Egipto - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República árabe de Egipto

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Egipto is now live »

Jefe del Estado : Mohamed Hosni Mubarak
Jefe del gobierno : Ahmed Nazif
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 76,9 millones
Esperanza de vida : 70,7 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 38/31 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 71,4 por ciento

Las modificaciones constitucionales aprobadas precipitadamente en el Parlamento constituyeron el revés más grave para los derechos humanos desde la reimplantación del estado de excepción en 1981. Reforzaron las amplísimas atribuciones de la policía y dieron carácter legal permanente a facultades excepcionales utilizadas de forma sistemática para cometer violaciones de derechos humanos, como reclusiones prolongadas sin cargos, torturas y otros malos tratos, restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión, y juicios manifiestamente injustos ante tribunales militares y tribunales de excepción especiales. Alrededor de 18.000 detenidos administrativos –personas recluidas por orden del Ministerio del Interior– siguieron encarcelados en condiciones inhumanas y vejatorias. Algunos llevaban en prisión más de diez años, incluidos muchos cuya excarcelación había sido ordenada en repetidas ocasiones por los tribunales. Continuaron encarcelados ciudadanos egipcios sospechosos de terrorismo, transferidos ilegalmente a Egipto por otros gobiernos. Los tribunales siguieron imponiendo penas de muerte, y al menos una persona fue ejecutada.

Al extenderse por todo el país la mayor oleada de huelgas registrada desde hacía decenios –en la que participaron trabajadores del sector público y privado–, las autoridades clausuraron una organización independiente de defensa de los derechos de los trabajadores. Las huelgas, desencadenadas por el aumento del coste de la vida, la creciente pobreza y otros motivos de queja, coincidieron con las manifestaciones de carácter político organizadas por la Hermandad Musulmana, la mayor fuerza opositora, y por grupos de oposición seculares que demandaban reformas políticas. Se encarceló a activistas políticos, periodistas y autores de blogs por expresar pacíficamente sus opiniones.

Según los informes, la violencia contra las mujeres era cada vez mayor. El gobierno siguió adoptando medidas para erradicar la mutilación genital femenina, que se continuó practicando a la mayoría de las niñas.

Novedades jurídicas y constitucionales

Cambios constitucionales

El 19 de marzo, el Parlamento modificó 34 artículos de la Constitución. Los drásticos cambios introducidos en el artículo 179 reforzaron las amplias atribuciones de la policía en materia de detención, otorgaron a los agentes del Estado amplias facultades para vigilar las comunicaciones privadas, autorizaron al presidente a eludir los tribunales ordinarios y abrieron el camino a una nueva legislación antiterrorista que erosionaría todavía más la protección de los derechos humanos. Otras modificaciones tuvieron al parecer motivaciones políticas. En virtud de una de ellas, se redujo la intervención de los jueces en la supervisión de las elecciones y de los referendos, y en virtud de otra, se prohibió la creación de partidos políticos de signo religioso, una aparente respuesta al éxito electoral obtenido en 2005 por la Hermandad Musulmana. Las modificaciones se aprobaron una semana después en un referéndum nacional boicoteado por el principal grupo de oposición.

Modificación del Código de Justicia Militar

En abril se modificó el Código de Justicia Militar (Ley Núm. 25 de 1966), por el que se crearon los tribunales militares, pero los cambios no abordaron los riesgos fundamentales inherentes a los juicios de civiles celebrados ante tribunales militares. Se reconoció de forma limitada el derecho de recurso por vía de casación ante el Tribunal Supremo Militar de Apelaciones, en virtud del cual este órgano judicial podía revisar cuestiones de procedimiento durante los juicios, pero no los hechos en los que se basaban los cargos ni las pruebas susceptibles de comportar una condena. Además, todos los magistrados del Tribunal Supremo Militar de Apelaciones eran oficiales militares en activo y sus decisiones seguían sujetas a la ratificación del presidente o de un representante suyo, que podían reducir, cambiar o suspender las penas.

Proyecto de ley antiterrorista

El gobierno anunció en diciembre que había terminado la elaboración de un proyecto de ley antiterrorista compuesto por 58 artículos, y que grupos de expertos lo examinarían antes de su presentación ante el Consejo de Ministros y su posterior envío al Parlamento.

