La tensión política aumentó a lo largo del año y las autoridades seguían reprimiendo a la oposición mediante el hostigamiento, la detención y la reclusión breve de activistas políticos. Se registró un aumento del número de detenciones en el periodo previo a la cumbre de la Unión Africana que se celebró en junio. En noviembre, al menos 30 personas, que parecían estar retenidas en calidad de rehenes, fueron absueltas por un tribunal militar y quedaron en libertad. Habían permanecido recluidas en régimen de incomunicación, sin cargos ni juicio, desde octubre de 2010. Cinco presos de conciencia y 17 presos políticos quedaron en libertad en aplicación de un indulto presidencial. La libertad de expresión y reunión continuaba sometida a restricciones y se detuvo durante breves periodos o se suspendió en sus funciones a periodistas. En noviembre se aprobaron en referéndum reformas constitucionales que otorgaban más poder al presidente.
En enero, el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo asumió la presidencia rotatoria de la Unión Africana, y en junio fue anfitrión de la cumbre de este organismo en la capital del país, Malabo. El mismo mes, el presidente firmó la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza.
En septiembre, la policía francesa, que investigaba la presunta malversación por el presidente Obiang y su familia de ingresos de Guinea Ecuatorial procedentes del petróleo, confiscó varios automóviles de lujo pertenecientes al hijo mayor del presidente, Teodoro Nguema Obiang, en el exterior de su residencia en París. También en septiembre, un tribunal francés absolvió a la ONG francesa Terre Solidaire de los cargos de difamación presentados en su contra por el presidente Obiang. Los cargos estaban relacionados con un informe publicado por Terre Solidaire en 2009 en el que se aludía a “bienes mal adquiridos” por el presidente Obiang y su familia.
En octubre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó ante un tribunal federal una demanda en la que solicitaba la confiscación de las propiedades y otros activos del hijo del presidente ecuatoguineano en Estados Unidos, aduciendo que se habían obtenido mediante el saqueo de los recursos naturales de Guinea Ecuatorial y se habían trasladado a Estados Unidos mediante corrupción.
Tras las protestas masivas en el norte de África y Oriente Medio, el presidente Obiang anunció en marzo que reformaría la Constitución para ampliar el marco jurídico del ejercicio de las libertades fundamentales y dar a la población las más amplias oportunidades de participar en los asuntos políticos del país. En mayo, el presidente instituyó una comisión con el cometido de redactar las reformas y designó a sus miembros, entre los que figuraban representantes de los partidos políticos. Los dos únicos partidos políticos independientes del país, Convergencia para la Democracia Social (CPDS) y Unión Popular (UP), se negaron a participar en la comisión por considerar que no se habían satisfecho sus demandas de amnistía general y retorno seguro de los exiliados. También pusieron objeciones a que el presidente Obiang designase a sus representantes en la comisión. En julio, la Cámara de Representantes del Pueblo aprobó las propuestas de reforma sin debate, y en octubre el presidente Obiang anunció la fecha del referéndum sobre las reformas. Sin embargo, no se dio a conocer a la opinión pública el texto de las reformas propuestas, y los partidos políticos recibieron el texto sólo dos semanas antes del referéndum. Las reformas fueron aprobadas en referéndum el 13 de noviembre con el 97,7 por ciento de los votos. La consulta se llevó a cabo en un clima de intimidación y hostigamiento a los votantes, con la presencia de policías armados y soldados en los colegios electorales. En Bata se expulsó de los colegios electorales a varios representantes de partidos políticos que actuaban como observadores de la votación; algunos estuvieron detenidos brevemente y fueron golpeados. Las reformas aumentaban aún más los poderes del presidente, incluso después de dejar el cargo. Aunque se limitaban los mandatos presidenciales a dos periodos consecutivos de siete años, se eliminaba el límite de edad para los candidatos presidenciales –establecido hasta entonces en 75 años–, se creaba el cargo de vicepresidente –que sería nombrado por el presidente y debía ser miembro del gobernante Partido Democrático de Guinea Ecuatorial– y se creaban un Senado y un Tribunal de Cuentas, cuyos miembros serían nombrados por el presidente, al igual que el titular de la recién creada institución del Defensor del Pueblo. La Constitución revisada no fue promulgada al final del año.
Varios opositores políticos y unos 100 estudiantes fueron detenidos y estuvieron recluidos durante breves periodos antes de la cumbre de la Unión Africana celebrada en junio. También se practicaron detenciones por motivos políticos en el periodo previo al referéndum sobre las reformas constitucionales que se celebró en noviembre.
Dos miembros de Convergencia para la Democracia Social, Juan Manuel Nguema Esono, docente, y Vicente Nze, médico, fueron detenidos en Bata el 25 de abril. Eran sospechosos de planear una manifestación el Día del Trabajo y de pegar carteles en ese sentido en las paredes del hospital de Bata. A Juan Manuel Nguema lo llevaron al principio a la comisaría central de Bata. Ese mismo día lo introdujeron en un vuelo con destino a Malabo, en cuya comisaría central de policía estuvo recluido en régimen de incomunicación hasta quedar en libertad sin cargos cuatro días después. A Vicente Nze lo detuvieron cuando acudió a la comisaría de policía de Bata para interesarse por Juan Manuel Nguema. Estuvo recluido en régimen de incomunicación hasta su liberación el 29 de abril. Las autoridades se negaron a dar información sobre el paradero de los dos detenidos.
