Etiopía
Jefe del Estado
Girma Wolde-Giorgis
Jefe del gobierno
Meles Zenawi
Pena de muerte
retencionista
Población
84,7 millones
Esperanza de vida
59,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
104,4 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
29,8 por ciento

A consecuencia de la represión ejercida contra la libertad de expresión, decenas de periodistas y miembros de la oposición política fueron detenidos y acusados formalmente de terrorismo, traición y otros delitos. La legislación represiva impedía de hecho el funcionamiento de las organizaciones de derechos humanos. Se arrendaban grandes extensiones de tierra a empresas extranjeras, lo que causaba el desplazamiento en gran escala de las poblaciones locales. Continuaba la construcción de una presa que podía afectar a las vidas de medio millón de personas.

Información general

El 28 de mayo, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope conmemoró el 20 aniversario de su llegada al poder. En la capital, Addis Abeba, se celebró una manifestación progubernamental, de asistencia obligatoria para los funcionarios públicos. El gobierno tomó medidas para garantizar que las protestas pacíficas planeadas en su contra no tuvieran lugar.

Etiopía se vio afectada por la sequía que asoló la región. Se tuvo noticia de grave escasez de alimentos, sobre todo en las regiones de Somali y Oromia.

Continuaron las escaramuzas entre fuerzas gubernamentales y grupos armados de oposición en varias partes del país, incluidas las regiones de Somali, Oromia, Afar y Tigré.

En febrero se celebraron elecciones para cubrir miles de escaños en los consejos de distrito, locales y municipales. La oposición anunció que boicotearía las elecciones por entender que los resultados estaban determinados de antemano.

En noviembre y diciembre, las fuerzas armadas etíopes hicieron incursiones en Somalia.

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Libertad de expresión

Las autoridades utilizaron cargos penales y acusaciones de terrorismo para silenciar la disidencia. Se detuvo a un gran número de periodistas independientes y miembros de partidos políticos de oposición como sospechosos de cometer delitos terroristas, en muchos casos tras haber escrito artículos en los que se criticaba al gobierno, haber reclamado reformas o haber solicitado permiso para celebrar manifestaciones. A los detenidos se les negó el acceso pleno y sin demora a abogados y familiares.

  • En marzo y abril, al menos 250 miembros y simpatizantes de los partidos opositores Movimiento Democrático Federalista Oromo (OFDM) y Congreso Popular Oromo (OPC) fueron detenidos en la región de Oromia. Muchos de ellos habían sido miembros del Parlamento o de la Asamblea Regional. Según los informes, algunos fueron objeto de desaparición forzada después de su detención.
  • En junio se detuvo a los periodistas Woubshet Taye y Reyot Alemu, y también a Zerihun Gebre-Egziabher y Dejene Tefera. Estos dos últimos eran miembros del opositor Partido Democrático Nacional Etíope.
  • En julio se detuvo a los periodistas suecos Martin Schibbye y Johan Persson en la región de Somali. Ambos habían entrado ilegalmente en el país para informar sobre el conflicto en curso en la región.
  • En agosto y septiembre se detuvo a otros nueve miembros del Movimiento Democrático Federalista Oromo y el Congreso Popular Oromo. Dos de ellos –Bekele Gerba y Olbana Lelisa– fueron detenidos unos días después de reunirse con una delegación de Amnistía Internacional.
  • En septiembre se detuvo al menos a siete miembros de partidos de la oposición y dos periodistas, entre ellos los ex presos de conciencia Eskinder Nega y Andualem Arage.

Para noviembre se habían presentado cargos de delitos relacionados con el terrorismo contra 107 de los periodistas y miembros de la oposición mencionados supra. Otros 6 periodistas, 2 miembros de la oposición y un defensor de los derechos humanos –todos en el exilio– fueron acusados formalmente in absentia. Al parecer, todos fueron enjuiciados por sus actividades pacíficas y legítimas. En diciembre, Martin Schibbye y Johan Persson fueron declarados culpables y condenados a 11 años de prisión.

En septiembre, otro periodista huyó del país tras mencionarse su nombre en un cable de Wikileaks y ser citado para proceder a su interrogatorio por funcionarios gubernamentales y policías federales. En noviembre cerró el periódico independiente Awramba Times, y otros dos periodistas huyeron del país tras recibir amenazas de detención.

