Egipto - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Árabe de Egipto

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Egipto is now live »

Jefe del Estado
Mohamed Hosni Mubarak
Jefe del gobierno
Ahmed Nazif
Pena de muerte
retencionista
Población
83 millones
Esperanza de vida
69,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
42/39 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
66,4 por ciento

El gobierno continuó ejerciendo los poderes que le confería el estado de excepción para detener a personas por sus críticas o su oposición pacíficas, además de a personas sospechosas de delitos contra la seguridad o de participación en terrorismo. Algunas fueron recluidas en virtud de órdenes de detención administrativa, y otras fueron condenadas a prisión en juicios injustos ante tribunales militares. La tortura y los malos tratos seguían siendo práctica generalizada en los calabozos policiales, los centros de detención de la policía de seguridad y las prisiones, y en la mayoría de los casos se cometían con impunidad. Se restringió el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión; entre las personas detenidas o procesadas hubo periodistas y autores de blogs. Centenares de familias residentes en “zonas inseguras” de El Cairo fueron desalojadas por la fuerza; algunas perdieron su hogar, y otras fueron realojadas, pero sin seguridad de tenencia. En aplicación de una ley contra el “libertinaje” se continuó procesando a hombres por considerar que eran gays. Al menos 19 personas que intentaron cruzar la frontera para entrar en Israel murieron a manos de guardias de fronteras, que dispararon contra ellas a pesar de que no parecían representar ninguna amenaza. Se condenó a muerte al menos a 269 personas y se ejecutó al menos a 5.

Información general

Continuó el estado de excepción vigente ininterrumpidamente en todo Egipto desde 1981, que se había prorrogado por última vez en mayo de 2008. En abril, el gobierno dijo que había redactado todos los apartados, salvo uno, de una nueva ley antiterrorista que llevaba mucho tiempo aguardándose y que se esperaba que preparara el terreno para el levantamiento del estado de excepción. Sin embargo, se temía que la ley conservara en la práctica disposiciones de excepción que facilitaban la comisión de violaciones de derechos humanos. El proyecto de ley no estaba disponible al final de 2009.

En enero se convocaron manifestaciones contra la ofensiva militar israelí sobre Gaza y contra la respuesta del gobierno egipcio a ella. Las autoridades tuvieron cerrada la frontera con la Franja de Gaza durante gran parte del año, incluido el periodo de la ofensiva, impidiendo así a los palestinos buscar refugio en Egipto. Permitieron el paso por ella de las personas enfermas y heridas y de mercancías. En diciembre anunciaron que estaban construyendo un muro de acero a lo largo de la frontera con Gaza para impedir el contrabando. Denegaron el permiso para realizar una marcha hasta Gaza con ayuda humanitaria a más de un millar de personas de 43 países distintos que se habían congregado con tal fin en El Cairo con motivo del primer aniversario de la ofensiva militar israelí; la policía agredió a muchas de ellas.

En febrero, un atentado con explosivos mató en El Cairo a una mujer e hirió a otras 25 personas, en su mayoría turistas extranjeros. En mayo, las autoridades se lo atribuyeron a un grupo asociado a Al Qaeda y al grupo armado Ejército Islámico Palestino.

En febrero fue excarcelado por motivos de salud el ex candidato presidencial Ayman Nour. En noviembre, las autoridades le impidieron viajar a Estados Unidos.

Hubo enfrentamientos esporádicos entre cristianos coptos y musulmanes, en los que murieron y resultaron heridas varias personas. En marzo se incendiaron casas de bahaíes en Al Shuraniyya, pueblo de la gobernación de Sohag, según informes tras haber incitado algunos medios de comunicación al odio y la violencia contra los bahaíes.

En abril se aprobó en el Parlamento la Ley de Atención a los Enfermos Mentales, que salvaguardaba los derechos de las personas con enfermedades mentales.

En junio se aumentó el número de escaños de la Cámara Baja del Parlamento de 454 a 518, y 64 de ellos quedaron reservados a mujeres a fin de promover una mayor participación de las mujeres en la vida pública.

Se presentaron proyectos de ley que imponían aún más restricciones a las ONG y penaban con prisión y multas la difamación de las religiones monoteístas o de sus profetas. En noviembre, las ONG pidieron que se sometiera a examen en el Parlamento un proyecto de ley de 2007 que permitía el aborto a las sobrevivientes de violación.

El aumento del precio de los alimentos y la pobreza fomentaron una oleada de huelgas obreras en los sectores público y privado.

