Etiopía - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Democrática Federal de Etiopía

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Etiopía is now live »

Jefe del Estado
Girma Wolde-Giorgis
Jefe del gobierno
Meles Zenawi
Pena de muerte
retencionista
Población
82,8 millones
Esperanza de vida
54,7 años
Mortalidad infantil (5) (h/m)
138/124 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
35,9 por ciento

La libertad de asociación y expresión y las actividades de los grupos de derechos humanos se vieron limitados por nuevas leyes introducidas en el primer semestre del año. Se hostigó a defensores y defensoras de los derechos humanos, y algunos huyeron del país para evitar su detención y reclusión. Birtukan Mideksa, líder de un partido de oposición que fue detenida de nuevo en diciembre de 2008, seguía en la cárcel cumpliendo cadena perpetua. Unas 26 personas fueron declaradas culpables en noviembre, en el juicio de más de 30 ex oficiales militares y dirigentes del partido Ginbot 7 acusados de conspirar para llevar a cabo un ataque armado contra el gobierno. Las fuerzas de seguridad etíopes siguieron practicando detenciones periódicas de líderes políticos y hombres de negocios oromos y sus familiares, que en muchos casos permanecieron recluidos, a veces sin cargos, durante periodos prolongados. Continuaron los combates esporádicos entre las Fuerzas Nacionales de Defensa de Etiopía y el grupo de oposición armada Frente Nacional de Liberación de Ogadén en el estado regional etíope de Somali (en la región conocida como Ogadén). Hasta 6,2 millones de etíopes, muchos de ellos en esta región, necesitaron ayuda de emergencia debido a la grave sequía. El apoyo de los donantes internacionales para operaciones humanitarias fue insuficiente.

Información general

Se aprobaron disposiciones legales que restringían las actividades de los grupos de la sociedad civil y ampliaban el alcance de las operaciones antiterroristas. Defensores y defensoras de los derechos humanos limitaron sus actividades y los periodistas optaron por la autocensura en un clima de mayor intranquilidad debido a la represión.

Al concluir enero se habían retirado casi todas las tropas etíopes que quedaban en la vecina Somalia, aunque durante gran parte del año hubo informes de incursiones transfronterizas esporádicas, sobre todo en la zona de Beletweyne. También se informó de que autoridades gubernamentales etíopes intervinieron como mediadoras en las negociaciones entre el presidente de Somalilandia y dirigentes de partidos de la oposición en septiembre en Hargeisa, Somalilandia. En esas fechas, una crisis relacionada con las reiteradas demoras en las elecciones nacionales puso a este país autodeclarado independiente al borde de la violencia (véase el apartado sobre Somalia).

Aunque el gobierno de Etiopía acogía a miles de refugiados eritreos, somalíes y de otras zonas del Cuerno de África, un número creciente de personalidades destacadas de la oposición huían de Etiopía. Entre ellas había defensores de los derechos humanos y periodistas que sufrían hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades, lo que los había inducido a creer que su detención y encarcelamiento podían ser inminentes.

En septiembre, el gobierno central y los gobiernos de los estados regionales etíopes de Amhara y Oromia pusieron en libertad a más de 9.500 reclusos, en el marco de una amnistía masiva para celebrar el Año Nuevo Etíope.

Presos de conciencia y otras personas detenidas por motivos políticos

El gobierno mantenía recluidos a varios presos de conciencia y a un gran número de personas privadas de libertad por motivos políticos.

  • Birtukan Mideksa, ex jueza y dirigente del partido Unidad por la Democracia y la Justicia, continuaba encarcelada, cumpliendo cadena perpetua, tras haber sido detenida de nuevo en diciembre de 2008. Tras recibir peticiones de la comunidad internacional para que mejorasen sus condiciones de reclusión, las autoridades le levantaron la reclusión en régimen de aislamiento y después la recluyeron con otras presas. Aunque recibía visitas regulares de familiares, según los informes la comunicación con su abogado sólo era intermitente.
  • Un total de 26 ex oficiales militares y otras personas afiliadas al partido político Ginbot 7, liderado por Berhanu Negga, fueron declarados culpables de varios cargos relacionados con la planificación de un ataque contra el gobierno en los primeros meses del año. Una de las personas recluidas durante muchos meses en relación con este caso era Tsige Habtemariam, de 80 años, padre del líder del partido Ginbot 7, Andargachew Tsige; al parecer, su salud era muy precaria. Según los informes, 18 de los encausados fueron torturados o sufrieron otras formas de malos tratos al ser detenidos por las fuerzas de seguridad etíopes en mayo.
  • El sultán Fowsi Mohamed Ali, preso de conciencia y mediador independiente, continuaba en la cárcel. Lo detuvieron en Jijiga en septiembre de 2007, según los informes para impedir que prestara declaración ante una misión de investigación de la ONU en el estado regional etíope de Somali.
  • Bashir Makhtal, ciudadano canadiense, fue condenado a cadena perpetua el 3 de agosto. Lo habían declarado culpable el 27 de julio de cargos relacionados con el terrorismo, como ser miembro del Frente Nacional de Liberación de Ogadén. El gobierno rechazó las denuncias de que el juicio no había reunido las debidas garantías. Bashir Makhtal negó sistemáticamente todos los cargos. El 4 de diciembre, el Tribunal Supremo celebró la vista de su apelación, pero confirmó la declaración de culpabilidad y la pena impuesta. Su hermano, Hassan Makhtal, fue excarcelado en octubre y murió en noviembre, según los informes por complicaciones debidas a los malos tratos sufridos bajo custodia.

