Información general

Hubo manifestaciones multitudinarias, muchas de ellas encabezadas por organizaciones indígenas, contra políticas y leyes del gobierno sobre cuestiones tales como recursos naturales, tierras, educación, servicios públicos y la ausencia de un proceso claro para garantizar el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado sobre proyectos de desarrollo o políticas y leyes que les afectaban.

En febrero, las organizaciones indígenas se retiraron de las conversaciones con el gobierno sobre leyes relativas a la minería, el agua, la tierra, la educación y el medio ambiente, al considerar que el gobierno no se tomaba en serio sus motivos de preocupación.

En septiembre, cientos de policías se manifestaron contra lo que consideraban recortes en sus salarios y prestaciones; el gobierno consideró esta acción como un intento de golpe de Estado. Al menos ocho personas, dos policías entre ellas, murieron durante las protestas y decenas resultaron heridas, incluido el presidente, que fue hospitalizado por los efectos del gas lacrimógeno. Al concluir el año, decenas de policías estaban bajo investigación por diversos delitos.

En junio, Ecuador se convirtió en el primer país que ratificaba el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Se formularon cargos de sabotaje y terrorismo contra defensores de los derechos humanos, dirigentes indígenas entre ellos, en un intento de silenciar su oposición a las políticas del gobierno.

• En junio se abrió una investigación por terrorismo y sabotaje contra tres dirigentes indígenas: Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE); Delfín Tenesaca, dirigente de la Confederación Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), y Marco Guatemal, presidente de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI). La investigación estaba relacionada con su participación en una manifestación celebrada en Otavalo en protesta por su exclusión de una cumbre de países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Al finalizar el año la investigación continuaba su curso.
• En mayo se formularon cargos de sabotaje y terrorismo contra los dirigentes comunitarios Carlos Pérez y Federico Guzmán, y contra tres habitantes de Victoria del Portete, provincia de Azuay, en relación con su participación en un corte de carretera realizado como protesta contra un anteproyecto de ley sobre el agua. Los tribunales desestimaron los cargos en agosto.

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Impunidad: policía y fuerzas de seguridad

Se tuvo noticia de nuevas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Policía Nacional, encargado de la delincuencia organizada. El Grupo ha estado relacionado con decenas de casos de tortura y otros malos tratos, y con posibles ejecuciones extrajudiciales, desde su creación en 1996.

En julio, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales expuso su preocupación por que la inmensa mayoría de los presuntos homicidios, incluidos los cometidos por la policía, siguieran sin resolverse debido a la ausencia de investigaciones exhaustivas e independientes, al apoyo y protección insuficientes a víctimas y testigos, y a los retrasos y la corrupción en el sistema de justicia.

• Al finalizar el año había 14 agentes del GAO detenidos en espera de juicio, y otros tres eran objeto de investigación, por la tortura de Fabricio Colón Pico Suárez, Jenny Karina Pico Suárez y Javier Universi Pico Suárez, y la desaparición de Georgy Hernán Cedeño, en septiembre de 2009.
• La tortura y el homicidio de Yandry Javier Vélez Moreira y Juan Miguel Vélez Cedeño en diciembre de 2008, y las amenazas contra su hermana, Leidy Johanna Vélez Moreira, presuntamente a manos de miembros del GAO, seguían sin resolverse.

La Comisión de la Verdad encargada de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1984 y 2008 publicó su informe final en junio. Documentó 118 casos que afectaban a 456 víctimas de detención arbitraria, tortura, violencia sexual, desaparición forzada y homicidio. La policía estaba implicada en la mayoría de estos delitos. El gobierno se comprometió a llevar a los perpetradores ante la justicia y a nombrar 12 fiscales especiales para investigar estos delitos. Al finalizar el año se estaba debatiendo un proyecto de ley que garantizaba el derecho a una reparación a las víctimas de estas violaciones.

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Derechos de los pueblos indígenas

En septiembre, el relator especial de la ONU sobre los pueblos indígenas instó al gobierno a que no otorgara concesiones para la extracción de recursos naturales sin una consulta previa, amplia y legítima y la participación de las comunidades indígenas afectadas.

En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de la comunidad kichwa de Sarayaku, en la provincia de Pastaza. El caso se refería a la extracción de petróleo en tierras de la comunidad sin consulta previa a los kichwa, así como a amenazas e intimidación contra miembros de la comunidad.

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Derecho a la salud

En enero, el Comité de los Derechos del Niño informó de que muchas comunidades que vivían en la pobreza seguían careciendo de acceso a unos servicios de salud de buena calidad y culturalmente adecuados, a pesar de los esfuerzos realizados para ampliar dicho acceso.

Derechos sexuales y reproductivos

El Comité expuso también su preocupación por la falta de acceso a información sobre salud sexual y reproductiva y por la prohibición de tratamientos de anticoncepción de urgencia.

Mortalidad materna

Según cifras oficiales, hubo avances en la reducción de la mortalidad materna. Otros informes indicaban que Ecuador también estaba haciendo progresos en la reducción de la mortalidad infantil. Sin embargo, las estadísticas seguían mostrando grandes disparidades entre la mortalidad infantil de las zonas urbanas y la de las zonas rurales o la de los niños indígenas.

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