En mayo, funcionarios gubernamentales y dirigentes de sindicatos de prensa controlados por el gobierno perturbaron el desarrollo de un acto organizado por la UNESCO para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, impidieron la participación de periodistas independientes e impusieron a un moderador perteneciente a la empresa de radiodifusión patrocinada por el Estado.

Muchas emisoras de radio, emisoras de televisión por satélite, sitios web de noticias y sitios web de organizaciones de derechos humanos fueron bloqueados, entre ellos Al Yazira, Voz de América, la televisión por satélite ESAT, el sitio web de noticias Addis Neger y el sitio web de Amnistía Internacional.

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Detención y reclusión arbitrarias

Cientos de oromos fueron detenidos, acusados de apoyar al Frente de Liberación Oromo. En muchos casos no se respetaron sus derechos. Muchos estuvieron recluidos arbitrariamente sin cargos ni juicio.

  • En abril, según los informes, numerosos estudiantes fueron detenidos en las universidades de Jimma, Haromaya y Nekemte. Algunos protestaban por otras detenciones practicadas en Oromia.
  • En diciembre, 135 oromos fueron detenidos, entre ellos miembros de los partidos Congreso Popular Oromo y Movimiento Democrático Federalista Oromo.

Según los informes, también se detuvo y se recluyó arbitrariamente a muchos civiles en la región de Somali como sospechosos de apoyar al Frente Nacional de Liberación de Ogadén (ONLF). Se recibieron frecuentes denuncias de tortura y ejecuciones extrajudiciales de detenidos en la región.

Se creía que un gran número de oromos y somalíes detenidos en años anteriores continuaban recluidos arbitrariamente en sus respectivas regiones y en Addis Abeba. La falta de transparencia impedía verificar las cifras de personas recluidas.

  • Un empleado local de la ONU, detenido a finales de 2010, continuaba recluido arbitrariamente en Jijiga, según los informes en un intento de forzar el retorno de su hermano, exiliado en Dinamarca, que estaba acusado de implicación con el Frente Nacional de Liberación de Ogadén.
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Tortura y otros malos tratos

Se recibieron denuncias frecuentes de tortura bajo custodia.

Un número considerable de los 107 miembros de la oposición y periodistas mencionados supra denunciaron tortura u otros malos tratos durante los interrogatorios en el centro de detención de Maikelawi. Los detenidos denunciaron palizas con objetos tales como cables, tubos de metal y muebles. También denunciaron suspensión por las muñecas, privación del sueño y reclusión en régimen de aislamiento y en oscuridad total durante periodos prolongados. Muchos denunciaron haber sido obligados a firmar confesiones y otros documentos que se presentarían como pruebas en su contra.

También se denunció durante el año el uso de lugares de detención no oficiales, donde según los informes los detenidos recibían brutales palizas y eran sometidos a otras formas de malos tratos.

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las organizaciones de derechos humanos se esforzaban por desarrollar sus actividades en el marco de las restricciones impuestas a su trabajo por la Proclamación sobre Entidades Benéficas y Sociedades de 2009.

En febrero, la junta directiva de la Agencia de Entidades Benéficas y Sociedades confirmó una decisión anterior de congelar las cuentas bancarias de las dos principales organizaciones de derechos humanos del país, el Consejo de Derechos Humanos y la Asociación Etíope de Abogadas, que apelaron ante el Tribunal Superior. En octubre, el Tribunal confirmó la decisión de la junta directiva en el caso del Consejo de Derechos Humanos.

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Desalojos forzosos

Los desalojos forzosos desplazaron a decenas de miles de personas en la región de Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur, así como en las regiones de Gambella, Oromia, Tigré y Somali. Se detuvo a algunas personas que protestaban contra ellos.

En febrero, el ministro de Agricultura anunció que el gobierno había reservado 3,9 millones de hectáreas de tierras de labranza para su arrendamiento a inversores extranjeros, incluidas 800.000 hectáreas en la región de Gambella. Más tarde se arrendaron grandes extensiones de tierra en Gambella, hecho que causó un importante desplazamiento y deforestación generalizada.

