Etiopía - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República Democrática Federal de Etiopía

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Etiopía is now live »

Jefe del Estado: Girma Wolde-Giorgis
Jefe del gobierno: Meles Zenawi
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no ratificado

Se celebraron varios juicios políticos contra líderes de partidos de la oposición, periodistas y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Una comisión parlamentaria concluyó que las fuerzas de seguridad no habían hecho uso excesivo de la fuerza al matar a 193 manifestantes en 2005, pero líderes de la comisión -que habían huido del país- dijeron que sí había habido uso excesivo de la fuerza, pero que el gobierno había alterado sus conclusiones. Decenas de personas fueron detenidas y algunas, según informes, torturadas por sus actividades de oposición. Se detuvo a civiles, y se torturó o mató a algunos de ellos, en los conflictos armados de las regiones de Oromia y Somali, y también en la región de Gambella. Miles de personas detenidas por motivos políticos a finales de 2005 quedaron en libertad, pero varios miles más continuaban recluidas sin cargos ni juicio. Tras 12 años de proceso, concluyó en diciembre el juicio por «genocidio» contra miembros del gobierno del Dergue (1974-1991). Se condenó a 33 miembros presentes en el juicio y a otros 25 in absentia, entre ellos el ex presidente Mengistu Hailemariam. Los tribunales dictaron varias condenas de muerte, pero no hubo ejecuciones.

Información general

Cinco millones de personas dependían de la ayuda alimentaria de emergencia, en especial en la región de Somali, asolada por la sequía.

El gobierno continuó enfrentándose a la oposición armada del Frente de Liberación Oromo y del Frente Nacional de Liberación de Ogadén, ambos con base en Eritrea. Por su parte, Etiopía apoyaba al grupo armado Alianza Democrática de Eritrea, con base en Sudán.

Etiopía incumplió el embargo de armas de la ONU y envió ayuda militar al Gobierno Federal de Transición de Somalia como apoyo frente a las fuerzas de los «tribunales islámicos» que tomaron la capital, Mogadiscio, en junio y se hicieron con el control de casi toda el área central y meridional del país. En octubre, Etiopía incrementó su ayuda militar al Gobierno Federal de Transición al declarar el Consejo de Tribunales Islámicos Somalíes la Yihad (Guerra Santa) contra Etiopía. En diciembre, tras enfrentamientos crecientes con las fuerzas del Consejo, la superioridad etíope venció después de varios días de combate y se hizo con el control de Mogadiscio. Colocó a las fuerzas del Gobierno Federal de Transición en el poder y persiguió a los combatientes del Consejo de Tribunales Islámicos Somalíes que huían hacia el suroeste somalí.

El Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó hasta enero de 2007 la Misión de la ONU en Etiopía y Eritrea (MINUEE), pero criticó el estancamiento de las negociaciones sobre las disputas fronterizas. Etiopía aseguró que aceptaba la resolución de la Comisión Internacional de Fronteras tras el conflicto armado de los años 1998 a 2000, pero se negó a aplicarla.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, legalmente establecida en 2004, celebró un primer taller para ONG a mediados de 2006. Al concluir el año, aún no había empezado a funcionar.

Juicios políticos

Tras las disputadas elecciones de mayo de 2005 y las detenciones masivas de activistas de partidos de la oposición, en mayo comparecieron ante la justicia líderes de la Coalición por la Unidad y la Democracia, periodistas y activistas de la sociedad civil. Se enfrentaban a cargos tales como traición, ultraje a la Constitución y otros cargos punibles con la muerte. Entre los 76 acusados se encontraban Hailu Shawel, presidente de la Coalición por la Unidad y la Democracia, Berhanu Negga, catedrático de economía, y Mesfin Woldemariam, catedrático de geografía jubilado. Además, se presentaron cargos in absentia contra 34 destacados ciudadanos etíopes que vivían en el exilio. Antes de que comenzara el juicio se retiraron los cargos contra nueve personas, entre ellas cinco ciudadanos estadounidenses, periodistas de la emisora Voz de América.

