Etiopía - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República Democrática Federal de Etiopía

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Etiopía is now live »

Jefe del Estado : Girma Wolde-Giorgis
Jefe del gobierno : Meles Zenawi
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 81,2 millones
Esperanza de vida : 51,8 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 164/149 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 35,9 por ciento

En Somali, estado regional del este de Etiopía asolado por la sequía, casi un millón de personas sufrieron graves problemas de escasez de alimentos debido a un bloqueo impuesto por el gobierno a la ayuda humanitaria y al comercio alimentario en junio. Las fuerzas del gobierno fueron responsables de detenciones masivas, torturas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales en el curso del conflicto que mantenían con un grupo armado.

Millares de personas que se oponían al gobierno estaban recluidas sin juicio. Tras un juicio que había durado dos años se condenó y encarceló a líderes de la oposición, periodistas y personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, a quienes Amnistía Internacional consideró presos de conciencia, pero se los dejó rápidamente en libertad en virtud de indultos presidenciales.

Información general

Se produjo un recrudecimiento del conflicto armado existente desde hacía 13 años con el Frente Nacional de Liberación de Ogadén en el estado regional de Somali. En el estado regional de Oromia continuó el conflicto con el Frente de Liberación Oromo. Estas dos organizaciones recibían apoyo de Eritrea, mientras que Etiopía prestaba apoyo a grupos de oposición eritreos.

No se hizo la demarcación de fronteras resultante de la guerra entre Etiopía y Eritrea de 1998-2000, por lo que la Comisión Internacional de Fronteras terminó su trabajo en noviembre con la disputa sin resolver. Etiopía se negó a ejecutar el fallo de la Comisión. Se temía que se reanudaran los combates entre las tropas etíopes y eritreas concentradas a lo largo de la frontera, debido en parte a la participación de ambos países en el conflicto de Somalia. El Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó en diciembre el mandato de la Misión de la ONU en Etiopía y Eritrea (MINUEE), que administraba una zona temporal de seguridad a lo largo de la frontera.

Las tropas etíopes que apoyaban en Somalia al gobierno de transición cometieron graves violaciones del derecho internacional humanitario contra civiles (véase el apartado sobre Somalia).

Presos y presas de conciencia y otras personas recluidas por motivos políticos

Continuó el juicio iniciado en mayo de 2006 contra líderes de la formación de oposición Coalición por la Unidad y la Democracia, periodistas y activistas de la sociedad civil. Se habían presentado cargos políticos contra los acusados, entre los que había miembros electos del Parlamento, por los que podía imponérseles la pena de muerte. Las manifestaciones convocadas en relación con las controvertidas elecciones de mayo y noviembre de 2005 habían degenerado en enfrentamientos violentos, en los que las fuerzas de seguridad habían matado a 187 personas, y los manifestantes, a 6 agentes de policía. A los acusados se les atribuía, de hecho, la responsabilidad de la violencia. Las fuerzas de seguridad habían sido absueltas del cargo de uso excesivo de la fuerza en un informe de 2006 elaborado por una comisión parlamentaria de investigación, pero las personas que habían estado originalmente al frente de la investigación habían huido del país y aseguraban haber determinado en sus conclusiones todo lo contrario.

La acusación terminó de hacerse en abril, cuando varios acusados fueron absueltos. Los líderes de la Coalición por la Unidad y la Democracia, entre ellos Hailu Shawel, Berhanu Nega y Birtukan Mideksa, así como los periodistas acusados de colaborar con ellos, se habían negado a defenderse porque no esperaban que el juicio fuera justo. En junio, 38 acusados, incluidos los líderes de la Coalición, fueron declarados culpables y condenados en su mayor parte a cadena perpetua, aunque la fiscalía había pedido la pena de muerte. No obstante, todos ellos quedaron en libertad en julio, en virtud de un indulto presidencial que se había negociado con representantes del gobierno. Estas negociaciones se hicieron al margen del proceso judicial y con la mediación de un grupo independiente de ciudadanos prominentes.

Dos defensores de los derechos humanos que figuraban entre los acusados –Daniel Bekele, director de políticas de Ayuda en Acción, y Netsanet Demissie, director de la Organización por la Justicia Social en Etiopía–, hicieron su defensa en julio. A ambos les habían negado la libertad bajo fianza siete veces, y su sentencia se había aplazado reiteradamente. Se negaron a declararse culpables, en vez de inocentes, para solicitar un indulto. En diciembre se dictó sentencia condenatoria contra ellos y se les impuso una pena de dos años y ocho meses de prisión.