Marcial Abaga Barril, miembro destacado de Convergencia para la Democracia Social y representante de este partido en la Junta Electoral Nacional, fue detenido en su domicilio el 1 de noviembre por dos policías vestidos de civil. Los policías no disponían de orden de detención. Lo llevaron a la comisaría central de Malabo, donde estuvo recluido hasta que quedó en libertad sin cargos cuatro días después. Mientras estuvo detenido le dijeron que la policía estaba investigando el homicidio de un cocinero del presidente Obiang. Sin embargo, hasta entonces no se había tenido noticia de ese homicidio.
Al menos 30 personas recluidas en régimen de incomunicación y sin cargos en la cárcel de Bata quedaron en libertad tras ser absueltas en noviembre por un tribunal militar. Habían sido detenidas en octubre de 2010, tras la fuga de dos presos políticos de la cárcel de Evinayong, junto con seis guardias penitenciarios que también habían huido. La mayoría de los detenidos eran familiares y amigos de los presos fugados y personas sospechosas de haberlos ayudado a huir. Entre ellos había mujeres y un bebé de seis meses. A mediados de noviembre, todos los detenidos fueron juzgados de improviso por un tribunal militar de Bata, tras ser acusados formalmente de ayudar a los presos a escapar. Se absolvió y liberó a todos los detenidos civiles y a casi todos los militares, pero se declaró culpables a unos seis militares y agentes de policía, a quienes se les impusieron penas de prisión que no se hicieron públicas. Pese a la absolución de la mayoría de los acusados, el juicio no cumplió las normas internacionales sobre garantías procesales.
La libertad de expresión continuaba sometida a restricciones, y la prensa estaba bajo el firme control del Estado. Se censuraban informaciones que las autoridades consideraban desfavorables. En febrero, el gobierno ordenó un bloqueo informativo sobre los acontecimientos que tenían lugar en el norte de África, Oriente Medio y Costa de Marfil. Se detuvo durante breves periodos a periodistas y se expulsó del país a periodistas extranjeros. En abril se negaron visados para visitar Guinea Ecuatorial a la ONG Reporteros sin Fronteras por referirse al presidente Obiang en términos peyorativos.
En marzo, Juan Pedro Mendene, periodista radiofónico que trabajaba para el programa de la radio estatal en lengua francesa, fue suspendido indefinidamente en sus funciones por mencionar a Libia en antena. El secretario de Estado de Información y Prensa se personó en la emisora y le ordenó que abandonara las instalaciones. Cuando salía, Juan Pedro Mendene fue golpeado por el guardaespaldas del secretario de Estado. Una semana después, el director de la emisora anunció que las emisiones en francés quedaban suspendidas temporalmente por órdenes superiores.
En junio, unos agentes de policía arrestaron y tuvieron recluidos durante cinco horas a tres miembros de un equipo de la cadena de televisión alemana ZDF que estaba en Guinea Ecuatorial para filmar un documental sobre la selección nacional de fútbol femenino. El equipo había filmado también asentamientos precarios en Malabo y había entrevistado al líder del partido opositor Convergencia para la Democracia Social y a un abogado de derechos humanos. Las autoridades borraron material filmado de los asentamientos precarios diciendo que mostraba el país de manera negativa. También dijeron que el equipo no tenía permiso para entrevistar a opositores políticos y confiscaron las tarjetas de memoria en las que estaban grabadas las entrevistas.
Aunque estaba garantizada por la Constitución del país, las autoridades seguían reprimiendo la libertad de reunión.
Tras los levantamientos populares en Oriente Medio y el norte de África, el gobierno prohibió en marzo todas las manifestaciones, incluidas las celebraciones oficiales con motivo del Día Internacional de la Mujer y las procesiones religiosas, y desplegó un número mayor de personal de seguridad en las calles para hacer cumplir la prohibición.
En marzo, las autoridades rechazaron la solicitud presentada por el partido político Unión Popular para celebrar una concentración con el fin de pedir reformas políticas. También se rechazó una petición de Convergencia para la Democracia Social para celebrar el 1 de mayo una marcha con motivo del Día Internacional del Trabajo.
Las autoridades perturbaron el desarrollo de concentraciones organizadas por Convergencia para la Democracia Social y Unión Popular contra las reformas constitucionales antes del referéndum del 13 de noviembre y dispersaron a los participantes.
Cinco presos de conciencia –Emiliano Esono Micha, Cruz Obiang Ebebere, Gumersindo Ramírez Faustino, Juan Ekomo Ndong y Gerardo Angüe–, que cumplían penas privativas de libertad de seis años desde 2008 por asociación ilícita y presunta posesión de armas y municiones, fueron excarcelados en junio en aplicación de un indulto con motivo del cumpleaños del presidente Obiang. Un total de 17 presos políticos, que podían haber sido presos de conciencia y que cumplían largas condenas por presuntos intentos de derrocar al gobierno, también fueron indultados y quedaron en libertad. A todos se les obligó a firmar un documento en el que agradecían al presidente Obiang su benevolencia y se comprometían a no cometer delitos semejantes a aquellos por los que habían sido indultados.
