Información general

El ejército nacional (Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, FARDC) emprendió varias operaciones militares contra grupos armados en el este y el norte del país. La Operación Amani Leo, lanzada en enero contra las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR) y que contó con apoyo logístico y de planificación de la ONU, se desarrolló con acciones en todo el territorio de Kivu Septentrional y Kivu Meridional. Según los informes, soldados de las FARDC obligaron a civiles a realizar trabajo forzoso, practicaron detenciones arbitrarias y confiscaron bienes y ganado. Las FARDC también emprendieron operaciones contra el Ejército de Resistencia del Señor (LRA) en la provincia de Orientale y contra las Fuerzas Democráticas Aliadas/Ejército Nacional para la Liberación de Uganda (AFD/NALU) en la región de Grand Nord, en Kivu Septentrional. Estas operaciones propiciaron el desplazamiento de civiles.

El 4 de abril, el grupo armado Movimiento de Liberación Independiente de los Aliados (MLIA) atacó Mbandaka, capital de la provincia de Équateur, y controló algunas zonas de la ciudad durante dos días. Al parecer, las fuerzas de seguridad congoleñas desplegadas para responder al ataque mataron, violaron y detuvieron arbitrariamente a civiles.

La impunidad por violaciones de derechos humanos seguía siendo un fenómeno muy extendido. No se relevó de sus puestos ni se llevó ante la justicia a autores conocidos de delitos de derecho internacional. En marzo, el presidente anunció que la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (Misión de la ONU en la República Democrática del Congo, MONUC) abandonaría el país en junio de 2011. La misión cambió su nombre por el de Misión de Estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUSCO) a partir del 1 de julio, como parte de un compromiso con el gobierno del país. El mandato de la MONUSCO se prorrogó al menos hasta junio de 2011, y el gobierno acordó que las tropas de la ONU sólo se retirarían después de mejoras demostrables en la seguridad.

En septiembre, la República Democrática del Congo ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que exige que se permita el acceso a los lugares de detención de los observadores nacionales y de la ONU. En marzo, durante el examen periódico universal de la ONU, el gobierno se opuso a la recomendación de permitir el acceso de observadores de la ONU a los centros de detención, incluidos los dependientes de la Agencia Nacional de Información y la Guardia Republicana.

En marzo, una remodelación del gobierno suprimió el cargo de ministro de Derechos Humanos. La responsabilidad de la promoción de los derechos humanos se transfirió al ministro de Justicia. En abril, el gobierno anunció la creación de la Entidad de Enlace en Materia de Derechos Humanos con el objetivo de mejorar las comunicaciones entre las organizaciones de derechos humanos y las autoridades.

En diciembre, algunos líderes de la oposición anunciaron su candidatura a las elecciones presidenciales de 2011. El anuncio coincidió con incidentes en los que se vulneró el derecho de periodistas y partidos de la oposición a la libertad de expresión y de asociación.

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Abusos cometidos por grupos armados

Los ataques del Ejército de Resistencia del Señor (LRA) contra civiles fueron especialmente intensos en febrero y marzo. El LRA secuestró a civiles y los obligó a combatir. En el distrito de Bas Uélé, provincia de Orientale, 80 personas murieron a manos del LRA, según los informes, entre el 22 y el 26 de febrero. A partir de julio, más de 300.000 personas se vieron desplazadas en Haut Uélé y Bas Uélé como consecuencia de los ataques del LRA.

Las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR) eran una amenaza constante para la población civil en las provincias de Kivu Septentrional, Kivu Meridional y Maniema, y fueron responsables de homicidios ilegítimos, secuestros, saqueos e incendios de viviendas. Un batallón de las FDLR en el territorio de Walikale, Kivu Septentrional, hizo causa común con el grupo Mayi-Mayi Sheka y perpetró algunos abusos en el territorio. El territorio de Shabunda, en Kivu Meridional, fue atacado regularmente por las FDLR; 40 residentes de la zona fueron secuestrados en marzo.