Otras ocho personas acusadas en este juicio, así como las 33 imputadas en un procedimiento conexo contra miembros de la Coalición por la Unidad y la Democracia, incluido el parlamentario electo Kifle Tigeneh, fueron objeto de presiones para que se declararan culpables y solicitaran un indulto. También se dictó sentencia condenatoria contra ellas, y fueron luego indultadas y puestas en libertad.

Amnistía Internacional consideró que los líderes de la Coalición, periodistas y defensores de los derechos humanos juzgados eran presos de conciencia, declarados culpables por ejercer su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación. Las sentencias condenatorias dictadas contra ellos estaban basadas en datos que no probaban más allá de toda duda razonable que hubieran cometido un delito tipificado en la legislación etíope.

Cincuenta y cinco personas, entre las que había miembros de la Coalición por la Unidad y la Democracia y de la Asociación de Profesores de Etiopía detenidos en diciembre de 2006, fueron acusadas de vinculación con el Frente Patriótico Popular Etíope, grupo armado del noroeste del país. Se presentaron formalmente cargos contra ellas y se les concedió a casi todas la libertad bajo fianza a finales de 2007.

Varios centenares más de miembros de la Coalición por la Unidad y la Democracia detenidos en 2005 continuaron encarcelados sin juicio durante 2007. Quince refugiados devueltos por Sudán en agosto, tras dos meses de encarcelamiento en este país, fueron detenidos a su llegada a Etiopía. Cinco personas devueltas por Somalilandia en octubre y que eran sospechosas de vinculación con el Frente Nacional de Liberación de Ogadén fueron detenidas a su llegada a Etiopía; se ignoraba su paradero bajo custodia.

Otras excarcelaciones

Según informes, en septiembre quedaron en libertad algunos miembros de la Coalición por la Unidad y la Democracia en virtud de una amnistía presidencial concedida con motivo de la entrada del nuevo año y el nuevo milenio etíopes. Se excarceló a más de 17.000 presos, en su mayoría delincuentes convictos. Entre los presos de conciencia que fueron puestos en libertad figuraban Diribi Demissie y dos miembros más de la Asociación Mecha Tulema, organización de asistencia social de la comunidad oromo, que se encontraban recluidos desde 2004.

Libertad de expresión

En el juicio contra los líderes de la Coalición por la Unidad y la Democracia se habían presentado cargos contra 14 periodistas que habían sido acusados de delitos políticos por la publicación de artículos, a pesar de que no se propugnaba en éstos la violencia. Se cerraron las publicaciones de todos ellos. Siete fueron absueltos en abril, entre ellos Serkalem Fasil, que estaba embarazada cuando fue detenida, en 2005, y había dado luego a luz a un niño bajo custodia en el hospital. No obstante, su empresa de publicaciones fue declarada culpable y condenada a pagar una multa. Los otros siete fueron declarados culpables en junio e indultados posteriormente.

Se había presentado un nuevo proyecto de Ley de Prensa más restrictivo, pero al final del año no se había aprobado aún.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores de los derechos humanos y los activistas de la sociedad civil se exponían a ser detenidos si criticaban demasiado al gobierno.

  • Mesfin Woldemariam, fundador y ex presidente del Consejo Etíope de Derechos Humanos, a quien Amnistía Internacional consideraba preso de conciencia, fue declarado culpable en el juicio contra los líderes de la Coalición por la Unidad y la Democracia, pero quedó en libertad en julio. Tenía aún pendiente un cargo de incitación a la violencia en relación con unas manifestaciones estudiantiles celebradas en 2001.
  • Yalemzawd Bekele, abogada de derechos humanos que trabajaba para la Comisión Europea en Addis Abeba y que había estado ya detenida durante varios días en octubre de 2006, fue acusada en julio de conspirar para atentar contra la Constitución, pero se le concedió la libertad bajo fianza hasta su juicio a principios de 2008.

Conflicto armado

En el estado regional de Somali, el Frente Nacional de Liberación de Ogadén atacó en abril una instalación petrolera del pueblo de Obole, donde mató a varios soldados, así como a 71 trabajadores civiles, entre los que había 65 etíopes y 6 chinos. También secuestró a siete trabajadores chinos más, pero los liberó días más tarde. Como represalia, el gobierno etíope impuso un bloqueo en las zonas de la región afectadas por el conflicto, que causó graves problemas de escasez de alimentos.

Las fuerzas del gobierno practicaron detenciones masivas y sometieron a torturas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales a presuntos partidarios del Frente Nacional de Liberación de Ogadén. Éste asesinó a varias autoridades civiles. Se sacó a civiles de sus hogares para obligarlos a ingresar en milicias gubernamentales.

