Dinamarca
Jefa del Estado
reina Margarita II
Jefe del gobierno
Lars Løkke Rasmussen
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
5,5 millones
Esperanza de vida
78,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
6/6 por cada 1.000

Seguía suscitando preocupación la legislación antiterrorista. Continuaron las devoluciones –a Irak, entre otros países– contrarias a las normas internacionales. Las mujeres no estaban debidamente protegidas frente a la violencia en la legislación ni en la práctica.

Seguridad y medidas antiterroristas

La legislación antiterrorista seguía teniendo consecuencias para los derechos humanos. El acceso de la policía a información privada y confidencial (por ejemplo, interceptando comunicaciones telefónicas e informáticas) no estaba sujeto a un firme control judicial, y los procedimientos para impugnar casos de expulsión de personas por “motivos de seguridad nacional” seguían siendo injustos.

El gobierno publicó en septiembre un examen de la legislación antiterrorista adoptada desde 2001, que fue objeto de críticas por su falta de exhaustividad y por no incorporar los puntos de vista de las distintas partes interesadas. Basado exclusivamente en declaraciones del fiscal general, la Policía Nacional y el Servicio de Seguridad e Inteligencia de la Policía, el examen concluía que el aumento de atribuciones otorgadas a este último había mejorado la prevención del terrorismo.

  • En diciembre, el Tribunal Superior Oriental de Dinamarca anuló una orden de expulsión dictada contra un ciudadano tunecino, Slim Chafra, considerado una amenaza para la seguridad nacional. El Tribunal determinó que Slim Chafra no había podido impugnar de manera efectiva la decisión de su expulsión, dado que ésta se sustentaba sobre todo en material secreto, presentado en vistas a puerta cerrada, al que ni él ni sus abogados habían tenido acceso. En consecuencia, no había dispuesto de un medio justo ni razonable para defenderse.
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Tortura y otros malos tratos

En noviembre, un tribunal local resolvió que no podía efectuarse la extradición a India de Niels Holck, ciudadano danés, porque las garantías diplomáticas negociadas entre los gobiernos de Dinamarca e India no brindaban suficiente protección frente al peligro de tortura y otros malos tratos. El gobierno apeló contra el fallo, y al final del año el recurso seguía pendiente ante el Tribunal Superior.

En diciembre, el Tribunal Municipal de Copenhague resolvió que las detenciones masivas de carácter preventivo de 250 personas durante la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, celebrada en Copenhague en 2009, habían sido ilegales y que, además, las circunstancias en las que 178 de ellas habían tenido lugar constituían trato degradante, en contravención del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Persistía el problema de la reclusión de menores en prisión preventiva en los mismos centros que los adultos.

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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En mayo, el gobierno rectificó su política de transferencia de solicitantes de asilo a Grecia en aplicación del Reglamento Dublín II y anunció que ya no esperaría a que Grecia aceptara expresamente su responsabilidad sobre el caso para proceder a la transferencia, a pesar de la falta de protección existente en el procedimiento griego de determinación de los casos de asilo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó medidas provisionales que impedían la transferencia en al menos 304 casos, y en la práctica evitó la mayoría de los traslados. Aun así, el ministro danés de Asuntos de Refugiados, Inmigración e Integración no declaró interrumpidas todas las transferencias a Grecia basadas en el Reglamento Dublín II. Al término de 2010, 20 personas habían sido transferidas a Grecia en aplicación del Reglamento.

Se procedió a la devolución de al menos 62 iraquíes a Bagdad, Irak, a pesar de las recomendaciones del ACNUR –la agencia de la ONU para los refugiados– y sin tener en cuenta el peligro real de persecución o perjuicio grave que corrían allí.

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Violencia contra las mujeres

La legislación no protegía debidamente a las mujeres frente a la violencia sexual. Al final del año aún no había presentado sus conclusiones el comité de expertos al que el gobierno había encargado en 2009 examinar la legislación vigente sobre la violación. La ley establecía, por ejemplo, que el hecho de que el agresor entablara o continuara una relación de matrimonio o de unión civil con la víctima tras la violación era motivo de reducción o remisión de la pena.

Por término medio, sólo el 20 por ciento de las denuncias de violación daban lugar a una declaración de culpabilidad; la policía o los fiscales archivaban la mayoría de los casos, por lo que nunca llegaban a juicio, y esto generaba un gran riesgo de que los agresores disfrutaran de impunidad.

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Discriminación

En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial pidió al gobierno que ofreciera alojamiento adecuado a los romaníes y nómadas que se encontraban en el país, facilitara su acceso a los servicios públicos y les otorgara protección efectiva contra la discriminación y los delitos motivados por el odio.

El Comité también señaló que la adopción en mayo de un nuevo sistema de puntos para obtener permiso de residencia permanente introducía “requisitos onerosos y restrictivos” que podían excluir injustamente a personas vulnerables.

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