«Guerra contra el terror»

Siguieron en prisión un número desconocido de ciudadanos egipcios sospechosos de terrorismo a quienes los gobiernos de Estados Unidos y de otros países habían devuelto en años anteriores sin proceso judicial y a quienes las fuerzas de seguridad egipcias habían detenido a su llegada al país y habían torturado después.

  • Muhammed Abd al Aziz al Gamal, Sayyid Imam Abd al Aziz al Sharif (Abu al Fadl), Isam Shuaib Muhammed, Khalifa Sayyid Badawi, Uthman al Samman y Ali Abd al Rahim, devueltos ilegalmente de Yemen a Egipto en febrero de 2002, continuaban recluidos sin cargos ni perspectivas de un nuevo juicio y sin acceso a familiares, asistencia letrada ni tratamiento médico. Todos habían sido víctimas de desaparición forzada tras su vuelta a Egipto. En marzo se recibieron informes según los cuales Abu al Fadl y Muhammed al Gamal, condenados a muerte por un tribunal militar en 1999, habían sido trasladados desde el lugar secreto en el que se encontraban recluidos a la prisión de Tora, al sur de El Cairo. En julio, Abu al Fadl, uno de los fundadores de la Yihad Islámica, renunció públicamente a la violencia política antes de la excarcelación de unos 330 presos de esta organización.
  • En febrero, de forma inesperada, quedó en libertad sin cargos Usama Mostafa Hassan Nasr (Abu Omar), trasladado ilegalmente a Egipto en 2003 después de haber sido secuestrado en Italia. Con anterioridad se habían incumplido al menos 16 órdenes de excarcelación dictadas por los tribunales en su favor. Tras su vuelta a Egipto, no se tuvo conocimiento de su paradero ni de la suerte que había corrido durante 14 meses. Quedó en libertad en abril de 2004, pero volvió a ser detenido 23 días después porque había dicho a sus familiares que lo habían torturado mientras se encontraba detenido. Después de quedar en libertad en 2007, se reunió con representantes de Amnistía Internacional y describió su secuestro en Italia y su encarcelamiento en Egipto. Señaló que, durante los 14 meses que había permanecido detenido en dependencias del Departamento General de Inteligencia y del Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado, le habían infligido diversas torturas, como aplicarle descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo, someterlo a una forma de crucifixión sobre una puerta metálica y un aparejo de madera, flagelarlo y propinarle golpes con cables y mangueras.

Sistema judicial

Tribunales militares y especiales

Siguió en pie un sistema paralelo de justicia de excepción, que comportaba el funcionamiento de tribunales especialmente constituidos y la celebración de juicios contra civiles ante tribunales militares. En este sistema se incumplían de forma sistemática las garantías sobre juicios justos, como la igualdad ante la ley, el acceso inmediato a un abogado y la prohibición de utilizar pruebas obtenidas bajo tortura.

  • En abril comenzó el juicio ante un tribunal militar –a pesar de que todos los acusados eran civiles– de 40 miembros de la Hermandad Musulmana (siete de ellos in absentia) por cargos de terrorismo y blanqueo de dinero. Entre los acusados, que se enfrentaban a cargos penados con la muerte, se encontraba Khairat al Shatir, segundo guía supremo de la organización, detenido en diciembre de 2006 junto con otros 16 miembros destacados de la Hermandad Musulmana. En enero, un tribunal penal ordinario había absuelto a los 17 hombres de todos los cargos, pero se los volvió a detener de forma inmediata. En febrero, el presidente Mubarak había ordenado que sus casos, así como los de los otros 23 presuntos miembros de la Hermandad Musulmana, fueran remitidos al Tribunal Supremo Militar de Heikstep, en El Cairo. En mayo, un tribunal administrativo de El Cairo resolvió que la orden del presidente no era válida, pero el gobierno recurrió y, unos días después, el Tribunal Supremo Administrativo revocó la decisión. El juicio continuaba al finalizar el año, pero se impidió asistir a las sesiones a representantes de los medios de comunicación y a observadores nacionales e internacionales, incluida Amnistía Internacional.

