Seguía suscitando preocupación la legislación antiterrorista. Continuaron las devoluciones
–a Irak, entre otros países– contrarias a las normas internacionales. Las mujeres
no estaban debidamente protegidas frente a la violencia en la legislación ni en la
práctica.
La legislación antiterrorista seguía teniendo consecuencias para los derechos humanos.
El acceso de la policía a información privada y confidencial (por ejemplo, interceptando
comunicaciones telefónicas e informáticas) no estaba sujeto a un firme control judicial,
y los procedimientos para impugnar casos de expulsión de personas por “motivos de
seguridad nacional” seguían siendo injustos.
El gobierno publicó en septiembre un examen de la legislación antiterrorista adoptada
desde 2001, que fue objeto de críticas por su falta de exhaustividad y por no incorporar
los puntos de vista de las distintas partes interesadas. Basado exclusivamente en
declaraciones del fiscal general, la Policía Nacional y el Servicio de Seguridad e
Inteligencia de la Policía, el examen concluía que el aumento de atribuciones otorgadas
a este último había mejorado la prevención del terrorismo.
En diciembre, el Tribunal Superior Oriental de Dinamarca anuló una orden de expulsión
dictada contra un ciudadano tunecino, Slim Chafra, considerado una amenaza para la
seguridad nacional. El Tribunal determinó que Slim Chafra no había podido impugnar
de manera efectiva la decisión de su expulsión, dado que ésta se sustentaba sobre
todo en material secreto, presentado en vistas a puerta cerrada, al que ni él ni sus
abogados habían tenido acceso. En consecuencia, no había dispuesto de un medio justo
ni razonable para defenderse.
En noviembre, un tribunal local resolvió que no podía efectuarse la extradición a
India de Niels Holck, ciudadano danés, porque las garantías diplomáticas negociadas
entre los gobiernos de Dinamarca e India no brindaban suficiente protección frente
al peligro de tortura y otros malos tratos. El gobierno apeló contra el fallo, y al
final del año el recurso seguía pendiente ante el Tribunal Superior.
En diciembre, el Tribunal Municipal de Copenhague resolvió que las detenciones masivas
de carácter preventivo de 250 personas durante la Conferencia de la ONU sobre el Cambio
Climático, celebrada en Copenhague en 2009, habían sido ilegales y que, además, las
circunstancias en las que 178 de ellas habían tenido lugar constituían trato degradante,
en contravención del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Persistía el problema de la reclusión de menores en prisión preventiva en los mismos
centros que los adultos.
En mayo, el gobierno rectificó su política de transferencia de solicitantes de asilo
a Grecia en aplicación del Reglamento Dublín II y anunció que ya no esperaría a que
Grecia aceptara expresamente su responsabilidad sobre el caso para proceder a la transferencia,
a pesar de la falta de protección existente en el procedimiento griego de determinación
de los casos de asilo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó medidas provisionales
que impedían la transferencia en al menos 304 casos, y en la práctica evitó la mayoría
de los traslados. Aun así, el ministro danés de Asuntos de Refugiados, Inmigración
e Integración no declaró interrumpidas todas las transferencias a Grecia basadas en
el Reglamento Dublín II. Al término de 2010, 20 personas habían sido transferidas
a Grecia en aplicación del Reglamento.
Se procedió a la devolución de al menos 62 iraquíes a Bagdad, Irak, a pesar de las
recomendaciones del ACNUR –la agencia de la ONU para los refugiados– y sin tener en
cuenta el peligro real de persecución o perjuicio grave que corrían allí.
La legislación no protegía debidamente a las mujeres frente a la violencia sexual.
Al final del año aún no había presentado sus conclusiones el comité de expertos al
que el gobierno había encargado en 2009 examinar la legislación vigente sobre la violación.
La ley establecía, por ejemplo, que el hecho de que el agresor entablara o continuara
una relación de matrimonio o de unión civil con la víctima tras la violación era motivo
de reducción o remisión de la pena.
Por término medio, sólo el 20 por ciento de las denuncias de violación daban lugar
a una declaración de culpabilidad; la policía o los fiscales archivaban la mayoría
de los casos, por lo que nunca llegaban a juicio, y esto generaba un gran riesgo de
que los agresores disfrutaran de impunidad.
En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial pidió
al gobierno que ofreciera alojamiento adecuado a los romaníes y nómadas que se encontraban
en el país, facilitara su acceso a los servicios públicos y les otorgara protección
efectiva contra la discriminación y los delitos motivados por el odio.
El Comité también señaló que la adopción en mayo de un nuevo sistema de puntos para
obtener permiso de residencia permanente introducía “requisitos onerosos y restrictivos”
que podían excluir injustamente a personas vulnerables.
