Información general

Tras 18 días de protestas masivas y en su mayoría pacíficas por todo Egipto, a las que las fuerzas de seguridad respondieron con medios letales y haciendo uso excesivo de la fuerza, el presidente Mubarak dimitió el 11 de febrero, después de 30 años en el poder. Según los informes oficiales, al menos 840 personas fueron víctimas de homicidio o murieron en relación con las protestas, y más de 6.000 resultaron heridas. Miles de personas fueron recluidas y muchas sufrieron torturas o abusos. El ejército, representado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, asumió el poder, pero designó a civiles como primeros ministros y ministros interinos hasta la celebración de elecciones parlamentarias. Éstas empezaron en noviembre y debían concluir a principios de 2012. Se prometió que a mediados de 2012 se celebrarían elecciones presidenciales.

Inmediatamente después de la caída de Hosni Mubarak, el Consejo Supremo suspendió la Constitución de 1971, disolvió el Parlamento y emitió una Declaración Constitucional, por la que garantizaba varios derechos. También dejó en libertad a cientos de detenidos administrativos. En marzo se legalizaron la poderosa pero largamente proscrita Hermandad Musulmana y otras organizaciones prohibidas, que posteriormente concurrieron a las elecciones parlamentarias. El Partido de la Libertad y la Justicia, grupo político de la Hermandad Musulmana, se alzó como vencedor en los primeros resultados electorales. La formación política de Hosni Mubarak, el Partido Nacional Democrático, quedó disuelta en abril.

En marzo, el Ministerio del Interior cedió a la presión de semanas de protestas y desarticuló el Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado, organismo de inteligencia tristemente conocido por sus torturas y otros abusos. Antes de su desarticulación, numerosos activistas irrumpieron en sus sedes de El Cairo y Alejandría, tras haberse propagado la noticia de que sus agentes estaban destruyendo pruebas de abusos contra los derechos humanos. El Departamento de Investigaciones fue sustituido por la Agencia de Seguridad Nacional, pero no estaba claro si se había establecido algún mecanismo de investigación de antecedentes para impedir el reclutamiento o traslado de agentes suyos implicados en torturas u otras violaciones de derechos humanos. No obstante, se presentaron cargos contra su director en relación con los homicidios de manifestantes en enero y febrero.

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas mantuvo el estado de excepción y, en septiembre, amplió la Ley del Estado de Excepción para penalizar actos como bloquear vías, difundir rumores y llevar a cabo acciones que constituyeran “atentados contra la libertad de trabajar”. En virtud de la reforma del Código Penal se endurecieron las penas por “matonería”, secuestro y violación, que en adelante se castigarían con la pena de muerte. Además, se promulgó la Ley 34 de 2011, que penalizaba las huelgas y cualquier forma de protesta que “obstruyera el trabajo”. Tras producirse en octubre actos de violencia en los que perdieron la vida 28 personas, en su mayoría coptos, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas prohibió la discriminación por motivos de género, origen, idioma, religión o credo.

Tortura y otros malos tratos

Pese a la disolución del Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado, cuyos funcionarios habían practicado impunemente la tortura, siguieron recibiéndose denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de la policía y las fuerzas armadas, y varios detenidos murieron bajo custodia en circunstancias poco claras. En junio, la fiscalía estableció un comité de tres jueces para examinar las denuncias de tortura. Si bien se investigaron algunas de las interpuestas contra la policía, ninguna de las presentadas contra las fuerzas armadas se examinó de forma adecuada ni dio lugar a acciones judiciales.

