Dinamarca - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in Reino de Dinamarca

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Dinamarca is now live »

Jefa del Estado
reina Margarita II
Jefe del gobierno
Lars Løkke Rasmussen (sustituyó a Anders Fogh Rasmussen en abril)
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
5,5 millones
Esperanza de vida
78,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
6/6 por cada 1.000

Se introdujeron nuevas disposiciones que permitían el uso de información secreta en los casos de deportación y expulsión. Las autoridades tenían previsto utilizar “garantías diplomáticas” (promesas no jurídicamente vinculantes del país que recibe a la persona devuelta) para expulsar a presuntos terroristas a países donde se tenía constancia de que se practicaba la tortura. Varias personas fueron devueltas a Irak. Las medidas para combatir la violencia contra las mujeres seguían siendo inadecuadas.

Seguridad y medidas antiterroristas

En julio entraron en vigor varias enmiendas a la Ley de Extranjería, que se aplicaron con efecto retroactivo. Las nuevas disposiciones permitían la designación de un abogado de una lista aprobada por las autoridades, cuando éstas deseasen expulsar o deportar a nacionales extranjeros por “razones de seguridad nacional”, basándose en información secreta. Durante las vistas a puerta cerrada, estos abogados, que contaban con el visto bueno desde el punto de vista de la seguridad, tendrían acceso al material secreto utilizado para justificar la expulsión o deportación, pero se les prohibiría ponerlo en conocimiento de la persona afectada o del abogado de su elección. Las medidas contravenían las normas de justicia procesal.

En febrero, el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura expresó su preocupación por los planes del gobierno de apoyarse en “garantías diplomáticas” para devolver a personas sospechosas de terrorismo a países donde se tenía constancia de que se practicaba la tortura.

  • Al finalizar el año no habían concluido los procedimientos civiles entablados en 2007 por Ghousouallah Tarin. Era uno de los 31 afganos presuntamente detenidos por el contingente danés de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán en 2002 y había denunciado que después de ser transferido de la custodia danesa a la estadounidense había sido sometido a torturas y otros malos tratos. Algunos testigos, que ocupaban altos cargos en el Ministerio de Defensa danés o los habían ocupado en el pasado, no habían testificado al terminar el año.

Tortura y otros malos tratos

Aunque en 2008 varias reformas del Código Penal Civil y el Código Penal Militar habían introducido la tortura como circunstancia agravante para diversos delitos, y aunque el Código Penal danés contenía disposiciones que castigaban los actos constitutivos de tortura, la legislación penal danesa seguía sin incluir la tortura como delito específico.

El relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura expresó su inquietud ante, entre otras cosas, el uso generalizado de la reclusión en régimen de aislamiento, en especial de detenidos en prisión preventiva.

Los menores de edad bajo custodia preventiva solían ser recluidos en los mismos centros que los internos adultos.

Policía y fuerzas de seguridad

En diciembre, el gobierno presentó legislación para establecer un nuevo sistema de denuncias contra la policía.

La actuación de la policía durante las manifestaciones organizadas en diciembre con motivo de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático celebrada en Copenhague suscitó preocupación. Se recibieron informes de uso de fuerza excesiva, como el empleo de pulverizadores de pimienta contra manifestantes que ya estaban bajo control policial. De los 968 manifestantes detenidos en virtud de las nuevas disposiciones de detención preventiva administrativa, casi todos fueron liberados posteriormente sin cargos.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En agosto, la policía irrumpió en plena noche en una iglesia de Copenhague y detuvo a varios solicitantes de asilo iraquíes que llevaban meses refugiados en el templo. Se recibieron denuncias de uso de fuerza excesiva por parte de la policía para dispersar a las personas que se manifestaban en solidaridad con los solicitantes de asilo.

A lo largo del año, 38 solicitantes de asilo iraquíes fueron devueltos a Irak, entre ellos al menos 25 a regiones del sur y el centro del país, en contra de la recomendación del ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.

Las personas refugiadas y otros extranjeros recién llegados al país seguían sin tener derecho a percibir nada más que entre el 45 y el 65 por ciento de las prestaciones asistenciales periódicas, lo que hacía temer que terminasen viviendo en la indigencia.

Violencia contra mujeres y niñas

En febrero, el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura expresó su preocupación ante la elevada incidencia de agresiones y otros delitos sexuales contra mujeres en Groenlandia. En agosto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por el incremento del número de mujeres víctimas de violencia física entre 2000 y 2005, y por el hecho de que las mujeres inmigrantes fueran las más afectadas. El Comité hizo notar que las mujeres casadas extranjeras, cuya condición de migrantes dependía de la de sus cónyuges, eran especialmente vulnerables a la violencia intrafamiliar. Preocupaba que el estricto requisito de acreditar siete años de residencia para obtener la residencia permanente pudiera impedir a las mujeres poner fin a relaciones en las que sufrían malos tratos y buscar ayuda.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer coincidía con el relator especial sobre la cuestión de la tortura en considerar preocupante el énfasis del gobierno en la repatriación de las víctimas de trata a sus países de origen, en lugar de en su recuperación y rehabilitación.

Las autoridades no abordaron la falta de protección jurídica y de resarcimiento para las mujeres sobrevivientes de violación. Sin embargo, en noviembre el gobierno nombró un comité de expertos encargado de examinar la legislación existente en materia de violación y de formular recomendaciones.

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