República Democrática del Congo - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Democrática del Congo

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
República Democrática del Congo is now live »

Jefe del Estado
Joseph Kabila
Jefe del gobierno
Adolphe Muzito
Pena de muerte
retencionista
Población
66 millones
Esperanza de vida
47,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
209/187 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
67,2 por ciento

Los grupos armados y el ejército nacional cometieron graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en el este del país, especialmente en el contexto de las operaciones del gobierno contra el grupo armado Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda. El ejército, la policía y los servicios de inteligencia del gobierno perpetraron en todo el país graves violaciones de derechos humanos, a veces de motivación política, entre ellas frecuentes detenciones arbitrarias, actos de tortura y otros malos tratos y violencia sexual. Se condenó a muerte a decenas de personas; no se tuvo noticia de ninguna ejecución. Aumentaron cada vez más las restricciones oficiales a la libertad de prensa y hubo casos de amenazas y agresión a personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos. Las relaciones entre la República Democrática del Congo y Angola se deterioraron, hasta degenerar en septiembre en expulsiones masivas y arbitrarias recíprocas de personas migrantes y refugiadas.

Conflicto armado

En enero, los gobiernos congoleño y ruandés lanzaron una ofensiva militar conjunta contra las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR) en la provincia de Kivu Septentrional. Las fuerzas ruandesas se retiraron en febrero. En marzo, con el apoyo de la misión de la ONU para el mantenimiento de la paz en la República Democrática del Congo (MONUC), el ejército nacional, las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC), lanzó una segunda ofensiva contra las FDLR, conocida como Kimia II. Esta operación se hizo extensiva a la provincia de Kivu Meridional en julio, y al final de año continuaba en ambas provincias. En octubre, el relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias calificó las operaciones militares contra las FDLR de “catastróficas” desde la perspectiva de los derechos humanos.

Las operaciones militares se llevaron a cabo después de un acercamiento entre los gobiernos de la República Democrática del Congo y Ruanda y de un acuerdo de paz firmado a principios de año para poner fin a la rebelión del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), grupo armado respaldado por Ruanda, en Kivu Septentrional. En el marco de este acuerdo se integró apresuradamente en las FARDC a gran número de combatientes del CNDP y otros grupos armados, que desempeñaron un importante papel en las operaciones contra las FDLR. El gobierno no investigó, adiestró ni pagó adecuadamente a estas fuerzas recién integradas. Las antiguas cadenas de mando de los grupos armados quedaron intactas. La falta de control efectivo del gobierno sobre estas fuerzas contribuyó a que hubiera poco respeto por los derechos humanos en las FARDC.

El apoyo de la MONUC a Kimia II, aunque autorizado por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, recibió críticas debido a los crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas por las FARDC y, como represalia, por las FDLR. Al final del año, la MONUC tenía unos 20.000 efectivos, concentrados en el este del país.

Continuaron las operaciones militares que las FARDC, apoyadas por fuerzas del gobierno ugandés y por la MONUC, llevaban a cabo en el noreste de la República Democrática del Congo contra el Ejército de Resistencia del Señor. Éste era responsable de violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos secuestros y homicidios de civiles.

En junio se anunció la implantación del STAREC, plan de estabilización y reconstrucción para el este de la República Democrática del Congo auspiciado por el gobierno y la ONU con objeto de consolidar la seguridad y la autoridad del Estado, prestar asistencia a las poblaciones afectadas por la guerra y reanudar la actividad económica. Un aspecto fundamental del plan era el despliegue progresivo de policía, así como de autoridades administrativas y judiciales, para sustituir a las FARDC en el este del país. El plan se enfrentaba a considerables retos, como la situación de inseguridad persistente en el este y la ausencia de una reforma esencial de las fuerzas armadas del gobierno.

En noviembre se produjo en torno a Dongo, provincia de Équateur, en el noroeste del país, un estallido de violencia entre comunidades que causó al menos 100 muertes y, según cálculos, obligó a desplazarse de sus hogares a unas 92.000 personas.

Homicidios ilegítimos

Los grupos armados y las fuerzas del gobierno fueron responsables de centenares de homicidios ilegítimos y ataques contra personal humanitario, particularmente en el contexto de la ofensiva Kimia II.

  • Entre el 27 y el 30 de abril, en el curso de operaciones contra las FDLR, soldados de las FARDC mataron al menos a un centenar de civiles, en su mayoría mujeres, niños y niñas, en un campo de refugiados de Shalio, territorio de Walikale, provincia de Kivu Septentrional.
  • Aparentemente como represalia, el 10 de mayo las FDLR mataron ilegítimamente al menos a 96 civiles en Busurungi, territorio de Walikale. A algunas de las víctimas las quemaron vivas en sus casas.

Violencia contra mujeres y niñas

Durante las operaciones militares emprendidas en el este de la República Democrática del Congo se produjo un aumento de la violencia sexual. También se registraron gran número de violaciones en otras zonas del país no afectadas por el conflicto, incluidas las ciudades de Lubumbashi y Kinshasa.