• Mostafa Gouda Abdel Aal fue detenido el 9 de marzo en la plaza de Tahrir de El Cairo por varios soldados, que lo golpearon y lo arrastraron hasta el cercano Museo Egipcio. Una vez allí, le vendaron los ojos, le ataron las manos a la espalda y lo arrojaron al suelo, donde lo empaparon de agua, le aplicaron descargas eléctricas en el pene y los glúteos y lo golpearon en la espalda con un cable. Permaneció recluido una noche en una furgoneta con otros detenidos, y posteriormente fueron todos trasladados al hospital militar de Heikstep, donde interrogadores de la fiscalía militar los golpearon y se mofaron de ellos. Los funcionarios no inquirieron sobre sus heridas, que eran visibles, ni les preguntaron por qué tenían la ropa manchada de sangre. Antes de ser juzgados ante un tribunal militar en la cantina de la prisión, los detenidos fueron golpeados con porras eléctricas. Tras los juicios, manifiestamente injustos, fueron condenados a entre uno y siete años de prisión y trasladados a la prisión de Tora. Quedaron en libertad el 23 de mayo en virtud de un indulto concedido por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Aún podían apreciarse entonces en el cuerpo de Mostafa Gouda Abdel Aal lesiones causadas por la tortura.
• El 26 de octubre, dos agentes de policía fueron condenados por un tribunal de Alejandría a siete años de prisión cada uno por el homicidio culposo de Khaled Said, cuya muerte en junio de 2010 (había sido brutalmente golpeado en público por la policía) se convirtió en un símbolo durante las protestas contra Mubarak. El tribunal no tuvo en cuenta las conclusiones de una segunda autopsia, según la cual Said había muerto al haberlo forzado a tragar drogas envueltas en plástico. En diciembre, la fiscalía recurrió la condena.

Juicios injustos

Desde el 28 de enero, cuando se desplegó al ejército para contener las manifestaciones una vez retirada la policía de las calles, se recurrió a tribunales militares que no eran independientes ni imparciales, más que a tribunales penales ordinarios, para enjuiciar delitos y actos de violencia relacionados con las manifestaciones pese a ser los acusados civiles. Según la judicatura militar, en agosto ya se había enjuiciado a unas 12.000 personas ante los tribunales militares por cargos como “matonería”, violaciones del toque de queda, daños materiales, “insultos al ejército” u “obstrucción del trabajo”. Muchas quedaron en libertad con condenas condicionales de prisión o en virtud de un indulto, pero miles continuaban recluidas al concluir el año.

• Amr Abdallah al Beheiry fue condenado en febrero a cinco años de prisión por un tribunal militar que lo declaró culpable de violar el toque de queda y agredir a un funcionario público. Había sido detenido inicialmente el 26 de febrero, cuando soldados y agentes de la policía militar disolvieron por la fuerza una concentración a las puertas del Parlamento en El Cairo. Muchas de las personas detenidas fueron golpeadas y sometidas a descargas eléctricas antes de quedar en libertad. Entre ellas figuraba Amr Abdallah al Beheiry, que fue detenido nuevamente, al parecer porque sus lesiones se habían filmado. En el juicio, manifiestamente injusto, el juez militar no permitió que ejerciera la defensa un abogado contratado por su familia e insistió en que lo hiciera el abogado de oficio. Amr Abdallah al Beheiry fue enviado a la prisión de Wadi Guedid, donde, según informes, él y otros presos fueron agredidos por los guardias, que sólo les permitían salir de las celdas una vez al día para ir al baño. De allí lo trasladaron a la prisión de Wadi Natroun, donde seguía recluido al final del año en espera de que se fijase una fecha para la vista de apelación.
• Cinco trabajadores que llevaron a cabo una sentada a las puertas del Ministerio del Petróleo tras haber sido despedidos de la empresa pública Corporación General del Petróleo de Egipto fueron detenidos, acusados en virtud de la Ley 34 de 2011 y juzgados por un tribunal militar, que les impuso en junio sendas condenas condicionales de prisión.

Uso excesivo de la fuerza

Las fuerzas de seguridad emplearon medios letales y fuerza excesiva contra manifestantes antes de la caída de Hosni Mubarak. Asimismo, guardias penitenciarios mataron a tiros a algunos presos condenados. Posteriormente, el ejército, la policía militar y las fuerzas centrales de seguridad continuaron utilizando la fuerza, en ocasiones excesiva, para dispersar nuevas protestas de manifestantes indignados y frustrados por la lentitud de las reformas políticas y de derechos humanos. En ocasiones los manifestantes fueron atacados por “matones” (hombres armados vestidos de civil y, según se creía, vinculados a la policía o simpatizantes del partido del anterior gobierno) y se enfrentaron a ellos. En numerosos casos, las fuerzas de seguridad dispararon de forma irresponsable gas lacrimógeno, perdigones y balas de goma contra los manifestantes; también emplearon munición real y, en al menos una ocasión, se abalanzaron con vehículos blindados contra manifestantes y los atropellaron.

