunal
inferior de que la víctima de esterilización no tenía derecho a ser indemnizada porque
el delito había prescrito.
La entrada en vigor en enero de legislación que ampliaba a 18 meses el periodo máximo
que un inmigrante podía permanecer detenido suscitó profunda preocupación porque daba
pie a que algunos ciudadanos extranjeros se consumieran bajo custodia sólo por motivos
de control de la inmigración. En julio, el Ministerio del Interior presentó un anteproyecto
de ley sobre la Estancia de Extranjeros, que mantenía la ampliación del periodo máximo
de detención de inmigrantes. Además, el defensor del Pueblo para los Derechos Humanos
expresó la preocupación de que, si se adoptaba e implementaba, esta ley sancionaría
un sistema discriminatorio de dos niveles para los ciudadanos checos y sus familiares
de países no pertenecientes a la Unión Europea.
Se formularon denuncias verosímiles de tráfico de trabajadores migrantes y fraude
en la industria forestal, donde se obligaba a hacer jornadas de hasta 12 horas sin
recibir salario. Algunas personas llevaban meses sin cobrar. Al final del año continuaba
abierta una investigación policial sobre estas denuncias, pero existía preocupación
por su lentitud y su falta de eficacia. Las empresas forestales checas siguieron contratando
nuevos trabajadores para la temporada de 2011.