  • En junio, el centro médico de una ONG informó de que habían recibido alrededor de 60 casos nuevos de mujeres y niñas violadas por miembros de la FARDC, las FDLR y otras milicias en el sur del territorio de Lubero, Kivu Septentrional.

Derechos de la infancia

En enero se aprobó una ley de protección de la infancia en la que se establecían diversas medidas administrativas, judiciales, educativas y de atención de la salud para proteger a los niños y las niñas. La nueva ley tipificaba como delitos, entre otros, los actos de tortura, el secuestro, la trata de menores de edad y la violencia sexual contra menores, y el reclutamiento y empleo de menores en fuerzas o grupos armados y en la policía. No obstante, la aplicación de la ley no era del todo efectiva.

En enero, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, determinó que el gobierno y los grupos armados eran responsables de violaciones sistemáticas de la Convención sobre los Derechos del Niño, entre ellas reclutamiento y empleo de niños y niñas en un conflicto armado, secuestro, trata de menores de edad, tortura y otros malos tratos, detención arbitraria y reclusión ilegal de menores, así como un alto grado de violencia sexual y explotación económica. El Comité expresó su preocupación por la elevada mortalidad infantil y el bajo índice de escolarización existentes, particularmente entre las niñas. En noviembre, el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) informó de que había más de 43.000 menores trabajando en las minas en la República Democrática del Congo.

  • En abril, unos delegados de Amnistía Internacional vieron a niños trabajando en una mina de oro en Goné, territorio de Mwenga, provincia de Kivu Meridional. Otros mineros utilizaban mercurio, sin ninguna protección, para sacar las partículas de oro del cieno del lecho del río.

Niños y niñas soldados

Se calculaba que había entre 3.000 y 4.000 niños y niñas, en muchos casos recién reclutados, prestando servicio en grupos armados en el este de la República Democrática del Congo. El Ejército de Resistencia del Señor secuestró a centenares de personas, en su mayoría niños y niñas, en la provincia de Orientale, en el noreste del país, para someterlas a esclavitud doméstica y sexual y utilizarlas como combatientes. También había muchos niños en las FARDC, aunque oficialmente éstas habían puesto fin al reclutamiento de menores en 2004. Algunos eran niños asociados a grupos armados que se habían incorporado a principios de 2009 a las FARDC. Los programas de protección y reintegración en la comunidad emprendidos por la ONU y por ONG para ex niños y niñas soldados continuaron adoleciendo de escasez de recursos.

Personas refugiadas y desplazadas internamente

Al final del año había alrededor de 2 millones de personas desplazadas internamente, centenares de miles de ellas desplazadas por la ofensiva Kimia II. Alrededor de la mitad eran niños y niñas. Decenas de miles que se encontraban en zonas poco seguras continuaron fuera del alcance de la asistencia humanitaria. Muchas se hallaban en pésimo estado de salud tras días o semanas de huida.

Se calculaba que entre enero y octubre 160.000 ciudadanos de la República Democrática del Congo fueron expulsados de Angola y obligados a regresar a su país. Estas expulsiones masivas y arbitrarias, que alcanzaron su punto álgido en septiembre (véase el apartado sobre Angola), se llevaron a cabo en lamentables condiciones humanitarias y a la vez que se cometían otras violaciones de derechos humanos, como violencia sexual y tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad angoleñas. Según informes, gran número de personas expulsadas se ahogaron al cruzar ríos o murieron asfixiadas en vehículos repletos de pasajeros. Como represalia, las autoridades de la República Democrática del Congo expulsaron en septiembre a miles de ciudadanos angoleños, incluido un número indeterminado de personas reconocidas como refugiadas. En octubre, ambos países acordaron poner fin a las expulsiones.

Comercio de armas y explotación de recursos naturales

En noviembre, el Grupo de Expertos de la ONU determinó que las FARDC, así como las FDLR y otros grupos armados, continuaban beneficiándose de la explotación sistemática de las riquezas minerales y otros recursos naturales del país. En su informe, el Grupo destacó casos de contrabando de oro a Uganda, Burundi y Emiratos Árabes Unidos por las FDLR; de colaboración de miembros de las FARDC con las FDLR, y de presunto tráfico de armas para las FDLR desde Tanzania y Burundi. Se denunciaba en el informe que el CNDP seguía teniendo el control de gran parte de sus armas a pesar de la incorporación de sus fuerzas a las FARDC. Se presentaban datos que demostraban que había Estados que no cumplían el embargo de armas y las sanciones de la ONU, señalando que tales casos habían “socavado gravemente la credibilidad del régimen de sanciones”.

  • En abril, un sargento del ejército habló a Amnistía Internacional de explotación militar sistemática de una gran mina de casiterita en el territorio de Walungu, provincia de Kivu Meridional. Dijo que los beneficios se los repartían dos brigadas de las FARDC y su cuartel general regional en Bukavu.