• El 9 de octubre se celebró una manifestación mayoritariamente de coptos ante el edificio Maspero de la televisión estatal en El Cairo. Fue disuelta con fuerza extrema por las fuerzas de seguridad, que, sin embargo, alegaron que los responsables de hacer estallar la violencia habían sido grupos de hombres armados vestidos de civil. Perdieron la vida 28 personas, en su mayoría manifestantes, aunque también murió un soldado, y muchas otras sufrieron lesiones, a menudo a causa de disparos efectuados con munición real o por haber sido atropelladas por soldados que conducían vehículos blindados a gran velocidad. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ordenó una investigación y, tras la celebración de nuevas protestas y el regreso de los manifestantes a la plaza de Tahrir de El Cairo, remitió el caso a la fiscalía, que posteriormente nombró a un juez de instrucción para que lo examinara. En diciembre, antes de que el juez presentase su informe, comenzó el juicio contra tres soldados acusados del homicidio culposo de 14 personas que se manifestaban ante el edificio Maspero.
• En noviembre, cuando el ejército y las fuerzas centrales de seguridad desalojaron de la plaza de Tahrir a manifestantes y familiares de las víctimas de la “Revolución del 25 de Enero”, se sucedieron cinco días de enfrentamientos en las inmediaciones del edificio del Ministerio del Interior en El Cairo, en los que las fuerzas de seguridad lanzaron gas lacrimógeno y dispararon perdigones y munición real contra los manifestantes. Murieron unas 51 personas, y más de 3.000 resultaron heridas, mientras que otras fueron detenidas y acusadas de delitos como reunión ilegal, ataque con escopetas a manifestantes, obstrucción del tráfico, destrucción de bienes y agresión a funcionarios públicos.
• En diciembre, la policía militar y otras fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva y desproporcionada y munición real para dispersar a manifestantes en las proximidades de la sede del gabinete ministerial. Murieron al menos 17 personas, la mayoría por arma de fuego, y centenares resultaron heridas o fueron detenidas. Varias mujeres afirmaron que las habían golpeado con brutalidad y amenazado con agredirlas sexualmente cuando estaban bajo custodia.

Libertad de expresión y asociación

Antes de la caída de Hosni Mubarak, las autoridades trataron de impedir que los manifestantes se organizaran, y para ello cortaron las líneas telefónicas y de Internet. Con el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se impusieron nuevas restricciones a los medios de comunicación, y las fuerzas de seguridad irrumpieron en cadenas de televisión y amenazaron con la cárcel a periodistas y blogueros. Además, el Consejo Supremo emprendió acciones contra ONG de derechos humanos.

• El bloguero Maikel Nabil Sanad fue condenado en abril a tres años de prisión en un juicio injusto ante un tribunal militar por haber “insultado” al Consejo Supremo y criticado su empleo de fuerza excesiva contra manifestantes de la plaza de Tahrir, así como por haber objetado al servicio militar. En agosto se declaró en huelga de hambre en señal de protesta, pero permaneció recluido, si bien un tribunal militar de apelación ordenó en octubre someterlo a un nuevo juicio. Posteriormente fue trasladado a un hospital psiquiátrico a petición de un abogado que participó en el proceso judicial, al que no asistieron ni el propio Maikel Nabil Sanad ni sus abogados. El tribunal militar ante el que se celebró un nuevo juicio redujo la condena a dos años de prisión. Considerado preso de conciencia, continuaba recluido al concluir el año, y se le negaba tratamiento médico adecuado. El 31 de diciembre puso fin a su huelga de hambre.

Las autoridades anunciaron que tenían previsto examinar la situación legal y la financiación de unas 37 organizaciones de derechos humanos, y que la fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado estaba considerando la posibilidad de presentar cargos de “traición” o “conspiración” contra las que operaran sin estar legalmente inscritas, recibieran fondos del extranjero sin permiso de las autoridades o llevaran a cabo actividades políticas “no permitidas”. El Banco Central ordenó a todos los bancos que facilitaran al Ministerio de Solidaridad y Justicia Social información sobre las transacciones económicas de las ONG y de los activistas. En diciembre, las fuerzas de seguridad registraron unas 17 ONG de derechos humanos y se incautaron de ordenadores y documentación.