Seguridad y medidas antiterroristas

Tras el atentado de febrero de El Cairo se detuvo a decenas de personas. En mayo, las autoridades dijeron que tenían recluidos a siete sospechosos, entre ellos una mujer francesa de origen albanés, a quienes acusaban de captar a estudiantes y otras personas extranjeras para cometer atentados en Egipto y en otros Estados. Posteriormente detuvieron y expulsaron a sus respectivos países al menos a 41 extranjeros, entre ellos ciudadanos de Rusia y Francia, que residían en Egipto y, según informes, estaban estudiando el idioma árabe y la cultura islámica. De acuerdo con los informes, algunos fueron torturados o sometidos a otros malos tratos bajo custodia y no tuvieron oportunidad de impugnar la legalidad de su expulsión ante los tribunales. Se creía que algunos estaban expuestos a sufrir violaciones de derechos humanos en sus países tras ser devueltos.

En abril hizo una visita de seis días a Egipto el relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. En su informe, publicado en octubre, criticó la política y las prácticas antiterroristas del gobierno por restringir excesivamente los derechos humanos. Instó al gobierno a levantar el estado de excepción, que se había convertido en “la norma”, dijo, en vez de ser una medida excepcional.

  • Romuald Durand, ciudadano francés, estuvo sometido a desaparición forzada durante dos meses tras su detención en el aeropuerto internacional de El Cairo en abril. Lo entregaron al Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado, que al principio lo recluyó en Ciudad Nasr, en El Cairo. Según informes, allí lo tuvieron esposado y con los ojos vendados durante los primeros 10 días, lo desnudaron, lo torturaron aplicándole descargas eléctricas mientras permanecía con los brazos y las piernas extendidos y atados y amenazaron con violarlo. Quedó en libertad sin cargos en junio y fue expulsado a Francia.
  • En agosto fueron sometidos a juicio en El Cairo ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado (para el estado de excepción) 22 hombres, más otros 4 contra quienes se habían presentado cargos in absentia. Entre ellos había 5 palestinos, 2 libaneses y un sudanés. Los 26 se enfrentaban a diversos cargos, como planear atentados contra lugares turísticos, estar en posesión de explosivos y pasar información a Hezbolá en Líbano. Algunos estaban acusados de excavar túneles por debajo de la frontera para introducir clandestinamente personas y productos en la Franja de Gaza desde Egipto y ayudar a combatientes a cruzar la frontera. Todos negaron los cargos de terrorismo. Algunos dijeron al Tribunal que habían sido sometidos a tortura con métodos como aplicarles descargas eléctricas estando recluidos en régimen de incomunicación, bajo custodia del Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado, tras su detención a finales de 2008 y principios de 2009. En octubre, sus abogados defensores abandonaron el juicio por considerar que el Tribunal no era imparcial con los acusados. El juicio continuaba al acabar el año.

Detención administrativa

Las autoridades continuaron ejerciendo poderes de excepción para detener no sólo a presuntos responsables de delitos de terrorismo o contra la seguridad nacional, sino también a personas que criticaban pacíficamente al gobierno. Algunos detenidos continuaron recluidos sin cargos ni juicio a pesar de haberse dictado órdenes judiciales para que fueran puestos en libertad. En tales casos, el Ministerio del Interior dictaba nuevas órdenes de detención para sustituir a las declaradas no válidas por los tribunales, menoscabando así el valor del escrutinio y la supervisión judiciales.

  • Hani Nazeer, cristiano copto de la localidad de Qina, autor de un blog, continuó recluido a lo largo de 2009 en virtud de una sucesión de órdenes de detención administrativa dictadas por el ministro del Interior. Había sido detenido en octubre de 2008, cuando se entregó a la policía de la localidad de Nagaa Hammadi, que había detenido a sus hermanos y amenazaba con detener también a sus hermanas para obligarlo a entregarse. La detención se produjo a raíz de que los habitantes de Qina lo denunciaran por haber comentado en su blog un libro que consideraban insultante para los musulmanes. Estuvo recluido en la prisión de Borg al Arab, cerca de Alejandría, a pesar de haberse dictado cuatro órdenes para que fuera puesto en libertad. Según informes, en la cárcel recibió presiones de agentes de seguridad para que se convirtiera al islam.

Juicios injustos

Continuaron celebrándose juicios manifiestamente injustos de civiles ante tribunales militares, lo que constituía un incumplimiento de las normas internacionales de justicia procesal. Al menos tres civiles fueron declarados culpables en ellos y condenados a cumplir hasta dos años de prisión.