En febrero, según los informes, 15.000 personas fueron reasentadas en Gambella en aldeas de nueva construcción, y la intención era trasladar a un total de 45.000 familias (unas 225.000 personas) en un periodo de tres años. El gobierno afirmó que el programa de reasentamiento en nuevas aldeas no guardaba relación con el arrendamiento de tierras, sino que formaba parte de un proyecto diferente dirigido a mejorar el acceso a servicios básicos, y que la mayoría de las personas eran reasentadas voluntariamente. Sin embargo, con frecuencia trascendió que la mayoría de las personas eran trasladadas por la fuerza y las nuevas “aldeas” registraban graves carencias en cuanto a las instalaciones, infraestructuras y oportunidades de subsistencia prometidas.

En abril, en el marco de las acciones prometidas contra la corrupción, se ordenó a 5.000 residentes de Mekele, región de Tigré, que demolieran sus viviendas porque la tierra en la que estaban construidas había sido arrendada ilegalmente por funcionarios corruptos. Como respuesta a las protestas de los residentes, la policía, según los informes, disparó gas lacrimógeno y recluyó temporalmente a unos 400 manifestantes. La mayoría quedaron en libertad, pero cinco mujeres sospechosas de haber organizado las protestas fueron objeto, según los informes, de desaparición forzada después de su detención. Las demoliciones siguieron adelante en mayo, y dejaron sin hogar a unas 15.000 personas.

Continuó la construcción de la presa de Gibe III en el río Omo. En septiembre, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial pidió que Etiopía proporcionara información sobre las medidas adoptadas para llevar a cabo una evaluación independiente de los efectos negativos de la construcción sobre los medios de vida de la población local y que llevara a cabo una consulta adecuada con la población indígena. Algunos expertos afirmaban que la presa podía causar el desplazamiento de unas 200.000 personas en el valle del Omo y de cientos de miles en Kenia, causar graves problemas medioambientales, poner en peligro dos lugares declarados patrimonio de la humanidad y posiblemente provocar un conflicto transfronterizo. En octubre, según los informes, un centenar de indígenas fueron detenidos por oponerse a la presa.

En octubre, según los informes, 60 personas de la región de Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur fueron detenidas después de presentar una denuncia al primer ministro en relación con el acaparamiento de tierras por parte de la administración regional.

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Conflicto en la región de Somali

Continuaron las escaramuzas en el dilatado conflicto entre el Frente Nacional de Liberación de Ogadén y las fuerzas gubernamentales.

Según los informes, las fuerzas del gobierno y las milicias aliadas locales seguían cometiendo violaciones de derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales, detenciones en masa, reclusiones arbitrarias, tortura y violación. En octubre se informó de que el ejército estaba reasentando por la fuerza a miles de personas para que se pudieran realizar prospecciones petroleras. Muchos informes resultaban imposibles de verificar debido a las restricciones extremas para el acceso a la región de periodistas independientes y observadores tanto de los derechos humanos como de otras cuestiones.

En mayo, un trabajador de la ONU resultó muerto y otros dos fueron secuestrados en la región, según los informes por el Frente Nacional de Liberación de Ogadén. Un empleado de la ONU que negoció con el Frente en relación con la liberación de los secuestrados fue detenido después y acusado formalmente de delitos de terrorismo.

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Personas refugiadas

Etiopía albergaba a más de 250.000 personas refugiadas de países vecinos, al tiempo que exigía la devolución de algunos refugiados etíopes en el extranjero.

Etiopía seguía recibiendo a un gran número de refugiados de la vecina Eritrea y a eritreos devueltos de otros países, entre ellos al menos 212 expulsados de Egipto. Decenas de miles de refugiados entraron en Etiopía, huyendo de la crisis humanitaria de Somalia y de los combates en el estado sudanés de Nilo Azul. Se abrieron nuevos campos de refugiados para alojar a las personas que llegaban.

Sudán, Yibuti y Somalilandia devolvieron a Etiopía a refugiados etíopes durante el año, todos ellos a petición del gobierno etíope, según los informes. Las personas retornadas corrían el riesgo de sufrir reclusión arbitraria y tortura.

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Violencia entre comunidades

En marzo estallaron enfrentamientos entre musulmanes y cristianos en Jimma, región de Oromia, desencadenados por la presunta profanación de un ejemplar del Corán. Una persona murió, al menos 34 iglesias cristianas y 16 viviendas privadas fueron incendiadas, y miles de residentes se vieron desplazados temporalmente. El gobierno informó de que se habían presentado cargos de instigación al odio y la violencia religiosos contra 130 sospechosos.

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