Guinea Ecuatorial
Jefe del Estado
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo
Jefe del gobierno
Ignacio Milán Tang
Pena de muerte
retencionista
Población
0,7 millones
Esperanza de vida
51 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
177/160 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
93 por ciento

Cuatro personas secuestradas en Benín por personal de seguridad de Guinea Ecuatorial fueron ejecutadas en agosto, inmediatamente después de ser condenadas a muerte por un tribunal militar. El mismo tribunal condenó a dos presos de conciencia a largas penas de prisión, aunque un tribunal civil los había absuelto previamente de los mismos cargos. Se condenó a presos de conciencia en juicios sin garantías; algunos quedaron en libertad en aplicación de un indulto presidencial. Se recibieron nuevos informes de detenciones por motivos políticos y de hostigamiento de opositores políticos. Soldados y personal de otros cuerpos de seguridad mataron de forma ilegítima, torturaron e infligieron malos tratos a detenidos y otras personas con impunidad. La libertad de expresión y la prensa continuaban sometidas a restricciones.

Información general

En marzo, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó el informe sobre Guinea Ecuatorial en virtud del examen periódico universal de la ONU, el gobierno rechazó todas las recomendaciones relacionadas con la abolición de la pena de muerte y la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

También en marzo, Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) –iniciativa internacional de aplicación voluntaria destinada a promover la transparencia en la extracción de petróleo, gas y minerales– rechazó la candidatura de Guinea Ecuatorial, por no cumplir este país varios requisitos, como la participación en el proceso de la EITI de grupos independientes de la sociedad civil y la presentación de un informe sobre los ingresos procedentes del petróleo.

En junio, el presidente Obiang se comprometió públicamente a mejorar la situación de los derechos humanos, ampliar la libertad de prensa, garantizar la credibilidad judicial e introducir la transparencia y la rendición de cuentas en la industria petrolera. Al terminar el año, ninguno de estos compromisos se había cumplido.

En julio, el presidente Obiang decretó el portugués como tercer idioma oficial del país para respaldar su intento de incorporar a Guinea Ecuatorial como miembro de pleno derecho en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, pero esta organización aplazó su decisión al respecto.

En agosto, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la utilización de mercenarios visitó el país por invitación del gobierno. Sin embargo, no se permitió a sus integrantes visitar las cárceles.

En octubre, la UNESCO suspendió de forma indefinida la concesión del premio internacional UNESCO-Obiang Nguema Mbasogo de investigación en ciencias de la vida. La concesión se había aplazado en marzo y en junio debido a la oposición de ONG y personas de todo el mundo.

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Detención y reclusión arbitrarias

A pesar de las reiteradas promesas de mejorar el respeto por los derechos humanos, las autoridades detuvieron y recluyeron arbitrariamente a decenas de opositores políticos. La mayoría quedaron en libertad sin cargos pero algunos seguían recluidos al terminar el año.

  • Marcos Manuel Ndong, ex preso de conciencia y miembro destacado del partido de oposición Convergencia para la Democracia Social, fue detenido arbitrariamente en octubre. Le ordenaron por teléfono que se personase en la Comisaría Central de Malabo, donde lo detuvieron por posesión de un memorando confidencial. Se trataba de un memorando interministerial que le habían entregado, y él lo había agregado a la documentación que aportó para respaldar una solicitud para fundar una caja de ahorros. Al parecer, en virtud de la legislación de Guinea Ecuatorial no era ilegal estar en posesión de documentos confidenciales entregados por terceros. Marcos Manuel Ndong estuvo detenido en la comisaría de policía durante dos semanas y después lo trasladaron al penal de Black Beach, en Malabo, donde continuó recluido hasta que el 7 de diciembre quedó en libertad sin cargos ni juicio. El Tribunal de Instrucción y Primera Instancia de Malabo ignoró un recurso de hábeas corpus presentado por su esposa el 14 de octubre.
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Juicios injustos

En marzo, los presos de conciencia Marcelino Nguema y Santiago Asumu, miembros del partido opositor Unión Popular (UP), y siete ciudadanos nigerianos fueron sometidos a un juicio sin garantías por el Tribunal de Apelación de Malabo, un tribunal de primera instancia. Los nueve encausados –ocho hombres y una mujer– fueron acusados formalmente de intentar asesinar al presidente Obiang, en relación con un presunto ataque contra el palacio presidencial en febrero de 2009. Al comienzo del juicio se retiraron los cargos contra otros ocho miembros de Unión Popular. En abril, el tribunal absolvió a Marcelino Nguema y Santiago Asumu, pero declaró culpables y condenó a los siete nigerianos a sendas penas de 12 años de cárcel. A los nigerianos, que eran comerciantes y pescadores, los habían detenido en el mar y acusado de participar en el ataque contra el palacio.

Pese a haber sido absueltos, Marcelino Nguema y Santiago Asumu permanecieron en la cárcel. En agosto fueron juzgados de nuevo por los mismos cargos por un tribunal militar que los condenó a 20 años de prisión. Otras cuatro personas juzgadas al mismo tiempo fueron condenadas a muerte (véase infra). A ninguno de los seis encausados se les informó de su juicio hasta que llegaron al tribunal. Ninguno fue interrogado por un juez ni acusado formalmente. En cambio, personal de seguridad de alto rango que también intervino en su tortura sí los sometió a interrogatorio.