Había también otros grupos armados activos de ámbito local, como los Mayi-Mayi, la Alianza por un Congo Libre y Soberano (APCLS) en Masisi, la Coalición de Resistencia Patriota Congoleña (PARECO) en Kivu Septentrional, las Fuerzas Republicanas Federalistas (FRF) en Fizi, Kivu Meridional, el Frente de Resistencia Patriótica de Ituri (FRPI) y el Frente Popular por la Justicia en el Congo (FPJC). Grupos armados atacaron bases de la MONUSCO en Kivu Septentrional en agosto y octubre, y atacaron y secuestraron a personal de ayuda humanitaria en varias ocasiones.

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Homicidios ilegítimos

Los grupos armados y las fuerzas del gobierno fueron responsables de centenares de homicidios ilegítimos de civiles y ataques contra personal de ayuda humanitaria. A la resistencia de la población civil al robo, el trabajo forzoso y otros abusos de las fuerzas armadas se respondió frecuentemente con homicidios ilegítimos y otros actos de violencia.

• En febrero, las FDLR secuestraron al parecer a 15 mujeres y mataron a 5 de ellas en el territorio de Mwenga, Kivu Meridional.
• Al menos 20 personas recluidas en cárceles militares de Mbandaka, provincia de Équateur, fueron presuntamente ejecutadas por soldados de las FARDC en la noche del 4 al 5 de abril.
• El 21 de mayo, una mujer murió, al parecer abatida por los disparos de un soldado de las FARDC en Kalehe, Kivu Meridional, por negarse a transportar suministros militares.
• El 1 de julio, según informes, dos soldados de las FARDC mataron a un hombre, violaron a su hija de 12 años y mataron a otro hombre que intentaba rescatarlos en una población del territorio de Walungu, Kivu Meridional. Otras dos mujeres de la misma familia sufrieron malos tratos y varias casas fueron saqueadas.

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Violencia sexual

Estaban muy extendidas la violación y otras formas de violencia sexual, cometidas por las fuerzas de seguridad gubernamentales, incluida la Policía Nacional, y los grupos armados. El acceso insuficiente a la atención de la salud y la impunidad de los autores agravaban la situación de las personas supervivientes de violación. En muchos casos, los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de actos de violencia sexual recibían la protección de oficiales superiores o se fugaban con la ayuda del personal penitenciario.

• Entre el 30 de julio y el 2 de agosto, más de 300 mujeres, hombres, niñas y niños fueron violados en una sucesión de ataques contra 13 poblaciones del territorio de Walikale, Kivu Septentrional, perpetrados por una coalición de las FDLR, el grupo Mayi-Mayi y desertores de las FARDC. Durante los ataques, los atacantes obligaron a los residentes a congregarse, bloquearon caminos y comunicaciones, saquearon sistemáticamente las casas y violaron a quienes intentaban esconderse o escapar.
• En una sola semana de abril se denunciaron 16 casos de violación por fuerzas gubernamentales, incluido un caso de violación en grupo perpetrada por agentes de la Policía Nacional, durante los combates en Mbandaka, provincia de Équateur.
• El 6 de agosto, 10 mujeres fueron violadas, según los informes, en Katalukulu, territorio de Fizi, por soldados de las FARDC, al parecer como represalia por un ataque del grupo Mayi-Mayi.

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Niños y niñas soldados

Los grupos armados siguieron reclutando y usando niños y niñas en el este de la República Democrática del Congo. El LRA y las FDLR secuestraban a niños y niñas y los usaban como combatientes o como esclavos domésticos o sexuales.

