Dinamarca
Jefa del Estado
reina Margarita II
Jefa del gobierno
Helle Thorning-Schmidt (sustituyó a Lars Løkke Rasmussen en octubre)
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
5,6 millones
Esperanza de vida
78,8 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
4 por cada 1.000

Se anunció otra investigación sobre el uso de territorio danés para vuelos de entrega dirigidos por la CIA, aunque su alcance era muy restringido y sus responsables carecían de atribuciones suficientes. Las prácticas de detención dirigidas al control de la inmigración suscitaron preocupación, ya que continuaba deteniéndose a personas vulnerables. La legislación negaba a las mujeres protección efectiva y en condiciones de igualdad frente a la violencia.

Seguridad y medidas antiterroristas

En febrero se celebró una vista sobre el examen de la legislación antiterrorista llevado a cabo el año anterior por el gobierno, pues se había expresado preocupación en relación con él por considerarlo insuficiente y poco exhaustivo.

El 2 de noviembre, el gobierno anunció que el Instituto Danés de Estudios Internacionales investigaría el uso de territorio danés para los vuelos de entrega dirigidos por la CIA desde 2001. Aun así, la investigación no abarcaría la totalidad del territorio danés, sino que se restringiría a los vuelos relacionados con Groenlandia. Además, el Instituto sólo estaría autorizado a revisar la documentación de una investigación danesa anterior, realizada en 2008, y los investigadores no tendrían potestad para obligar a declarar a testigos ni para solicitar más información. Con tales restricciones no parecía posible que la investigación cumpliera los criterios de independencia, imparcialidad, exhaustividad y eficacia del derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

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Tortura y otros malos tratos

En junio, el Tribunal Superior ratificó una sentencia anterior según la cual Niels Holck no podía ser extraditado a India porque las garantías diplomáticas negociadas por los gobiernos danés e indio no eran suficientes para protegerlo de posibles daños.

En noviembre, el Tribunal Municipal de Copenhague resolvió que Qais J. Khaled, ciudadano iraquí, podía demandar a las autoridades danesas por daños y perjuicios, por haberlo transferido a la policía iraquí para que quedara bajo su custodia en Basora en 2004 a sabiendas, al parecer, de que corría peligro de sufrir tortura y otros malos tratos.

En diciembre trascendieron más datos, según los cuales al menos 500 ciudadanos iraquíes podrían haber sido entregados a las autoridades de Irak en circunstancias similares. Asimismo, se expresó preocupación por que se hubiese ocultado al Parlamento la información que confirmaba que el ejército danés conocía el riesgo de tortura al que quedaban expuestas las personas transferidas a la jurisdicción iraquí.

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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

La política sobre refugiados y solicitantes de asilo siguió siendo motivo de preocupación.

En enero, tras una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos según la cual el sistema de determinación de los casos de asilo aplicado por Grecia no era efectivo, Dinamarca interrumpió las transferencias de solicitantes a este país conforme al Reglamento Dublín II (véase el apartado sobre Grecia). Las autoridades no tomaron medidas para localizar a las 20 personas transferidas a Grecia en 2010 en aplicación del Reglamento.

Se llevó a cabo la devolución de al menos 43 ciudadanos iraquíes a Bagdad, Irak, en contra de las directrices del ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.

Continuaron practicándose detenciones de personas vulnerables, incluidas víctimas de tortura y de trata de seres humanos, con fines de control de la inmigración.

A principios de año se tuvo noticia de que se había denegado la nacionalidad a 36 jóvenes palestinos apátridas en contravención de la Convención de la ONU para Reducir los Casos de Apatridia, que obliga a todo Estado signatario a conceder la nacionalidad a las personas nacidas en su territorio que de lo contrario serían apátridas. Posteriormente se supo que hasta 500 jóvenes palestinos habían sido mal informados y se les había negado la ciudadanía. Como consecuencia de estas revelaciones, la ministra de Refugiados, Inmigración e Integración dimitió de su cargo. Se creó un comité independiente para investigar los hechos y algunas de las personas concernidas emprendieron acciones legales contra el gobierno para reclamar una indemnización.

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Violencia contra mujeres y niñas

La legislación no ofrecía protección adecuada y en condiciones de igualdad a todas las víctimas de violencia sexual. Varios delitos de abuso y violencia sexual seguían sin ser legalmente punibles si el perpetrador y la víctima estaban casados, entre ellos las relaciones sexuales mantenidas sin consentimiento mutuo por estar la víctima en estado de indefensión debido a enfermedad o intoxicación.

Un comité de expertos establecido por el gobierno en 2009 para examinar la legislación vigente sobre violación aún no había presentado sus conclusiones al final del año. No obstante, el gobierno presentó en mayo varias propuestas para elevar las penas de cárcel por violación cuando el autor fuera un desconocido. Se expresó la preocupación de que estas propuestas reforzaran en exceso el tratamiento de la violación como delito menor en el caso de que el autor y la víctima se conocieran.

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Discriminación: romaníes

En marzo, el Tribunal Supremo declaró ilegal la expulsión de dos romaníes rumanos en 2010, que se había basado en que estaban ocupando ilegalmente edificios y parques públicos. La decisión de expulsar a estos dos hombres había sido calificada de discriminatoria por varios políticos y miembros de la sociedad civil. En virtud del fallo del Tribunal Supremo, el gobierno anuló las órdenes de expulsión emitidas contra otras 14 personas rumanas de etnia romaní.

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