Información general

En mayo se celebraron elecciones parlamentarias y al Consejo de Estado. El Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope y una pequeña coalición de partidos afiliados consiguieron el 99,6 por ciento de los escaños parlamentarios. Una coalición opositora, Foro para el Diálogo Democrático en Etiopía (Medrek), acusó al gobierno de fraude electoral y reclamó la repetición de los comicios. La Junta Electoral Nacional rechazó la petición, y el posterior recurso ante el Tribunal Supremo Federal fue desestimado.

El informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea afirmaba que las elecciones no se habían ajustado a los compromisos internacionales. Las conclusiones pusieron de relieve: la inexistencia de criterios imparciales para todos los partidos que presentaban candidatos; violaciones de la libertad de expresión, reunión y circulación de miembros de partidos de oposición; uso indebido de recursos del Estado por el partido gobernante; y falta de cobertura informativa independiente. El primer ministro calificó el informe de “basura inútil”, y al jefe de los observadores de la Unión Europea no se le permitió el acceso a Etiopía para presentar el informe final.

Se consideraba que la economía de Etiopía era una de las que registraba un crecimiento más rápido de África. El gobierno recibió elogios de la ONU por estar en el camino de reducir a la mitad su pobreza antes del año 2015. Sin embargo, la ONU afirmó también que el aumento de la desigualdad en las zonas urbanas y los deficientes niveles de educación eran obstáculos para el desarrollo y que Etiopía no hacía suficientes progresos en la igualdad de género y la mortalidad materna.

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Violencia y represión antes de las elecciones

Los recursos, la asistencia y las oportunidades del Estado se usaron reiteradamente antes de las elecciones de mayo como instrumento para presionar a los ciudadanos a fin de que abandonasen los partidos de oposición. Las oportunidades de educación, los empleos en la administración pública y la asistencia alimentaria estaban supeditados a menudo a la pertenencia al partido gobernante. En el periodo inmediatamente anterior a las elecciones, se amenazó, según informes, a votantes de Addis Abeba con retirarles la asistencia del Estado si no votaban por el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope.

El periodo previo a las elecciones estuvo salpicado de incidentes de violencia política.

• Aregawi Gebreyohannes, candidato de Arena-Tigré, uno de los partidos de oposición que integraban Medrek, murió apuñalado por seis hombres no identificados en Tigré el 2 de marzo. El gobierno rechazó las afirmaciones de la oposición de que el ataque había obedecido a motivos políticos y afirmó que había sido una “pelea personal” en un bar. Un hombre fue juzgado y condenado a 15 años de cárcel. La oposición sostuvo que el juicio había sido “arreglado y organizado” y que Aregawi Gebreyohannes había sido sometido previamente a hostigamiento por parte del gobierno.

Se denunciaron también otros homicidios. El partido Congreso Federalista Oromo denunció que Biyansa Daba, activista de oposición, había muerto de una paliza el 7 de abril por causa de sus actividades políticas. En mayo, el gobierno anunció que un policía había muerto apuñalado por dos miembros de la oposición que habían confesado y que portaban tarjetas de identidad de Medrek. El juicio y la sentencia condenatoria se resolvieron en el plazo de una semana, según los informes. Los días 23 y 24 de mayo, dos miembros del partido Congreso del Pueblo Oromo murieron por disparos en Oromia. La oposición afirmó que el objetivo del gobierno era detener las protestas; el gobierno afirmó que los fallecidos habían intentado asaltar una oficina electoral.

Medrek informó en febrero de que hombres armados impedían a sus miembros inscribirse como candidatos.

Los partidos de oposición afirmaron que sus afiliados habían sufrido actos de hostigamiento, palizas y detenciones por parte de miembros del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope en el periodo previo a las elecciones. Cientos de personas fueron presuntamente detenidas de modo arbitrario en la región de Oromia, en muchos casos por apoyar al grupo armado Frente de Liberación Oromo. Se tuvo noticia de la detención sin juicio, la tortura y el homicidio de personas de etnia oromo. El 7 de febrero, Merera Gudina, dirigente del Congreso del Pueblo Oromo y presidente de Medrek, declaró a los medios de comunicación que al menos 150 personas con responsabilidades en la oposición oromo habían sido detenidas en menos de cinco meses.