Detención administrativa

En 2007 quedaron en libertad unos 530 islamistas, pero alrededor de 18.000 personas seguían recluidas sin cargos ni juicio por orden del ministro del Interior en virtud de la Ley del Estado de Excepción. La mayoría se encontraba en unas condiciones que equivalían a tratos crueles, inhumanos o degradantes y, según los informes, centenares sufrían tuberculosis, enfermedades de la piel y otras dolencias. Muchas de ellas permanecían recluidas a pesar de haber sido absueltas por los tribunales y de haberse dictado en repetidas ocasiones órdenes de excarcelación en su favor.

  • Mohamed Abd Rahim el Sharkawy, ciudadano paquistaní de 57 años de origen egipcio, seguía sometido a detención administrativa en la prisión de Liman Tora. Tras ser extraditado de Pakistán a Egipto en 1995, fue presuntamente torturado y estuvo recluido durante meses en régimen de incomunicación. Después fue absuelto por un tribunal de excepción. Los tribunales ordenaron su excarcelación al menos en 15 ocasiones, la última en abril de 2007. Su salud se resintió por las torturas sufridas en la década de 1990, las duras condiciones de reclusión y la falta de asistencia médica adecuada. En febrero, la dirección de la cárcel solicitó que lo examinaran unos médicos, pero el Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado rechazó la petición.

Tortura y otros malos tratos

Se siguieron infligiendo de manera generalizada y sistemática torturas y otros malos tratos y, según los informes, al menos 20 personas murieron en 2007 como consecuencia directa o indirecta de este tipo de actos. Autores de blogs egipcios colocaron en Internet vídeos en los que se veía a la policía torturando.

Entre los métodos de tortura más citados figuraban la aplicación de descargas eléctricas, las palizas, colgar a las personas detenidas en posturas dolorosas, la reclusión en régimen de aislamiento, las violaciones y amenazas de muerte, los abusos sexuales y las agresiones a familiares. Las denuncias de torturas rara vez se investigaban. Los escasos procesamientos de presuntos torturadores no estaban relacionados nunca con casos de carácter político y solían producirse tras incidentes en los que la víctima había muerto.

  • En agosto, el niño de 13 años Mohamed Mamduh Abdel Rahman murió en la ciudad de Mansura, situada en el delta del Nilo, por presuntas torturas de la policía. Perdió el conocimiento mientras se encontraba detenido por un periodo de seis días bajo la sospecha de haber robado unas bolsas de té. Las autoridades lo trasladaron a un hospital, donde murió. Fue enterrado sin que se notificara el hecho a sus familiares. Su hermano, detenido al mismo tiempo que él, dijo que la policía había quemado a Mohamed con un rollo de alambre al rojo vivo, lo había golpeado y le había aplicado descargas eléctricas. Señaló también que un agente de policía había propinado a Mohamed patadas en el pecho cuando sufría convulsiones. En un vídeo de Mohamed grabado en el hospital se podía observar lo que parecían quemaduras en la espalda y en los testículos. La policía dijo que su muerte se había debido a causas naturales agravadas por un tratamiento médico inadecuado y que las quemaduras se habían producido de manera accidental. La familia presentó una denuncia. En septiembre, un grupo de expertos forenses nombrados por las autoridades exoneró a la policía de cualquier delito.
  • En noviembre, como consecuencia de uno de los escasos procesamientos fructíferos de presuntos torturadores, dos agentes de la comisaría de policía de Bulaq Dakrur, en la Gobernación de Guiza, fueron condenados a tres años de cárcel por la detención ilegal, tortura y violación de Emad Mohamed Ali Mohamed (Emad al Kabir), taxista de 21 años. Emad al Kabir había sido detenido en enero de 2006 al intentar mediar en una discusión entre un primo suyo y unos agentes de policía. Indicó que los agentes lo habían atado de pies y manos, le habían dado latigazos y le habían ordenado que se insultara a sí mismo con calificativos vejatorios. Después de quitarle los pantalones y violarlo con un palo, los agentes distribuyeron un vídeo de las torturas por su barrio en un intento de quebrantar su ánimo e intimidar a otros. El vídeo se colocó en Internet en noviembre de 2006. Emad al Kabir había sido condenado en enero de 2007 a tres meses de cárcel por «resistencia a la autoridad» y «agredir a un agente de policía».