Todos los acusados salvo tres se negaron a defenderse, alegando que no esperaban un juicio justo. Al concluir el año 2006 no había finalizado el proceso. Amnistía Internacional los consideró presos de conciencia y envió un observador al juicio en octubre.

Por su parte, tampoco habían concluido, al finalizar el año, otros cuatro juicios por cargos similares relacionados con la Coalición por la Unidad y la Democracia. En el juicio contra Kifle Tigeneh, elegido miembro del Parlamento, y otras 32 personas, algunos acusados denunciaron ante el tribunal que se les había torturado para conseguir confesiones falsas. Berhane Mogese, abogado, fue procesado junto con 22 personas más.

También prosiguió el juicio contra Mesfin Woldemariam y Berhanu Negga, acusados de incitación a la violencia durante las manifestaciones de la Universidad de Addis Abeba en 2000.

Periodistas

Catorce periodistas de la prensa independiente, detenidos en noviembre de 2005, fueron procesados junto con los líderes de la Coalición por la Unidad y la Democracia. Kifle Mulat, presidente de la Asociación de Periodistas de la Prensa Libre de Etiopía, fue acusado in absentia y solicitó asilo en el extranjero. Dos periodistas más, Solomon Aregawi y Goshu Moges, fueron procesados en sendos casos de pena de muerte.

Todos los periódicos privados que habían criticado al gobierno en relación con las elecciones continuaron cerrados. Muchos periodistas huyeron del país.

Frezer Negash, periodista de un sitio web con sede en Estados Unidos, fue detenida en febrero, embarazada de tres meses, pero tras dos semanas quedó en libertad bajo fianza.

Al menos cuatro periodistas fueron acusados en virtud de la Ley de Prensa en relación con presuntos delitos cometidos años atrás.

En marzo, Abraham Gebrekidan, de la revista Politika, fue encarcelado durante un año, por publicar presuntamente información falsa.

Se seguía debatiendo la nueva Ley de Prensa, propuesta por el gobierno en 2003 para sustituir la de 1992. En combinación con disposiciones del nuevo Código Penal de mayo de 2005, podía conducir a nuevas restricciones legales con respecto a la libertad de los medios de comunicación, y también a la reclusión de periodistas.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Entre los acusados del juicio de la Coalición por la Unidad y la Democracia había cuatro defensores de los derechos humanos: el profesor Mesfin Woldemariam, ex presidente del Consejo Etíope de Derechos Humanos; Daniel Bekelle, abogado y miembro del personal de Ayuda en Acción; Netsanet Demissie, presidente de la Organización por la Justicia Social en Etiopía; y Kassahun Kebede, dirigente de la Asociación de Profesores de Etiopía.

En octubre, sin mediar explicación, se detuvo a dos dirigentes de la Asociación de Profesores de Etiopía pero, tras unos días, quedaron en libertad bajo fianza. Otros tres dirigentes fueron detenidos en diciembre y, al parecer, torturados. Dicha asociación, que es el sindicato más antiguo de Etiopía, siguió impugnando acciones judiciales del Ministerio de Justicia destinadas a ilegalizarla y reemplazarla por una organización progubernamental con el mismo nombre.

Detenciones políticas

Decenas de personas fueron detenidas en Addis Abeba a finales de 2006 por estar en posesión de un libro escrito en secreto por Berhanu Negga cuando se encontraba en prisión o de un calendario que contenía imágenes de presos de la Coalición por la Unidad y la Democracia en el que se abogaba por la desobediencia civil.

Yealemzawde Bekelle, abogada que trabajaba en Addis Abeba para la Comisión Europea, fue detenida en octubre, según informes, después de que un preso torturado mencionara su nombre. Quedó en libertad bajo fianza tras ocho días de reclusión en régimen de incomunicación.

