Finlandia - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Finlandia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Finlandia is now live »

Jefa del Estado
Tarja Halonen
Jefe del gobierno
Matti Vanhanen
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
5,3 millones
Esperanza de vida
79,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
5/4 por cada 1.000

La protección y el resarcimiento de las sobrevivientes de violencia sexual eran insuficientes. El número de solicitantes de asilo transferidos a otros Estados miembros de la Unión Europea fue en aumento a pesar de que existían profundos motivos de preocupación en relación con las condiciones de acogida y con el acceso a un procedimiento justo de asilo. Se detuvo a algunos menores de edad que solicitaban asilo. Había objetores de conciencia al servicio militar encarcelados.

Justicia internacional

El juicio contra François Bazaramba, ciudadano ruandés residente en Finlandia, comenzó en septiembre ante el Tribunal de Distrito de Porvoo. François Bazaramba se enfrentaba a cargos de genocidio, incitación al genocidio y conspiración para cometer genocidio en Ruanda en 1994 (véase el apartado sobre Ruanda). En septiembre, grupos de la sociedad civil, entre ellos Amnistía Internacional, solicitaron medidas de protección adecuadas para los testigos en el juicio.

Violencia contra mujeres y niñas

La protección y el resarcimiento de las sobrevivientes de violación y otras formas de violencia sexual siguieron siendo insuficientes en la legislación y en la práctica. El Código Penal seguía estableciendo diversas categorías de violación en función del grado de violencia física ejercido o utilizado como amenaza por el perpetrador. El índice de condenas por violación era aún muy bajo y ciertas categorías de violación y otras formas de abuso sexual sólo se investigaban y enjuiciaban si la víctima lo solicitaba.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

El procedimiento acelerado de determinación de los casos de asilo no garantizaba protección adecuada a los solicitantes, entre otras cosas porque no preveía el derecho a interponer recurso contra el rechazo de la solicitud y permanecer en el país hasta que se resolviera dicho recurso, por lo que algunos solicitantes fueron expulsados cuando sus recursos aún estaban pendientes.

El número de solicitantes de asilo devueltos a otros Estados miembros de la Unión Europea para que éstos se encargaran de examinar su solicitud en aplicación del Reglamento Dublín II era cada vez mayor. Las transferencias en aplicación del Reglamento representaron el 35 por ciento de todas las decisiones adoptadas durante el año por las autoridades en relación con solicitudes de asilo. La mayoría de estos solicitantes fueron devueltos a otros Estados miembros de la Unión Europea cuyos procedimientos de concesión de asilo y condiciones de acogida, incluida la privación de libertad, eran motivo de honda preocupación.

Siguió vigente la legislación que permitía la detención de menores de edad no acompañados que solicitaban asilo. Al menos 29 niños y niñas, 15 de ellos no acompañados, estaban en centros de detención cerrados.

Presos de conciencia: objeción de conciencia al servicio militar

La duración del servicio civil alternativo seguía siendo punitiva y discriminatoria; los objetores de conciencia debían realizar un servicio civil alternativo que duraba 362 días, más del doble de los 180 días que solía durar el servicio militar.

  • Había siete objetores de conciencia encarcelados por negarse a realizar el servicio militar o el servicio civil alternativo. La mayoría cumplían una pena de 181 días de cárcel.

Novedades jurídicas

En diciembre se aprobó legislación que tipificaba como delito la tortura. La nueva ley ofrecía una amplia definición de la tortura, pero contenía normas relativas a la prescripción del delito.

En septiembre, Finlandia firmó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Discriminación

En marzo, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por, entre otras cosas, la segregación de facto de migrantes y romaníes en el acceso a la vivienda y las limitaciones que encontraba la comunidad romaní en el disfrute de su derecho a la educación, el empleo y la vivienda.

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