Violencia contra las mujeres

Según una ONG egipcia, la violencia contra las mujeres se cobró 247 vidas en el primer semestre del año. En noviembre, el Centro Egipcio de los Derechos de la Mujer señaló que se estaba registrando un aumento de los actos de acoso sexual y que cada hora se violaba a dos mujeres en Egipto. Indicó también que, de las 2.500 mujeres que habían denunciado casos de acoso sexual en el Centro, sólo un 12 por ciento había presentado una denuncia ante la policía. El Centro Nacional de Investigaciones Sociales y Penales, organismo oficial, confirmó que los delitos sexuales iban en aumento, pero no facilitó datos al respecto.

Después del periodo de sesiones que celebró en noviembre, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos señaló que en mayo de 2008 estudiaría la demanda presentada por 33 organizaciones de derechos humanos contra el gobierno egipcio por no impedir ni perseguir judicialmente las agresiones físicas y sexuales contra mujeres periodistas y manifestantes durante una protesta ocurrida en mayo de 2005.

Mutilación genital femenina

El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) calculaba que el 75 por ciento de las muchachas musulmanas y cristianas con edades comprendidas entre los 15 y 17 años eran sometidas a mutilación genital, y preveía que casi el 70 por ciento de las niñas que contaban menos de tres años serían sometidas a esa práctica antes de cumplir los 18. Según estadísticas oficiales egipcias, el 97 por ciento de las mujeres con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años habían sido objeto de esta práctica.

En 1997 se prohibió la mutilación genital femenina, salvo en «casos excepcionales», con una pena máxima de tres años de cárcel. En 2007 se siguieron registrando avances en la erradicación de esta práctica. En junio, tras un caso de mutilación genital muy difundido, en el que una niña de 11 años, Bedur Ahmed Shaker, murió en Maghagha, pueblo de la ribera del Nilo, en la provincia meridional de Menya, el gran muftí declaró prohibida la mutilación genital femenina con arreglo al islam. Ese mismo mes, el Ministerio de Salud promulgó un decreto que prohibía a los profesionales de la medicina practicar este tipo de operaciones. En septiembre, según los informes, se procesó en la provincia de Menya a cuatro médicos y a una comadrona por haber realizado mutilaciones genitales femeninas, y se cerraron sus clínicas. Los informes indicaban también que el Ministerio estaba preparando una ley para endurecer las penas impuestas a las personas que realizaran esta práctica.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Según la legislación egipcia, las huelgas que se extendieron por todo el país eran «ilegales» al no estar autorizadas por la Federación General de Sindicatos, organización patrocinada por el Estado. Las autoridades reaccionaron aumentando la represión contra sindicalistas y activistas de ONG.

  • En marzo y abril, las autoridades cerraron tres oficinas del principal grupo independiente de defensa de los derechos de los trabajadores en Egipto –el Centro de Servicios de los Trabajadores y de los Sindicatos– en Naj Hammadi, Mahalla al Kubra y Helwan. El Ministerio de Trabajo y la Federación General de Sindicatos lo habían culpado de la oleada de huelgas. Las autoridades siguieron denegando las solicitudes de inscripción en el registro de asociaciones presentadas por este grupo.
  • En septiembre, las autoridades cerraron la Asociación de Derechos Humanos y Asistencia Letrada. Dijeron que había infringido la Ley 84 de 2002, que prohibía a una organización recibir fondos del extranjero sin autorización del gobierno.

Libertad de expresión

Periodistas y autores de blogs fueron hostigados, procesados y, en algunos casos, encarcelados por expresar de forma pacífica sus opiniones o por sus actividades como profesionales de la información.