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Pena de muerte

José Abeso Nsue y Manuel Ndong Anseme, ex oficiales militares, Jacinto Michá Obiang, guardia de fronteras, y Alipio Ndong Asumu, civil, fueron ejecutados en Malabo el 21 de agosto, apenas una hora después de ser condenados a muerte por un tribunal militar en consejo de guerra sumarísimo. Los declararon culpables de intento de asesinato del presidente Obiang, traición y terrorismo. El juicio no reunió las debidas garantías, y las únicas pruebas que se presentaron en el tribunal para probar los cargos fueron las confesiones obtenidas bajo tortura. Los acusados no tuvieron acceso a un abogado defensor. Minutos antes de comenzar el juicio se les asignaron dos oficiales militares sin formación jurídica alguna. La rápida ejecución les negó su derecho a apelar contra la sentencia condenatoria y a pedir el indulto. Se les negó asimismo el derecho a despedirse de sus familias. Una semana después, el presidente Obiang justificó la celeridad de las ejecuciones diciendo que los condenados representaban una amenaza inminente para su vida.

Los cuatro hombres ejecutados habían sido secuestrados en enero por agentes de seguridad de Guinea Ecuatorial en Benín, donde vivían como refugiados desde hacía varios años. Los trasladaron al penal de Black Beach, donde estuvieron recluidos en secreto hasta que se celebró el juicio en agosto. Las autoridades de Guinea Ecuatorial se habían negado a reconocer su detención.

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Tortura y otros malos tratos

Soldados y agentes de policía infligieron tortura y malos tratos con impunidad a detenidos y otras personas, especialmente en Bata, a pesar de la legislación que prohibía la tortura. Según los informes, al menos dos personas murieron como consecuencia de tortura. Los cuatro hombres secuestrados en Benín y ejecutados después fueron torturados reiteradamente mientras estuvieron recluidos.

  • Manuel Napo Pelico murió en julio en la localidad de Basakato de la Sagrada Familia, isla de Bioko. Unos soldados entraron en su casa para detenerlo por negarse a participar en la limpieza colectiva de la localidad. Según los informes, lo golpearon de forma reiterada en la cabeza con la culata de un fusil y después lo llevaron por la fuerza al cuartel del ejército, donde lo dejaron inconsciente y sangrando. Cuando se dieron cuenta de que estaba moribundo, lo llevaron de nuevo a su casa, donde murió poco después. Al terminar el año, no se había investigado su muerte ni se había puesto a disposición de la justicia a los responsables.
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Presos de conciencia: excarcelaciones

Marcelino Nguema, Santiago Asumu y siete ciudadanos nigerianos quedaron en libertad en octubre en aplicación de un indulto presidencial con motivo del aniversario de la independencia. Otros cinco presos de conciencia que cumplían largas penas de cárcel por un presunto ataque en la isla de Corisco en 2004 fueron puestos en libertad en agosto. No se conocían con certeza las circunstancias de su liberación.

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Homicidios ilegítimos

Soldados y policías fueron responsables, según los informes, de homicidios ilegítimos.

  • Luis Ondo Mozuy y un amigo fueron detenidos el 13 de marzo en el barrio de Ncolombong, en Bata. Habían participado en una discusión con un grupo de jóvenes que huyeron al llegar una patrulla militar. Los soldados los trasladaron a la comisaría de policía de Bata. Mientras a su amigo lo encerraban en una celda, a Luis Ondo lo llevaron fuera de la comisaría. Unas horas después, unos soldados llevaron el cuerpo de Luis Ondo al depósito de cadáveres del hospital de Bata y obligaron al funcionario que estaba de servicio a aceptarlo sin atenerse a los procedimientos establecidos. No hubo investigación alguna sobre este incidente durante el año.
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Libertad de expresión: periodistas

La libertad de prensa continuaba sometida a graves restricciones, y la mayoría de los medios de comunicación estaban controlados por el Estado. Los periodistas que hacían valer su independencia se enfrentaban a actos de hostigamiento, despidos laborales y detenciones.

  • Pedro Luis Esono Edu, periodista de Radio Bata, fue detenido sin orden judicial en febrero, inmediatamente después de informar sobre el descubrimiento de siete cadáveres, pertenecientes a presuntas víctimas de trata de seres humanos, en un vertedero de basuras a las afueras de Bata. Estuvo recluido durante tres días en la comisaría de policía de Bata y después quedó en libertad sin cargos.
  • En abril, Samuel Obiang Mbani, corresponsal de las agencias African Press y France Presse en Guinea Ecuatorial, fue detenido en el aeropuerto de Malabo, donde se encontraba para informar sobre la llegada de jefes de Estado de los países miembros de la Comunidad Económica y Monetaria del África Central. Estuvo recluido en la comisaría de policía de Malabo durante cinco horas antes de ser puesto en libertad.
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Desalojos forzosos

El gobierno seguía sin proporcionar indemnización ni alojamiento alternativo a los cientos de familias desalojadas por la fuerza de sus hogares en los últimos años. Personas residentes en Bata seguían corriendo el riesgo de ser desalojadas por la fuerza de sus hogares para dejar espacio para proyectos de desarrollo urbano.

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