Tortura y otros malos tratos

Seguían siendo comunes la tortura y otros malos tratos bajo custodia del ejército, la policía y los servicios de inteligencia. Los grupos armados también eran responsables de abusos de este tipo. En todos los centros de detención y prisiones, las condiciones constituían trato cruel, inhumano o degradante. Murieron de desnutrición y de enfermedades tratables decenas de personas presas y detenidas. Las violaciones y otros abusos sexuales a mujeres privadas de libertad eran práctica generalizada. Hubo frecuentes fugas masivas de prisiones y centros de detención, algunas de ellas de personal militar acusado o declarado culpable de violaciones de derechos humanos.

  • En junio fueron violadas 20 reclusas en la prisión de Muzenze, en Goma, durante un intento de fuga masiva. Un grupo de militares presos, que llevaban armas introducidas clandestinamente en la prisión, las agredieron en sus celdas.

Pena de muerte

A lo largo del año, los tribunales militares condenaron a muerte a decenas de personas, algunas de ellas civiles. No se tuvo noticia de ninguna ejecución.

Defensores y defensoras de los derechos humanos y libertad de expresión

Se detuvo arbitrariamente a varios activistas de los derechos humanos, que fueron maltratados bajo custodia. Hubo un aumento de las amenazas de muerte contra defensores de los derechos humanos y periodistas, generalmente en mensajes de texto por teléfono móvil. Se procesó a dos defensores de los derechos humanos tras haber publicado sus organizaciones informes críticos con las autoridades. Se detuvo a sindicalistas y periodistas que habían denunciado corrupción de ministros y otras autoridades. El gobierno amenazó con juzgar a periodistas locales e internacionales ante tribunales militares si publicaban artículos que se consideraran insultantes para el ejército.

  • En septiembre, Golden Misabiko, presidente de la ONG Asociación Africana para la Defensa de los Derechos Humanos en la provincia de Katanga (ASADHO/Katanga), fue condenado in absentia a 12 meses de prisión, 8 de ellos suspendidos, por “difundir rumores falsos que podrían alarmar a la población o incitarla contra los poderes establecidos”, tras haber publicado su organización un informe en el que se denunciaba complicidad de funcionarios del Estado en la explotación ilegal de la mina de uranio de Shinkolobwe.
  • Robert Ilunga, presidente de la ONG de derechos humanos Amigos de Nelson Mandela, fue detenido por los servicios de inteligencia en Kinshasa en agosto. Se lo acusó de “propagación de rumores falsos” y “difamación” por un informe de su organización en el que se denunciaba trato indebido a trabajadores de una fábrica de Kasangulu, provincia de Bas Congo. En el informe se relacionaba con la fábrica a una “gran dama”, en alusión, a juicio de las autoridades, a Olive Lembe, esposa del presidente Joseph Kabila. Tras nueve días de reclusión en régimen de incomunicación, Robert Ilunga fue trasladado a la prisión central de Kinshasa. Un tribunal de esta ciudad le concedió en octubre la libertad provisional. No se fijó ninguna fecha para su juicio.

Impunidad

En julio, el gobierno anunció una política de “tolerancia cero” de las violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas. En las provincias de Kivu Septentrional y Meridional se procesó ante tribunales militares de campo a varios soldados y oficiales, en su mayoría de baja graduación, por violaciones de derechos humanos, incluidos actos de violencia sexual. No obstante, el gobierno se negó a entregar a Bosco Ntaganda a la Corte Penal Internacional, que había dictado acta de acusación en su contra por crímenes de guerra. También se negó a retirar del servicio, en espera de una investigación y un juicio, a otros altos cargos militares, sospechosos de violaciones graves de derechos humanos. Bosco Ntaganda y muchos de estos militares desempeñaron funciones de mando en las FARDC durante la ofensiva Kimia II. En marzo, un tribunal militar condenó a muerte al ex líder de las milicias Kyungu Mutanga, alias Gédéon, por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, insurrección y terrorismo cometidos en la provincia de Katanga entre 2004 y 2006.

Justicia internacional

Las autoridades alemanas detuvieron a Ignace Murwanashyaka, presidente de las FDLR, y a su adjunto, Straton Musoni, en noviembre. Según informes, las detenciones, basadas en cargos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por las FDLR en el este de la República Democrática del Congo, se produjeron tras un año de investigación y fueron las primeras de altos cargos políticos o militares acusados de delitos cometidos en las provincias de Kivu Septentrional y Meridional. Otros líderes acusados de crímenes de guerra y otros abusos graves contra los derechos humanos cometidos en la República Democrática del Congo continuaron en el extranjero sin ser procesados. Entre ellos figuraba Laurent Nkunda, jefe militar desbancado del CNDP, recluido en Ruanda desde enero.

En enero comenzó ante la Corte Penal Internacional el juicio de Thomas Lubanga, acusado de los crímenes de guerra de reclutamiento y uso de menores de 15 años en hostilidades. A final del año no había concluido aún. En noviembre comenzó también ante la Corte el juicio de Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui, acusados conjuntamente de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluidos reclutamiento y uso de menores de 15 años, asesinato, violación y esclavitud sexual. En junio se confirmaron los cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad formulados contra el ex vicepresidente de la República Democrática del Congo Jean-Pierre Bemba Gombo, bajo custodia de la Corte Penal Internacional desde julio de 2008. Se esperaba que su juicio comenzara en 2010.

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