Dinamarca

Creció la preocupación por el aumento de la intolerancia y la xenofobia contra personas refugiadas y solicitantes de asilo, minorías en general y personas de religión musulmana en particular. El alcance y la amplitud de una nueva legislación creada con el objetivo expreso de luchar contra el terrorismo suscitaron preocupación por su posible efecto sobre derechos humanos fundamentales.

Discriminación

En un informe sobre Dinamarca publicado en mayo, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia expresó su preocupación por el aumento de la intolerancia y la xenofobia contra personas refugiadas y solicitantes de asilo, minorías en general y musulmanes en particular. La Comisión señaló con preocupación las disposiciones legislativas que imponían restricciones desproporcionadas a las personas pertenecientes a minorías étnicas a la hora de adquirir la ciudadanía danesa, beneficiarse de la reunificación familiar y acceder a la protección social. También destacó la existencia de una atmósfera de impunidad debida a los escasos procesamientos por incitación al odio racial, a pesar de las declaraciones incendiarias de algunos políticos y medios de comunicación, entre otras cosas.

En octubre, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó varios motivos de preocupación tras efectuar su examen periódico de la situación en Dinamarca, entre ellos la negativa de la Fiscalía a abrir procedimientos penales en algunos casos pese al creciente número de denuncias sobre delitos de motivación racial y apología del odio, como la publicación de unas viñetas que numerosos musulmanes consideraron insultantes en grado sumo. El Comité también señaló con preocupación que las personas que solicitaban asilo no podían recurrir ante los tribunales las decisiones de la Junta de Refugiados y que, en ocasiones, tales personas y sus hijos permanecían varios años alojados en centros para solicitantes de asilo. Destacó, asimismo, la escasa participación de los solicitantes de asilo en las actividades sociales, profesionales, educativas y culturales que se llevaban a cabo fuera de dichos centros y la reducción de las prestaciones sociales para las personas recién llegadas a Dinamarca, política que, según los informes, creaba marginación y pobreza.

Violencia contra las mujeres

En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, al examinar el sexto informe periódico de Dinamarca, expresó su preocupación por el alcance de la violencia contra mujeres y niñas y la trata de mujeres y niñas, y por la duración del «periodo de reflexión», por el que, de ordinario, las mujeres objeto de trata eran expulsadas a su país de origen al cabo de 30 días. El Comité también destacó la vulnerabilidad de las mujeres extranjeras que habían obtenido el permiso de residencia temporal en razón de su matrimonio y que podían ser expulsadas si abandonaban el domicilio conyugal huyendo de la violencia de sus esposos.

En diciembre, el gobierno anunció la ampliación del «periodo de reflexión» a 100 días.

Legislación antiterrorista

En junio entró en vigor una nueva legislación con el objetivo expreso de luchar contra el terrorismo. El ámbito y alcance de estas disposiciones hacía temer que actividades políticas que antes eran legítimas pudieran considerarse ilegales. Se debilitó el control judicial sobre el acceso de la policía a información privada y confidencial.

Reclusión en régimen de aislamiento

En diciembre se aprobó una legislación que reducía aún más el periodo máximo de reclusión en régimen de aislamiento. Sin embargo, la legislación no incluía, ni siquiera para los detenidos menores de 18 años, una duración máxima obligatoria en los casos de homicidio, delitos relacionados con las drogas o delitos contra la seguridad. En relación con otros delitos sí existían restricciones para recluir a personas menores de 18 años en régimen de aislamiento.

Libertad de expresión

En diciembre, tres periodistas de investigación fueron absueltos de todos los cargos que se les imputaban en relación con la publicación de información confidencial sobre Irak y sobre el grado de conocimiento que tenía el gobierno danés, durante el periodo previo a la guerra de Irak, de la existencia de armas de destrucción masiva en ese país. La fiscalía declaró que no tenía intención de recurrir las sentencias absolutorias.

Actuación policial

Se recibieron informes sobre uso de fuerza excesiva por parte de la policía al vigilar tres manifestaciones contra desalojos celebradas en Copenhague.

En septiembre, la madre del joven de 21 años Jens Arne Ørskov presentó una demanda judicial contra la policía y el Ministerio de Justicia en relación con la muerte de su hijo bajo custodia policial, ocurrida en junio de 2002. La fiscalía regional concluyó que el joven había muerto debido a los efectos combinados de una actividad física intensa y la ingestión de alcohol y cannabis. Sin embargo, expertos médicos daneses e internacionales cuestionaron la explicación oficial de la muerte y declararon que se había producido por asfixia cuando se obligó al joven a tenderse sobre el estómago y se le aplicó presión en la espalda mientras se encontraba esposado. No obstante, la Fiscalía decidió no presentar cargos ni adoptar medidas disciplinarias contra los agentes de policía implicados. La vista de la demanda judicial estaba prevista para octubre de 2007.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informe

Denmark: Jens Arne Ørskov’s death in custody: A mother’s quest for justice (Índice AI: EUR 18/001/2006)