El Salvador
Jefe del Estado y del gobierno
Carlos Mauricio Funes Cartagena
Pena de muerte
abolicionista para los delitos comunes
Población
6,2 millones
Esperanza de vida
72 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
29/23 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
84 por ciento

Continuó la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, a pesar de algunas novedades positivas. Siguió suscitando preocupación la violencia contra mujeres y niñas, incluidas violaciones de sus derechos sexuales y reproductivos. El gobierno desplegó a las fuerzas armadas ante el aumento de la violencia causada por bandas delictivas en las calles y los disturbios en las prisiones. Los pueblos indígenas siguieron reclamando que sus derechos humanos fueran reconocidos en la ley y en la práctica.

Información general

El país sufrió un elevado grado de violencia a manos de bandas delictivas y disturbios en las prisiones. El ejecutivo acalló los llamamientos de algunos miembros del Congreso a favor de reinstaurar la pena de muerte suscitados por dicha violencia.

En febrero, el historial de derechos humanos de El Salvador fue evaluado en virtud del examen periódico universal de la ONU, y las autoridades salvadoreñas adoptaron la medida positiva de cursar una invitación abierta a los expertos especiales en derechos humanos de la ONU y del sistema interamericano. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU instó a El Salvador a que mejorase la seguridad pública, erradicase la violencia contra las mujeres y garantizase justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado interno.

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Impunidad

En enero, el presidente Funes sancionó el decreto ejecutivo que creaba una nueva Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos encargada de buscar a los menores de edad que habían sido víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado (1980-1992). El decreto fue la respuesta a la orden dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2005 en el caso de las hermanas Serrano Cruz. Las dos niñas fueron vistas por última vez en 1982, con siete y tres años, cuando fueron capturadas por el ejército. Sin embargo, al final del año, la nueva Comisión seguía sin funcionar y el paradero de cientos de niños y niñas desaparecidos continuaba siendo desconocido.

La Ley de Amnistía de 1993, que dificultaba los esfuerzos para hacer comparecer ante la justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, siguió vigente pese a las promesas públicas del gobierno de adoptar medidas para revocarla.

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Violencia contra mujeres y niñas

Un gran número de mujeres y niñas fueron secuestradas y asesinadas. Muchas sufrieron violaciones y sus cadáveres fueron mutilados. Según las estadísticas de la Policía Nacional Civil, entre enero y octubre habían sido asesinadas alrededor de 477 mujeres y niñas, 224 más que durante el mismo periodo de 2008. En noviembre, miles de mujeres y niñas salieron a la calle para protestar por el hecho de que los responsables de estos crímenes no respondieran de sus actos ante la justicia, y para exigir que las autoridades elaboraran e implantaran medidas para prevenir y castigar la violencia contra mujeres y niñas.

En octubre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió a El Salvador que tomara medidas para prevenir la violencia contra mujeres y niñas, y garantizara la justicia por estos crímenes. El Comité declaró asimismo que la prohibición total del aborto, incluso cuando el embarazo es consecuencia de una violación o pone en peligro la vida de mujeres o niñas, vulneraba la obligación legal de El Salvador de proteger los derechos humanos de mujeres y niñas.

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Derechos de los pueblos indígenas

El gobierno no cumplió su compromiso electoral de reconocer los derechos de los pueblos indígenas en la ley. Al final del año, El Salvador no había reconocido los derechos de los pueblos indígenas en su Constitución, y aún no había firmado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

En julio, la secretaria de Inclusión Social anunció que varios departamentos del gobierno habían firmado un memorándum de entendimiento para trabajar en la mejora de la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Algunos grupos indígenas reconocieron que el memorándum podía ser positivo, aunque reiteraron la necesidad urgente de que sus derechos fueran reconocidos en la ley.

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Seguridad pública

En junio, al menos 16 personas perdieron la vida cuando el autobús en el que viajaban fue incendiado en unos actos de violencia cometidos por bandas delictivas en la ciudad de San Salvador. En respuesta a la violencia de estas bandas y a los disturbios habidos en varias prisiones durante el mes de junio, el gobierno desplegó personal militar en varias prisiones y en ciertos distritos de San Salvador.

En septiembre se tipificó como delito la pertenencia a una banda. Suscitó gran preocupación la forma en que se aplicaría la ley, y se temía que pudiera usarse para perseguir a ex miembros de bandas, a quienes trabajaban para rehabilitarlos o a personas relacionadas con miembros o ex miembros de bandas.

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