Varios miles de simpatizantes de la oposición, detenidos en diferentes zonas del país tras las manifestaciones de noviembre de 2005, quedaron en libertad bajo fianza tras haber permanecido recluidos sin cargos durante semanas o meses. Sin embargo, se creía que, durante 2006, miles más seguían detenidos sin cargos ni juicio.

Detenciones y homicidios en las regiones

En la región de Oromia se llevaron a cabo detenciones a gran escala en diferentes zonas durante manifestaciones contra el gobierno, protagonizadas sobre todo por estudiantes de enseñanza secundaria. Algunos manifestantes pedían la liberación de Diribi Demissie, líder comunitario de la asociación Mecha Tulema, procesado desde 2004. Se le acusaba, junto a otras personas, de apoyar al Frente de Liberación Oromo, pero Amnistía Internacional los consideró presos de conciencia. Según informes, cientos de personas de etnia oromo detenidas en noviembre de 2005 siguieron recluidas durante 2006 sin cargos ni juicio, al igual que otras detenidas en años anteriores por presuntos vínculos con el Frente de Liberación Oromo.

Según informes, numerosas personas acusadas de estar relacionadas con el Frente Nacional de Liberación de Ogadén se encontraban recluidas en la región de Somali, y muchos presos políticos detenidos durante años anteriores seguían recluidos sin cargos ni juicio. También se recibieron informes de ejecuciones extrajudiciales.

En la región de Gambella, en el suroeste del país, se detuvo a decenas de miembros del grupo étnico anuak. Cientos de personas detenidas durante los homicidios masivos de la ciudad de Gambella en diciembre de 2003 seguían recluidas sin cargos ni juicio.

Unos 60 manifestantes pacíficos pertenecientes al grupo étnico sidama, radicado en el sur del país, fueron detenidos en Awassa y en otras localidades del sur en marzo. Todos ellos quedaron en libertad bajo fianza en mayo.

Comisión de investigación

En marzo, el Parlamento estableció una comisión para investigar los homicidios que se produjeron durante las manifestaciones de 2005. Esta comisión, dirigida por un juez, recopiló testimonios de ciudadanos y de varias ONG y se entrevistó con líderes de la Coalición por la Unidad y la Democracia en prisión. En julio, el presidente de la comisión huyó del país, y su sustituto hizo lo propio en septiembre. Según aseguraron, el primer ministro les había ordenado que modificaran sus conclusiones (que las fuerzas de seguridad habían hecho uso excesivo de la fuerza), y ellos no estaban dispuestos a hacerlo.

En noviembre se presentó el informe ante el Parlamento. En él se decía que la Comisión no había encontrado indicios de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. La lista de personas muertas ascendía a 193, entre ellas 6 agentes de policía, es decir, muy por encima de las 78 que declaraba la policía. La Comisión concluyó que 765 personas, incluidas 99 mujeres y varios menores, habían resultado heridas, casi cuatro veces la cifra de la policía.

Las víctimas habían sido alcanzadas por disparos del ejército o de la policía, algunas de ellas en la espalda, cuando escapaban, y otras posiblemente blanco de francotiradores. Al mismo tiempo, al menos 17 personas recluidas anteriormente en la prisión de Kaliti, la mayoría en detención preventiva por delitos comunes, pero algunas también por motivos políticos, fueron muertas a tiros en sus celdas, al sospecharse que apoyaban las manifestaciones e intentaban escapar.

Tortura y malos tratos

Se recibieron informes de tortura con métodos como descargas eléctricas y golpes en los pies, con el cuerpo colgado cabeza abajo. Las víctimas eran presos políticos, en particular personas detenidas por ser sospechosas de apoyar a grupos políticos armados, como el Frente de Liberación Oromo y el Frente Nacional de Liberación de Ogadén.