Derechos de las mujeres

Las mujeres seguían discriminadas en la ley y en la práctica, aunque tuvieron un papel destacado en las protestas tanto antes como después de la caída de Hosni Mubarak. Algunas activistas y periodistas fueron víctimas de abusos sexuales y de otros tipos.

• De un grupo de 18 mujeres detenidas el 9 de marzo, cuando el ejército desalojó por la fuerza a los manifestantes de la plaza de Tahrir de El Cairo, todas menos una fueron sometidas a registros corporales sin ropa y 7 de ellas a “pruebas de virginidad”, constitutivas de tortura, en la prisión militar de Heikstep. Además se amenazó con acusar de prostitución a las que se considerara “no vírgenes”. Todas ellas habían sido conducidas primero hasta el Museo Egipcio con otros detenidos, donde los soldados las esposaron, las golpearon con palos y mangueras, les aplicaron descargas eléctricas en el pecho y las piernas y las insultaron. El 11 de marzo, 17 de ellas comparecieron ante un tribunal militar, pese a ser civiles, y quedaron en libertad dos días después. Varias fueron declaradas culpables de delitos como conducta desordenada u obstrucción del tráfico, por los que les impusieron condenas condicionales de prisión. En diciembre, un tribunal administrativo determinó que las “pruebas de virginidad” eran ilegales y ordenó a las fuerzas armadas que dejaran de hacerlas.
• El 24 de noviembre, en el contexto de los persistentes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, la periodista Mona Eltahawy fue detenida y recluida por las fuerzas de seguridad durante 12 horas. Más tarde declaró que había sido agredida sexualmente y golpeada por agentes de seguridad, a consecuencia de lo cual tenía la mano izquierda y el brazo derecho fracturados.

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas eliminó el sistema de cuotas de la ley electoral, que previamente reservaba 64 escaños (el 12 por ciento) para mujeres; en contrapartida exigió a todos los partidos políticos incluir al menos a una mujer en la lista de candidatos electorales, pero no necesariamente en los primeros puestos.

Discriminación: comunidad copta

Se incrementó la violencia entre los musulmanes y la comunidad cristiana copta, que seguía siendo víctima de discriminación y no se sentía adecuadamente protegida por las autoridades. Los ataques sectarios de presuntos islamistas contra personas e iglesias coptas parecieron aumentar después de que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas asumiera el poder, y los homicidios de coptos en la manifestación de Maspero, en octubre, agudizaron las tensiones.

• El 7 de mayo se produjeron enfrentamientos en Imbaba, barrio obrero de la zona de Giza, cuando presuntos islamistas atacaron una iglesia, porque al parecer creían que se había recluido en ella contra su voluntad a una mujer que se había convertido al islam. Murieron 15 personas, entre coptos y musulmanes, y muchas más resultaron heridas. Muchas casas y negocios de los coptos sufrieron daños, y otra iglesia local fue incendiada. Según informes, el ejército no intervino al principio, pero más tarde abrió fuego y mató a varias personas. Muchos residentes de Imbaba, incluidos heridos, fueron detenidos; la mayoría quedó en libertad el 26 de mayo, pero al final del año continuaba el juicio contra 48 personas de ambas religiones ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado (para el estado de excepción) de El Cairo.

Impunidad y rendición de cuentas

Las autoridades procesaron a algunos de los presuntos promotores de los homicidios de enero y febrero, pero por lo demás no impartieron justicia a los familiares de las personas muertas y heridas durante la “Revolución del 25 de Enero”. Los policías y miembros de las fuerzas de seguridad acusados de matar o causar lesiones a manifestantes o implicados en tales actos continuaron en sus puestos o fueron trasladados a puestos administrativos dentro del Ministerio del Interior; según informes, muchos trataron de presionar o persuadir a las familias de las víctimas y los testigos para que retiraran las denuncias. Miembros de las fuerzas armadas y de la policía cometieron impunemente abusos contra los derechos humanos, como torturas y homicidios ilegítimos.