Una misión de investigación de la ONU informó sobre la crisis humanitaria, que las autoridades etíopes paliaron parcialmente, pero continuaron cometiéndose homicidios hasta el final del año.

En 2007 se detuvo a centenares de personas por motivos políticos, en relación con los conflictos armados que se libraban con el Frente Nacional de Liberación de Ogadén y el Frente de Liberación Oromo.

  • Sultan Fowsi Mohamed Ali, miembro destacado de un clan y mediador reconocido por el gobierno en los conflictos del estado regional de Somali, fue detenido en agosto, con objeto, según informes, de que no pudiera prestar declaración ante una misión de investigación de la ONU. Considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional, fue puesto a disposición judicial, pero al finalizar el año aún no había sido juzgado.
  • Mulata Aberra, comerciante de la ciudad de Harar, fue detenido en noviembre por su presunto apoyo al Frente de Liberación Oromo. Era la tercera vez que lo detenían por este motivo. Según informes, lo torturaron y lo sometieron luego a prisión preventiva por orden judicial para proseguir la investigación policial.

«Guerra contra el terror»

En enero y febrero, las tropas etíopes destacadas en Somalia realizaron al menos 85 traslados ilegales (entregas extraordinarias) de presos políticos a Etiopía. La mayoría de estas personas habían sido detenidas en Kenia cuando este país cerró sus fronteras a quienes huían de Somalia tras derrotar las tropas etíopes a las fuerzas del Consejo de Tribunales Islámicos de Somalia. Varios ciudadanos extranjeros, de unos 14 Estados occidentales y de Oriente Medio, fueron puestos en libertad al cabo de unos meses y enviados a sus países de origen. En mayo, las autoridades etíopes reconocieron tener todavía a 41 de estas personas bajo custodia militar y dijeron que se iban a presentar cargos contra ellas ante tribunales militares. Al finalizar 2007, las autoridades no habían proporcionado aún ningún dato sobre las personas detenidas ni informado de su paradero ni de los cargos formulados en su contra. Entre los detenidos había ciudadanos kenianos de etnia somalí; dos reclutas eritreos, ambos periodistas, capturados en Mogadiscio, y presuntos miembros de grupos armados de oposición etíopes (véase el apartado sobre Kenia).

Tortura y otros malos tratos

Según informes, algunos de los miembros de la Coalición por la Unidad y la Democracia y de la Asociación de Profesores de Etiopía detenidos en diciembre de 2006 fueron torturados en la oficina central de investigación de la policía de Addis Abeba, conocida como Maikelawi; asimismo, también se sometió a torturas o malos tratos en centros militares de detención secretos de Addis Abeba a detenidos trasladados ilegalmente desde Kenia y Somalia.

De acuerdo con los informes, los militares practicaron torturas, incluidas violaciones, de manera generalizada en el estado regional de Somali tras el ataque de abril del Frente Nacional de Liberación de Ogadén. Algunos de los acusados en el juicio de Kifle Tigeneh y otros 32 miembros de la Coalición por la Unidad y la Democracia afirmaron ante el tribunal haber sido torturados, pero los jueces se negaron a tener en cuenta tales denuncias.

Las condiciones de reclusión de la mayoría de los presos políticos eran muy duras. En la mayor parte de la prisión de Kaliti, en Addis Abeba, donde se hallaban recluidos los acusados del juicio contra los líderes de la Coalición por la Unidad y la Democracia y varios centenares de presuntos miembros del Frente de Liberación Oromo que no habían sido juzgados, los reclusos soportaban condiciones de hacinamiento y falta de higiene.

Juicios de ex miembros del gobierno

En febrero se impusieron largas penas de cárcel o cadena perpetua a 33 miembros del antiguo gobierno militar conocido como el Dergue que se encontraban recluidos desde 1991 y que, en diciembre de 2006, habían sido declarados culpables de genocidio y homicidios masivos. Los juicios iniciados contra otras ex autoridades por homicidios cometidos durante la campaña del «Terror Rojo» llevada a cabo contra los «antirrevolucionarios» entre 1977 y 1979 estaban a punto de acabar.

Pena de muerte

En julio, el fiscal pidió en recurso de apelación la pena de muerte para los miembros del Dergue encarcelados, pero al finalizar el año no se había visto aún el recurso.

Ese mismo mes se ejecutó a un hombre que había sido declarado culpable de asesinar al ex director de los servicios de seguridad. Fue la segunda ejecución llevada a cabo desde 1991. Durante 2007 se impusieron más penas de muerte. Había varias decenas de condenados a muerte a la espera del resultado de recursos de apelación o peticiones de indulto que habían presentado.

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