Libertad de expresión

Las autoridades introdujeron varias leyes que afectaron negativamente a la libertad de expresión. Los trabajadores de los medios de comunicación fueron hostigados por las autoridades.

Proclama sobre Entidades Benéficas y Sociedades

En enero, el Parlamento aprobó la Proclama sobre Entidades Benéficas y Sociedades, que imponía rigurosos controles y restricciones a las organizaciones de la sociedad civil cuya labor incluía los derechos humanos. Si esta ley entrase efectivamente en vigor, las organizaciones internacionales también sufrirían restricciones para trabajar en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la democracia en Etiopía sin un permiso especial. Asimismo, se prohibiría a los grupos locales llevar a cabo actividades relacionadas con los derechos humanos en caso de recibir más del 10 por ciento de sus ingresos de fuentes extranjeras, a pesar de que la mayoría dependían en gran medida del apoyo que recibían de fuera de Etiopía. Incluso infracciones menores de las disposiciones de la ley podrían acarrear graves sanciones penales, como multas y penas de cárcel. La Proclama establecía una Agencia de Entidades Benéficas y Sociedades con amplias facultades discrecionales, como las de vigilancia e injerencia en la gestión y las actividades de las organizaciones locales. La nueva ley, cuya entrada en vigor estaba prevista para principios de enero de 2010, suponía un grave riesgo para la capacidad de las organizaciones locales e internacionales de vigilar, informar y hacer labor de defensa contra las violaciones de derechos humanos en Etiopía. Algunos grupos de derechos humanos disminuyeron sus actividades mientras tanto. El nuevo registro de las organizaciones locales previsto en la nueva ley comenzó en octubre.

Proclama Antiterrorista

En julio, el Parlamento aprobó la Proclama Antiterrorista, que restringía la libertad de expresión y podía limitar el derecho de reunión pacífica y el derecho a un juicio con las debidas garantías, lo cual tendría graves repercusiones en el periodo previo a las elecciones parlamentarias previstas para 2010 en Etiopía. Según la Proclama, constituían también “actos de terrorismo” los daños a propiedades y la alteración del servicio público, por lo que una persona podría ser condenada a 15 años de prisión o incluso a muerte. La definición de los “actos de terrorismo” en la Proclama era imprecisa y podría abarcar las expresiones legítimas de disidencia.

  • En noviembre y diciembre, Addis Neger, importante empresa editorial, fue amenazada con el cierre y varios de sus periodistas recibieron amenazas de detención, según los informes en virtud de la Proclama Antiterrorista. Al terminar el año algunos periodistas de la empresa habían huido del país.

Represión de los medios de comunicación

  • Ibrahim Mohamed Ali, director del periódico Salafiyya, y Asrat Wedajo, director del periódico Seife Nebelbal, fueron condenados a sendas penas de un año de cárcel por cargos relacionados con la publicación de artículos que informaban de violaciones de derechos humanos que se remontaban a 2005. Según los informes, fueron juzgados con arreglo a una ley de prensa obsoleta que había sido ya reemplazada por una nueva ley aprobada en 2008.
  • En noviembre, los propietarios de algunos de los principales periódicos, cerrados durante la represión gubernamental contra los medios de comunicación de 2005, fueron amenazados con ser citados a comparecer ante el Tribunal Supremo de Etiopía. Se les ordenó el pago de multas –impuestas como parte de sus sentencias condenatorias de 2005– que, según los informes, habían sido retiradas previamente.

Represión de la disidencia

El gobierno de Etiopía siguió reprimiendo la disidencia en el estado regional etíope de Oromia, y detuvo a cientos de personas sospechosas de apoyar al Frente de Liberación Oromo. Al parecer, muchas estuvieron recluidas en régimen de incomunicación y muchas fueron encarceladas sin juicio. Las actuaciones judiciales sufrían demoras frecuentes y reiteradas. En numerosos casos, los detenidos estaban recluidos en condiciones deficientes; según los informes, algunos sufrían malos tratos. Durante todo el año continuaron esporádicamente las detenciones en grupo y las reclusiones de líderes, activistas y empresarios oromos. Muchas de estas detenciones y reclusiones, según los informes, obedecían a motivos políticos.

  • Partidos políticos de oposición acusaron al gobierno de detener a sus miembros antes de las elecciones previstas para 2010; la mayoría de las personas cuyos nombres figuraban en las listas de detenidos eran oromos.
  • Se recibieron informes sobre detenciones, casos de violación y ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas gubernamentales de presuntos simpatizantes del Frente Nacional de Liberación de Ogadén en el estado regional etíope de Somali. Aunque las misiones internacionales de investigación supusieron cierto alivio de la crisis humanitaria en la región, las autoridades etíopes seguían imponiendo restricciones a la ayuda humanitaria en algunas zonas.

Pena de muerte

Se impusieron penas de muerte pero no se tuvo noticia de ninguna ejecución.

  • El 2 de septiembre, el Tribunal Superior Federal etíope condenó a muerte a 6 personas y a otras 97 a prisión por cargos de genocidio en relación con la violencia entre residentes de los estados regionales etíopes de Benishangul Gumuz y Oromia a causa de una disputa sobre límites territoriales.
  • El 25 de diciembre, 5 hombres fueron condenados a muerte, 4 de ellos en ausencia, y 32 hombres y una mujer, a cadena perpetua por cargos relacionados con un intento de golpe de Estado abortado en abril y mayo.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

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