Según informes, Alemayehu Fantu, ingeniero y propietario de un supermercado en Addis Abeba, fue torturado en octubre para que admitiera haber publicado o distribuido el calendario de la Coalición por la Unidad y la Democracia, y para que facilitara otros nombres. Cuando compareció ante el tribunal presentaba lesiones visibles que los jueces no investigaron, pero quedó en libertad bajo fianza en noviembre.

En principio, a varios de los líderes de la Coalición por la Unidad y la Democracia recluidos en la prisión de Kaliti (Addis Abeba) se les negó la atención médica para tratar las enfermedades contraídas a causa de las duras y antihigiénicas condiciones de reclusión. Al profesor Mesfin Woldemariam, de 76 años, le negaron fisioterapia para tratar sus dolencias en las piernas y en la espalda. Se temió por su salud cuando se declaró en huelga de hambre en diciembre de 2005 y febrero de 2006. Sin embargo, se recuperó rápidamente, tras ser tratado de neumonía en el hospital en septiembre. Se produjeron graves retrasos en la administración de tratamiento médico a Hailu Shawel para una operación ocular y a Berhanu Negga para una afección cardiaca.

Serkalem Fasil, periodista embarazada de siete meses, fue trasladada al hospital para dar a luz, pero se le negaron cuidados intensivos para su hijo. Poco después de dar a luz, la llevaron de nuevo a prisión con su hijo.

Cuatro presos de conciencia fueron trasladados como castigo a la Prisión Central (conocida como prisión de Karchele), que estaba en proceso de demolición. Muluneh Eyuel y Amanuel Araya, líderes de la Coalición por la Unidad y la Democracia, y Eskinder Negga y Sissay Agena, periodistas, pasaron más de dos meses en oscuras celdas subterráneas en régimen de aislamiento.

Juicios de miembros del Dergue

El juicio por «genocidio» contra miembros del gobierno militar de 1974, conocido como el Dergue, concluyó en diciembre tras 12 años de proceso. De las 72 personas acusadas inicialmente, 33 habían permanecido bajo custodia desde 1991, 14 habían muerto mientras se encontraban bajo custodia y 25 fueron juzgadas in absentia, como el ex presidente Mengistu Hailemariam, a quien se había concedido asilo en Zimbabue. Todos fueron declarados culpables de delitos capitales, entre ellos los de genocidio y homicidio en masa, quedando la imposición de condenas pendiente para 2007. Casi había finalizado la larga serie de juicios contra otros funcionarios de ese gobierno por homicidios cometidos durante la campaña de «Terror Rojo» contra los «antirrevolucionarios» entre 1977 y 1979. Muchos acusados fueron condenados a largos periodos de prisión (que la mayoría ya había cumplido, lo que supuso su liberación), y se impusieron varias condenas de muerte. Muchos condenados presentaron recursos de apelación.

Violencia contra las mujeres

Según las organizaciones de mujeres etíopes, seguía siendo generalizada la violencia contra las mujeres, que se materializaba en actos de violencia en el ámbito familiar, violaciones y prácticas tradicionales nocivas, como la mutilación genital femenina y los matrimonios a edad temprana. La mutilación genital femenina era frecuente entre muchos grupos étnicos de diferentes credos en zonas rurales remotas, y los secuestros de niñas estaban relacionados con los matrimonios a edad temprana.

Pena de muerte

En septiembre se conmutaron 10 condenas a muerte por delitos comunes gracias a un indulto presidencial. Seguían vigentes varias condenas de muerte más, por presuntos delitos violentos de motivación política. No se llevaron a cabo ejecuciones.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informe

• Etiopía: Presos de conciencia procesados por traición. Dirigentes de partidos de la oposición, defensores de los derechos humanos y periodistas (Índice AI: AFR 25/013/2006)

Visita

• Un observador de Amnistía Internacional asistió al juicio de la Coalición por la Unidad y la Democracia en octubre.

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