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Libertad de expresión: periodistas

La prensa independiente de Etiopía apenas podía llevar a cabo sus actividades. Los periodistas trabajaban en un clima de temor debido a la amenaza de hostigamiento y procesamiento por parte del Estado. La información era férreamente controlada por organismos estatales como la Agencia de Radio y Televisión (ERTA) y Prensa Etíope, la editorial del Estado.

• En enero, Ezeden Muhammad, director y editor del semanario islámico de mayor difusión de Etiopía, Hakima, fue condenado a un año de prisión por “incitación” en relación con una columna publicada en 2008 en la que criticaba unos comentarios del primer ministro. En septiembre, Ezeden Muhammad quedó en libertad, pero su hijo de 17 años, Akram Ezeden, que había hecho las veces de director durante la detención de su padre, fue detenido el mismo día. Lo dejaron en libertad más tarde, y la causa instruida en su contra fue sobreseída.
• El 4 de marzo, la emisora Voice of America informó de que sus emisiones en lengua amhárica sufrían interferencias. El 19 de marzo, el primer ministro declaró que la emisora de radio había emitido “propaganda desestabilizadora” y la comparó con Radio Mille Collines, emisora ruandesa que incitó al odio étnico antes y durante el genocidio de Ruanda en 1994.
• En mayo, Woubshet Taye, redactor jefe de Awramba Times, presentó su renuncia tras ser advertido por la Autoridad de Radiodifusión de Etiopía de que sería “responsable de cualquier derramamiento de sangre que pudiera ocurrir en relación con las próximas elecciones”. Awramba Times había publicado la semana anterior un artículo sobre una manifestación en pro de la democracia durante el periodo electoral de 2005.

En marzo, el Tribunal Supremo restableció las multas impuestas en 2007 a cuatro empresas editoriales independientes tras la represión que siguió a las elecciones de 2005 pero anuladas por un indulto presidencial el mismo año. Los editores no pudieron pagar las multas impuestas de nuevo. El gobierno pidió al Tribunal Superior que congelara los activos de los editores y sus cónyuges.

El Estado censuraba los contenidos de Internet, y se cerraron algunos sitios web. La Junta Electoral Nacional introdujo un código de prensa que restringía las actividades periodísticas durante las elecciones, incluida la prohibición de entrevistas a votantes, candidatos y observadores el día de las elecciones.

Seguía en vigor la Proclamación sobre Medios de Comunicación y Libertad de Información, que concedía al gobierno unas atribuciones desproporcionadas para incoar causas por difamación, imponer sanciones económicas y negar inscripciones y licencias a los medios.

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Entró en vigor la Proclamación sobre Entidades Benéficas y Sociedades, aprobada en 2009. Esta disposición legal imponía controles estrictos sobre las organizaciones de la sociedad civil y estipulaba sanciones penales, incluidas multas y penas de cárcel. Las ONG locales no podían ocuparse de cuestiones relativas a los derechos humanos y la democracia si más del 10 por ciento de sus ingresos procedían de fuentes extranjeras. La ley hacía que los defensores y defensoras de los derechos humanos sintieran miedo de desarrollar su labor y conducía a la autocensura.

Algunas organizaciones alteraron de modo significativo sus mandatos e interrumpieron su trabajo sobre los derechos humanos. Varios defensores y defensoras de los derechos humanos huyeron del país por miedo al hostigamiento del gobierno tras la aplicación de la ley.

Un pequeño número de organizaciones seguían trabajando en cuestiones relativas a los derechos humanos y la democracia, entre ellas el Consejo Etíope de Derechos Humanos y la Asociación Etíope de Mujeres Abogadas, aunque ambas se vieron obligadas a reducir su personal y cerrar oficinas debido a las nuevas normas que regulaban la financiación. Al terminar el año, el Consejo tenía sólo 3 oficinas (frente a las 12 anteriores). A pesar de lograr su reinscripción en la Agencia de Organizaciones Benéficas y Sociedades –organismo regulador–, las cuentas bancarias del Consejo Etíope de Derechos Humanos y la Asociación Etíope de Mujeres Abogadas fueron congeladas a finales de 2009 y seguían congeladas al término de 2010.

