Persistió la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el
conflicto armado (1980-1992). Siguió suscitando preocupación la violencia contra mujeres
y niñas, que incluía violaciones de sus derechos sexuales y reproductivos. La Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos recibió múltiples denuncias de abusos contra
mujeres y niñas perpetrados por personal militar en prisiones de todo el país.
La delincuencia violenta siguió aumentando. En respuesta a la creciente preocupación
por la seguridad en varias prisiones, el gobierno desplegó al ejército para controlar
11 de las 14 cárceles del país.
En octubre, las tormentas produjeron varios deslizamientos de tierras en los que murieron
más de 30 personas; las inundaciones destruyeron los hogares y las cosechas de miles
de familias.
La Ley de Amnistía de 1993 siguió vigente a pesar de las reiteradas decisiones de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenaban al Estado salvadoreño su
anulación. La Ley pretendía impedir que cualquier persona, entre ellos los miembros
de las fuerzas armadas, rindiera cuentas por violaciones de derechos humanos –incluidos
crímenes de lesa humanidad– cometidas durante el conflicto armado.
En marzo se remitió a la Corte Interamericana el caso de 700 hombres, mujeres, niños
y niñas torturados y asesinados por las fuerzas armadas durante tres días de 1981
en El Mozote y otras aldeas cercanas, en la provincia de Morazán. Éste era uno de
los miles de casos de violaciones de derechos humanos, que incluían crímenes de lesa
humanidad cometidos por miembros del ejército, en los que la Ley de Amnistía de 1993
impedía que los responsables comparecieran ante la justicia.
En diciembre, durante una ceremonia celebrada para conmemorar el aniversario de las
masacres, el ministro de Relaciones Exteriores reconoció la responsabilidad del Estado
en los crímenes de lesa humanidad cometidos en El Mozote y aldeas cercanas. Sin embargo,
no se comprometió a revocar la Ley de Amnistía ni a hacer que los responsables respondieran
de sus crímenes.
En febrero, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer expresó
su honda preocupación por la inacción del gobierno respecto a investigar, enjuiciar
y otorgar reparación por estos crímenes, y advirtió de que ello había dado lugar a
una situación de impunidad para la violencia de género en El Salvador.
En su informe, la relatora especial instó al gobierno a que revisara las leyes que
prohibían el aborto en todas las circunstancias, incluso para las sobrevivientes de
violación o cuando corría peligro la vida de la mujer o niña. El gobierno manifestó
su compromiso de abordar la cuestión de la violencia contra las mujeres.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibió un número creciente
de denuncias sobre registros vaginales y anales ilegales realizados por personal militar
a mujeres y niñas que visitaban a familiares en prisión.
En marzo, el gobierno inauguró la primera sede de la “ciudad de la mujer”, a la que
podían acudir las mujeres y niñas afectadas por la violencia a denunciar sin riesgos
a la policía los crímenes de los que habían sido víctimas, así como a recibir servicios
de apoyo y asesoramiento legal.
En agosto, la Corte Suprema de Justicia decidió no ejecutar una alerta roja emitida
por Interpol a instancias de las autoridades españolas. En ella se pedía la detención
y extradición de nueve ex miembros del ejército acusados del homicidio, cometido en
1989, de seis sacerdotes jesuitas españoles, su ama de llaves y la hija de ésta. La
Corte pidió a las autoridades españolas que cumplimentaran otros trámites procesales
antes de considerar la orden.
Los activistas de derechos humanos y periodistas que trabajaban en el departamento
de Cabañas recibieron amenazas por su labor de defensa de los derechos humanos y lucha
contra la corrupción.
En enero, Héctor Berríos, activista comunitario y abogado que trabajaba por los derechos
humanos, recibió una llamada telefónica en la que le dijeron que alguien había pagado
mucho dinero para matarlo a él o a un miembro de su familia.
En mayo, Pablo Ayala, Manuel Navarrete y Marixela Ramos –periodistas y productora
de informativos, respectivamente, de Radio Victoria– recibieron dos amenazas de muerte
en sendos mensajes de texto. Uno de ellos decía: “Mira mage ya sabemos donde vives
[…] ponle paro a ese noticiero tu que eres la coordinadora tu tambien tienes a tu
hija”.