• En abril comenzó el juicio contra el ex ministro del Interior Habib Ibrahim el Adly y seis de sus asesores por cargos relacionados con el homicidio de manifestantes. Esta causa se unió a la de Hosni Mubarak y sus dos hijos, y todos los encausados comparecieron en juicio en agosto, acusados de asesinato con premeditación y tentativa de asesinato. El juicio, cuyas dos primeras sesiones retransmitió la televisión nacional, continuaba al concluir el año.

Derecho a una vivienda adecuada: desalojos forzosos

Miles de personas continuaron viviendo en partes de asentamientos informales de El Cairo y de otros lugares calificadas oficialmente de “zonas inseguras” de residencia debido a desprendimientos de rocas y otros peligros. Corrían además riesgo de desalojo forzoso. El ejército desalojó a la fuerza a residentes de algunas “zonas inseguras” y a ocupantes ilegales de viviendas públicas vacías sin consultar con ellos ni avisarlos con antelación razonable. En muchos casos, las personas desalojadas quedaron sin hogar.

Las gobernaciones, en colaboración con el Centro para la Mejora de Asentamientos Informales, fondo implantado en 2008, elaboraron planes oficiales para realojar a los residentes de las “zonas inseguras”, pero no se consultó ni se dio siquiera información sobre los planes a las personas afectadas. El plan Cairo 2050 no se publicó ni se sometió plenamente a consulta de las comunidades de los asentamientos informales, probablemente las más afectadas, aunque en agosto el Ministerio de Vivienda afirmó que el plan no conllevaría desalojos forzosos.

Tras la “Revolución del 25 de Enero” aumentó la ocupación ilegal de edificios gubernamentales vacíos. Como respuesta, las autoridades locales llamaron al ejército y a la policía antidisturbios para desalojar a los ocupantes, tarea que se llevaba a cabo sin previo aviso.

• En Zerzara, una de las “zonas inseguras” de Port Said, el ejército demolió a principios de julio las chabolas de más de 200 familias, con lo que 70 de ellas quedaron sin hogar. Sólo se avisó a las personas afectadas con un día de antelación, y no se las consultó. Muchas de las familias que quedaron sin hogar estaban mantenidas por mujeres. Semanas antes, la gobernación local había anunciado planes para facilitar 3.500 nuevas viviendas a los residentes antes de junio de 2012, para lo que entre otras medidas construirían edificios allí mismo destinados a realojarlos. Debido a estas demoliciones, otras familias temían ser también desalojadas por la fuerza, a pesar de haber recibido cartas oficiales en las que se les prometía que recibirían viviendas alternativas en cuanto estuvieran disponibles.
• En julio unas 200 familias quedaron sin hogar cuando se las desalojó a la fuerza de unos 20 edificios del asentamiento informal de Manshiyet Nasser, en El Cairo, en los que se habían instalado. Con ayuda del Comité Comunitario Popular, creado por jóvenes durante el levantamiento, fueron realojadas en la remota Ciudad 6 de Octubre, al suroeste de Giza.

Personas refugiadas y migrantes

Las fuerzas de seguridad siguieron disparando contra personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo extranjeras que trataban de entrar en Israel a través de la frontera egipcia del Sinaí, y mataron al menos a 10. También acabaron con la vida de 10 eritreos que trataban de pasar de Sudán a Egipto. Muchas otras personas resultaron heridas por disparos, algunas gravemente, o fueron detenidas, juzgadas ante tribunales militares por “entrada ilegal en el país” y condenadas a prisión. Al menos 83 refugiados y solicitantes de asilo fueron expulsados a países donde corrían peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos; muchos de ellos eran eritreos. Al finalizar el año había más de 100 refugiados y solicitantes de asilo expuestos a ser expulsados.

Según la información recibida, los traficantes de personas extorsionaron, violaron, torturaron y mataron a refugiados, solicitantes de asilo y migrantes que trataban de cruzar la península del Sinaí hacia Israel, o les extirpaban órganos por la fuerza para venderlos en el mercado negro.

Pena de muerte

Al menos 123 personas fueron condenadas a muerte, incluidas al menos 17 enjuiciadas sin las debidas garantías ante tribunales militares. Al menos una persona fue ejecutada.

• El 10 de octubre murió ejecutado en la horca Mohamed Ahmed Hussein, condenado por los homicidios de varios cristianos coptos, que recibieron disparos desde un vehículo cuando salían de una iglesia del Alto Egipto el 6 de enero de 2010.