Eritrea
Jefe del Estado y del gobierno
Isaias Afewerki
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
5,4 millones
Esperanza de vida
61,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
55,2 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
66,6 por ciento

La libertad de expresión y asociación estaban sometidas a severas restricciones. No estaban permitidos los partidos políticos de oposición, los medios de comunicación independientes, las organizaciones de la sociedad civil ni los grupos religiosos no registrados. El reclutamiento militar era obligatorio, y con frecuencia se prorrogaba indefinidamente. Miles de presos de conciencia y presos políticos continuaban recluidos arbitrariamente. La tortura y otros malos tratos eran habituales, las condiciones de reclusión eran atroces. Un gran número de eritreos seguían huyendo del país.

Información general

La región se vio afectada por una grave sequía, a consecuencia de la cual más de 10 millones de personas necesitaron asistencia urgente. El gobierno de Eritrea negó que el país se viera afectado por la sequía o la escasez de alimentos, y no permitió el acceso al país de los organismos de ayuda de la ONU ni de las organizaciones humanitarias.

En noviembre, el gobierno informó a la delegación de la Unión Europea (UE) en Asmara, la capital, de su intención de poner fin a todos los programas de desarrollo en curso de la UE.

En julio, un informe del Grupo de Supervisión de la ONU para Somalia y Eritrea afirmó que Eritrea había participado en la planificación de un atentado con bombas contra una cumbre de la Unión Africana celebrada en Etiopía en enero.

En diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONU reafirmó las sanciones contra Eritrea por seguir proporcionando adiestramiento y apoyo económico y de otra índole a los grupos armados de oposición, incluido Al Shabaab, por no resolver la disputa fronteriza con Yibuti y por planear un atentado contra la cumbre de la Unión Africana. El Consejo de Seguridad exigió que Eritrea pusiera fin a todos los esfuerzos para desestabilizar a otros Estados, dejara de utilizar el “impuesto de la diáspora” –aplicado a los eritreos en el extranjero– para desestabilizar la región, y cesara de usar las amenazas de violencia y otros medios ilícitos para recaudar dicho impuesto. El Consejo de Seguridad exigió también transparencia en el uso de los beneficios de las actividades mineras y pidió a todos los Estados la adopción de medidas para promover la vigilancia en los tratos comerciales con Eritrea, con el fin de garantizar que ningún activo contribuía al incumplimiento por parte de Eritrea de las resoluciones del Consejo de Seguridad.

  • Dos prisioneros de guerra yibutianos huyeron de Eritrea, pese a que el gobierno eritreo negaba que siguiera reteniendo a este tipo de prisioneros desde los enfrentamientos entre los dos países en 2008. En diciembre, la ONU exigió a Eritrea que hiciera pública información sobre todo combatiente yibutiano que estuviera recluido como prisionero de guerra.
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Presos políticos y presos de conciencia

Había miles de presos de conciencia en el país. Entre ellos figuraban activistas políticos, periodistas, practicantes de religiones y personas que habían eludido el reclutamiento militar. Ninguna de estas personas fue acusada formalmente o juzgada por ningún delito. Las familias de la mayoría de los presos no conocían su paradero.

  • El gobierno se negó a confirmar la información según la cual 9 integrantes del grupo G-15 – políticos de gran relevancia recluidos arbitrariamente desde 2001– habían muerto bajo custodia en los últimos años.
  • En octubre se informó de que Dawit Isaak, uno de los 10 periodistas independientes también recluidos desde 2001, podría haber muerto bajo custodia, pues no se encontraba ya en la prisión en la que había estado encarcelado. El gobierno no confirmó esta información.
  • En octubre se detuvo al empresario Senay Kifleyesus, según los informes tras ser citado en un cable de Wikileaks criticando al presidente.
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Libertad de religión

Sólo estaban autorizados a practicar su religión los miembros de las confesiones religiosas permitidas: la iglesia ortodoxa eritrea, la iglesia católica, la iglesia luterana y el islam. Los miembros de las confesiones religiosas prohibidas seguían sufriendo detención, reclusión arbitraria y malos tratos.

Se creía que más de 3.000 cristianos de grupos eclesiales no registrados, entre ellos 51 testigos de Jehová, estaban recluidos arbitrariamente.