  • En febrero, Ahmed Doma, destacado miembro de la organización juvenil Movimiento Popular para Liberar Egipto, y Ahmed Kamal Abdel Aal fueron condenados a un año de prisión y al pago de una multa, el primero por haber cruzado la frontera de Egipto con la Franja de Gaza durante la ofensiva militar israelí, y el segundo, por planear cruzarla. Magdy Hussein, secretario general del Partido del Trabajo, fue condenado a dos años de prisión y al pago de una multa por los mismos motivos. En agosto, el Tribunal Supremo de Apelación Militar confirmó la condena.
  • El Tribunal Supremo de Apelación Militar rechazó un recurso presentado por 18 miembros de la organización Hermandad Musulmana a los que se habían impuesto penas de hasta siete años de prisión en abril de 2008 en un juicio injusto ante el Tribunal Supremo Militar de Haikstep, en el norte de El Cairo. En julio, un tribunal administrativo ordenó que 13 de ellos que habían cumplido las tres cuartas partes de sus condenas fueran puestos en libertad, pero todos continuaban encarcelados al final del año.

Tortura y otros malos tratos

En las comisarías de policía, prisiones y centros de detención del Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado se infligían sistemáticamente tortura y otros malos tratos, en la mayoría de los casos con impunidad. Según informes, en ocasiones la policía amenazó a las víctimas para que no presentaran denuncias. No obstante, en contados casos se llevó a juicio a presuntos torturadores.

  • En noviembre, un tribunal de Alejandría condenó a un agente de policía a cinco años de prisión por haber torturado a Rajai Sultan en julio de 2008 golpeándolo hasta causarle un derrame cerebral por el que tuvo que someterse a una operación quirúrgica.
  • Mona Said Thabet y su esposo, Yasser Naguib Mahran, fueron sometidos a hostigamiento e intimidaciones por la policía tras haber presentado ella una denuncia en el Ministerio del Interior por torturas que la policía había infligido a su esposo en Shobra al Jayma por negarse a ser informante antes de ponerlo en libertad en septiembre de 2008. Denunció que la policía la había abofeteado y golpeado, apagado un cigarrillo en la cara, afeitado la cabeza y amenazado con violarla si no retiraba la denuncia. En vez de retirarla, puso otra ante el fiscal de Shobra al Jayma, que ordenó una investigación. A raíz de ello, la policía los amenazó de nuevo, a ella, a su esposo y a sus hijos. Mona Said Thabet acudió a la Fiscalía en febrero, pero no se tuvo noticia de que se hubiera tomado alguna medida. En mayo se manifestaron en El Cairo varias familias de Shobra al Jayma para protestar por los presuntos abusos cometidos en la comisaría de esta localidad por el jefe del Departamento de Investigaciones de Seguridad del Estado y pedir la intervención del Ministerio del Interior.

Muertes bajo custodia

Al menos cuatro personas murieron bajo custodia, a causa, según informes, de tortura u otros malos tratos.

  • Youssef Abu Zouhri, hermano de un portavoz de la organización palestina Hamás, murió en octubre. Al parecer, había sido torturado y sometido a otros malos tratos en la prisión de Borg al Arab, cerca de Alejandría, tras ser detenido en abril al entrar en Egipto desde Gaza. Las autoridades dijeron que había muerto de causa natural, pero no dieron detalles.

Libertad de expresión: medios de comunicación

Las autoridades mantuvieron las restricciones impuestas a la libertad de expresión y a los medios de comunicación. Se sometió a hostigamiento a periodistas y autores de blogs que criticaban al gobierno, a los que se llegó incluso a detener y a procesar por cargos de difamación. Se censuraban los libros y los periódicos extranjeros que trataban cuestiones consideradas tabú o una amenaza para la seguridad nacional por el gobierno.

  • Karim Amer, autor de un blog, detenido desde noviembre de 2006, continuó en prisión a pesar de que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria había determinado en noviembre de 2008 que su detención era arbitraria y debía ser puesto en libertad. El Grupo de Trabajo había criticado también el encarcelamiento de periodistas y autores de blogs por cargos de difamación o de insultos a las autoridades del Estado, señalando que era desproporcionado y constituía una restricción grave de la libertad de expresión.

Libertad de reunión y asociación

Las autoridades mantuvieron las restricciones jurídicas y otras formas de control que limitaban las actividades de los partidos políticos, las ONG, las asociaciones profesionales y los sindicatos. Se sometió a hostigamiento y detención a miembros de la Hermandad Musulmana, que continuó prohibida, y de otros grupos de oposición.

  • En abril se detuvo al menos a 34 personas, acusadas de incitación y distribución de folletos que llamaban a una huelga de ámbito nacional. Entre ellas había estudiantes y miembros de organizaciones políticas de oposición, como el grupo 6 de Abril, el movimiento Kefaya, Al Ghad y la Hermandad Musulmana. Todas quedaron en libertad sin cargos posteriormente.

