Eritrea
Jefe del Estado y del gobierno
Isaias Afewerki
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
5,2 millones
Esperanza de vida
60,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
78/71 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
65,3 por ciento

Las violaciones de derechos humanos eran generalizadas. El gobierno imponía graves restricciones a la libertad de expresión y de religión. No estaban permitidos los partidos de oposición, el periodismo independiente, las organizaciones de la sociedad civil ni los grupos religiosos no registrados. Las autoridades utilizaban la detención arbitraria, la reclusión y la tortura para reprimir a la oposición, y recluían a miles de presos políticos en condiciones atroces, en muchos casos en detención secreta. El reclutamiento militar era obligatorio, y los desertores, los que eludían el reclutamiento y sus familias sufrían hostigamiento, prisión y malos tratos. Continuaba en vigor la política de “disparar a matar” contra toda persona que intentara huir cruzando la frontera.

Información general

El presidente Isaias Afewerki y el Frente Popular para la Democracia y la Justicia, partido gobernante y único partido político permitido, ejercían un control total sobre el Estado sin el menor atisbo de unas elecciones aplazadas indefinidamente. No existía un poder judicial independiente.

La sociedad eritrea seguía estando muy militarizada. Toda la población adulta estaba sujeta al servicio nacional obligatorio, que con frecuencia se prorrogaba indefinidamente.

Los costos del reclutamiento militar masivo contribuían a la paralización de la economía nacional. Aumentó la escasez de alimentos. La ONU calculaba que hasta dos de cada tres habitantes de Eritrea sufrían malnutrición, pero el gobierno restringía la ayuda alimentaria y el acceso de organizaciones humanitarias, al parecer con el fin de controlar y castigar a la población y de limitar la influencia exterior.

Un gran número de eritreos, en su mayoría jóvenes, huyeron del país. El gobierno seguía aplicando la política de “disparar a matar” a las personas sorprendidas cuando trataban de cruzar la frontera.

El Consejo de Seguridad de la ONU seguía aplicando sanciones contra Eritrea, incluido un embargo de armas, por considerar que apoyaba a grupos armados somalíes y por no resolver un litigio fronterizo con Yibuti.

Durante el primer semestre del año, Eritrea mantuvo la presencia de tropas en la zona en litigio de Ras Doumeira y la isla Doumeira de Yibuti, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía la retirada eritrea. En junio, Eritrea aceptó retirar sus tropas y resolver el litigio con Yibuti con la mediación de Qatar.

No se hizo efectiva la decisión de la Comisión de Fronteras Eritrea-Etiopía de 2002 que exigía la retirada de Etiopía de la población fronteriza de Badme, y ninguna de las partes pagó las cantidades establecidas en concepto de daños y perjuicios por la Comisión de Reclamaciones de 2009. El gobierno utilizó el pretexto del litigio fronterizo, y la posible amenaza de un futuro conflicto, como justificación para imponer severas restricciones a los derechos civiles y políticos.

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Libertad de religión

Sólo se permitía practicar su religión a los miembros de las confesiones religiosas permitidas: la Iglesia ortodoxa eritrea, la Iglesia católica, la Iglesia luterana y el islam. Los miembros de las confesiones religiosas minoritarias prohibidas podían ser objeto de hostigamiento, detención, reclusión en régimen de incomunicación y tortura. Muchos fueron detenidos mientras celebraban clandestinamente oficios religiosos en viviendas particulares o con ocasión de bodas o funerales.

Unos 3.000 cristianos de grupos eclesiales no registrados estuvieron recluidos durante el año, incluidos 60 testigos de Jehová de cuya reclusión se tuvo noticia en mayo. Entre los 60 figuraban Paulos Eyassu, Isaac Mogos y Negede Teklemariam, encarcelados sin juicio desde 1994.

En octubre se tuvo noticia de una campaña represiva contra cristianos evangélicos, en particular de la Iglesia del Evangelio Completo, en la zona (provincia) Meridional. Unos 40 hombres y mujeres fueron detenidos y recluidos en régimen de incomunicación, según los informes por orden del gobernador de la zona Meridional.

  • Senait Oqbazgi Habta, de 28 años de edad, murió en abril en el Centro de Instrucción Militar de Sawa, según los informes. Estaba detenida desde hacía aproximadamente dos años por asistir a un grupo de estudio de la Biblia. Permaneció recluida en un contenedor para el transporte de mercancías y se le negó medicación para la malaria y la anemia.
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Presos de conciencia y otras personas detenidas por motivos políticos

Un gran número de presos políticos y presos de conciencia seguían recluidos indefinidamente sin cargos, juicio ni acceso a asistencia letrada. Entre ellos había presuntos críticos del gobierno, activistas políticos, periodistas, practicantes de religiones, personas que habían eludido el reclutamiento militar, desertores del ejército y solicitantes de asilo fallidos que habían sido devueltos a Eritrea. Muchos llevaban largos periodos recluidos en régimen de incomunicación, entre ellos los presos políticos encarcelados desde la represión gubernamental de 2001. En la mayoría de los casos seguía sin conocerse su paradero y su estado de salud. Las familias de los presos podían sufrir represalias por hacer averiguaciones sobre ellos.