  • Paulos Eyassu, Isaac Mogos y Negede Teklemariam, testigos de Jehová, seguían recluidos sin cargos en el campamento militar de Sawa, donde permanecían desde 1994 por objeción de conciencia al servicio militar.
  • En mayo, 64 cristianos fueron detenidos, según informes, en una población cercana a Asmara. Seis quedaron en libertad, pero los 58 restantes seguían recluidos arbitrariamente. En junio se informó de que más de 26 estudiantes universitarios habían sido detenidos como sospechosos de practicar una confesión religiosa no registrada y recluidos en un lugar no revelado. Se creía que la mayoría fueron llevados a la prisión de Me’eter, que se utilizaba habitualmente para encarcelar a las personas detenidas por motivos religiosos.
  • En noviembre, Mussie Eyob, evangelista, fue devuelto a Eritrea tras ser detenido por hacer proselitismo en Arabia Saudí. Se creía que estaba recluido en régimen de incomunicación.
  • En julio, Misghina Gebretinsae, testigo de Jehová, murió bajo custodia en la prisión de Me’eter, donde permanecía recluido sin cargos desde julio de 2008.
  • En octubre se tuvo noticia de que tres cristianos habían muerto bajo custodia. Dos mujeres, Terhase Gebremichel Andu y Ferewine Genzabu Kifly, murieron, según los informes, en el campamento militar de Adersete, en el oeste de Eritrea, debido a las duras condiciones y a los malos tratos. Llevaban recluidas desde 2009, cuando fueron detenidas durante una reunión para orar en un domicilio privado. Angesom Teklom Habtemichel murió de malaria, según los informes, tras habérsele negado tratamiento médico, en el campamento militar de Adi Nefase, Asab, después de dos años de reclusión arbitraria.
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Reclutamiento militar

El servicio nacional era obligatorio para todos los hombres y mujeres mayores de 18 años. Toda persona en edad escolar debía cursar su último año de enseñanza secundaria en el campamento de instrucción militar de Sawa y, según los informes, se llevaban a cabo redadas en las que se capturaba a niños y niñas de hasta tan sólo 15 años para llevarlos a Sawa.

Era frecuente que el periodo inicial de 18 meses del servicio nacional se prorrogara indefinidamente. Los reclutas percibían salarios mínimos que no cubrían las necesidades básicas de sus familias. Los castigos por deserción y por eludir el reclutamiento incluían tortura y reclusión sin juicio.

El servicio nacional implicaba a menudo trabajo forzado en proyectos del Estado, como la construcción de carreteras, o trabajo para empresas propiedad de los militares o de las élites del partido gobernante y dirigidas por ellos. Las compañías mineras internacionales se arriesgaban a usar mano de obra forzada al subcontratar el trabajo a estas empresas.

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Tortura y otros malos tratos

Las condiciones de reclusión eran atroces, y en muchos casos equivalían a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Muchos reclusos permanecían encerrados en celdas subterráneas o en contenedores de mercancías metálicos, a menudo en lugares desérticos, por lo que sufrían temperaturas extremas. La alimentación y el agua para beber que les suministraban eran inadecuadas. Muchos estaban recluidos en condiciones de grave hacinamiento y falta de higiene.

La tortura y otros malos tratos a los reclusos eran frecuentes. Se obligaba a los presos a realizar actividades dolorosas y degradantes, y se los mantenía atados con cuerdas en posturas dolorosas durante periodos prolongados.

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Personas refugiadas

El ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, calculaba que 3.000 eritreos huían del país cada mes, la mayoría a Etiopía o Sudán, a pesar de la política de “disparar a matar” contra todo aquel que intentara cruzar la frontera. Muchas de las personas que huían eran jóvenes que escapaban del reclutamiento para el servicio nacional indefinido. Las familias de quienes huían hacían frente a represalias tales como hostigamiento, multas y cárcel.

Los solicitantes de asilo eritreos que eran devueltos al país corrían un grave riesgo de reclusión arbitraria y tortura. No obstante, varios países devolvieron a un gran número de ellos.

  • En julio, una mujer eritrea murió y otra resultó gravemente herida al saltar de un camión en el que las autoridades sudanesas las devolvían a Eritrea. En octubre, las autoridades sudanesas devolvieron a más de 300 personas refugiadas y solicitantes de asilo eritreas. Estas devoluciones coincidieron con la visita a Sudán del presidente de Eritrea. Según los informes, a cinco de los eritreos que estaban detenidos en Sudán se los llevaron soldados eritreos; seguía sin conocerse la suerte que habían corrido.
  • En octubre, al menos 83 eritreos fueron expulsados desde Egipto, sin que se les permitiera acceder al ACNUR. A finales de octubre, según los informes, otros 118 eritreos recluidos en Egipto se enfrentaban a su expulsión inminente. Se permitió el acceso de representantes diplomáticos eritreos a los detenidos, a quienes se pidió que rellenaran formularios para organizar su retorno. Según los informes, muchos fueron golpeados por las fuerzas de seguridad por negarse a hacerlo.
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