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Seguridad y medidas antiterroristas

Continuaba en vigor la Proclamación Antiterrorista, cuya amplia definición del terrorismo parecía penalizar la libertad de expresión y de reunión pacífica. La amenaza de procesamiento contribuía a un clima de autocensura, incluso entre los periodistas, que podían ser procesados por publicar artículos en los que se hiciera alusión a individuos o grupos considerados “terroristas”.

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Presos de conciencia y personas detenidas por motivos políticos

Continuaban recluidos un gran número de presos políticos y posibles presos de conciencia.

El gobierno seguía encarcelando a numerosas personas de etnia oromo por acusaciones de apoyar al Frente de Liberación Oromo. En muchos casos, estos cargos parecían obedecer a motivos políticos.

• En marzo, 15 hombres y mujeres del grupo étnico oromo fueron declarados culpables en un juicio colectivo de pertenecer al Frente de Liberación Oromo y condenados a penas que oscilaban entre 10 años de prisión y la pena de muerte. Los 15 –detenidos en 2008 junto con otros oromos a los que se puso en libertad posteriormente– ejercían diversas profesiones, y muchos no se conocían entre sí antes de ser detenidos y juzgados como grupo. Se temía que el juicio hubiera incumplido las normas internacionales y obedecido a motivos políticos en el periodo previo a las elecciones. Muchos de los detenidos denunciaron que habían sido torturados. Dos detenidos que quedaron en libertad antes del juicio murieron inmediatamente después de su liberación, según los informes como consecuencia del trato recibido mientras estaban bajo custodia.
• La presa de conciencia Birtukan Mideksa, dirigente del partido Unidad para la Democracia y la Justicia, quedó en libertad en octubre. Estaba detenida desde diciembre de 2008, tras haber pasado previamente dos años en la cárcel.

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Conflictos en las regiones de Somali y Oromia

Continuaba el conflicto de baja intensidad entre el Frente de Liberación Oromo y las fuerzas gubernamentales. Niños refugiados etíopes denunciaron que habían sido reclutados por la fuerza por el Frente de Liberación Oromo en Kenia y trasladados de vuelta a Etiopía para servir como porteadores y cocineros.

Continuaban los enfrentamientos en la región de Somali, en el prolongado conflicto entre el Frente Nacional de Liberación de Ogadén y las fuerzas gubernamentales. El 4 de febrero, el Frente hizo pública una declaración en la que pedía a la Unión Africana que investigase violaciones de derechos humanos, en particular presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas gubernamentales en la región. El gobierno restringía el acceso de periodistas internacionales y ciertas organizaciones humanitarias a la región de Somali, que seguía siendo en gran medida inaccesible. Un periodista de Voice of America fue expulsado de Etiopía en junio tras informar sobre enfrentamientos entre el gobierno y el Frente Nacional de Liberación de Ogadén.

El 12 de octubre se firmó, según los informes, un acuerdo de paz entre una facción escindida del Frente Nacional de Liberación de Ogadén y el gobierno. Se tuvo noticia de que, en virtud del acuerdo, los miembros de la facción recibirían inmunidad de procesamiento y los prisioneros en poder del gobierno serían liberados. El grupo principal del Frente Nacional de Liberación de Ogadén tachó el acuerdo de “irrelevante”.

En noviembre se recibieron informes de que más de un centenar de civiles habían sido detenidos en la ciudad de Degeh Bur y trasladados a una prisión militar en Jijiga. En diciembre se tuvo noticia de que tropas etíopes habían incendiado una pequeña localidad de la zona de Qorahey, lo que causó la muerte de tres civiles.

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Pena de muerte

Se impusieron condenas a muerte pero no se tuvo noticia de ejecuciones.

• Un ex funcionario regional, Jemua Ruphael, fue condenado a muerte en junio por asesinato y por apoyar a un grupo armado respaldado por Eritrea.
• Hassan Mohammed Mahmoud, ex miembro del grupo armado somalí Al Itihad al Islam, fue declarado culpable en marzo de cometer actos terroristas en la década de 1990 y condenado a muerte.

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