  • Los integrantes del grupo G-15, formado por presos de conciencia encarcelados sin cargos ni juicio desde 2001, continuaban recluidos en detención secreta. Durante 2010 el gobierno tampoco respondió a las afirmaciones de que nueve de ellos habían muerto bajo custodia.
  • El preso de conciencia Dawit Isaak, periodista detenido en la represión de 2001, continuaba recluido, presuntamente en la prisión de Eiraeiro. Según los informes, su salud física y mental era deficiente.
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Libertad de expresión: periodistas

El gobierno ejercía un control férreo sobre todos los medios de comunicación y reaccionaba con hostilidad cuando percibía cualquier crítica. Toda actividad periodística independiente estaba prohibida de hecho desde 2001. Numerosos periodistas seguían recluidos en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio. En muchos casos el gobierno se negó a confirmar su paradero o su estado de salud.

  • Yirgalem Fisseha Mebrahtu, periodista de Radio Bana detenido en febrero de 2009 cuando las autoridades cerraron la emisora, fue puesto, según los informes, en régimen de aislamiento en la prisión de Mai Swra en mayo.

Periodistas eritreos de la comunidad de la diáspora establecida en Estados Unidos denunciaron que partidarios del gobierno eritreo los sometían a vigilancia y hostigamiento dentro de Estados Unidos.

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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Muchos eritreos huían del país. Las familias de las personas refugiadas se enfrentaban a graves represalias –como multas y penas de cárcel– por la huida de sus familiares.

Continuaban en vigor las directrices publicadas por la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) en 2009, que recomendaban que los Estados se abstuvieran de devolver a Eritrea a solicitantes de asilo eritreos rechazados. En enero de 2010, un total de 223.562 eritreos refugiados y solicitantes de asilo vivían en otros países, según cifras oficiales.

  • En junio, los funcionarios del centro de detención de Misratah, en Libia, obligaron a detenidos eritreos a fotografiarse y cumplimentar formularios de datos personales completos suministrados por la embajada de Eritrea.
  • Yonas Mehari y Petros Mulugeta regresaron a Alemania y se les concedió asilo en 2010. Ambos eran solicitantes de asilo que habían sido devueltos por las autoridades alemanas a Eritrea en 2008. Tras regresar a su país estuvieron recluidos, Yonas Mehari en una celda subterránea superpoblada y Petros Mulugeta en un contenedor para el transporte de mercancías. Los dos denunciaron condiciones inhumanas, incluidas enfermedades, demencia y muertes entre los reclusos.
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Reclutamiento militar

Una proporción importante de la población realizaba el servicio nacional obligatorio, que era preceptivo para hombres y mujeres mayores de 18 años. El periodo inicial de 18 meses de servicio constaba de 6 meses de servicio militar y 12 meses de servicio en funciones militares o dependientes del gobierno. Esto implicaba a menudo trabajo forzoso en proyectos estatales. Los reclutas realizaban labores de construcción en proyectos del gobierno como construcción de carreteras, tareas en la administración pública o trabajo para empresas dirigidas y propiedad de los militares o de las élites del partido gobernante. Los reclutas percibían salarios mínimos que no cubrían las necesidades básicas de sus familias. El servicio nacional podía prorrogarse indefinidamente y una vez concluido debían cumplirse obligaciones en la reserva.

Los castigos por deserción o por eludir el reclutamiento eran severos, e incluían la tortura y la reclusión sin juicio.

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Tortura y otros malos tratos

El uso de la tortura en las instalaciones de detención era generalizado. En muchos casos, las personas recluidas, incluidos los presos de conciencia, sufrían tortura y malos tratos. Las formas de tortura más frecuentes de las que se tuvo noticia eran la flagelación, las palizas y amarrar con cuerdas en posturas dolorosas durante periodos prolongados.

Las condiciones de reclusión eran extremadamente severas. Muchos presos estaban recluídos en condiciones de hacinamiento, humedad y falta de higiene. Un gran número de detenidos permanecían en celdas subterráneas y otros eran encerrados en contenedores de mercancías metálicos, en muchos casos en lugares desérticos con temperaturas extremas. A los presos se les suministraba una alimentación inadecuada y agua contaminada para beber. No se disponía de prácticamente ninguna asistencia médica. Varios presos de conciencia y presos políticos murieron bajo custodia, según los informes, pero las autoridades no confirmaron la mayoría de estas noticias.

  • Hana Hagos Asgedom, cristiana que llevaba encarcelada casi cuatro años por sus creencias religiosas, murió en enero. Según los informes, la golpearon con una barra de hierro por negarse a las insinuaciones de carácter sexual de un funcionario en el campamento militar de Alla, y murió de un ataque cardiaco poco después.
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