Muchos niños y niñas servían también en las FARDC. Algunos eran ex miembros de grupos armados que no habían sido identificados durante los interrogatorios para ingresar en las FARDC en marzo de 2009. Otros eran nuevos reclutas. Aunque las FARDC pusieron fin oficialmente al reclutamiento de niños y niñas en 2004, el Código de Protección de la Infancia adoptado en enero de 2009 apenas se aplicó, y el gobierno no disponía de planes de acción para separar a los niños y niñas de las fuerzas armadas tal como exigían las resoluciones 1539 (2004) y 1612 (2005) del Consejo de Seguridad de la ONU.

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Personas refugiadas y desplazadas internamente

El número de desplazados internos se elevaba a casi 2 millones en agosto. La mayoría de estas personas estaban en las provincias de Kivu Septentrional, Kivu Meridional y Orientale. Las condiciones de vida eran muy precarias dentro de los campos y en las comunidades de acogida, y las personas desplazadas eran vulnerables a los ataques de los grupos armados.

Después del ataque contra Mbandaka en abril, el número de refugiados en la vecina República del Congo superaba los 114.000, y había unos 18.000 en la República Centroafricana. En la provincia de Équateur había unos 33.000 desplazados internos. En la provincia de Orientale, los ataques del LRA en diciembre de 2009 y febrero y marzo de 2010 condujeron al desplazamiento de más de 300.000 personas.

Entre septiembre y noviembre, más de 6.000 ciudadanos congoleños fueron expulsados de Angola. Según personal de ayuda humanitaria, más de 100 denunciaron haber sido violados en Angola (véase el apartado sobre Angola).

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Tortura y otros malos tratos

Los grupos armados y las fuerzas de seguridad del gobierno cometieron actos de tortura y otros malos tratos.

• El 20 de agosto, según los informes, soldados de las FARDC en Kasando, Kivu Septentrional, torturaron a cinco personas, dos de ellas menores de edad, detenidas tras un ataque contra la base de la MONUSCO en Kirumba. A cada una de ellas le propinaron entre 40 y 120 latigazos, y a algunas les quemaron manos y pies y se los amputaron. Todas fueron transferidas a la Fiscalía Militar de Goma.

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Pena de muerte

Los tribunales militares condenaron a muerte a decenas de personas durante el año, incluidos civiles. No se tuvo noticia de ejecuciones. El 25 de noviembre, la Asamblea Nacional rechazó una propuesta destinada a debatir un proyecto de ley sobre la abolición de la pena capital.

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Administración de justicia

La falta de recursos y las injerencias políticas paralizaban los tribunales en todo el país y propiciaron huelgas de magistrados en marzo en Kisangani y Kasai Oriental. Los tribunales estaban sobrecargados de casos, lo que se traducía en periodos excesivos de detención en espera de juicio. Los juicios no se ajustaban a las normas internacionales relativas a juicios justos, las sentencias casi nunca se hacían cumplir y las víctimas rara vez recibían indemnizaciones. Las autoridades militares y el gobierno se inmiscuían en las causas incoadas ante el sistema de justicia militar y civil. Los jefes militares sobre el terreno hacían caso omiso de las órdenes de detención dictadas por los fiscales militares contra miembros de sus unidades y bloqueaban el trabajo de las autoridades de la justicia militar.

Decenas de civiles fueron juzgados ante tribunales militares en contravención de las normas internacionales relativas a juicios justos. En octubre, la Asamblea Nacional comenzó a debatir un proyecto de ley sobre la aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que prescribía que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad serían juzgados por tribunales civiles.

El 12 de agosto, una compañía de las FARDC integrada por ex miembros de grupos armados sitió la Fiscalía Militar de Goma. Los asaltantes lograron forzar la liberación de un jefe militar que había sido detenido por negarse en julio a desplegar de nuevo sus tropas en la zona de Walikale, donde unas semanas después tuvieron lugar violaciones en masa cometidas por grupos armados.