Discriminación: presuntos gays

Las autoridades continuaron tratando como delito las relaciones sexuales de mutuo acuerdo entre hombres.

  • Según informes, la Policía de Moralidad sometió a golpes, bofetadas, patadas e insultos a 10 hombres detenidos en enero en El Cairo, acusados de “práctica habitual de libertinaje”, cargo utilizado para juzgar las relaciones sexuales de mutuo acuerdo entre hombres. Se practicaron a los detenidos pruebas de VIH/sida sin su consentimiento y se los obligó a someterse a exploraciones anales para “demostrar” que habían tenido una conducta homosexual, aunque, realizados sin el consentimiento de la persona, este tipo de exámenes constituyen tortura. Los hombres estuvieron cinco meses recluidos, mientras se realizaba la investigación, y quedaron en libertad bajo fianza a finales de mayo en espera del juicio, que comenzó el 31 de diciembre.

Discriminación: minorías religiosas

Tras una decisión de marzo del Tribunal Supremo Administrativo por la que los bahaíes podían tener documentos de identidad sin necesidad de identificarse como musulmanes o cristianos, el Ministerio del Interior dictó un decreto en el que se reconocía el derecho de los fieles de otras religiones a tener documentos de identidad oficiales sin revelar su fe ni tener que identificarse como musulmanes, cristianos o judíos.

Los tribunales administrativos ordenaron en varias ocasiones la anulación de decisiones de autoridades universitarias y ministeriales que prohibían a las mujeres y a las niñas llevar el niqab (velo) en sus instituciones.

Derecho a una vivienda adecuada: desalojos forzosos

Los habitantes de 26 zonas de la periferia de El Cairo consideradas “inseguras” en 2008 en un plan maestro oficial de urbanización de la ciudad hasta 2050 continuaron enfrentados a una doble amenaza: la falta de seguridad ante posibles desprendimientos de rocas, caídas de cables de alto voltaje y otros peligros, y su posible desalojo forzoso. No hubo apenas consultas con las comunidades afectadas de las zonas “inseguras”.

En aplicación de órdenes administrativas dictadas por las autoridades locales se llevaron a cabo desalojos forzosos en Al Duwayqa, Establ Antar y Ezbet Jayrallah, zonas consideradas “inseguras”, cuyos habitantes ocupaban terrenos de propiedad pública y podían verse afectados por desprendimientos de rocas. Se realizaron sin previo aviso, sin consultar antes con las comunidades afectadas ni comunicárselo por escrito, impidiéndoles así impugnar judicialmente su legalidad. En junio, unas 28 familias de Atfet al Moza, en Al Duwayqa, perdieron su hogar al ser desalojadas por la fuerza con objeto de que las autoridades pudieran “asegurar” el terreno rocoso y en pendiente donde vivían. En Establ Antar se dijo a algunos de los habitantes que demolieran sus casas o serían desalojados por la fuerza.

Desde septiembre de 2008, cuando un desprendimiento de rocas mató al menos a 119 habitantes de Al Duwayqa, hasta el final de 2009, las autoridades realojaron a unas 4.000 familias en una zona mejor de Al Duwayqa. Alrededor de 1.400 familias más de Establ Antar y Ezbet Jayrallah fueron realojadas en Ciudad 6 de Octubre, al suroeste de Giza, lejos de sus medios de vida. Sin embargo, no se facilitó a las familias realojadas documentación que les diera legalmente seguridad de tenencia, y a las mujeres divorciadas o separadas de sus esposos no se les proporcionó una vivienda alternativa.

En diciembre de 2009, el fiscal dictó acta de procesamiento contra ocho funcionarios de la gobernación de El Cairo y la Autoridad Municipal de Manshiyet Nasser por homicidio involuntario en relación con el mortal desprendimiento de rocas de Al Duwayqa de 2008.

Personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo

Las fuerzas de seguridad egipcias mataron a tiros al menos a 19 personas cuando intentaban cruzar la frontera para entrar en Israel. Se creía que todos eran extranjeros y que se encontraban en Egipto como migrantes, refugiados o solicitantes de asilo. En septiembre, las autoridades defendieron el uso de medios letales, señalando que tenía por objeto proteger las fronteras de Egipto y que iba dirigido contra “infiltrados”, incluidos contrabandistas de drogas y de armas.

  • En enero, al menos 64 eritreos que intentaron cruzar la frontera para entrar en Israel fueron devueltos a su país pese al temor de que estuvieran expuestos a sufrir graves violaciones de derechos humanos allí (véase el apartado sobre Eritrea).

Pena de muerte

Los tribunales impusieron al menos 269 condenas de muerte, y se ejecutó al menos a 5 presos.

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