  • En febrero, Karim Amer se convirtió en el primer autor de un blog en Egipto encarcelado por la expresión pacífica de sus opiniones políticas. En marzo se confirmó en apelación su condena de cuatro años de cárcel. Se lo consideraba preso de conciencia. «Difundir malintencionadamente noticias, declaraciones o rumores falsos que pudieran ser perjudiciales para el orden público», «incitar al odio contra el islam» y «difamar al presidente» fueron algunos de los cargos presentados contra él.
  • En septiembre se condenó a los directores de cuatro periódicos y revistas a penas de cárcel y a una multa por «publicar con intención maliciosa noticias, declaraciones o rumores falsos susceptibles de alterar el orden público». Todos quedaron en libertad bajo fianza en espera del resultado de los recursos de apelación.

Discriminación: minorías religiosas

El requisito legal de especificar la religión en los documentos de identidad –y sólo una religión reconocida por el Estado– siguió teniendo graves consecuencias para algunas minorías. Los bahaíes, al practicar una religión no reconocida por el Estado, no podían obtener documentos de identidad si no se hacían pasar por musulmanes, cristianos o judíos. Sin ellos no podían inscribir a sus hijos en una escuela, conducir un automóvil ni abrir una cuenta bancaria. La falta de documentos los hacía también vulnerables en los controles de la policía. Los conversos, sobre todo los que habían abandonado el islam para abrazar el cristianismo, tenían dificultades también a la hora de modificar su documentación.

Los cristianos coptos, que representaban entre el 8 y el 10 por ciento de la población de Egipto, siguieron siendo objeto de discriminación en muchos ámbitos.

  • En julio, el Tribunal Supremo Administrativo aceptó a trámite el recurso de apelación de varios coptos que se habían convertido a la fe islámica y trataban de volver al cristianismo por medios legales. El gobierno había intentado que se desestimara el recurso.
  • En agosto, Mohamed Hegazy, que había abandonado el islam y se había convertido al cristianismo en 2003, entabló una demanda para que en sus documentos de identidad constara su conversión de manera oficial y de ese modo su futuro hijo pudiera nacer como cristiano. El Ministerio del Interior había rechazado su solicitud. Mohamed Hegazy tuvo que esconderse al recibir amenazas de muerte después de que los medios de comunicación difundieran su caso. En noviembre se aceptó a trámite la demanda y estaba previsto que la próxima vista se celebrara en enero de 2008.

Pena de muerte

Siguieron imponiéndose penas de muerte, y al menos una persona fue ejecutada. En octubre, el Consejo Nacional de Derechos Humanos organizó una mesa redonda sobre la pena de muerte, pero algunos ministros dijeron que el gobierno no preveía la abolición de la pena capital.

  • Muhammed Gayiz Sabbah, Usama Abd al Ghani al Nakhlawi y Yunis Muhammed Abu Gareer hicieron una huelga de hambre a finales de 2006 y principios de 2007 para protestar por las penas de muerte que les habían impuesto en noviembre de 2006 en un juicio injusto. En mayo, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos admitió a trámite el caso después de que en diciembre de 2006 hubiera solicitado a las autoridades egipcias que suspendieran las ejecuciones. En el periodo de sesiones que celebró en noviembre, la Comisión aplazó la vista del caso hasta mayo de 2008, al comunicarle el gobierno su intención de presentar documentación suplementaria.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En 2007, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), vivían en Egipto entre dosy tres millones de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, la mayoría de Sudán. La policía de fronteras egipcia hizo al parecer uso excesivo de la fuerza contra numerosos migrantes, refugiados y solicitantes de asilo que intentaban pasar de Egipto a Israel, sobre todo a partir de julio. Según los informes, murieron por heridas de bala al menos cuatro hombres y dos mujeres. Sólo en julio, la policía egipcia detuvo a más de 220 migrantes, sobre todo sudaneses, en el curso de batidas efectuadas en zonas fronterizas. En octubre, según los informes, las autoridades devolvieron a Sudán al menos a 5 de los 48 solicitantes de asilo que Israel les había devuelto en agosto.

En un informe publicado en mayo por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares, de la ONU, se pedía al gobierno egipcio que «iniciara cursos de formación para todos los funcionarios que trabajasen en el ámbito de la migración, en particular los cuerpos de policía y guardafronteras […]».

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