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Condiciones de reclusión

Las prisiones carecían de recursos para cumplir las normas mínimas internacionales. Los presos no tenían garantizada ni siquiera una comida al día, y su acceso a la atención de la salud era inadecuado. Decenas de presos murieron en la cárcel como consecuencia de las deficientes condiciones, y un número muy superior murieron en los hospitales después de demoras excesivas en su traslado. Las instalaciones penitenciarias se hallaban en un estado de deterioro que obstaculizaba la separación efectiva de mujeres y hombres y de detenidos y presos penados. Se tuvo noticia de casos de violación dentro de las cárceles y las instalaciones de detención policiales.

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron ataques y secuestros y fueron objeto de amenazas de muerte y otras formas de intimidación por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno y de los grupos armados. Muchos defensores y defensoras de Kivu Septentrional que se manifestaron en contra de jefes militares abusivos se vieron obligados a esconderse o huir de la región. Otros fueron perseguidos por su labor de defensa en casos concretos de derechos humanos. La Agencia Nacional de Información, que no estaba sujeta a supervisión independiente ni control judicial, violó el derecho a la libertad de expresión de defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas.

• El 2 de junio, Floribert Chebeya, destacado defensor de los derechos humanos, fue hallado muerto en su automóvil en Kinshasa. Floribert y su conductor habían desaparecido la víspera tras acudir a reunirse con el inspector general de la policía a petición de éste. El conductor continuaba desaparecido. Ocho agentes de policía fueron acusados formalmente del asesinato y su juicio comenzó en noviembre. El inspector general de la policía fue suspendido en sus funciones pero no fue procesado.

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Libertad de expresión: periodistas

En todo el país, decenas de periodistas fueron objeto de amenazas, detención arbitraria, enjuiciamiento, intimidación y advertencias de las autoridades estatales de no informar sobre ciertos temas, y a algunos los mataron por llevar a cabo su trabajo. Se restablecieron las emisiones de Radio France International tras estar suspendidas durante un año por el gobierno, que había prohibido informar sobre operaciones militares.

• El 5 de abril, unos hombres armados mataron al camarógrafo Patient Chebeya delante de su casa en Beni, Kivu Septentrional.

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Justicia internacional

El 1 de octubre, la ONU compiló en un informe las violaciones más graves del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidas en la República Democrática del Congo entre marzo de 1993 y junio de 2003. El informe suscitó esperanzas de que miles de víctimas y defensores de los derechos humanos pudieran obtener justicia por los delitos de derecho internacional y los delitos tipificados en la legislación nacional. Aunque no era vinculante en virtud de la legislación congoleña, el informe ampliaba la obligación del gobierno de investigar las violaciones, poner a disposición judicial a los responsables y garantizar que las víctimas recibirían una reparación efectiva.

• Continuaron los procedimientos ante la Corte Penal Internacional contra Thomas Lubanga, acusado formalmente de reclutamiento y uso de niños y niñas menores de 15 años de edad para el grupo armado Unión de Patriotas Congoleños (UPC) en Ituri. En julio, el juicio estuvo a punto de frustrarse cuando el fiscal se negó a cumplir una resolución de los magistrados de la Corte que ordenaba revelar la identidad de un intermediario a los abogados defensores. La sala de apelación resolvió en octubre que el juicio podía continuar.
• El 11 de octubre, las autoridades francesas detuvieron a Callixte Mbarushimana, secretario de las FDLR, en aplicación de una orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional. Callixte Mbarushimana vivía como refugiado en Francia.
• En octubre, el ministro de Justicia reiteró la negativa del gobierno a entregar a Bosco Ntaganda a la Corte Penal Internacional, que lo reclamaba desde 2006 por cargos de reclutamiento y uso de niños y niñas.
• Los procedimientos que se seguían en la Corte Penal Internacional en el caso de Jean-Pierre Bemba, ex vicepresidente de la República Democrática del Congo acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos en la República Centroafricana, estuvieron dominados por impugnaciones de la jurisdicción de la Corte promovidas por los abogados defensores. El juicio comenzó finalmente el 22 de noviembre.

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